Señor Director:

Por medio de esta carta quisiera expresar mi profunda preocupación respecto a la reciente revelación de conversaciones privadas entre fiscales y el abogado Luis Hermosilla en el contexto del llamado “Caso Audios”, el que ha puesto en evidencia serias irregularidades en la forma en que algunos fiscales manejan información reservada y coordinan con abogados fuera de los canales oficiales.

Como alguien que trabajó durante 15 años como Fiscal del Ministerio Público, tengo un conocimiento profundo de cómo funciona el sistema, tanto en sus aspectos formales como en las dinámicas informales que se producen al margen de los protocolos establecidos. Por ello, considero alarmante que se hayan permitido estas interacciones fuera del Sistema Integral de Atención de Usuarios (SIAU), que es el medio diseñado para garantizar la transparencia y el registro de todas las comunicaciones entre abogados y fiscales.

El SIAU (Sistema de Información y Atención de Usuarios) es la plataforma oficial y única herramienta reconocida por el Ministerio Público para gestionar las comunicaciones entre los abogados y los fiscales. Este sistema permite que los abogados acreditados como intervinientes en una causa –ya sea como defensores, querellantes o representantes de víctimas– puedan realizar solicitudes formales, tales como la obtención de copias de la carpeta investigativa, la entrega de antecedentes, la solicitud de entrevistas con fiscales, el acceso a información sobre el estado de las causas, entre otros.

Cada solicitud realizada mediante el SIAU queda registrada en un sistema transparente, lo que asegura un control administrativo y permite que cualquier acción o respuesta del fiscal esté documentada y sea   trazable. Este sistema es utilizado de manera habitual por la Defensoría Penal Pública y por todos aquellos abogados que no cuentan con contactos directos o privilegios especiales dentro del Ministerio Público.

Sin embargo, en este caso se ha informado que el abogado Luis Hermosilla mantuvo comunicación directa con fiscales de alto rango, incluyendo al director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos; el jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz; la fiscal de Alta Complejidad de la misma fiscalía, Ximena Chong; el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros; la exjefa Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera; y la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Estas comunicaciones se habrían realizado por WhatsApp y, según se ha señalado, abordaban temas relacionados con causas judiciales.

Así, por ejemplo, la Fiscal Regional de Valparaíso Claudia Perivancich señaló que las conversaciones por WhatsApp que mantenía con el abogado Hermosilla corresponderían a “coordinaciones propias de las actuaciones que desarrollábamos como fiscalía regional a cargo de la causa investigada por eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto del estallido social, habida cuenta que dicho abogado representaba a varias personas, entre ellos los subsecretarios del Interior Juan Francisco Galli y Rodrigo Ubilla”.

Cabe hacerse dos preguntas fundamentales: ¿Estaba Hermosilla debidamente acreditado como interviniente en las causas mencionadas? ¿Por qué no utilizó el sistema SIAU, el cual regula y deja registro de toda interacción formal entre abogados y fiscales? Estas interrogantes son esenciales para determinar si se respetaron los principios de probidad y transparencia en estas interacciones.

En mi experiencia, las solicitudes de información o coordinación por fuera del sistema oficial no solo son contrarias a los principios de probidad, sino que también abren la puerta a un trato desigual, privilegios indebidos y filtración de información que comprometen los resultados de las investigaciones en curso, como ya se ha hecho habitual. La probidad y la transparencia son pilares esenciales para mantener la confianza en la justicia.

Es evidente que Hermosilla no es el único que goza de este tipo de privilegios. Las conversaciones informales entre fiscales y autoridades, abogados o figuras influyentes parecen ser una práctica tolerada, pero es hora de decir basta. La responsabilidad recae directamente en el Ministerio Público que permite estas dinámicas, al margen de los canales oficiales.

La ciudadanía merece un Ministerio Público que actúe con absoluta transparencia, donde el acceso privilegiado no sea la norma para unos pocos, sino la igualdad ante la ley el principio que rija para todos. Es imperativo fortalecer los protocolos de comunicación y fiscalizar estrictamente su cumplimiento para recuperar la confianza pública en el Sistema de Justicia.