El autor de esta columna detalla las dificultades que tiene el Estado chileno para terminar sus acuerdos del área de defensa con Israel. Detalla el tipo de tecnología y sus vinculaciones contractuales que hacen complejo simplemente terminar anticipadamente los contratos. Concluye que “esta dependencia compromete no solo la autonomía operativa de Chile, sino que también implica la legitimación de tecnologías desarrolladas en escenarios de ocupación y represión que, desde 1948, sirven en la ocupación de Palestina”.

Créditos imagen de portada: Karin Pozo / Agencia Uno

Durante su Cuenta Pública del 1 de junio de 2025, el presidente Gabriel Boric anunció su intención de revisar la relación bilateral con Israel, declarando que “Chile dejará de depender de la industria israelí en toda área” y respaldando un embargo de armas promovido por España, además de instruir a Adriana Delpiano -ministra de defensa- para que presentara un plan urgente de diversificación tecnológica. Asimismo, anunció avanzar en un proyecto de ley que prohíba la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, considerados ilegales por el derecho internacional.

Sin embargo, dos meses después del anuncio, aunque se hayan retirado los agregados militares, los flujos comerciales se mantienen y los contratos militares siguen activos. Tampoco se ha hecho público ningún cronograma concreto de sustitución tecnológica ni suspensión de contratos vigentes. Todo parece indicar que la supuesta “razón de Estado” que se impuso el 2024 contra la solicitud de resolución N°1223, sigue vigente.

Es cierto que el comercio militar bilateral con Israel es bajo, y que su peso relativo dentro del gasto militar total de Chile no es significativo. Incluso si asumiéramos que la totalidad de las importaciones desde Israel corresponden a gasto militar —lo cual no es real—, su volumen sigue siendo reducido. Entre 2018 y 2023, el total de importaciones chilenas desde Israel fue de 725,8 millones de dólares, mientras que el gasto militar nacional acumulado durante el mismo periodo fue de 31.309 millones de dólares. Es decir, las compras totales a Israel representaron apenas el 2,32 % del gasto militar nacional.

En ese sentido, Delpiano tiene razón: Israel no es el principal proveedor de armas de Chile. Pero también sabe —y omite— que, en defensa, la importancia de los insumos no radica únicamente en su volumen, sino en las cualidades del valor de uso, su función estratégica. Muchos de los sistemas israelíes adquiridos por Chile son claves para las Fuerzas Armadas y generan vínculos prolongados, no reemplazables fácilmente.

La industria de defensa no opera con relaciones de mercado estándar. Implica tratos de largo plazo, licencias, soporte técnico y formación continua. No se trata simplemente de cuánto le compra Chile a Israel, sino de qué tipo de tecnología se adquiere y del nivel de subordinación técnica que eso genera. Solo bajo esa lógica puede entenderse la confianza del embajador israelí Artzyeli frente a la performance del gobierno chileno.

Vale agregar que gran parte de los sistemas militares y policiales desarrollados por Israel —y adquiridos por Chile— han sido probados en los territorios ocupados palestinos. Espacios que, tal como documenta Antony Loewenstein, entre otros, funcionan como un “laboratorio” permanente del complejo militar sionista, donde se ensayan tecnologías que hoy sostienen un genocidio en cámara lenta documentado y sostenido desde 1948 por el Estado de Israel.

En este contexto, cabe preguntarse si estamos realmente ante un giro estructural en la política exterior chilena, o más bien frente a una respuesta simbólica que no altera los vínculos industriales existentes. ¿Qué tan viable es interrumpir una relación con un país que provee tecnología crítica para el funcionamiento del aparato militar, sin modificar de raíz el enfoque del Estado —y no solo del gobierno de turno— respecto a defensa y seguridad? ¿Por dónde pasa, en los hechos, el verdadero vínculo entre Chile e Israel?

IMPORTACIONES MARGINALES, DEPENDENCIA ESTRUCTURAL

Si se analiza en detalle la cooperación militar entre ambos Estados, el tipo de tecnología incorporada por cada rama y la naturaleza de los contratos asociados, se hace evidente la dependencia estructural del Estado chileno respecto de Israel.

