¿Se hace justicia en nuestro fútbol profesional?

El autor de esta columna, abogado y ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, analiza el caso que tiene enfrentados a Colo Colo y Universidad de Chile. “Pienso que no hay nadie que crea realmente en la inocencia del club denunciado ni en sus actores. Solo una mala norma ya discutida muchas veces pero no rectificada a tiempo, permitió que a lo menos la ley no se cumpliera”. dice. Y agrega: “A mi juicio el Tribunal de Disciplina requiere una urgente reestructuración en su forma y contenidos”.

Termina el campeonato del fútbol profesional en Chile y una vez más la polémica queda instalada respecto a ya no solo el comportamiento del juego mismo, sino del accionar de las directivas de los clubes o sociedades anónimas, tribunales de justicia  y otros intervinientes.

No es nuevo, pero la judicialización de diferentes asuntos a nivel reglamentario se ha transformado en una constante que, seriamente, al término de cada año pone en dudas la legitimidad o ilegitimidad de algún logro deportivo alcanzado o frustrado.

El advenimiento de las SADP (Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales) importó el que los intereses económicos y los beneficios de la misma característica pasaran a importar más que el honor y orgullo deportivo por la obtención de dicho resultado en lo meramente futbolístico.

Ganar o perder un campeonato para los dueños de los clubes, ya no es un pendón que acreciente la sensación de beneplácito y orgullo en cuanto a ver sus colores primar sobre el de sus rivales.  Hoy por hoy, obtener un campeonato o  perderlo se ve con los ojos de ganancias o pérdidas económicas. Hay mucho dinero en juego, especialmente porque un resultado obtenido dentro del campo de juego genera siempre la expectativa de un mejor futuro para la institución, conforme dicho logro permite acceder a mayores fuentes de ingresos. Pareciera que el fair play comienza a resultar un concepto desvalorizado y de ahí, tal como lo es en términos económicos de mercado, tener el mayor beneficio aún del desmedro del otro se torna en un objetivo perverso y carente de los principios que deben alentar el deporte en cualquier de sus expresiones. 

Sume a lo anterior que, en mi opinión, el desarrollo de la actividad futbolista profesional ha incorporado una reglamentación profusa tratando de normarlo todo y el caldo queda preparado para lo que en definitiva está ocurriendo.

Este año en el  fútbol chileno los casos paradigmáticos fueron aquellos que derivaron en la desafiliación de un club de ascenso (Barnechea FC) y en la polémica y discutida situación que se generó entre los dos clubes de mayor convocatoria en el país (Colo Colo y Universidad de Chile). De este modo, para zanjar un asunto que siempre debió tener solución en la cancha, que es donde se expresa la supuesta superioridad de una sobre el otro, el tema derivó como tantas veces al ámbito jurisdiccional.

Tenía razón el denunciante para buscar esta salida, en el propósito de mejorar una posición estrictamente deportiva que según “el Reglamento” les permitiría obtener puntos que no se habían ganado en la cancha. Sí, podía buscar esa alternativa más allá de otro tipo de valorizaciones éticas respecto de tal conducta.

Había hecho trampa a la ley el denunciado y la opinión mayoritaria de la afición y de los medios especializados también pareciera avalar este aserto. Sin embargo, una vez más “la regla” no fue suficiente y  clara para que el órgano jurisdiccional pudiese haber hecho una decisión categórica, amparada sin duda alguna en la correcta interpretación de la misma.

La evidencia de la conducta del infractor en cuanto a haber realizado el ilícito, se estrelló contra la exegética interpretación del texto. Más aún, la prueba de dicha conducta ilícita se tornó en casi un imposible pese a la claridad de la evidencia.

¿Qué  quiero señalar con esto? Para este columnista, hay dos factores que hoy por hoy impiden que un órgano jurisdiccional, que según el Estatuto de la organización a la que pertenece, le mandata a conocer y resolver los asuntos sometidos a su competencia de conformidad a la ley, contenida en la normativa del fútbol profesional, se esté constituyendo en un impedimento serio para cumplir dicho mandato.

El Tribunal de Disciplina del fútbol chileno fue concebido en la idea de un organismo autónomo, y por lo tanto independiente, de los demás estamentos institucionales. Sin embargo, esta concepción también amparada en los principios del fair play, suponía que todos los miembros de la Corporación ANFP, en una acto de confianza inspirado en el principio de la buena fe deportiva, entregaran esta responsabilidad a doce personas, también provenientes del fútbol, ya que era y sigue siendo requisito habilitante para ser elegido en un cargo de tal naturaleza, el haber ejercido cargo directivo en algún club afiliado, lo que no se cumple de hace un buen rato.

La idea fue que personas con experiencia en la gestión de clubes profesionales, reconocidas por sus acciones y capacidades directivas, fueran las depositarias de la confianza de todos los que participaban de la actividad.

A poco andar el propósito anterior se ha desvirtuando. Especialmente el estamento directivo comenzó a percatarse que este organismo autónomo e independiente no siempre coincidía con las visiones, propósitos  y necesidades de quien oficialmente regía  a la actividad.

Sentencias no satisfactorias para clubes o bien para intereses del Directorio, comenzaron a crear roces y desencuentros evidentes entre el Tribunal y los supuestamente afectados con sus fallos. Debo señalar que, en mi experiencia, el irrestricto respeto y consideración a las decisiones del órgano jurisdiccional no duró mas allá de la gestión del primer directorio conformado con la creación de la ANFP en 1987.

Sería largo para los lectores y aún para el redactor de esta columna, enumerar la cantidad de conflictos que el Tribunal debió enfrentar con distintas directivas.

Así las cosas, y a 37 años desde la creación de la ANFP, a mi juicio el Tribunal de Disciplina requiere una urgente reestructuración en su forma y contenidos. Sume a lo anterior una legislación con muchas imperfecciones técnicas, las que permiten por vía de interpretaciones inadecuadas inclinarla en uno u otro sentido. Agregue que a mi juicio la forma de generar la composición de los integrantes del Tribunal no da garantías ni de imparcialidad ni menos de conocimientos adecuados en las materias que deben conocer. De este modo, tenemos las razones específicas para que se generen conflictos como los que se han observado en este fin de año, y que seguirán ocurriendo en el futuro.

Pienso que no hay nadie que crea realmente en la inocencia del club denunciado ni en sus actores. Solo una mala norma, ya discutida muchas veces pero no rectificada a tiempo, permitió que a lo menos la ley no se cumpliera.

Podrán haber muchas consideraciones en cuanto a otra forma de ver el asunto en cuestión. Que los puntos se ganan o pierden en cancha u otras propias del folclore futbolístico. Yo solo tengo la convicción de que no se puede prescindir de reglas claras y precisas que encuadren a la actividad dentro de parámetros del buen comportamiento y apego al principio del buen deber hacer.

Por último, y para los eternos “hinchadictos”,  habitualmente desubicados e irracionales, señalo que los errores están para corregirse y no para usarlos cuando conviene o no. Dejo claro que mis sentimientos de afecto con algún club no están entre los involucrados en esta columna.