La trama de poder que esconde el enfrentamiento entre Elon Musk y la justicia de Brasil

En esta columna escrita para la Fundación Gabo, Mónica González analiza el mediático choque entre Elon Musk y la justicia brasileña que finalizó con el cierre de la red X en Brasil. «¿Cómo defender la libertad de expresión evitando que autoritarios y corruptos de distinto signo abusen de las reglas apelando precisamente a esa libertad?», se pregunta la premio nacional de Periodismo y exdirectora de CIPER.

¿Está en juego la libertad de expresión en la batalla que enfrenta a Elon Musk, dueño de la red social X, con el juez brasileño Alexandre de Moraes? Hay quienes así lo afirman desde las redes sociales, donde el hombre más rico del mundo (según el ranking de la revista Forbes) busca erigirse como ícono mundial de la libertad de expresión. La misma que hoy se ve acosada por las industrias de la desinformación y las “noticias falsas” que carcomen las instituciones democráticas y la confianza ciudadana.

Ese escenario anida uno de los principales desafíos éticos para el buen periodismo: ¿cómo identificar a aquellos que intoxican con información falsa, mensajes de odio o incitación a la violencia a millones de usuarios de redes sociales? ¿Cómo defender la libertad de expresión evitando que autoritarios y corruptos de distinto signo abusen de las reglas apelando precisamente a esa libertad?

El conflicto entre Musk y De Moraes venía escurriéndose como una mancha de aceite, soterrada y peligrosa, desde hacía más de un año. Y explotó en abril, cuando el juez de Moraes pidió a X (antes Twitter) el bloqueo de las cuentas involucradas en el intento golpista del 8 de enero de 2023, en el violento ataque a la plaza de los Tres Poderes (Brasilia), por manifestantes de ultraderecha, partidarios del hasta ese momento presidente Jair Bolsonaro. La respuesta de Elon Musk fue rebelarse contra la orden del juez del máximo tribunal de justicia de Brasil, a quien acusó de dictar “órdenes ilegales para censurar a sus opositores políticos”. Su desacato fue más allá: directo contra el Poder Judicial. Y pidió la cabeza de De Moraes: “Este juez ha traicionado descarada y repetidamente la Constitución y al pueblo de Brasil. Debería dimitir o ser acusado”.

Si a De Moares lo asistía la ley, a Musk lo apoyaban sus millones de seguidores, no solo en Brasil. Desde X azuzó la lucha por la “libertad de expresión” y lanzó la alerta por los peligros que acechan a la democracia brasileña. Con un solo golpe, demonizó como “dictador” al juez De Moraes y aglutinó a la ultraderecha de ese país en el bolsonarismo.

La trinchera se instaló. La maniobra de Elon Musk fue exitosa. Había logrado encaramarse al mástil de la libertad de expresión con nuevos bríos y contenidos políticos.

Un ultimátum fue el paso siguiente que dio el Tribunal Supremo. Como X no tenía representante legal en Brasil –y había multas y acciones judiciales de por medio– el Tribunal se lo exigió. Si mantenía el desacato, habría prohibición para la red social. Musk no se movió. Y el Tribunal Supremo asestó el último y sorpresivo golpe: por la unanimidad de sus cinco miembros ratificó la prohibición de X en Brasil, donde cuenta con 22 millones de usuarios. El dictamen entró en vigor el pasado 5 de septiembre. El impacto se hizo sentir de inmediato entre los accionistas de las plataformas digitales, inquietos por la intromisión de la justicia en sus negocios, y también en defensores de la libertad de expresión. En los dos ámbitos hubo preocupación por la extralimitación de facultades de la justicia.

Si a De Moares lo asistía la ley, a Musk lo apoyaban sus millones de seguidores, no solo en Brasil. Desde X azuzó la lucha por la “libertad de expresión” y lanzó la alerta por los peligros que acechan a la democracia brasileña. Con un solo golpe, demonizó como “dictador” al juez De Moraes y aglutinó a la ultraderecha de ese país en el bolsonarismo.

