A un año de la Ley Karin: avances, límites y tareas pendientes

Señor Director:

A un año de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.643, conocida por todos como Ley Karin, persiste un problema estructural que afecta tanto a los procesos judiciales como administrativos: los tiempos de tramitación excesivos. Mucho se ha dicho sobre esto, pero resulta evidente que uno de los principales factores que dificultan su implementación efectiva es la falta de financiamiento adecuado. Un ejemplo claro es la situación que enfrenta la Dirección del Trabajo, la cual no da abasto para procesar las más de 44.000 denuncias recibidas durante este primer año, mismo escenario se da en los municipios, quienes están obligados a implementar una serie de medidas, sin un peso extra destinado para ello, dependiendo enteramente de la voluntad del alcalde de turno y su concejos.

En el sector público, la situación llega a ser dramática. La Ley Karin introdujo nuevos criterios y amplió las causales dentro de los procedimientos sumariales, pero lo hizo sobre la base de un procedimiento diseñado en los años 80. En la práctica, estamos aplicando una normativa del siglo XXI con herramientas del siglo pasado. Esto ha significado una sobrecarga laboral y psicológica para los funcionarios y funcionarias que han debido asumir el rol de fiscales en sumarios e investigaciones por denuncias de acoso laboral. A esto se suman los más de 20.000 sumarios administrativos que deben iniciarse por el uso de licencias médicas falsas. Entonces, la pregunta lógica que nos hacemos es: ¿cuándo y con qué recursos humanos se espera que esto se realice?

Hoy en día, los sumarios superan fácilmente el año de tramitación, y no es raro encontrar casos que se extienden por dos o incluso tres años. Una realidad muy alejada del plazo legal de 60 días hábiles. Otro desafío importante es la gran cantidad de denuncias que no prosperan ni generan cambios efectivos en los ambientes laborales. En este sentido, se hace urgente que los protocolos exigidos por la ley incluyan mecanismos alternativos de resolución de conflictos. No todo constituye acoso, y la vía sancionatoria debiese ser siempre la última alternativa, no la primera.

La Ley Karin representa, sin duda, un avance significativo en la construcción de espacios laborales más seguros y saludables. Sin embargo, este primer año de vigencia ha dejado en evidencia la necesidad de aumentar con urgencia el presupuesto de la Dirección del Trabajo. Pero también ha reabierto un debate legislativo largamente postergado: la actualización del Estatuto Administrativo. Una vez más, la pelota está en la cancha del Congreso, ¿se atreverán?