La Subsecretaría de Seguridad Pública: ¿Legitimidad institucional en riesgo?

La autora de esta columna analiza las quejas públicas del personal de la subsecretaría de Seguridad Pública que acusaron la precariedad que viven en sus trabajos. Ante las reacciones que esto ha generado desde el mundo político, sostiene que “en el intertanto, la ciudadanía seguirá expuesta a mayores niveles de desconfianza respecto de la creación, funcionamiento y proyección de este ministerio que está a cargo del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, del orden público y prevención del delito y protección de las personas en materias de seguridad. Difícil tarea si las autoridades no se enfocan un poco menos en el discurso político y un poco más en la articulación de la estructura interna del servicio y reconocen la importancia del rol de sus funcionarios basados en el mérito y profesionalismo”.

Imagen de portada: Diego Martin / Agencia Uno

Hace algunos días se denunció en prensa que “la Subsecretaría de Seguridad Pública se cae a pedazos a tres meses de su instalación y los millonarios sueldos de algunos funcionarios de confianza política en la repartición, lo que hizo explotar la molestia de trabajadores a lo largo de todo el país. Acusan que la precariedad es tan elevada que no se cumplen las condiciones mínimas para garantizar el funcionamiento del servicio”. Bajo tales consideraciones, las dos asociaciones de funcionarios existentes en la Subsecretaría de Seguridad Pública levantaron la voz ya que en contraposición informaron que el personal continuaba enfrentando condiciones laborales precarias que impiden un eficiente y eficaz desempeño.

Mediante comunicado la Subsecretaría se refirió a la materia, señalando: 1) Que comenzó sus funciones el 01 de abril del presente año y no tuvo marcha blanca; 2) Que se encuentran dialogando permanentemente con las asociaciones de funcionarios para dar respuesta a sus solicitudes; y 3) La prioridad que representa para la administración proporcionar a los funcionarios las condiciones óptimas para desarrollar sus labores. Lo que resulta en justificaciones que lo único que logran es ratificar los problemas transparentados por los funcionarios respecto a: inexistencia de estructura orgánica formal, inexistencia presupuestaria para arriendo de oficinas en regiones, incumplimiento de la normativa respecto de pago de viáticos, lo que conlleva a que los funcionarios utilicen recursos propios para el cumplimiento de funciones institucionales, entre otras situaciones administrativas que evidentemente afectan negativamente la gestión y conllevan a un clima organizacional tensionado y a una evidente desmotivación del personal.

En esta misma línea, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Seguridad Pública (ANFUSEP), dirigida por su presidenta Andrea Klaucke, ratificó los problemas administrativos señalados y expuestos por la ANFUSEP, pero además, destacó lo lamentable que es tener que dirigirse al ministro del ramo por aspectos administrativos – organizacionales, a los que deberían dar solución las unidades de línea y que deberían haber estado resueltos para la puesta en marcha del nuevo Ministerio. Llama la atención, además, cómo esto afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, profundizando la desafección democrática. De hecho, hace pocos días el Presidente de la República presidió la reunión de alto nivel “Democracia Siempre”, y en esta línea y según estudios internacionales la desafección democrática se encuentra muy ligada a la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones de gobierno.

En su comunicado y respecto de los altos sueldos, la Subsecretaría de Seguridad Pública descartó la información, señalando que “ningún funcionario en la Subsecretaría de Seguridad Pública gana más que el Ministro de Seguridad Pública, considerando la renta promedio mensual. La única excepción es la del Subsecretario de Seguridad Pública, cuya renta se fija por la comisión para la fijación de remuneraciones y que la comparación de remuneraciones es imprecisa”. Ello, justificado en que las remuneraciones señaladas en prensa la reciben las jefaturas aludidas en forma trimestral, sin embargo revisado el portal de transparencia activa se constata que en meses sin asignaciones especiales recibirían un aproximado de seis millones o más. Lo que no se condice con la situación país ni con los fundamentos entregados permanentemente por autoridades para restringir recursos asociados al personal que busca el desarrollo de una eficiente y eficaz gestión, lo que nos obliga a preguntarnos cuáles son y cómo se definen las prioridades de la Subsecretaría de Seguridad Pública a ocho meses de un cambio de Gobierno y cuál fue el procedimiento de reclutamiento y selección de sus jefaturas, no de aquellas existentes en las Subsecretarías del Interior y Prevención del Delito y que fueron traspasadas al nuevo Ministerio, sino de aquellas nuevas jefaturas contratadas. Su antigüedad en el sector público, su trayectoria y sus conocimientos en materias de seguridad pública, requieren ser revisados.

Al parecer, la evaluación de los funcionarios de la Subsecretaría de Seguridad Pública sostiene que, en materias internas de “apoyo administrativo” como personal, administración, finanzas y  también en el área de planificación se ha tendido a replicar idénticas falencias sostenidas por años en la gestión desarrollada por las mismas jefaturas en la Subsecretaría del Interior, llamando incluso la atención la importancia y prioridad entregada hoy en día a la concursabilidad de los cargos de tercer nivel jerárquico, por sobre trabajos asociados a la organización y creación de las bases de funcionamiento del ministerio: elaboración de perfiles de cargo, asignación clara de responsabilidades, organización y relaciones internas de dependencia y coordinación, habilitación de adecuados espacios e implementación de ellos para que el personal cumpla sus funciones, entre muchas otras. ¿No sería más transparente dejar la concursabilidad de dichos cargos como un proceso a desarrollar por el próximo gobierno? o ¿los cargos que hoy corresponden a confianza política esperan concursar a cargos menores que le entreguen mayor seguridad laboral?

Quizás a la fecha vale hacer un diagnóstico comparado de las brechas existentes en la puesta en funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública, revisando en forma paralela cómo su creación afectó a la Subsecretaría del Interior y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (dos divisiones de MINSEGPRES pasaron a formar parte de la estructura de la Subsecretaría del Interior), institucionalidad que también debería encontrarse en procesos internos asociados a revisión de su misión, adecuaciones de estructura y funcionamiento y actualización de documentación asociada.

Es realmente lamentable que este nuevo ministerio, a cargo de un tema tan sensible para la ciudadanía como la seguridad y el orden público, esté haciendo noticia no por una buena gestión sino por la precariedad en su funcionamiento y por optar por equipos con perfil político por sobre el técnico – profesional.

Ya ha sido ingresado por diputados de Renovación Nacional un requerimiento de auditoría a la Contraloría General de la República, bajo el fundamento de que “estas elevadas remuneraciones no se condicen con los resultados en materia de seguridad que saltan a la vista de todos los ciudadanos y son claramente no satisfactorios”. Y, senadores alertan por sueldos y poca experiencia de los contratados, bajo acusaciones de que lo que existe a la fecha corresponde a operadores políticos.

En el intertanto, la ciudadanía seguirá expuesta a mayores niveles de desconfianza respecto de la creación, funcionamiento y proyección de este ministerio que está a cargo del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, del orden público y prevención del delito y protección de las personas en materias de seguridad. Difícil tarea si las autoridades no se enfocan un poco menos en el discurso político y un poco más en la articulación de la estructura interna del servicio y reconocen la importancia del rol de sus funcionarios basados en el mérito y profesionalismo.