Entonces, Elon Musk se subió al podio de la libertad de expresión y proclamó: “Este juez aplicó multas masivas, amenazó con arrestar a nuestros empleados y cortar acceso a X en Brasil. Probablemente perderemos todos nuestros ingresos en Brasil y tendremos que cerrar nuestra oficina allí. Pero los principios importan más que las ganancias”.

Esta vez fue el presidente de Brasil el que le respondió. “El mundo no está obligado a soportar la ideología de extrema derecha de Musk sólo porque es rico”, afirmó Luiz Inácio Lula da Silva. Y proclamó que, después que el Supremo Tribunal prohibiera la operación de la plataforma del multimillonario, Brasil tendría que servir de ejemplo al resto del mundo sobre cómo tratar a Elon Musk. La trinchera política quedó instalada más allá de Brasil.

Para el periodista Rosental Calmon Alves, uno de los precursores y expertos de periodismo en plataformas digitales, quien además fundó y dirige el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, “aquí no hay vuelta atrás”.

“Al fin y al cabo”, afirma Rosental Alves, “Elon Musk irrespetó completamente la legislación y la normativa de Brasil. Si él está operando en Brasil, tiene que respetar sus leyes y someterse a la Justicia y regulaciones del país. El cierre de X en Brasil se debe a la insistencia de Musk de negarse a tener representación legal allá. Musk decidió retar la justicia brasileña. Él simplemente dijo: ‘No voy a tener más representantes en Brasil porque los van a meter en prisión’. Claro, los representantes tendrían que respetar las leyes brasileñas o podrían sufrir las consecuencias al seguir las órdenes de Musk de no aceptar decisiones judiciales relacionadas con abusos en la plataforma. Esos problemas no son exclusivos de Brasil, y Musk acepta órdenes de autoridades de otros países. Pero él tiene razón de pensar que sus representantes podrían ir presos. Por cierto, como pasó recién en Francia, con el dueño de Telegram”.

Rosental Alves agrega: “El hecho de que sea completamente ilegal que X no tenga representación en Brasil no logra anular el nudo central: este problema se convirtió en un conflicto político. A eso llegamos cuando la ultraderecha lo quiso aterrizar en una trinchera política donde se juega el destino de la libertad de expresión”.

La regulación se convirtió en batalla

Uno de los proyectos más ambiciosos de Lula al volver a la presidencia de su país en enero de 2023 fue buscar una regulación para disminuir la desinformación y las “noticias falsas” en su país. Y se entendía. La asonada golpista de ese mismo mes, para impedir que Lula asumiera la presidencia, marcó un hito en un país que ya sabe de largas dictaduras.

Como demostró la investigación judicial, militantes de ultraderecha hicieron uso y abuso de la difusión de noticias falsas en redes sociales para alimentar la ira de sus adeptos. Denunciar que se estaba consumando un fraude en las elecciones presidenciales fue el carburante perfecto para encender la hoguera. Pero las instituciones democráticas funcionaron. Lo hizo la justicia y también el Tribunal Superior Electoral. Este último estaba encabezado por el juez Alexandre de Moraes, quien también integra el máximo tribunal de su país. La investigación de De Moraes demostró que fraude no hubo. Se obtuvieron confesiones, testimonios y pruebas irrebatibles para exhibir ante la opinión pública la trama y andamiaje con que la ultraderecha pretendió mantener el poder.

Como demostró la investigación judicial, militantes de ultraderecha hicieron uso y abuso de la difusión de noticias falsas en redes sociales para alimentar la ira de sus adeptos. Denunciar que se estaba consumando un fraude en las elecciones presidenciales fue el carburante perfecto para encender la hoguera. Pero las instituciones democráticas funcionaron. Lo hizo la justicia y también el Tribunal Superior Electoral.

