Evitar lo obvio: exégesis de la fallida compra de la casa del expresidente Allende

El autor de esta columna escrita para CIPER hace un repaso del proceso que causó polémica y derivó en la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Sostiene que hubo un error de “criterio político” en la operación y sus implicancias. “Evitar escenarios que pudiesen representar una amenaza para los intereses del gobierno, debiese ser la principal preocupación de cara al último periodo del Presidente Boric. Una lección que, a pesar del tiempo, aún no parece sacudir el sentido común de quienes ejercen la autoridad”, sostiene.

Créditos imagen de portada: Sebastián Beltrán / Agencia Uno

El pasado 30 de diciembre, el abogado que representa a la familia Allende, Felipe Vio Lyon, y el Estado, a través de la SEREMI de Bienes Nacionales de Santiago, suscribieron un contrato de compraventa para adquirir la casa del expresidente Salvador Allende. Según consigna el documento, el costo del inmueble alcanzaría un total de 24,291,72 UF. Lo que equivale a unos $933 millones de pesos, aproximadamente. Este acuerdo fue fruto de una iniciativa impulsada por el gobierno que buscaba convertir en casas museos las propiedades que albergaron a dos exmandatarios: Salvador Allende y Patricio Aylwin.

Aunque el proceso de adquisición de las residencias se inició meses antes, no fue hasta los primeros días de enero que la compra de las viviendas fue objeto de críticas por parte de miembros de la oposición. Según se indica, el proceso de compra representa un notable conflicto de interés que compromete a dos autoridades oficialistas. Vale decir, la Ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende. En particular, se afirma que, según lo dispuesto en la Constitución, ambas autoridades están impedidas de celebrar o caucionar contratos con el Estado.

La imposibilidad de participar de acuerdos de compraventa entre el Estado y autoridades, ministros o parlamentarios, está prescrita en los artículos 37 bis y 60 de la Constitución. El primero, señala que “durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”. En cuanto al segundo artículo, la Carta Magna indica que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza (…)”.

Frente a las crecientes acusaciones, el gobierno reaccionó. En primer lugar, suspendió el proceso de compra del inmueble del expresidente Allende. De hecho, fue el Ministerio de Bienes Nacionales quien, a través de un comunicado, anunció el cese de la operación. Así, de acuerdo con el documento, “cada una de las etapas ha sido evaluada en su mérito. Como parte de este proceso y debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”. Sin embargo, a medida que se fueron revelando nuevos antecedentes, el día lunes 6, el Presidente Boric solicitó la renuncia a la Ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.

Estas medidas fueron acompañadas de una dura autocrítica por parte de algunas figuras del gobierno como la Ministra del Interior, Carolina Tohá, y la vocera de gobierno, Aisén Etcheverry. Sin ir más lejos, la titular de Interior aseguró que “esto es algo que no debió haber sucedido, claramente”. A su vez, Etcheverry precisó que “el momento de la firma de la escritura en la Notaría, es algo que no debió haber ocurrido, esencialmente por razones políticas. Aquí hubo una conducción de un proceso, en términos políticos, que no fue adecuada”. Adicionalmente, agregó que “el proceso se interrumpió en un momento determinado, que no surtió ningún efecto, aquí no hay transferencia de propiedad, no había transferencia de recursos, no ha habido inscripciones de ninguna naturaleza”.

En el caso de la familia Allende, la Ministra de Defensa declaró que no hubo traspaso de recursos y que no participó de las reuniones para dar curso al proceso de compra.  A su vez, la senadora del Partido Socialista (PS) publicó un comunicado que adhiere al proyecto del gobierno de transformar la casa en un museo. Adicionalmente, el escrito manifiesta que comparten con la decisión de desistir de la operación.

No conforme con estas acciones, legisladores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y del Partido Republicano, anunciaron acudir al Tribunal Constitucional (TC) para un pronunciamiento sobre el caso. Sin embargo, parlamentarios de Renovación Nacional (RN), manifestaron sus cuestionamientos a la ofensiva propuesta. De hecho, se mostraron partidarios de iniciar una Comisión Especial Investigadora que recabe información más precisa sobre la fallida compra. Asimismo, sostuvieron que, debido a la mayoría oficialista que actualmente integra el Tribunal Constitucional, las probabilidades de rechazar el requerimiento son altas.

Así y todo, más allá de los argumentos jurídicos que sugieren reparos sobre el proceso de compra de la vivienda del expresidente Allende, resulta evidente que el criterio político del gobierno para anticipar posibles vicios en la operación no fue el acertado. Más grave aún es que el proceso haya sido visado por Contraloría y el Departamento Jurídico de Bienes Nacionales. Puesto que no advirtieron oportunamente posibles irregularidades durante la tramitación de la compra.

La idea de crear una nueva Comisión Investigadora abre un nuevo flanco para el gobierno. Si bien el Ejecutivo reconoció que la conducción del proceso fue un error, el problema genera nuevas interrogantes sobre los acuerdos que suscribe el Estado con particulares. De igual manera, debido al nivel de avance del proceso de compra, las responsabilidades políticas pudiesen afectar a otras autoridades de gobierno. Situación que deja con escaso margen de defensa al oficialismo.

A pesar de los esfuerzos por resguardar la convivencia entre las dos coaliciones de gobierno, la situación que enfrenta el Ejecutivo pudiese reabrir potenciales conflictos entre los distintos partidos oficialistas. No sólo por las eventuales sanciones que arriesga la Ministra y la senadora, sino por la vejación de la figura del Presidente Allende en la discusión. Un símbolo de unidad y admiración en la izquierda.

En suma, a pocos meses de celebrar nuevas elecciones presidenciales y legislativas, los errores, por muy nimios, atentan contra las aspiraciones de los futuros candidatos y candidatas oficialistas. Evitar escenarios que pudiesen representar una amenaza para los intereses del gobierno, debiese ser la principal preocupación de cara al último periodo del Presidente Boric. Una lección que, a pesar del tiempo, aún no parece sacudir el sentido común de quienes ejercen la autoridad.