Apuntes para una nueva agenda educativa: de la normalización a una experiencia escolar renovada, pertinente y protectora

Los autores de esta columna escrita para CIPER advierte la ausencia de la educación en el debate público y las propuestas de los candidatos presidenciales. Sobre la base de un estudio realizado por ambos, hacen una propuesta de cinco pasos prioritarios para mejorar la experiencia escolar y sostienen que «estamos en un momento en que la renovación de las formas y contenidos que configuran esta experiencia debe ser una de las más claras prioridades del sistema político y la sociedad en su conjunto, cuestión que sólo será posible mediante acuerdos transversales con capacidad de proyectarse en el tiempo. Para ello, los distintos sectores políticos deberán renunciar a convertir la educación en un campo de batalla, junto con potenciar el poder y las capacidades de los actores clave: docentes, educadoras y líderes educativos, los únicos agentes insustituibles en la tarea de alcanzar una experiencia educativa renovada, pertinente y protectora para todos y todas».

Imagen de portada: Francisco Castillo / Agencia Uno

En el contexto de elecciones de este 2025, en que los distintos proyectos y fuerzas políticas deberían confrontar ideas sobre el país que queremos construir, la conversación pública sobre educación ha quedado en un segundo plano. Este silencio invisibiliza el rol que debería cumplir el campo educativo en los desafíos que tenemos hoy (seguridad, crecimiento económico, desarrollo sustentable) y, por otro lado, se traduce en propuestas parciales que no alcanzan a conformar una visión comprehensiva sobre los desafíos del sistema educacional.

Pero el inicio de un nuevo ciclo político sigue siendo un momento propicio para evaluar el estado de nuestras políticas educacionales y proyectar su futuro. En nuestro documento, «Nuevo Ciclo de Políticas Educacionales«, publicado por la Fundación Horizonte Ciudadano, el Instituto Igualdad y Rumbo Colectivo, abordamos la pregunta sobre el estado de nuestra educación y los principales desafíos que deben abordar sus políticas. Nuestra hipótesis es que el sistema educacional ha superado —o está cerca de hacerlo— una fase de “normalización” post pandemia y que hoy las políticas sectoriales enfrentan el reto de recuperar su prioridad en la agenda pública y responder a las nuevas complejidades de la educación chilena.

El estado actual de la educación en Chile

En primer lugar, nos parece importante reconocer que el esfuerzo por “normalizar” el funcionamiento del sistema educacional ha sido el principal logro del gobierno de Gabriel Boric, aunque el sector no ha sido una prioridad durante este período. Los datos son claros: la asistencia escolar mejoró del 83% en 2022 al 87% en 2024, la desvinculación anual de estudiantes se redujo a cifras prepandémicas y la recuperación de aprendizajes, según la evidencia proporcionada por el SIMCE, fue más rápida de lo proyectado. Por cierto, estos resultados tienen distintas causas, siendo la más importante las capacidades y resiliencia de las comunidades educativas, que fueron complementadas con los énfasis e iniciativas dirigidas desde el gobierno nacional y los niveles intermedios.

Avanzada esta “normalización”, el debate educativo debería concentrarse en los nuevos desafíos que tenemos, donde conviven problemas previos a la pandemia y otros que se vieron profundizados o modificados en esta etapa. En este sentido, desde incluso antes de la crisis provocada por el Covid-19, se ha ido extendiendo el diagnóstico de que la educación institucionalizada (aquella se despliega en las instituciones especializadas de la educación) no está respondiendo a las necesidades e intereses de niños, niñas y, especialmente, de los jóvenes. Por tanto, el reto que enfrenta ahora el sistema escolar chileno es mucho más profundo: configurar una experiencia escolar que sea pertinente, renovada y protectora.

La desconexión entre los problemas del sistema educativo y las respuestas que el país ha tenido la capacidad de generar, en base a la evidencia disponible, se expresa principalmente en cinco nudos críticos debido a su marcada influencia en la experiencia educacional.

• Primero, el sistema escolar no logra atender de forma adecuada la creciente diversidad de sus estudiantes. Entre 2015 y 2024, la matrícula de estudiantes extranjeros se multiplicó por ocho, mientras que la población con necesidades educativas especiales permanentes se duplicó (desde un 1,7% a un 3,5%) y los estudiantes con necesidades transitorias crecieron de un 6,2% a casi un 10% del total de la matrícula escolar. Las políticas existentes, aunque valiosas, se han vuelto insuficientes.
• Segundo, los problemas de convivencia y las relaciones en las escuelas se han vuelto más complejas, sobre todo en la enseñanza media. Esto se cruza con un debilitamiento de la autoridad pedagógica como, también, un uso intensivo de las nuevas tecnologías cuyos efectos son motivo de controversia. El signo más visible de esta inédita complejidad está en los hechos de violencia que se han vivido en los establecimientos educativos y sus entornos, que han aumentado en frecuencia y agresividad.
• Tercero, constatamos un grave problema en el bienestar y la motivación de los profesionales de la educación. Existe un aumento de las licencias médicas de profesores y asistentes y un abandono sistemático de la profesión debido a las condiciones laborales y perspectivas de futuro. El trabajo docente es el pilar de la calidad educativa y por tanto la motivación y bienestar de estos profesionales deben ser atendidos con urgencia.
• Cuarto, se ha ido consolidando en los últimos años una excesiva «burocratización» de la práctica escolar. Equipos directivos y docentes se ven apremiados por una sobrecarga administrativa que les resta tiempo y foco para lo esencial: las tareas pedagógicas. A pesar de los esfuerzos realizados y del diagnóstico compartido al respecto, las demandas administrativas sólo han crecido.
• Finalmente, se ha hecho altamente dificultoso lograr un compromiso básico de las familias para acompañar el proceso educativo. El “desenganche” que se produjo durante la pandemia ha afectado la relación y valoración de las familias con las escuelas, dificultando la colaboración. Esta desafección, también, puede responder a la percepción de que la experiencia escolar es menos relevante para la vida, por lo que debe ser atendida con preocupación y respuestas contundentes.

