NNA y sus familias cumplen cuatro meses a la espera de protocolo del Minsal para continuar con sus transiciones de género

Actualmente, representantes de cuatro sociedades médicas y un centro de investigación universitario trabajan por encargo de la cartera de Salud en la elaboración de los lineamientos generales para la aplicación de tratamientos hormonales en menores de edad. En el Congreso, en tanto, en estos días se entrega el informe de una Comisión Especial aprobada para investigar la labor estatal en las terapias de transición de género para menores de 18 años. El origen de ambas instancias está en el Informe Cass, el cual motivó al National Health Service de Reino Unido a detener todos estos procedimientos porque en sus conclusiones señaló que la evidencia científica era débil sobre posibles complicaciones irreversibles en los menores. El debate ideológico/científico está abierto y el tema adquirió contingencia esta semana cuando la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una indicación al Presupuesto 2025  de parlamentarios de derecha que prohíbe al Minsal financiar gastos relacionados con tratamientos de disforia de género.

A cuatro meses de la creación del Comité de Expertos del Ministerio de Salud, se sigue a la espera de su informe sobre los lineamientos técnicos para los tratamientos de cambio de género en niños, niñas y adolescentes (NNA). Este se solicitó luego del debate mundial que generó la publicación del Informe Cass, en Reino Unido, de la pediatra Hillary Cass, que cuestionó la aplicación de bloqueadores puberales y tratamientos hormonales en menores de edad con disforia de género, es decir, discordancia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer. Un tema que adquiere actualidad en medio de la discusión del Presupuesto 2025, ya que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una indicación del Partido Republicano que expresamente prohíbe al Ministerio de Salud financiar tratamientos de la disforia de género en menores de edad.

En Chile, las réplicas del terremoto que produjo el documento en la comunidad médica internacional alcanzaron al Congreso y al Ministerio de Salud. En la Cámara de Diputadas y Diputados la oposición solicitó la creación de una comisión investigadora que se aprobó por 79 votos a favor y 25 en contra, con apoyo del oficialismo. Y el Minsal, en tanto, convocó a un Comité de Expertos para definir los lineamientos para este tipo de terapias. 

El informe Cass no recomienda suspender estos tratamientos de transición, sino que aconseja “extremar la precaución” en la opción de proporcionar hormonas masculinizantes/feminizantes a partir de los 16 años, sugiriendo mayor acompañamiento a los menores y sus familias, mejor seguimiento de cada caso y un “camino separado” para los prepúberes. La decisión del National Health Service (NHS) de Reino Unido, no obstante, fue suspender todos los tratamientos en menores de 18 años en el sistema público. Algo que ya se había hecho en Suecia, Finlandia y Dinamarca.

Desde la oposición, Flor Weisse (UDI) señaló a CIPER que estos temas deben ser regulados y que en su sector reconocen que “hay disforias de género y que son una realidad”. La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), que también integra la comisión investigadora, indicó: “Creo que estamos remando para el mismo lado, para tener una regulación más robusta y clara, que vele por el consentimiento de los niños y adolescentes que participan en el programa acompañamiento, con el respeto íntegro de todos sus derechos y en pleno conocimiento de las posibles consecuencias, sean estas positivas o negativas”.

Hasta la fecha, no hay lineamientos en el país que regulen los tratamientos hormonales o bloqueos puberales en niñas, niños y adolescentes (NNA). El Ministerio de Salud solo ha consignado el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), que no incluye terapias hormonales, sino que está enfocado en acompañar a las personas que tienen interés en “transicionar”, como los especialistas denominan a este procedimiento. La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli en conversación con CIPER mencionó que el PAIG es un programa voluntario, dirigido a NNA menores de 18 años.

LOS EFECTOS DEL INFORME CASS

El Informe Cass fue encargado a la doctora Hillary Cass para revisar la evidencia científica que sustentaba la terapia hormonal en menores de edad. Sus conclusiones pusieron en entredicho la utilización de bloqueadores de pubertad y tratamientos hormonales en ese grupo etario. En el documento se señala que “si bien se ha publicado una cantidad considerable de investigaciones en este campo, las revisiones sistemáticas de evidencia demostraron la mala calidad de los estudios publicados, lo que significa que no existe una base de evidencia confiable sobre la cual tomar decisiones clínicas, o para que los niños y sus familias tomen decisiones informadas”. 