Por un lado, el Ejército de Chile ha incorporado drones mini UAV SpyLite, fabricados por BlueBird Aero Systems, una empresa israelí cuya tecnología ha sido ampliamente utilizada en Gaza. Por otro lado, en 2013 el Ejército seleccionó el fusil de asalto Galil ACE 22 NC para renovar su armamento, producido localmente por FAMAE bajo licencia de Israel Weapon Industries. Aunque la producción se detuvo en 2017, el contrato permanece vigente en lo relativo a repuestos, soporte técnico, incluidas pólvora y balas específicas cuya fabricación para el fusil que no puede proveer otro país. La adquisición de estos drones implica contratos que incluyen soporte técnico, actualizaciones y formación especializada, lo que genera dependencia operativa estructural.

El Ejército también opera los Sistemas de Lanzamiento Múltiple (SLM) desarrollados por FAMAE en colaboración con Israel Military Industries (IMI) y la empresa chilena DESA S.A., especializada en soluciones tecnológicas para la modernización de las Fuerzas Armadas. Estos sistemas permiten el lanzamiento de cohetes guiados de medio alcance desde plataformas terrestres. Aunque no fueron producidos en serie, la infraestructura técnica, el conocimiento transferido y los sistemas de control permanecen vinculados al soporte israelí.

El Ejército de Chile también opera, desde mediados de los años 2000, el misil guiado antitanque Spike LR, desarrollado por la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems, que en 2023 ocupó el puesto 42 en el ranking SIPRI de las 100 principales compañías productoras de armamento. Esta tecnología fue adquirida mediante un contrato estatal firmado en 2006 e incluye entrenamiento especializado y soporte técnico permanente por parte del proveedor extranjero. En 2014, Chile recibió una nueva versión del misil, lo que reafirma la continuidad del vínculo y la actualización de sistemas bajo licenciamiento.

El Ejército mantiene también operativo el sistema LAR 160, un lanzacohetes múltiple desarrollado por Israel Military Industries (IMI) —actualmente parte de Elbit Systems, empresa que ocupó el puesto 27 en el ranking SIPRI 2023—.Este sistema fue incorporado en 1993 como capacidad de artillería móvil de largo alcance. Sus cohetes son co-manufacturados por FAMAE, lo que implica un modelo de producción compartida con componentes críticos bajo licencia israelí. En 2025, el Ejército certificó la operatividad del sistema LAR 160 mediante entrenamientos realizados por la Brigada Motorizada N°4 de Rancagua, confirmando así su integración continua dentro de las capacidades estratégicas de defensa de Chile.

La Armada de Chile mantiene una relación histórica con proveedores israelíes desde fines del siglo XX. Durante las décadas de 1980 y 1990, incorporó lanchas misileras clase Sa’ar III y Sa’ar IV, probadas previamente en la guerra de Yom Kipur, construidas por Israel Shipyards e Israel Aerospace Industries (IAI)) —empresa que en 2023 ocupó el puesto 34 en el ranking SIPRI de las 100 principales firmas armamentistas.

Estas embarcaciones fueron equipadas con misiles Gabriel Mk II y sistemas de electrónica naval desarrollados por IAI. A esto se sumó la incorporación del sistema Barak 1, un misil superficie-aire también fabricado por IAI, junto a radares navales de Elta Systems (filial de IAI), adquiridos como parte del proyecto defensivo “Olimpo”. Estas adquisiciones no se limitaron a la entrega de equipos físicos, sino que incluyeron contratos de instalación, soporte técnico especializado y capacitación directa para oficiales y tripulaciones chilenas.

En una etapa posterior, la Armada integró en sus aeronaves de patrullaje marítimo Airbus C-295 Persuader el radar aerotransportado EL/M‑2220A, también desarrollado por Elta Systems, lo que abrió una nueva fase de cooperación técnica en tareas de vigilancia aeromarítima y control de espacios costeros. En todos estos casos, los contratos suelen contemplar licencias de uso, formación técnica, provisión de repuestos y actualizaciones periódicas, generando una dependencia operativa sostenida respecto de las capacidades tecnológicas israelíes.

