El próximo estallido será en la cárcel

El académico autor de esta columna analiza las cifras actualizadas de población penal en el país y las compara con lo ocurrido en los últimos años en la región, lo que sirve para anticipar lo que se está incubando en los recintos penales chilenos. En un contexto electoral en que se prometen más cárceles, sostiene que “el actual estado de las cárceles es una bomba de tiempo que podría estallarnos en la cara en muy poco tiempo. Para desactivar esta bomba se requiere ofrecer algo mucho más sofisticado que una simple multiplicación de plazas”.

Imagen de portada: David Cortés/ Agencia Uno

Una bomba de tiempo se está acumulado en las cárceles de Chile. Hablemos de cifras. Al 31 de marzo de 2025 de acuerdo con cifras oficiales de Gendarmería de Chile 59.649 personas se encontraban en el régimen de control cerrado, de los cuales 38.017 estaban condenados, mientras 20.959 estaban en calidad de imputados. Desde el año 2021 y hasta marzo de 2025 se ha producido un incremento del 24% en la cantidad de personas en el sistema cerrado (Gráfico 1).

El dato tal vez más preocupante es el uso de la capacidad. Al 31 de marzo de 2025 el sistema penitenciario contaba con una capacidad de 41.992 plazas, mientras que el uso alcanzaba, como dijimos, a 59.649 plazas, es decir un uso del +142%. En términos simples, existe una sobrepoblación de 17.655 plazas. En los dos últimos años se ha producido un incremento constante y significativo de la sobrepoblación, pasando de +115% en abril de 2023 a 142% en el mes de marzo de este año.

La sobrepoblación varía significativamente por región y por instalación.  En las regiones de Atacama y el Maule superan el 200%, mientras en las regiones de Valparaíso, Ñuble, la Araucanía, la Metropolitana y Antofagasta superan el 158% (Gráfico 2).

Cuando observamos la situación de las instalaciones, las top 10 instalaciones con mayor sobrepoblación presentan cifras que superan el 300% como son los casos de los Centros de Tal Tal, Copiapó, Parral y Tocopilla que sin duda son los más críticos del sistema (gráfico 3).

La situación a todas luces es dramática. No resulta difícil imaginar los efectos que producen este tipo de condiciones en la población penal: se agudiza la conflictividad de los internos por el uso de espacios; las condiciones de seguridad de gendarmes y de la propia población penal se ve seriamente afectada; se acelera el daño a la infraestructura existente; las condiciones de salud e higiene se ven seriamente afectadas; y en un entorno gravemente afectado surgen lógicas de negociación y poder que incentivan la corrupción. El grado de precariedad es tal que los internos están cada vez más dispuestos a subvertir el orden interno, generándose condiciones ideales para el desgobierno.

En América Latina, se observa que la tasa de encarcelamiento se ha duplicado desde el año 2000, aumentando en un 120%, cuestión que no ha sucedido en otras regiones del mundo donde alcanza al 24% (Banco Interamericano de Desarrollo 2020). Los países que observan mayores tasas de hacinamientos son Haití (302%), Guatemala (299%), Bolivia (288%), El Salvador (237%), Brasil (174%), Chile (142%) y Ecuador (120%) (Statista, 2024).  Lo anterior ha ocasionado motines y fuertes eventos de violencia social en Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y México por citar los más relevantes.

En el año 2019 un motín en Brasil terminó con 57 reclusos muertos y que se produjo a partir de una disputa entre dos bandas rivales por las rutas del tráfico de cocaína en el norte del país. El episodio incluyó fuertes escenas de violencia de decapitación de reclusos que se disputaban territorios y donde los jefes de las bandas operaban desde la prisión.  En noviembre de 2024, se produjo una masacre en Ecuador que terminó con 15 muertos y 14 heridos en un recinto penitenciario donde también se verificó un conflicto entre bandas rivales. La cárcel ya estaba bajo control de las fuerzas armadas pues en enero de ese mismo año se había producido un fuerte motín que se reprodujo en siete cárceles del país.

Un violento motín que dejó 17 muertos y 30 reclusos fugados ocurrido en enero de 2023 en Chihuahua (México) mostró las condiciones de corrupción y de “autogobierno” de los reclusos respecto de los recintos carcelarios, que llegaban a controlar todo un sistema de privilegios, celdas VIP, consumo de drogas, tráfico de armas, y la existencia incluso de cajas fuertes donde atesoraban dinero en efectivo.

Todas estas experiencias hablan de un patrón común: altos niveles de hacinamiento, control interno de las cárceles por parte de organizaciones criminales, corrupción de las instituciones encargadas del sistema penitenciario y motines y estallidos de violencia en estos recintos, que se proyectan a todo el país. Tal como Pablo Zeballos lo observa en su libro Un Virus entre Sombras (Catalonia, 2024), la mayoría de las estructuras criminales en América Latina han nacido precisamente en recintos penitenciarios. Hoy, asevera Zeballos, las cárceles “no son espacios de confinamiento y control social, pues los han transformado en auténticos centros de comando y control desde donde dirigen y coordinan sus operaciones criminales” (p. 146). Y las condiciones carcelarias descritas son ideales para la reproducción de un esquema de control por parte de grupos criminales.

El debate electoral presidencial, lamentablemente, ha estado centrado en la construcción de cárceles como una “bala de plata” para terminar con la delincuencia. Las cifras que entregamos aquí advierten de un problema mucho más complejo y que requiere abordarse de modo integral. Primero, el plan maestro de construcción y renovación de cárceles no parece ser suficiente para responder a la demanda de plazas por parte del sistema penitenciario. Segundo, se requiere avanzar en el fortalecimiento y reforma profesionalizante de Gendarmería de Chile para proveer una respuesta que atienda las nuevas amenazas que se ciernen en el sistema penitenciario, mejorando las condiciones laborales pero al mismo tiempo generando políticas de anticorrupción. Tercero, se necesita fortalecer el sistema de reinserción social y post-penitenciario para lograr romper la cadena de reproducción de la delincuencia, brindando alternativas concretas a quienes cumplan con una condena. Cuarto, se necesita avanzar en una infraestructura penitenciaria que responda a los desafíos tecnológicos con los que hoy cuenta el crimen organizado al interior de las cárceles.

El actual estado de las cárceles es una bomba de tiempo que podría estallarnos en la cara en muy poco tiempo. Para desactivar esta bomba se requiere ofrecer algo mucho más sofisticado que una simple multiplicación de plazas.