Si el bolsonarismo tuvo una derrota, el presidente Lula también sufrió otra con su proyecto para regular la desinformación. El Proyecto de Ley (o Ley brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet) fue podado drásticamente en el Congreso, lo que le quitó apoyos y generó duros reclamos de los monopolios tecnológicos. Hasta que se paralizó. Hubo un punto de quiebre: la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), cuya tarea sería monitorear y hacer cumplir las nuevas reglas a las plataformas de internet. La posibilidad de que una entidad tuviera la facultad de censurar y eliminar contenidos calificados “falsos” de las redes sociales enardeció a sus controladores.

Meta, propietaria de Facebook, fue explícita: “Los organismos gubernamentales se encargarían de crear normas en ámbitos como el análisis de riesgos, la auditoría externa de las plataformas y la moderación de contenidos, lo que conlleva inseguridad jurídica”. La tensión aumentó cuando la Suprema Corte de Brasil ordenó una investigación dirigida a los directivos de los servicios de mensajería de Telegram y Google por la campaña de oposición activa a la propuesta gubernamental. El resto ya está relatado aquí mismo. Pero la batalla continúa en distintos espacios y países.

Alerta: punto de inflexión

Ya en febrero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió del “punto de inflexión de la libertad de expresión en Internet”. Recogiendo las “intensas discusiones de las últimas semanas que levantan preocupaciones importantes sobre la garantía de la libertad de expresión en internet”, reconocen que “el hemisferio se encuentra en un punto de inflexión caracterizado por el deterioro generalizado del debate público donde los Estados democráticos se enfrentan al potencial traslado de la violencia online a espacios físicos con capacidad cierta de daño; a los intentos de captura del debate público potenciados por la desinformación; y a los dilemas de compatibilidad de los procesos, decisiones y modelos de negocio de empresas privadas con los estándares democráticos y de derechos humanos. Es un desafío regional que afecta a todos los países de las Américas, contamina parte considerable de sus deliberaciones internas y pondrá a prueba sus futuros procesos electorales y fortaleza de sus instituciones”. Transcurridos casi cuatro años desde esa grave constatación, se ha retrocedido.

Basta mirar lo que ocurre en estos días en Estados Unidos, donde otro gigante de las plataformas digitales enfrenta problemas. A inicios de septiembre, el Departamento de Justicia inició un juicio antimonopolio contra Google. La acusan de dirigir un monopolio masivo de tecnología en el mercado de la publicidad en línea, con tácticas para excluir rivales y aumentar costos para editores y anunciantes y maximizar ganancias. Entre esas “tácticas de larga data”, mencionan la adquisición de competidores y la obligación para editores de sitios web de adoptar las herramientas de Google; prácticas que, según la acusación, “han llevado a la integración vertical total de Google en la industria de la publicidad en línea”. El fiscal general adjunto Jonathan Kanter afirmó que esto ha tenido, y sigue teniendo, el efecto de inflar costos de publicidad, perjudicando el intercambio de información e ideas en esfera pública”. Un solo dato: el negocio de la publicidad online de Google le generó en 2023 más de US$200.000 millones.

Recientemente, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. presentaron demandas contra Apple, Amazon y Meta. Tres gigantes tecnológicos cuyo poder no deja de crecer y que también disputan negocios más allá de la esfera digital.

El hombre más rico del mundo

En abril de 2022, Elon Musk transparentó el 9% de la propiedad de Twitter en sus manos. Sus directivos le ofrecieron un puesto en el Consejo de Administración. Lo rechazó. Y evidenció que su plan iba por otro carril. Hasta allí, Musk había difundido su crítica y preocupación por las prácticas de moderación de contenidos que ejercía Twitter. “Inhiben la libertad de expresión”, acusó en un tuit a sus casi 100 millones de seguidores en esa misma red. Y aplicó un “me gusta” a otro donde se leía: “Elon Musk se convirtió en el mayor accionista de la libertad de expresión”.