En tercer lugar, está la Fuerza Aérea, probablemente la más vinculada a Israel dentro del aparato de defensa chileno. Esta opera drones Hermes 900, desarrollados por Elbit Systems, que incluyen estaciones de control terrestre y sensores de inteligencia electrónica.

Estos sistemas funcionan sobre una arquitectura tecnológica cerrada, desarrollada íntegramente por Elbit Systems. Esto significa que todo el sistema operativo del Hermes 900 —desde el software hasta los protocolos de comunicación, control y procesamiento de datos— ha sido diseñado, construido y mantenido exclusivamente por la empresa israelí, sin componentes interoperables ni estándares abiertos. La plataforma incluye software propietario para navegación autónoma, planificación de vuelo, control de misión y procesamiento en tiempo real de datos multiespectrales, es decir, información recolectada en distintas bandas del espectro electromagnético, más allá del visible: video electro‑óptico/infrarrojo (EO/IR), señales electrónicas e imágenes de radar SAR, que permiten observar el terreno incluso en condiciones climáticas adversas o completa oscuridad.

Las estaciones de control en tierra (Ground Control Station, GCS) también funcionan con software exclusivo de Elbit. Estas permiten la planificación avanzada de misiones, control simultáneo de múltiples UAV, edición en vuelo, simulaciones de misión y manejo de sensores complejos como EO/IR, SAR y COMINT/ELINT. Toda la operación —desde el enlace de datos hasta la carga útil— está contenida en un ecosistema cerrado y bajo el control del proveedor.

Esta arquitectura impone una dependencia formativa y técnica continua. El entrenamiento del personal debe realizarse en centros certificados por Elbit o directamente con sus técnicos, ya sea en Israel o mediante asistencia prolongada en terreno. Además, el mantenimiento de la operatividad exige relaciones contractuales permanentes para el reciclaje del personal, la formación de nuevos operadores y el acceso a soporte técnico. Módulos críticos de inteligencia, contramedidas electrónicas y guerra electrónica solo pueden activarse si los operadores cuentan con formación especializada y certificaciones específicas del proveedor. Esto impide su uso independiente o su integración autónoma en otras plataformas.

Finalmente, el Hermes 900 —especializado en tareas de vigilancia marítima, control fronterizo, misiones de seguridad interna y exclusión aérea— no es modular ni totalmente interoperable sin la mediación de Elbit Systems. Esto implica costos hundidos: inversiones realizadas en infraestructura compatible, formación técnica, logística, estaciones de control y sistemas de comunicación. Por lo tanto, la dependencia no recae únicamente sobre el dron en sí, sino sobre todo el ecosistema que lo soporta. Para mantener operativos estos sistemas, la Armada de Chile está obligada a actualizar software, renovar hardware, mantener comunicación continua con el proveedor y asumir los costos asociados a esta dependencia estructural.

Finalmente, además del vínculo armamentístico, la relación entre Chile e Israel incluye la provisión de tecnología satelital estratégica para defensa e inteligencia. A pesar del fracaso del satélite FASat‑Delta, lanzado en 2021, a Fuerza Aérea de Chile (FACh) decidió mantener el contrato con ImageSat International (ISI), empresa vinculada a Israel Aerospace Industries (IAI).

El acuerdo contempla la construcción de centros espaciales en Santiago, Antofagasta y Punta Arenas, así como el desarrollo y puesta en órbita de ocho satélites. El contrato —por un monto de 120 millones de dólares y una duración de cinco años— incluye no solo el acceso a imágenes satelitales de alta resolución, sino también la instalación de una estación terrestre de recepción, software de interpretación y asistencia técnica permanente. Actualmente, la FACh opera este sistema desde el Centro Espacial de Santiago, lo que le otorga una autonomía relativa en el procesamiento de imágenes, pero mantiene una dependencia estructural respecto del proveedor israelí en materia de actualizaciones, soporte técnico y continuidad operativa.

A nivel estratégico, esta relación permite a Chile mantener capacidades de vigilancia fronteriza, monitoreo ambiental y respuesta ante catástrofes, pero al mismo tiempo consolida una dependencia tecnológica estructural en el área aeroespacial, cuya continuidad está condicionada por la relación bilateral con Israel.

