El gatopardismo notarial: un proyecto de ley que deja todo igual

El autor de esta columna analiza el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial. Comenta lo positivo que tenía cuando salió de la Cámara de Diputadas y Diputadas y las modificaciones que se hicieron en el Senado. Sostiene que «si bien el proyecto incorpora unos pocos cambios en términos de transparencia en los nombramientos y fiscalización, pero en el fondo el Senado aprobó un proyecto gatopardo que mantiene las principales regalías y rentas oligopólicas capturadas por los notarios e incluso le agrega algunos adicionales».

En la novela El Gatopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa describe a la burguesía y la aristocracia sicilianas como una clase parasitaria preocupada solo por sus intereses. Ante el desembarco de las tropas de Giuseppe Garibaldi en Marsala con el objetivo de poner término a la dinastía de los Borbones y hacer que el reino de las dos Sicilias pase a ser parte del estado italiano, el príncipe de Salina, Fabrizio Corbera, expresa su preocupación por las consecuencias negativas que esto puede tener en su estilo de vida y sus privilegios. Por esta razón, en el diálogo más conocido y famoso de la novela, el príncipe intenta evitar que su sobrino Tancredi Falconeri se una a los hombres de Garibaldi, ante lo cual Tancredi le responde que hay que apoyar a los revolucionarios garibaldinos para que las cosas sigan tal como están en Sicilia: “Hace falta que algo cambie para que todo siga igual”.

Los notarios en Chile no son un grupo aristocrático como el de Sicilia, pero sí constituyen una casta con privilegios que no provienen de su propio mérito y que disfruta de rentas oligopólicas inmerecidas. Pertenecer a este grupo es algo que ocurre de forma poco transparente y parece sustentarse en redes importantes en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, lo cual además ha permitido mantener los privilegios en el tiempo a pesar de múltiples intentos de distintos gobiernos por eliminarlos o reducirlos.

En general, se justifica que exista una regulación respecto a los servicios notariales, la cual tiene por objetivo principal garantizar la calidad de los servicios y que estos se ofrezcan en cantidad suficiente y a precios competitivos. Hay dos instrumentos complementarios que permiten lograr este objetivo. El primero es la exigencia de estándares altos para poder ser notario, y el segundo, es la existencia de una supervisión que fiscalice e imponga sanciones fuertes que permitan garantizar la calidad, la imparcialidad y la integridad de los notarios. Sin embargo, tal como lo señala la OECD, la regulación tiene riesgos y efectos negativos cuando la regulación utilizada limita en forma importante la competencia, lo cual reduce la eficiencia, limita la innovación, disminuye los incentivos a aumentar la calidad e impide que los precios sean más bajos. Es así como la Comisión Europea señala que hay suficiente evidencia de los efectos negativos que genera la limitación de competencia y las regulaciones excesivas y obsoletas que existen en los mercados de servicios profesionales, incluyendo los legales y notariales. En forma complementaria, el Banco Mundial, al analizar las ventajas y costos de hacer negocios en distintos países, señala que varias de las exigencias de documentos y requerimientos de servicios notariales, al igual que su regulación, están obsoletas y la única razón por la cual subsisten es la captura regulatoria y el poder de lobby de los notarios.

La evidencia en Chile no es muy distinta, el nombramiento de los notarios es poco transparente; las notarías cobran precios muy por sobre el máximo permitido, entre el doble y 11 veces, más dependiendo del trámite; para muchos trámites, las notarías cobran por la “autorización de firma” y, además, por la “obtención de firma”; las rentas promedio de un notario son de 14 millones mensuales (24 millones en el caso de los notarios en Santiago Centro), equivalente a 25,2 veces el sueldo promedio (43,2 veces en el caso de los notarios de Santiago Centro); y no utilizan tecnologías modernas, como blockchain, con protocolos de seguridad y verificación adecuados, permite generar y verificar documentos notariales en forma segura, eficiente, y a un menor costo. En los últimos 20 años, se han presentado varios proyectos de ley, de gobiernos distintos, con el objetivo reformar en forma importante el sistema notarial, pero ninguno de ellos fue exitoso y ni siquiera logró pasar el primer trámite constitucional en el Congreso.