Poco más tarde desató un vendaval cuando anunció su intención de comprar Twitter. Para, luego, pasar a poner en duda y pausa su decisión mientras multiplicaba sus críticas a los métodos de coerción y a los “bots”, su principal argumento para cuestionar el precio a pagar por hacerse de la propiedad. La teleserie creada por Musk les costó a los accionistas de Twitter unos US$10 mil millones, ya que las acciones bajaron de precio. Finalmente, Elon Musk compró Twitter ese mismo año 2022 en US$44.000 millones. Una de las primeras cosas que hizo fue traer al expresidente Donald Trump de vuelta a la red social. Su cuenta había sido suspendida después del ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, cuando Trump, aún Presidente, negaba el triunfo de Joe Biden en las elecciones de diciembre. Sobre la eliminación de la cuenta de Trump, Musk afirmó: “Fue una decisión moralmente mala y tonta en extremo”. En la red social Truth Social, Trump escribió: “Estoy muy contento de que Twitter esté ahora en manos sanas, y ya no será dirigido por lunáticos y maníacos de la izquierda radical que realmente odian a nuestro país”.

(Fuente: Twitter)

Una opinión que Elon Musk no contradice. En entrevista en mayo de 2022, cuando estaba a punto de concretar la compra de Twitter, le dijo a Peter Campbell del Financial Times: “Twitter debe ser mucho más imparcial. Actualmente tiene fuerte sesgo de izquierda, porque tiene su sede en San Francisco. No creo que la gente allí tenga necesariamente la intención de tener sesgo de izquierda. Solo desde su perspectiva parece moderado, pero simplemente están saliendo de un entorno que está muy a la izquierda. Entonces, esto no logra generar confianza en el resto de los Estados Unidos y quizás también en otras partes del mundo”.

Para el escritor y analista inglés Jonathan Freedland, Elon Musk es hoy “la figura más importante de la extrema derecha mundial y tiene el megáfono más grande del mundo”.

El poder económico y político de Elon Musk no ha dejado de crecer. Las periodistas Dana Mattioli y Emily Glazer, de The Wall Street Journal, publicaron a fines de julio un reportaje que muestra el pulso de su riqueza personal. Su patrimonio neto en enero de 2021, cuando asumió Joe Biden la presidencia de EE.UU., era de US$184.000 millones, según Forbes. Hoy tiene US$234.000 millones. Es dueño de X, Tesla y SpaceX, y dirige otras tres empresas: Boring Co., dedicada a la construcción de túneles; Neuralink, de implantes cerebrales, y XAI, de inteligencia artificial, otra de sus obsesiones. En abril de este año, pronosticó nuevos modelos de Inteligencia Artificial “que superarán la inteligencia humana a fines de 2025”. Musk sabe que sus competidores le soplan el cuello. Este mismo abril, la vicepresidenta de Investigación en IA de Meta (Facebook), Joelle Pineau, afirmó que (junto a Open IA) están trabajando «para conseguir que estos modelos no sólo hablen, sino que razonen, planifiquen y tengan memoria». Pasos clave –dijo– para que las máquinas alcancen nivel de cognición humano.

En la misma investigación de las periodistas Mattioli y Glazer se informa que SpaceX consiguió unos US$ 4.000 millones en contratos de la NASA para desarrollar un módulo de aterrizaje para transportar astronautas a la Luna en futuras misiones. A Peter Campbell del Financial Times (mayo 2022) le admitió: “Con SpaceX se trata de extender la vida más allá de la Tierra para que podamos convertirnos en especie multiplanetaria. Deberíamos ser capaces de llevar una nave a Marte sin tripulación en tres o cinco años. Y luego, si eso tiene éxito, podremos enviar una misión tripulada a Marte antes de que finalice la década”.

Desinformación: riesgo global

Para disipar toda duda sobre lo que enfrenta el buen periodismo y la libertad de información, en estos días, hemos sido notificados que la “Desinformación y los Fenómenos Climáticos Extremos son los riesgos globales a corto plazo más importantes”, según el Foro Económico Mundial (FEM), en su Informe de Riesgos Globales 2024. Y explica por qué la desinformación, catalogada como simple amenaza hace 18 años, se ha convertido en un riesgo neurálgico. Desde 2013, su presencia en redes sociales ha erosionado las democracias occidentales y fortalecido la influencia virtual de gobiernos con información inexacta y narrativas conspirativas.