Por último —aunque no menos relevante—, Carabineros de Chile también ha establecido vínculos sostenidos con actores israelíes en materia de armamento, entrenamiento y tecnología de vigilancia. Además de haber utilizado históricamente armamento israelí como el subfusil UZI y las pistolas Jericho, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018–2022), se documentó que la institución gastó más de 220 millones de pesos en capacitaciones técnicas con proveedores israelíes, formalizadas mediante al menos 25 resoluciones exentas, es decir, por medio de autorizaciones administrativas que no requieren visación previa de la Dirección de Presupuestos, permitiendo compras específicas o capacitaciones técnicas con proveedores externos.

Otro ejemplo de esta relación es la adquisición de vehículos antidisturbios y lanzaaguas por un total de 6 mil millones de pesos entre enero y marzo de 2020, todos importados desde Israel para las Fuerzas Especiales. El entrenamiento del personal policial que opera estos sistemas (militares o civiles) se ha realizado bajo estándares y currículos desarrollados por los proveedores israelíes.

Por lo tanto, Carabineros también se ve obligado a mantener contratos activos para garantizar el funcionamiento, actualización y soporte técnico de los sistemas adquiridos, consolidando una relación de dependencia estructural similar a la de las otras ramas de la defensa estatal. Vale agregar que, como en el caso de las Fuerzas Armadas, gran parte de estas tecnologías fueron concebidas, probadas o implementadas originalmente en contextos de ocupación como Cisjordania y Gaza, para el control urbano y la represión de protestas.

EL ESTADO ES MÁS QUE EL GOBIERNO

Considerando todo lo anterior, las declaraciones de la ministra Delpiano contienen una trampa discursiva. Es cierto que las importaciones de armamento y tecnología militar desde Israel no son las principales en términos de volumen, pero su carácter estratégico las vuelve fundamentales para las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y para Carabineros, instituciones clave del aparato estatal.

Sus declaraciones parecen orientadas más bien a disminuir públicamente la relevancia del vínculo con Israel, antes que a expresar una convicción genuina sobre una posible ruptura efectiva de las relaciones comerciales y políticas con el Estado sionista.

Como hemos intentado mostrar, más allá de las intenciones presidenciales o ministeriales, el principal impedimento para cortar estos lazos es la dependencia tecnológica estructural del Estado chileno respecto del complejo militar-industrial israelí. La continuidad de contratos, licencias, asistencia técnica y formación especializada reproduce una subordinación práctica que no puede resolverse con medidas simbólicas ni declaraciones públicas si no con una férrea decisión por cambiar el rumbo a nivel de Estado.

Esta dependencia compromete no solo la autonomía operativa de Chile, sino que también implica la legitimación de tecnologías desarrolladas en escenarios de ocupación y represión que, desde 1948, sirven en la ocupación de Palestina.

La profundidad de esta relación se expresa en la confianza política exhibida por el recién salido embajador israelí en Chile, consciente de que los pilares de esta cooperación exceden el plano declarativo. Mientras no se avance hacia una desvinculación estructural, cualquier replanteamiento de la relación bilateral será limitado y performativo.

Esto deja en evidencia que la izquierda, limitada hoy a la gestión de gobierno, sigue subordinada a una política de Estado que la trasciende, y que alimenta la reproducción de un complejo industrial-militar global cuyo principal medio de vinculación con otros países es la venta de armas, equipos de control poblacional y tecnologías de ciberseguridad. Un complejo que se ha formado y consolidado sobre la base del genocidio permanente del pueblo palestino, y que hoy presta servicios de represión y vigilancia a más de 150 Estados en todo el mundo .

De ahí que el verdadero desafío de la izquierda no sea la gestión superficial del gobierno y los ministerios, sino asumir la tarea histórica de pensarse en términos de un proyecto estatal.

Por ahora, queda en manos del movimiento de trabajadores chilenos que se movilizan por Palestina impulsar el boicot a la importación y cofabricación de armamento israelí, y presionar por medidas legales que aceleren el cambio de proveedores militares.