Aunque las evaluaciones nacionales estandarizadas reflejan una recuperación y mejora después de la pandemia, un número considerable de estudiantes no logra los objetivos de aprendizaje fundamentales y la desigualdad socioeconómica sigue siendo altísima. Estos fenómenos no se explican únicamente por los cinco elementos mencionados; de hecho, coexisten y se interrelacionan con otros factores, como la calidad de la enseñanza y las competencias profesionales para afrontar la complejidad actual en las aulas. Por lo tanto, para lograr y mantener procesos de aprendizaje efectivos, es fundamental abordar seriamente —mediante políticas y apoyos bien dirigidos— estas variables directamente vinculadas con la experiencia escolar y su núcleo pedagógico, además de resolver otros problemas ya documentados sobre el sistema escolar chileno y sus políticas.

LAS PRIORIDADES INSUSTITUIBLES EN NUEVO CICLO

¿Cuáles deberían ser los pasos prioritarios para que la política educativa conecte directamente con estos desafíos y pueda aportar al reto de mejorar la experiencia escolar? En nuestro documento, proponemos priorizar cinco áreas de política que apuntan en esa dirección:

1. Modernización, priorización y contextualización curricular: es necesario avanzar hacia una noción amplia e integral de calidad, con bases curriculares que respondan a las demandas del siglo XXI: formación ciudadana, educación sexual, capacidades socioemocionales, actualización de los conocimientos disciplinarios y responsabilidad ambiental, entre otras. Esto exige una mejor priorización de aprendizajes esenciales y, crucialmente, una mayor confianza en la capacidad docente para el desarrollo y contextualización curricular.
2. Fortalecimiento de la profesión docente: es imposible mejorar la experiencia escolar sin una política contundente que profundice los avances logrados en el plano de la profesión docente. Proponemos seguir fortaleciendo las condiciones de trabajo, mejorar las alternativas de desarrollo profesional, potenciar el rol de los profesores en la definición de lo que se enseña/aprende y asegurar una distribución más equitativa de las capacidades docentes en el sistema.
3. Una política de convivencia y bienestar para las comunidades: mejorar la convivencia requiere la existencia de recursos profesionales suficientes y de un trabajo intersectorial mucho más consistente; también, promover/apoyar el uso eficiente de las distintas oportunidades de aprendizaje sobre la convivencia que existen en nuestro currículum. Además, es fundamental contar con un plan nacional para abordar la salud mental infanto-juvenil y desplegar un diálogo nacional – con políticas coherentes luego de éste – sobre cómo abordar los efectos del uso intensivo de pantallas.
4. Programas de apoyo que impulsen la mejora: proponemos un nuevo ciclo de programas e iniciativas de mejoramiento cuyo foco y protagonista sea la institución escolar y que, a diferencia de los modelos prescriptivos, impulsen procesos de cambio «de abajo hacia arriba», privilegiando el desarrollo de comunidades de aprendizaje, el trabajo en red, la innovación pedagógica y la resolución de problemas de práctica desde las propias escuelas y territorios. En un sistema descentralizado como el que hemos ido conformando en Chile, necesitamos que el sector público (con colaboración del mundo privado) realice un esfuerzo más directo apoyando a las escuelas que no logran iniciar o sostener procesos de mejora, particularmente, aquellas que se desenvuelven en contextos más desaventajados.
5. Liderazgo educativo como dinamizador del cambio: el liderazgo de los equipos directivos es clave en el mejoramiento del sistema educacional. Debemos potenciar su función actualizando sus procesos formativos, dándole un lugar central al aprendizaje horizontal y despejando su labor de algunas tareas administrativas que hoy los distraen de su irremplazable función pedagógica. Finalmente, este esfuerzo se debe materializar en una carrera directiva que no puede seguir esperando.

Si bien, el país lleva desde el año 2008 concatenando reformas estructurales que han intentado contribuir a mejorar la calidad y equidad educativa, hoy el desafío es traducir estas reformas en oportunidades de cambio concreto a nivel de la experiencia escolar. Para lograrlo, es imprescindible mejorar y armonizar las transformaciones institucionales que están en curso, cuestión que también debe ser prioridad en los años que vienen. El énfasis debería ponerse en hacer más efectivas y coherentes las reformas ya en aplicación, en particular, la Nueva Educación Pública, cuestión que debería complementarse con la corrección de viejos nudos, como la ausencia de una política estable de infraestructura escolar o reformar el modelo de financiamiento que se avizora cada vez más insostenible debido al cambio demográfico que estamos experimentando.

Aunque la tarea de mejorar la experiencia escolar en sintonía con los cambios que acontecen en la sociedad es una tarea constante en los sistemas escolares democráticos, por los distintos motivos que hemos reseñado, estamos en un momento en que la renovación de las formas y contenidos que configuran esta experiencia debe ser una de las más claras prioridades del sistema político y la sociedad en su conjunto, cuestión que sólo será posible mediante acuerdos transversales con capacidad de proyectarse en el tiempo. Para ello, los distintos sectores políticos deberán renunciar a convertir la educación en un campo de batalla, junto con potenciar el poder y las capacidades de los actores clave: docentes, educadoras y líderes educativos, los únicos agentes insustituibles en la tarea de alcanzar una experiencia educativa renovada, pertinente y protectora para todos y todas.