Conflicto ANFP-FIFA por la Ley SADP: el nudo gordiano del fútbol chileno

El autor de esta columna escrita para CIPER comenta la reacción de la FIFA y la Conmebol a la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales que hoy se discute en el Congreso. Sostiene que este proyecto es coherente con otras legislaciones en el mundo y que “el futuro del fútbol chileno, su integridad y su capacidad para desarrollar talento, dependen de la adopción de la transparencia, la rendición de cuentas y una clara separación de poderes entre la liga profesional y la federación nacional”.

Imagen de portada: Diego Martín / Agencia Uno

El fútbol profesional chileno se encuentra, una vez más, en el centro de un debate contencioso. El senador Matías Walker impulsa una reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (Ley SADP) para erradicar los conflictos de interés que afectan al deporte. Esta iniciativa ha provocado una enérgica respuesta de la FIFA y la Conmebol, quienes, en una carta a la ANFP, expresaron su «preocupación» por una posible «injerencia indebida» del Estado chileno en la organización y gobernanza de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh). Pablo Milad, presidente de la ANFP y la FFCh, ha amplificado estas advertencias, sugiriendo graves sanciones como la exclusión de torneos internacionales y la pérdida de fondos.

Este análisis sostiene que la narrativa de la ANFP sobre una supuesta «injerencia indebida» es una «cortina de humo» calculada para salvaguardar intereses políticos y económicos arraigados, y dilatar reformas cruciales que buscan transparencia. La propuesta legislativa, lejos de ser una intervención ilegítima, se alinea con las mejores prácticas internacionales en gobernanza deportiva. El senador Walker ha afirmado que Milad «informó mal a la FIFA«, sugiriendo una representación deliberada de la situación. La invocación del «fantasma de la FIFA» ha sido una estrategia recurrente en el fútbol chileno, como en 2012, sin que se materializaran las supuestas amenazas. Esta persistencia sugiere un profundo interés en preservar la estructura de poder y la opacidad de financiera actuales, incluso si implica distorsionar la naturaleza de la propuesta legislativa.

LA LEY SADP: UN IMPERATIVO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

La Ley N° 20.019, promulgada en 2005, transformó los clubes deportivos chilenos en Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP). Aunque buscaba regular el deporte, sus disposiciones sobre conflictos de interés resultaron «extremadamente acotadas y fáciles de vulnerar», limitándose a impedir que un accionista poseyera más del 5% de acciones en más de una SADP que compitiera en la misma actividad y categoría deportiva.

Las modificaciones clave incluyen: prohibir que una misma persona o entidad controle dos o más organizaciones deportivas o sea parte relacionada de otra; ampliar el alcance de la prohibición del artículo 21; incluir fundaciones y corporaciones en la regulación; proponer sanciones como la pérdida de capacidad de decisión; exigir un registro de representantes de deportistas y prohibirles ser controladores de organizaciones deportivas; y establecer la obligatoriedad de publicar transacciones anuales.

Un aspecto crucial de la reforma, respaldado por el senador Walker y el ministro del Deporte Jaime Pizarro, es la separación de la FFCh de la ANFP. Actualmente, la FFCh está «absorta» en la ANFP, que responde al Consejo de Presidentes (clubes, SADP) priorizando sus propios intereses. Esta separación permitiría a la FFCh enfocarse en el desarrollo integral del fútbol (amateur, femenino, juvenil) y acceder a recursos públicos, mientras la ANFP gestionaría exclusivamente las ligas profesionales. La ley propone un período de transición, posiblemente de dos años, para adaptar contratos como los derechos de televisión.

