Los autores de esta columna escrita para CIPER analizan el escándalo de las licencias médicas apuntando que el actual Estatuto Administrativo rigidiza la carrera funcionaria, hace ineficiente el sistema de evaluación de desempeño y permite la proliferación del régimen a contrata. Sostienen que “una reforma permitiría fortalecer la probidad, profesionalizar el servicio civil y mejorar la calidad de los servicios que el Estado entrega a la población. Por otra parte, no es fácil superar un daño reputacional, ya que esto requiere respuesta rápida, que parece no tener el Estado, pero, sobre todo, requiere de voluntad y reconocimiento por parte de quienes cometen las faltas».
Imagen de portada: José Francisco Zúñiga / Agencia Uno
El reciente escándalo de licencias médicas solicitadas por funcionarios públicos para viajar al extranjero, termina de poner evidencia la profundidad de la crisis que viene viviendo hace tiempo la función pública. De acuerdo al informe de la Contraloría General de la República, más de 25 mil funcionarios habrían salido del país estando con permiso por razones de salud. Incluso, hoy somos testigos de la situación que vive el personal médico junto a otros casos de trabajadores con doble empleador, situación que no está permitida en el aparato estatal.
El escándalo ha dejado una herida profunda y dolorosa en varios aspectos, principalmente en la efectividad de los mecanismos de control, en el rol de las asociaciones funcionarias, en la relación de la ciudadanía con una institucionalidad que se supone debe estar para ayudarla y no defraudarla. Pero, ante todo, es un golpe a la reputación de la función pública pese a que hablamos de una pequeña minoría de funcionarios que han incumplido la normativa.
Desde las caricaturas ochenteras de Hermosilla y Quintanilla, hasta las burlas en comerciales, la imagen y reputación de los funcionarios públicos como personas poco comprometidas, con muchos beneficios, y abusadoras de su poder, está muy instalada en la realidad chilena. Los diferentes escándalos de corrupción ocurridos desde el retorno de la democracia parecían hechos aislados, y frente a los cuales siempre se tomaron medidas.
Robustas agendas en contra de la corrupción se fueron implementando, desde la creación de Chile Compra, hasta la Ley de Probidad; pasando por la Ley de Acceso a Información Pública y de Lobby. No obstante, los casos de corrupción a nivel municipal (como Recoleta, Vitacura, Las Condes o Algarrobo), el Caso Convenios, Caso Audios y Procultura, aumentan la sensación de una corrupción generalizada a pesar de que somos uno de los países con menor corrupción en América Latina.
Sin embargo, la creencia de que las leyes por sí solas generan cambios, nunca se ha visto confirmada. En particular en el sector público, el cambio cultural que debe acompañar todo avance legal, no se ha promovido, ni se ha acompañado con cambios y actualizaciones al Estatuto Administrativo que es lo que regula al empleo público.
Por largos años el Estatuto Administrativo se ha convertido en una suerte de elefante en la habitación al cual sucesivos gobiernos han hecho lo posible por no mirar. Las razones son múltiples, pero se pueden resumir en dos: las presiones ejercidas por los propios empleados públicos y la falta de voluntad política para avanzar en la materia.
El actual Estatuto Administrativo fue creado en 1989 cuyo propósito principal fue el de dotar de estabilidad a los empleados públicos con el afán de no ser removidos por razones políticas, especialmente en el personal de planta. Durante su implementación, la normativa ha acarreado una serie de rigideces, una de ellas guarda relación con la desvinculación. En la práctica, un funcionario podría ser despedido por bajo desempeño en el ejercicio de su cargo, sea por caer dos años consecutivos en lista 3 o durante un año el caer en lista 4. Pese a esto, el sistema tiene una alta homogeneidad en las evaluaciones, quedando la mayoría de trabajadores evaluados en lista 1 o 2.