Una constatación que comparte el influyente periodista chileno Daniel Matamala: “El problema va más allá de Elon Musk y de Twitter o X. Lo cierto es que hoy gran parte de nuestra información está en manos de un puñado de magnates que dominan Meta (Facebook), Alphabet (Google), X y Tik Tok.  Es un poder ilimitado que va contra cualquier noción de debate abierto y de bien común. Una democracia no debería permitir que haya tal poder en tan pocas manos; no debería depender de que un magnate manipule a su antojo los hechos, promocione discursos de odio e incluso aproveche estas plataformas para incitar a la violencia. Cómo hacerlo, respetando de manera escrupulosa la libertad de expresión y sin afectar a los usuarios, es un equilibrio que ningún país todavía ha logrado”.

Carlos Fernando Chamorro, uno de los más importantes periodistas de Nicaragua, fundador y director de Confidencial, quien trabaja hoy desde el exilio, explica cómo usa la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la “libertad” en las redes sociales con una reciente reforma a la llamada Ley de Ciberdelitos:

“En Nicaragua, en 2020, se aprobó una Ley de Ciberdelitos que condena la opinión en redes sociales. La ley no define qué es ‘información falsa’ ni se respeta el debido proceso. Se aplica de forma discrecional”. Como ejemplo, Chamorro menciona la condena a seis años de prisión del profesor universitario Freddy Quezada por “terrorismo e incitación al odio”, tras darle ‘me gusta’ a un tuit de un joven demandando que la Miss Universo, Sheyniss Palacios, visitara Nicaragua. La reina de belleza nicaragüense, quien se manifestó en 2018 en contra del régimen Ortega-Murillo, se ha convertido en un símbolo de la oposición, lo que ha hecho imposible su regreso al país.

La reforma a esta ley, aprobada la semana pasada, aumenta las penas a 10 y 15 años de cárcel. ¿El objetivo?: “Endurecer la criminalización de la opinión en redes sociales y silenciar a ciudadanos y periodistas”, dice Chamorro, y agrega: “A pesar de ello, la prensa independiente en Nicaragua continúa derrotando la censura con investigaciones periodísticas sobre corrupción pública, purgas internas y el éxodo masivo de los nicaragüenses”.

Rosental Alves concluye: “Este es un tema delicado e importante. Alexandre de Moraes ha dicho y repetido que la libertad de expresión no es absoluta, que no es un derecho sin límites. Pero, por más que De Moraes tenga razón en muchas cosas, lo que pasó ahora con el bloqueo de X en Brasil no deja de ser una vergüenza. Ya hubo editoriales de grandes periódicos criticando lo que ocurrió, diciendo que ‘es una vergüenza prohibir la plataforma’. Pero la verdad, este tema se convirtió en una pelea política. Porque es la extrema derecha la que está detrás de este conflicto, la misma que intentó el golpe en Brasil e incitó la invasión violenta de los edificios de los Tres Poderes”.

Rosental Alves: “Alguien tiene que ponerles freno”

“Por eso esta es una cuestión tan delicada e importante. Porque los que quieren gritar ¡fuego! en un teatro lleno usan las redes sociales impunemente, quieren seguir impunes y alguien tiene que ponerles freno”.

El conflicto que enfrenta al juez Alexander de Moraes con Elon Musk y culminó con el cierre de X en Brasil, tiene efectos importantes para la regulación y combate a la desinformación. ¿Se está poniendo en cuestionamiento el poder alcanzado por las grandes multinacionales que dominan la comunicación digital? 