También, pone acento en que tanto el debate social como las publicaciones científicas “a menudo tergiversan y exageran” las fortalezas y debilidades de la evidencia sobre el cuidado de los NNA, y que “la justificación de la supresión temprana de la pubertad sigue sin estar clara, y hay pruebas débiles sobre el impacto en la disforia de género y la salud mental o psicosocial. Se desconoce el efecto sobre el desarrollo cognitivo y psicosexual”.

Ignacia Oyarzún, coordinadora de políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), no comparte las conclusiones del Informe Cass, pero enfatiza en la importancia de que el Estado regule los lineamientos de los tratamientos de bloqueo hormonal: “El Estado no ha tenido normativas robustas que resguarden los derechos de nuestras poblaciones. (…) tienen la responsabilidad de regular estos temas con perspectiva de derechos, pero no desde la perspectiva de restringir derechos y erradicar poblaciones, sino que garantizar la existencia de nuestras comunidades”. 

COMITÉ Y COMISIÓN

La subsecretaria Albagli comentó que “desde principios del 2023 el Minsal ha estado trabajando en el desarrollo de lineamientos técnicos asociados a las terapias hormonales en menores de 18 años, con expertos técnicos y en base a la mejor evidencia disponible. Para concretar este objetivo, hoy tenemos mesas de trabajo con sociedades científicas, agrupaciones de la sociedad civil de familias de niños, niñas y adolescentes trans, y también con agrupaciones de la diversidad sexo-genéricas”.

Respecto de los mayores de edad, desde 2010 existe un protocolo para quienes deciden realizar su transición de género. Dentro de la Ley 21.120 están considerados los mayores de edad y menores entre 14 a 18 para realizar el trámite de cambio de género en el Registro Civil. En el caso de los NNA existe el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) para personas entre 3 a 17 años no conformes con disforia de género. El programa ofrece atención de salud integral, psicológica, educacional y orientación en el desarrollo de su experiencia de género. Sin embargo, los menores aún no cuentan con lineamientos para el tratamiento hormonal. 

Junto con este trabajo ministerial se creó un Comité de Expertos integrado por 10 miembros representantes de la Sociedad Chilena de Pediatría, la Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y de la Adolescencia, la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, el Centro de Medicina Productiva y del Desarrollo Integral del Adolescente de la Universidad de Chile. Albagli informó que el Comité de Expertos había realizado siete reuniones hasta agosto de este año.

LA DISCUSIÓN EN EL CONGRESO

En el Congreso se creó la comisión especial investigadora, integrada por 13 diputados y diputadas, entre ellos Diego Schalper (RN), Emilia Schneider (FA), Catalina Pérez (FA), Flor Weisse (UDI) y Johannes Kaiser (Comité Social Cristiano). La comisión está encargada de revisar la ejecución de terapias y acompañamiento para personas con disforia de género. Además de la implementación de estos programas en menores de edad. 

En conversación con CIPER, el diputado Diego Schalper opinó sobre los tratamientos de bloqueo hormonal en menores: “La pregunta al final es si médica y jurídicamente hay amparo para una cosa así y hasta aquí, la verdad, es que los primeros pronósticos dicen que ni legalmente ni médicamente parecería haber argumentos para aplicar terapias hormonales respecto de niños de las edades de las que hemos conversado (3-10 años)”. 

CIPER se contactó con la diputada Emilia Schneider para efectos de este artículo, sin embargo, la diputada señaló que para no alterar el curso de la comisión se referirá al tema una vez que el proceso finalice.

Hasta la fecha, la comisión parlamentaria ha sesionado en 10 oportunidades y  se le dio un plazo de 60 días para entregar su informe a la sala, según un oficio de la Comisión Investigadora del Congreso. Tras una solicitud de prórroga, se accedió a aumentar los días. Tienen hasta el 18 de noviembre de 2024 para presentar el informe. 

