Democracia y fundaciones

Señor Director:

En el actual clima electoral, marcado por altos niveles de polarización y desconfianza, la discusión sobre el vínculo entre Estado y sociedad civil se ha visto teñida por generalizaciones injustas. El llamado Caso Convenios instaló sospechas legítimas, pero también riesgosas: reducir el debate a episodios puntuales amenaza con invisibilizar el valor estructural de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) como pilares de una democracia funcional.

Las OSFL —asociaciones, fundaciones, cooperativas, entre otras— cumplen un rol estructural en la democracia, ya que no sólo ejecutan proyectos, sino que refinan la participación ciudadana y fortalecen el tejido institucional desde lo concreto y local.

Tanto es así que autores como el sociólogo Amitai Etzioni han sostenido que una comunidad institucionalizada, donde los ciudadanos, impulsados por sentido del deber y pertenencia, participan activamente en la construcción del bien común, es esencial para una democracia robusta.

En efecto, las OSFL en Chile encarnan ese principio: permiten que individuos, sin depender del Estado ni de estructuras partidarias, asuman responsabilidades concretas sobre asuntos que les afectan directamente y lleven a cabo acciones colectivas, orientadas por un fin social que trasciende el beneficio individual y que, por diseño, está protegido de intereses económicos.

Su segundo rol, íntimamente ligado al anterior, es la intermediación efectiva con el Estado. Estas organizaciones traducen necesidades locales en proyectos viables, movilizan recursos privados, articulan actores diversos y entregan evidencia concreta sobre lo que ocurre en el terreno.

Pero quizá su función más decisiva —y menos visible— es la de amortiguadores sociales. En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones políticas —según la Encuesta OCDE 2023, apenas el 30 % de los chilenos declara confiar en el gobierno nacional y sólo un 14% en los partidos políticos—, las OSFL canalizan tensiones legítimas por vías institucionales y reúnen a actores de distintos sectores en torno a proyectos colaborativos que generan propósito compartido, reducen el riesgo de polarización y evitan que la frustración se traduzca en desafección cívica. Más aún, construyen capital social, sostienen vínculos de confianza y ayudan a preservar la cohesión democrática desde lo cotidiano.

Por todo ello, fortalecer al tercer sector no es un acto de caridad ni un gesto ideológico. Una sociedad que facilita la acción organizada de sus ciudadanos es una sociedad más sólida, más predecible y menos expuesta a las turbulencias que afectan tanto a gobiernos como a mercados. Apostar por las OSFL es, sencillamente, una forma inteligente de cuidar aquello que permite que la democracia no sólo exista, sino que funcione y perdure.