Aranceles de referencia en la educación superior: un sistema que perpetúa la desigualdad

El autor de esta columna escrita para CIPER sostiene que el actual sistema de financiamiento de la educación superior profundiza las desigualdades entre las universidades, afectando negativamente en especial a las estatales de regiones. “En este contexto, la demanda por una mayor equidad en el financiamiento de la educación superior, que contemple las particularidades y necesidades de crecimiento y mejora continua de nuestras universidades estatales regionales, pasa necesariamente por revertir las lógicas regresivas y competitivas, para pensar en un proyecto de auténtico desarrollo territorial, basado en la equidad por el derecho a la educación superior, una de las antiguas banderas de quienes nos gobiernan”, dice.

El financiamiento de la gratuidad universitaria, muy similar al utilizado en el sistema escolar y sus lógicas de «vouchers», presenta graves deficiencias que profundizan las brechas entre universidades, contradiciendo los principios de equidad territorial y desarrollo descentralizado que debería promover el Estado. Al momento de comparar los datos 2025 para todas las carreras pedagógicas del país (fig. 1), los datos revelan diferencias alarmantes: mientras la Universidad de Chile alcanza $3.312.570 de arancel de referencia, otras universidades del estado, como la UMCE, apenas alcanzan un promedio de $2.878.975, casi medio millón de pesos de diferencia por estudiante matriculado, cerrando la lista de universidad estatales la Universidad Arturo Prat con $2.587.156, una diferencia de más de 725 mil pesos por estudiante, respecto a la U. de Chile.

Por otra parte, todas las universidades del sistema absorben grandes diferencias (o pérdidas) respecto a los valores que ingresan por concepto de gratuidad por cada matriculado (fig. 2). Mientras la PUC presenta una preocupante diferencia de $2.207.813 entre su arancel de referencia y el real, vemos brechas también importantes en las Universidades de Antofagasta ($541.771) La Serena ($525.908) Atacama ($454.958), e incluso en la U. de La Frontera, donde alcanza $164.407 por cada estudiante. Esta brecha de más de 20 veces revela un sistema distorsionado por su estrecha relación con el mercado, considerando por igual a instituciones estatales y privadas.

Estas sorprendentes diferencias tienen una explicación en la Metodología de determinación de arancel de referencia 2025 para Universidades Acreditadas, elaborado por la Subsecretaría de Educación  Superior del MINEDUC, el cual presenta problemas fundamentales en su diseño, basado en indicadores sesgados, dado que ignoran las dificultades estructurales que enfrentan las universidades estatales y regionales para atraer académicos con doctorado y financiar investigación: El 67% del peso metodológico se concentra en criterios que favorecen naturalmente a universidades consolidadas: docentes con postgrado (25%) y productividad científica (42% entre proyectos FONDECYT/FONDEF y publicaciones ISI/Scielo), de forma similar a cómo de determinan los aportes fiscales indirectos (AFI).

Bajo este modelo, las instituciones con menores indicadores de desempeño reciben menos recursos, limitando su capacidad de mejorar los indicadores que la propia metodología premia, perpetuando así su desventaja, y por ende, generando un círculo vicioso, que se profundiza con los requerimientos crediticios a los cuales deben acudir las instituciones para poder cubrir sus gastos, en vista de ingresos por gratuidad que no son mensuales, sino semestrales. Estos créditos pueden impactar hasta en 600 millones de pesos anuales en intereses, de acuerdo a lo expresado por el rector de la U. de Playa Ancha recientemente, reunido con el claustro académico de dicha institución. Simultáneamente, las universidades mejor posicionadas acceden a más recursos para fortalecer precisamente aquellos factores que el sistema valora.

Este sistema y sus efectos acumulados perpetúa la inequidad territorial, profundiza las desigualdades regionales, afectando el acceso estudiantil y el desarrollo institucional en territorios que más necesitan fortalecimiento universitario, a partir de sus entidades estatales. Se acumulan así los impactos sistémicos negativos en múltiples dimensiones, los más visibles, sin duda las paralizaciones estudiantiles y tomas en varias entidades estatales, y los recientes despidos masivos en universidades estatales regionales, como sucedió en la Universidades de Antofagasta, La Frontera y Magallanes. En lo que refiere a la igualdad en el acceso, estudiantes de regiones enfrentan mayores barreras para educación superior «de calidad» debido, precisamente, a que las universidades estatales y regionales han sido relegadas a la precariedad en diversas dimensiones; algunas de ellas sin carreras como pedagogía en matemáticas. En este contexto, las universidades estatales y regionales ven limitada su inversión en infraestructura y talento, que permita avanzar a la complejidad, mediante la investigación, generando enormes brechas en el ecosistema científico nacional, reproduciendo en la academia la falta de equidad territorial en otras áreas de desarrollo.

Todo indica que se requiere una reforma que permita superar las crisis de un modelo neoliberal de gratuidad que trasvasija una enorme proporción de esos recursos públicos a universidades privadas, basado en lo que se conoce como sistema de vouchers. Esta crisis abre entonces múltiples interrogantes para la construcción de una nueva forma de distribuir recursos públicos para la gratuidad universitaria (demanda número uno de los movimientos estudiantiles de 2011): ¿Cómo integrar indicadores de contexto territorial que reconozcan las particularidades regionales y de sus universidades estatales? ¿Qué factores de corrección geográfica y socioeconómica deberían incluirse en el modelo? ¿Cómo diseñar incentivos específicos para el desarrollo de capacidades institucionales? ¿Qué criterios de impacto y desarrollo regional serían más efectivos para evaluar el desempeño universitario?

La actual metodología no solo es técnicamente deficiente, sino que contradice los objetivos de equidad que debe perseguir el financiamiento público, más aún cuando se trata de instituciones del Estado, que para responder al derecho a una educación «pública, gratuita y de calidad», han sido obligadas a competir bajo lógicas de mercado en condiciones totalmente desiguales, alimentando una crisis que hoy tiene a las universidades estatales en una aguda crisis financiera, estudiantil y de infraestructura, dada su dependencia de este sistema, que en 2023 alcanzó hasta un 72% del financiamiento estudiantil, el cual a su vez representa el 80,8% del total de ingresos del sistema universitario, complementado por Aportes Basales y Fondos Concursables, según datos SIES, y de la Superintendencia de Educación Superior.

En este contexto, la demanda por una mayor equidad en el financiamiento de la educación superior, que contemple las particularidades y necesidades de crecimiento y mejora continua de nuestras universidades estatales regionales, pasa necesariamente por revertir las lógicas regresivas y competitivas, para pensar en un proyecto de auténtico desarrollo territorial, basado en la equidad por el derecho a la educación superior, una de las antiguas banderas de quienes nos gobiernan, que pese a elevar propuestas sobre condonación al CAE, y han debido implementar los SLEP, no parecen ver la importancia de abrir un debate público de cara a una reforma del sistema de financiamiento de la educación superior, tal como sucedió en 2011, ya que hoy, pese a los grandes avances, las lógicas dominantes del sistema, son exactamente las mismas.