El derecho penal no es la solución para regular el aborto

La autora de esta columna escrita para CIPER repasa los datos principales del “Informe Nacional sobre Criminalización del Aborto en Chile”, que se presenta este 9 de enero, señalando que la penalización de la interrupción del embarazo “ha estigmatizado a mujeres y niñas que enfrentan emergencias obstétricas, ha encarcelado a mujeres y niñas inocentes, y ha reforzado el estigma hacia la salud reproductiva tanto para las mujeres como para los profesionales de la salud”. Agrega que “el proyecto de ley anunciado por el Presidente Gabriel Boric representa una oportunidad histórica para cambiar este paradigma”.

Créditos imagen de portada: Lukas Solís / Agencia Uno

Por más de una década, Chile ha sido testigo de las graves consecuencias del uso del derecho penal para regular el acceso al aborto. Entre 2012 y 2022, 444 personas fueron investigadas en 391 causas judiciales relacionadas con interrupciones del embarazo o emergencias obstétricas. Estos datos forman parte de una exhaustiva investigación realizada por Corporación Miles, reflejada en el «Informe Nacional sobre Criminalización del Aborto en Chile (2012-2022)». La información fue recolectada mediante 17 solicitudes de información pública, revisión de 523 expedientes judiciales, análisis de 51 sentencias y entrevistas, bajo un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo. Esta investigación forma parte de la iniciativa regional «A todas nos puede pasar, por una salud sin condenas», que documenta la criminalización del aborto en seis países de América Latina y el Caribe: Brasil, Chile, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La mayoría de las personas investigadas (73%) en nuestro país fueron acusadas de aborto inducido, mientras que un 9,9% enfrentó procesos por abortos espontáneos. Estos últimos, en muchos casos, terminaron sobreseídos ante la falta de méritos legales. Aunque la Ley N°21.030, vigente desde 2018, introdujo causales limitadas para la interrupción legal del embarazo, no ha eliminado la criminalización ni las consecuencias humanas que ésta genera.

El impacto de estos procesos no se limita a la estigmatización social, sino que también incluye medidas cautelares desproporcionadas. En el 5,9% de los casos, se decretó prisión preventiva, aunque la mayoría de las detenciones no superó el mes. El arraigo nacional (38%) y la obligación de firmar periódicamente ante una autoridad (29,8%) fueron las medidas más comunes, limitando la libertad personal y profundizando la precariedad de las personas involucradas. Además, algunos procesos se extienden por años: existen casos abiertos desde 2013, lo que refleja una tramitación de más de nueve años.

A pesar de la prolongada investigación y el costo humano asociado, solo el 11% de las personas investigadas fueron condenadas. De éstas, el 89,8% recibió penas sustitutivas, y solo tres casos terminaron en cárcel efectiva. La mayoría de las personas acusadas (62,6%) contó con defensa pública, lo que evidencia su situación de vulnerabilidad socioeconómica. Regionalmente, las denuncias de profesionales de la salud fueron más frecuentes en la Región Metropolitana (24,1%), Antofagasta (19,5%) y Biobío (9,2%).

Estos datos revelan que el uso del derecho penal para regular el aborto no solo es ineficaz, sino profundamente injusto. Criminaliza a mujeres y personas gestantes en situaciones de vulnerabilidad, muchas veces ante emergencias obstétricas o circunstancias fuera de su control. Además, refuerza estereotipos de género y vulnera derechos fundamentales, como la privacidad y el acceso a la salud. En lugar de garantizar una disminución de los abortos, el uso del derecho penal ha resultado en el efecto contrario: ha estigmatizado a mujeres y niñas que enfrentan emergencias obstétricas, ha encarcelado a mujeres y niñas inocentes, y ha reforzado el estigma hacia la salud reproductiva tanto para las mujeres como para los profesionales de la salud.

El proyecto de ley anunciado por el Presidente  Gabriel Boric representa una oportunidad histórica para cambiar este paradigma. Reconocer el aborto como un tema de salud pública y derechos humanos, y no como un asunto penal, podría marcar un antes y un después en la protección de los derechos reproductivos en Chile. La experiencia internacional demuestra que la despenalización del aborto, junto con marcos regulatorios centrados en la salud, reduce la mortalidad materna y garantiza mayor igualdad social.

Eliminar las sanciones penales asociadas al aborto es fundamental para garantizar que ninguna mujer o persona gestante sea procesada por buscar atención médica. A la par, es clave reformar las leyes que obligan al personal sanitario a denunciar a sus pacientes. El respeto al secreto profesional fomenta la confianza en el sistema de salud y asegura que las personas reciban la atención que necesitan sin temor a represalias legales.

Fortalecer el sistema de salud pública es igual de necesario, asegurando el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva seguros, legales y gratuitos. Esto debe incluir garantizar atención de calidad sin discriminación ni estigmatización, independientemente de la situación socioeconómica o lugar de residencia de las personas. Paralelamente, la educación sexual integral desempeña un papel crucial en prevenir embarazos no deseados. Abordar la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos contribuye a reducir la necesidad de recurrir al aborto y empodera a las personas para tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y salud.

Tanto el sistema universal como el interamericano de derechos humanos han señalado que la criminalización del aborto contraviene obligaciones fundamentales de los Estados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la penalización absoluta facilita abortos inseguros y perpetúa vulneraciones a derechos esenciales como la vida, la salud y la igualdad. Asimismo, mandatos especiales de las Naciones Unidas han urgido a los Estados a derogar leyes restrictivas y adoptar marcos jurídicos que garanticen acceso seguro y libre de estigmatización.

La reciente sentencia del caso de «Beatriz vs. El Salvador» en la Corte Interamericana es un precedente crucial para la región. Este caso evidencia cómo la criminalización extrema afecta negativamente la vida y salud de las personas gestantes, subrayando la necesidad de una legislación que priorice la protección de derechos humanos y no su castigo.

El camino hacia la despenalización del aborto en Chile no está exento de desafíos, pero es una deuda histórica con las mujeres y personas gestantes del país. Este es el momento de dejar atrás la criminalización y construir un futuro más equitativo y digno, donde el acceso a la salud y los derechos humanos prevalezcan sobre el castigo y la estigmatización. Chile tiene la oportunidad de liderar con valentía este cambio necesario, avanzando hacia un modelo que no solo cumpla con sus compromisos internacionales, sino que garantice justicia, igualdad y dignidad para todas las personas.