Si observamos en profundidad esta realidad, encontramos que los procesos de evaluación no están estandarizados a nivel central, ya que estos dependen de las definiciones establecidas por cada institución pública. Por otro lado, la junta calificadora está encabezada por la jefatura superior del servicio, un representante del jefe directo de la persona calificada, un representante del personal designado por la jefatura superior y un representante escogido por los funcionarios. En otras palabras, el proceso podría considerarse como endogámico y sujeto a subjetividades, más todavía pensando en la ausencia de criterios objetivos desde el nivel central.
Otro aspecto que ha sido objeto de crítica es la segunda vía de desvinculación, siendo esta la del sumario administrativo, el cual funciona como procedimiento disciplinario interno y que permite investigar potenciales infracciones funcionarias cuyas sanciones pueden ir desde la amonestación hasta la destitución (en caso de infracciones graves). Los sumarios no están sujetos a límites de tiempo, por lo que en la práctica pueden durar un año o más. Incluso, no son pocas las voces que han señalado que el Estado no tiene capacidad para realizar 25 mil sumarios de forma simultánea.
Más allá de los hechos mencionados, el Estatuto Administrativo chileno ha sido por años objeto de múltiples críticas por diversas razones, entre ellas, la rigidez de la carrera funcionaria, que limita la movilidad y dificulta que el mérito incida efectivamente en los ascensos; la ineficacia del sistema de evaluación de desempeño, en el que la mayoría de los funcionarios obtiene calificaciones altas sin una distinción real; y la proliferación del régimen a contrata sin criterios objetivos. A ello se suma el problema de las vacancias, donde cargos de planta permanecen sin ser provistos durante largos períodos, ya sea por ausencia de concursos o por decisiones políticas, afectando la continuidad y eficiencia del servicio público. Otro aspecto crítico es la falta de estandarización en los perfiles de los concursos públicos, que en muchos casos se diseñan a la medida, debilitando la transparencia y la meritocracia en los procesos de selección.
Reformar el Estatuto Administrativo es clave para modernizar el empleo público en Chile, ya que el marco actual presenta serias falencias que afectan la eficiencia del Estado. La rigidez de la carrera funcionaria, la falta de estandarización en las evaluaciones de desempeño, la dificultad para desvincular por bajo desempeño, y la proliferación de trabajadores a contrata han generado un sistema donde el mérito y la gestión de resultados quedan debilitados. Además, la duración excesiva de los sumarios y el ajuste de perfiles en concursos públicos agravan la desconfianza ciudadana. Una reforma permitiría fortalecer la probidad, profesionalizar el servicio civil y mejorar la calidad de los servicios que el Estado entrega a la población. Por otra parte, no es fácil superar un daño reputacional, ya que esto requiere respuesta rápida, que parece no tener el Estado, pero, sobre todo, requiere de voluntad y reconocimiento por parte de quienes cometen las faltas, y asumir que los cambios requieren medidas drásticas que impacten en la función pública en la búsqueda de recomponer un vínculo fundamental para la democracia, el vínculo de la ciudadanía con sus instituciones.
COMPARTIR
CONTENIDO DESTACADO
Explosivo aumento de denuncias por extorsión: delito con el sello del crimen organizado pasó de 31 a 322 casos en apenas cuatro años
Me parece muy preciso lo señalado en la publicación.
Solo mencionar que las juntas calificadoras no se componen como lo plantean, si no por los funcionarios de mayor grado o antigüedad (3 titulares y 3 suplentes), un representante del personas (elegido por los funcionarios por votación), un profesional del área de RRHH y el gremio con mayor representatividad según el estamento a calificar, sin derecho a voto.
Además, en el área de la salud, es urgente actualizar a la realidad el Estatuto Administrativo por una suerte de justicia, frente al reconocimiento por antigüedad, especialización y otros, para quienes pertenecen a la Ley 19.664 y 15.076, frente a los contratados por la Ley 18.834, y que se desempeñan y desarrollan en el mismo ámbito de la Salud.