CIENCIA VERSUS IDEOLOGÍA

El debate no es solo científico, sino que también tiene un componente fuertemente ideológico. Lo reconoce el doctor en filosofía Manfred Svensson, investigador senior del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), quien argumenta que “a ambos lados de la discusión es claro que se apela tanto a hechos que a uno le parecen firmemente establecidos como también a visiones generales del ser humano. Es de honestidad elemental reconocer eso, y reconocerlo significa que discusiones como estas nunca se resuelven solo en apelación a la ciencia. Pero que haya una disputa sobre la naturaleza humana no significa que uno pueda tratar la discusión científica como le dé la gana. Vale la pena observar cómo sus críticos chilenos han tratado al Informe Cass: primero como si no constituyera una discusión relevante de la evidencia científica, y luego como si no contuviera conclusiones muy dramáticas. ¿No tendrían que decidirse por uno de esos dos caminos? Es como si le bajaran el tono a sus conclusiones por temor a que no resulte socavar su solidez”.

La diputada Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano, preside la Comisión de Familia de la Cámara, instancia a la que la subsecretaria Albagli debió informar el 4 de julio pasado sobre los planes de apoyo a la identidad de género de su cartera en el marco del programa “Crece con Orgullo”. Ella, de religión evangélica, sostiene que es el gobierno el que aborda el tema con un sesgo ideológico: “Tenemos un grupo absolutamente ideologizado que a todo evento está dispuesto a experimentar con nuestros niños, ignorando las advertencias médicas respecto de que no hay evidencia de que este tratamiento no tenga otros efectos, diferentes al que se busca. No olvidemos que este tratamiento se inserta en un programa con enfoque afirmativo, que deja en terreno incierto a quienes no están completamente seguros o para quienes cambian de opinión”. 

La parlamentaria agrega que “(el gobierno) ha actuado de manera apresurada e irresponsable, motivado por avanzar en una de las promesas ideológicas de campaña, ignorando las alertas mundiales, en el caso de los bloqueadores de pubertad, y a los propios padres, creando incluso conflictos judiciales entre padres e hijos. Además de no tener cubierto con el mismo interés aquellos casos de duda, no dando fuerza a la opción de que los niños pueden arrepentirse de acceder al cambio de género, cuando la misma Ley de Identidad de Género, en su artículo 9, permite el arrepentimiento, sobre los 18 años”.

Coincide el abogado Roberto Astaburuaga, de Comunidad y Justicia, para quien, “si bien en la discusión actual no se ha abordado el tema antropológico de fondo, los procedimientos de transición son absolutamente ideológicos y no tienen evidencia científica sólida que respalde el enfoque transafirmativo que proponen (…). En este sentido, la radicalidad de las intervenciones sociales del PAIG en la familia (se habla de educarlas, entrenarlas, denunciarlas si se oponen y calificarlas como resistentes) o en la educación (‘sensibilización’ de compañeros de curso, apoderados, profesores, directivos, alumnos de prebásica, etc.), manifiestan que hay una intención de transformación social muy radical, más que de una atención de salud basada en evidencia científica sólida”.

Desde la vereda de la ciencia, el sicoterapeuta sicoanalítico Claudio Martínez señala que “nos dimos cuenta que muy rápidamente este informe se empezó a utilizar de una manera más bien política y con ciertas ideologías de base, en contra de lo que se llaman las ideologías de género o frente al modelo de trabajo más afirmativo, tanto de la medicina, de la psicología, etc. Entonces, empezó una cosa mucho más violenta de la mano de ciertas posturas que ya conocemos, que no son extrañas para nosotros, que están absolutamente en contra, que en el fondo, y esto lo quiero subrayar, lo que persiguen es desconocer la existencia de la experiencia transgénero, de la experiencia de las personas trans, sobre todo en niños y adolescentes. Entonces, obviamente, no recibimos demasiado bien el informe, porque no nos parece tampoco un informe neutro, como entregado más objetivamente”. 

Martínez encabeza el Proyecto T de la Universidad Diego Portales que hace cuatro años entrega atención sicológica y consejería gratuita a personas trans y sus familias, y que depende del Centro de Estudios en Sicología Clínica y Sicoterapia de esa casa de estudios, el que aglutina a profesionales de la salud mental. El profesional comenta que junto a su equipo ven serias deficiencias en el Informe Cass, como que la autora sea una pediatra sin experiencia en el área, lo que, a su juicio, “ya implica un cierto sesgo de mirada, porque se asume que alguien que se dedica al trabajo con la diversidad sexual o de género, con personas de la diversidad de género, en general, que pueden ser pediatras también, no serían independientes, no serían objetivos o algo así”. Agrega que en el informe no hay datos nuevos, sino que es una recopilación de lo ya existente: “Entonces, de ahí a que se instale cierta idea de que no existe evidencia, no es tan cierto, porque evidencia hay, que puede ser discutible científicamente, pero la hay”.