La propuesta legislativa es una revisión integral para cerrar vacíos legales que han permitido prácticas opacas y comportamientos egoístas. La resistencia de la ANFP se explica por la amenaza directa que estas definiciones representan para los arreglos y concentraciones de poder existentes. La actual estructura entrelazada, donde la ANFP controla la FFCh, genera un conflicto de interés sistémico, permitiendo que los intereses económicos de los clubes dicten la política del fútbol nacional. La oposición de la ANFP a la separación no es una «injerencia» general, sino la pérdida de control directo sobre el ecosistema futbolístico más amplio, incluidos los ingresos de la selección nacional y los fondos de desarrollo, que actualmente son gestionados por una entidad supeditada a los clubes profesionales. Este cambio estructural representa una amenaza significativa para el poder centralizado de la ANFP.

DESMITIFICANDO LA "INJERENCIA": ESTATUTOS DE FIFA Y CONMEBOL VS. REALIDAD

Los estatutos de la FIFA y la Conmebol enfatizan la independencia de sus federaciones miembro de la «injerencia indebida«. La FIFA se declara «neutral en materia de política y religión» y exige «un procedimiento electoral democrático«.

La FIFA y la Conmebol han sancionado federaciones por injerencia estatal en el pasado, pero es crucial distinguir la naturaleza de estas intervenciones:

• El Salvador (2022): El gobierno intentó destituir directivos y nombrar interinos para adaptar estatutos a una ley gubernamental.
• India (2022): La federación fue suspendida por «influencia indebida de terceros», específicamente un Comité de Administradores designado por un tribunal que asumió el control.
• Kuwait (2015): La federación fue suspendida por interferencia gubernamental en una «Ley de Deportes» que afectaba su autonomía.
• Clubes (Santos, Sevilla, Sint-Truidense, Twente): Multas y advertencias por permitir que «terceros injieran en la independencia del club en cuestiones relacionadas con la contratación y los traspasos».

Estos precedentes muestran que la FIFA actúa cuando un gobierno interviene directamente para remover o nombrar funcionarios, o dictar la estructura de liderazgo de una federación. En contraste, la propuesta de ley chilena busca establecer un marco regulatorio para prevenir conflictos de interés y asegurar transparencia, no nombrar ni remover funcionarios.

El senador Walker ha afirmado que «ninguna indicación de este proyecto constituye injerencia en los términos de sus estatutos; por el contrario, termina con los conflictos de interés, en los términos que el máximo organismo ha propiciado». La ley se concentra en mejorar la transparencia y el buen gobierno, objetivos que se alinean con las metas declaradas de la FIFA. El caso español, donde una separación similar entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga se implementó en 2023 sin objeciones de la FIFA, refuerza este argumento. Existe una posible contradicción en la postura de la FIFA, que aboga por la buena gobernanza pero resiste esfuerzos legislativos nacionales que desafían las estructuras de poder existentes. Esto permite a las federaciones nacionales usar la autonomía de la FIFA como escudo contra reformas legítimas.

LOS INTERESES ECEONÓMICOS YPOLÍTICOS DE LA ANFP EN EL STATU QUO

La dualidad de cargos de Pablo Milad, quien preside tanto la ANFP como la FFCh, es un punto central de la propuesta de ley, que busca evitar tales superposiciones. Milad, aunque reconoce la necesidad de modificar la Ley SADP, se resiste a la intervención legislativa en lo que considera «decisiones propias de una federación, que es una corporación privada sin fines de lucro».

La ANFP controla ingresos sustanciales, principalmente de los derechos de televisión. En 2020, el Canal del Fútbol (TNT Sports) aportó unos 83 millones de dólares a la ANFP. En 2024, la ANFP distribuyó más de 80 mil millones de pesos chilenos a los clubes profesionales por estos derechos Estos fondos son vitales para los clubes, cubriendo salarios y operaciones. El modelo de distribución no premia el mérito deportivo equitativamente.