“Hay una presión más grande que nunca para una regulación en los temas de cómo actúan las grandes plataformas. Hasta ahora, ellas se ocultan detrás de una tesis muy frágil con base en la legislación estadounidense de los años 90: comparan las empresas de tecnología digital a las compañías de teléfono. Por ejemplo, si alguien te llama, te ofende y te amenaza de muerte, la compañía telefónica no tiene nada que ver con eso. Obviamente esa analogía no sirve para este problema que enfrentamos. Es una irresponsabilidad total insistir en esa tesis. Y la prueba es que las grandes plataformas tecnológicas, como Google, Facebook y X, empezaron a decir ‘somos responsables, pero necesitamos autorregulación’, ‘esto es una cuestión de libertad de expresión, y nosotros mismos vamos a regularnos’”.

“¿Y qué pasó? Después de la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos, Facebook empezó a contratar a miles de personas para mirar los contenidos, YouTube empezó también a ejercer más vigilancia interna y otros hicieron algo en esa línea. Quizás haya mejorado un poco la situación, pero solo por un tiempo. Cuando se produjo el ataque al Capitolio, con el fin de desconocer el triunfo del actual presidente Joe Biden en la elección, la entonces Twitter sacó a Donald Trump de la red social con argumentos de que no era posible aceptar ese tipo de violencia y mentiras. Y luego, en octubre de 2022, llegó Elon Musk y pagó un extraordinario precio, US$44 mil millones, para comprar Twitter con objetivos claramente políticos. Lo primero que hizo fue desarticular todos los esquemas de autorregulación que tenía Twitter, sacar la moderación e invitar al ahora candidato presidencial Donald Trump a regresar a la red, que ahora llamó X.  Todo eso con objetivos políticos muy claros, alineados con la extrema derecha que es la que más abusa en las redes”.

“Brasil es el país de América que más imita a Estados Unidos, así que lo que pasó en EE. UU. el 6 de enero de 2021, se replicó en Brasil el 8 de enero de 2023, con el asalto a la Plaza de los Tres Poderes. Y se evitó un golpe que se estaba gestando. En Brasil, la Suprema Corte fue mucho más allá que lo obrado por la justicia estadounidense para identificar y castigar a quienes ejecutaron la violenta incursión en el Capitolio. Hace unos meses, The New York Times comparó los dos intentos golpistas (en EE.UU. y Brasil), insinuando algo así como que los brasileños nos están enseñando qué hay que hacer”.

“Por eso esta es una cuestión tan delicada e importante. Porque los que quieren gritar ¡fuego! en un teatro lleno, usan las redes sociales impunemente, quieren seguir impunes y alguien tiene que ponerles freno. De ahí viene la disputa entre Alexandre de Moraes y Elon Musk. De Moraes tuvo mucho coraje para parar el golpe y certificar la autenticidad de la elección presidencial que Bolsonaro acusaba de fraude, sin pruebas. De Moraes, al mismo tiempo que investigaba el asalto del 8 de enero en la Suprema Corte, también era presidente del Superior Tribunal Electoral, donde defendía la integridad de la elección que sufría ataques de Bolsonaro. Con eso, De Moraes fue acumulando poder y tomando decisiones corajudas, pero también algunas que causan críticas y controversias”.

“Aquí no hay inocentes. Alexandre de Moraes no es un santo. Ha cometido errores, es acusado de abusos y atropello de las normas. Me recuerda a Sergio Moro, el implacable juez del Caso Lava Jato. Porque todos estábamos entusiasmados con ese juez que estaba descubriendo el nudo de ese millonario fraude, de un esquema de corrupción monumental que salpicó a 12 países. Pero después se descubrió que estaba haciendo abusos también, que estaba en colusión con intereses políticos y no respetando el debido proceso. Resultado: ¡Lava Jato se desplomó! Ahora hay un cierto paralelo, porque el implacable Alexandre de Moraes, a quien muchos consideran que salvó el país de un golpe, también parece haber abusado de su poder en algunos casos. Y todo esto aterriza en la libertad de expresión, el argumento de los que quieren el derecho de gritar ‘fuego’ en el teatro lleno, difundir informaciones falsas y otras barbaridades”.

* Esta columna se publica con la autorización de Fundación Gabo