El proyecto de ley presentado el año 2018 por el gobierno parecía tener el mismo destino que todos los anteriores. Entre otras cosas, el proyecto establecía concursos públicos transparentes y en base a méritos para ser notario; creaba la figura de los Fedatarios, ministros de fe en que pueden realizar los trámites notariales más simples (“trámites de mesón”) y que representan el 65% de los trámites que se hacen en una notaría; eliminaba muchos trámites que por ley requieren autorización notarial; aumentaba la fiscalización sobre los notarios; y se introducía tecnología y firma electrónica avanzada para hacer trámites.

Contra toda expectativa, y a diferencia de todos los proyectos de ley anteriores, a pesar de la resistencia de los notarios, el proyecto fue aprobado con algunas modificaciones en la Cámara de Diputados y pasó al Senado a principios del 2020. Ese fue el equivalente al desembarco de Garibaldi en Marsala para los notarios. Y los notarios, para defender sus privilegios, siguieron la estrategia de Tancredi Falconeri al pie de la letra, la cual terminó siendo exitosa: el proyecto de ley aprobado en el Senado cambia algunas cosas para que todo siga igual.

La creación de Fedatarios, que introducían competencia en el mercado, lo cual incentivaría menores precios y mayor calidad, fue rechazada por el Senado; la posibilidad de hacer escrituras públicas electrónicamente y el uso de firma electrónica también fue rechazado y solo se permiten en papel. Esto último no es menor, no solo porque implica seguir utilizando tecnología obsoleta y más cara, sino que obliga a que el trámite sea presencial y, tal como le señaló el notario Francisco Leiva a la notaria Valeria Ronchera para convencerla de que no participara en un seminario sobre “Escritura Pública Electrónica”: “Lo único que va a alargar nuestra vida es atender a la Presencialidad, si no estamos fregados” (ver artículo de CIPER).

Adicionalmente, el proyecto de ley aprobado agrega una nueva función para los notarios: remitir copia electrónica de títulos de dominio y de registros de constitución, modificación o terminación de sociedades al conservador de bienes raíces correspondiente. Esto es algo que hasta ahora hacían abogados y corredores de propiedades, pero pasó a ser monopolio de los notarios. Si actualmente los notarios cobran por la “autorización de firma” y, además, por la “obtención de firma”, no sorprendería ver un nuevo cobro de “remitir copia” asociado a este trámite.

En resumen, si bien el proyecto incorpora unos pocos cambios en términos de transparencia en los nombramientos y fiscalización, pero en el fondo el Senado aprobó un proyecto gatopardo que mantiene las principales regalías y rentas oligopólicas capturadas por los notarios e incluso le agrega algunos adicionales. El éxito de los notarios fue mucho mayor que el de la burguesía siciliana para mantener sus privilegios, el príncipe de Salina debió haber contratado un notario.

La pregunta que queda pendiente es para los senadores, en especial para algunos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ¿por qué rechazaron el uso de firma electrónica? ¿Por qué aprobaron que las escrituras solo puedan ser en papel, obligando a la presencialidad que, entre otros, buscaba el notario Leiva? ¿Por qué se oponen a que existan Fedatarios que, en la práctica, hoy ya existen y son los mismos funcionarios de las notarías que atienden en el mesón y permiten hacer trámites simples sin que las personas vean al notario? Los Fedatarios beneficiarían a la gran mayoría de los chilenos, habría más competencia, los precios bajarían y la calidad aumentaría, pero el Senado se opuso. ¿Por qué el senador Huenchumilla, cuya señora es notaria y Conservador de Bienes Raíces de Lautaro, participó activamente del debate y además votó, a pesar de tener un evidente conflicto de interés? ¿Cuántos parlamentarios con parientes notarios votaron en la sala, a pesar de tener conflicto de interés? Sería interesante saber si hay o no parlamentarios que recibieron financiamiento para su campaña de parte de notarios y, en el caso en que los haya, saber quiénes son y cómo votaron el proyecto de ley o si hicieron o no indicaciones y cuáles.

Es inevitable preguntarse por qué es tan fuerte y tan exitoso el lobby notarial, un grupo pequeño que logra bloquear reformas que favorecen a todos los chilenos. Puede haber múltiples explicaciones, pero tener mayor transparencia respecto a los vínculos entre notarios y parlamentarios sería sano. Tal vez eso incluye en algún momento levantar el secreto bancario para parlamentarios, notarios y Conservadores de Bienes Raíces ¿Por qué no?