La falta de transparencia de la ANFP en la publicación de sus estados financieros desde 2020 o 2021 es «sospechosa» y se vincula al deseo de preservar sus «cotos de poder»- Esta opacidad genera interrogantes sobre la gestión de fondos y conlleva una pérdida de credibilidad y confianza. La resistencia a la separación de la FFCh y la ANFP, y el énfasis en la «injerencia», están arraigados en el deseo de la ANFP de mantener el control financiero y operativo sobre todo el ecosistema del fútbol chileno. Las tácticas dilatorias son una defensa directa de un lucrativo status quo que beneficia a un grupo selecto de clubes profesionales y sus dirigentes, posiblemente a expensas de la transparencia y el desarrollo equitativo.

LA MANIOBRA DE LA ANFP: UN ESCUDO CONTRA LA REFORMA

La ANFP, bajo Pablo Milad, ha utilizado activamente las advertencias de la FIFA y la Conmebol como herramienta estratégica. Milad «informó a la FIFA» sobre el proyecto y luego «justificó» la carta subsiguiente, insistiendo en que la legislación podría ser vista como «injerencia». Esta acción se ha descrito como una «maniobra desesperada de última hora» para detener una ley que amenaza el status quo,

La argumentación de Milad, que sostiene que la ley interviene en «decisiones propias de una federación, que es una corporación privada sin fines de lucro» y limita a «personas idóneas» para presidir la FFCh, contrasta con la verdadera naturaleza del proyecto. El senador Walker y otros promotores de la ley argumentan que la propuesta respeta los estatutos de la FIFA y sigue modelos internacionales exitosos. La ley busca poner fin a los conflictos de interés, no dictar quién gobierna, sino cómo se ejerce la gobernanza para asegurar la probidad. El caso español de la separación entre la RFEF y LaLiga, sin objeciones de la FIFA, es un contraejemplo clave.

La afirmación de Milad de que la FFCh es una «corporación privada sin fines de lucro» implica que debería ser inmune a la supervisión legislativa. Sin embargo, « «. La resistencia de la ANFP es un intento de mantener un estatus de autorregulación que no está sujeto al mismo nivel de escrutinio que otras industrias con impacto público significativo.

La estructura actual, donde la FFCh está «absorta» en la ANFP, lleva a que los clubes profesionales prioricen sus intereses financieros sobre el desarrollo integral del deporte. La falta de transparencia en las finanzas de la ANFP agrava esta situación, generando interrogantes sobre la asignación de fondos. Esto perpetúa un sistema plagado de conflictos de interés, donde Las acciones de la ANFP, impulsadas por la autopreservación y la protección de «privilegios», no solo obstaculizan la reforma, sino que socavan la integridad y la confianza pública en el fútbol chileno.

HACIA UN FUTURO DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO PARA EL FÚTBOL CHILENO

La propuesta de reforma de la Ley SADP, lejos de ser una «injerencia indebida», es un paso necesario para modernizar la gobernanza del fútbol chileno, alinearla con las mejores prácticas internacionales y erradicar conflictos de interés arraigados. La estructura actual, dominada por la ANFP, ha demostrado conducir a la opacidad y a una priorización de la ganancia financiera privada sobre el desarrollo holístico del fútbol chileno.

Las advertencias de la FIFA y la Conmebol están siendo estratégicamente amplificadas por la ANFP para proteger un status quo que beneficia a unos pocos. Los ejemplos de sanciones legítimas de la FIFA demuestran que la propuesta legislativa chilena no se encuadra en la categoría de «injerencia indebida». Por el contrario, representa un esfuerzo crucial del Estado para regular una industria con un impacto público significativo y asegurar la probidad en su gestión.

El futuro del fútbol chileno, su integridad y su capacidad para desarrollar talento, dependen de la adopción de la transparencia, la rendición de cuentas y una clara separación de poderes entre la liga profesional y la federación nacional. La iniciativa del senador Walker no es un ataque a la autonomía del fútbol, sino una defensa de su integridad y un camino hacia un futuro más equitativo y próspero para el deporte en Chile. Es el momento de que la «cortina de humo» se disipe.