A través de un comunicado, la Sociedad Chilena de Pediatría aseguró que “los bloqueadores puberales se usan hace 40 años para tratar la pubertad precoz, existiendo amplia evidencia científica que los avala en eficiencia y seguridad. El uso en NNA de género diverso ha mostrado, además, resultados positivos en salud mental, destacando la menor tasa de suicidios en esta población, siendo una herramienta que salva vidas”. Y, mostrando algunas dudas, la Sociedad Chilena de Endocrinología afirmó que “concordamos en que los tratamientos hormonales no son de primera línea y que no todos los adolescentes requieren estas terapias farmacológicas. Coincidimos en que necesitamos evidencia científica de mejor calidad respecto de los efectos de los tratamientos hormonales y que se requieren más estudios que aclaren los beneficios y efectos adversos a largo plazo”.

ENFOQUE AFIRMATIVO

El “enfoque afirmativo” es otro punto en el debate. En un reportaje publicado en el portal BioBio.cl se cuentan casos de familias que aseguran que a sus hijos menores de edad les habrían indicado tratamientos hormonales a la primera o segunda sesión con un sicólogo. “Las vías de ingreso al PAIG (Programa de Apoyo a la Identidad de Género) son múltiples y las derivaciones para la hormonoterapia se pueden hacer al Programa de Salud Trans (PST), pero también a hospitales de la red pública que cuentan con sus propios programas de acompañamiento y policlínicos de identidad de género, que funcionan hace muchísimos años, así como a los establecimientos privados. En resumen, el enfoque transafirmativo no es de una aparente neutralidad o terapia exploratoria, sino que directamente busca apoyar la identificación con el sexo opuesto al propio y afirmar la transición para ello”, comenta el abogado Astaburuaga. 

Claudio Martínez dice que conocen a los profesionales que se mencionan en ese reportaje y asegura que son serios en su trabajo: “No es que se llegue y se salga con hormonas en la mano. Y si algo así puede ocurrir, bueno, eso está mal, obviamente (…). Hay una distorsión muy grande del modelo afirmativo. En el fondo, el modelo afirmativo es una actitud profesional, no es un modelo terapéutico determinado. Es tener una actitud de respeto, primero por los sentimientos y las necesidades que tiene una persona con respecto, en este caso, a su género, a lo que siente, a lo que piensa, lo que siente que es. Obviamente, uno no entra en un diálogo así con un niño de tres o cuatro años. Eso ocurre, normalmente, con chicos sobre los 11, 12, 13 años, que, de alguna manera, igual que cualquier otro adolescente, se hacen preguntas acerca de su sexualidad, de su género, etc. Y que considera en estos casos la no conformidad con aspectos de su cuerpo o del género que se le asignó al nacer”. 

Para Martínez, en el marco del debate originado por el Informe Cass, “lo que se ha tratado de transmitir, muy distorsionadamente, es que el trabajo afirmativo genera personas trans así de la nada, como empujar a las personas a que tomen decisiones. Eso está lejos de la realidad”.

Según datos de la Subsecretaría de Salud Pública, entre enero de 2023 y abril de este año 1.962 personas habían ingresado al PAIG, de los cuales un 98% corresponde a menores de entre 10 y 17 años. Treinta y nueve de ellos tienen entre 3 y 9 años.

Al cierre de este artículo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 65 votos a favor, 45 en contra y siete abstenciones una indicación en la partida de Salud del Presupuesto 2025 de parlamentarios de Amarillos, RN, la UDI y la bancada republicana que explícitamente impide al Minsal financiar gastos relacionados con terapia hormonal de bloqueo de pubertad, hormonación cruzada y operaciones de reasignación de sexo, en casos de disforia de género, en menores de edad.

(*) En el reporteo para este artículo participaron las estudiantes en práctica Anaiz Morales y Josefina Rochna.