95 casos de sobreproducción de salmones en reservas nacionales sin sanción – PARTE 2

Una serie de infracciones de la industria salmonera a la normativa ambiental están prontas a prescribir este mes de mayo si la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no formula los debidos cargos al respecto. Así, quedará sin multa ni sanción alguna la cosecha de más de 67.000 toneladas de salmones por sobre los límites autorizados, por parte de nueve empresas con presencia dentro de las Reservas Nacionales Las Guaitecas y Kawésqar. Esta investigación para CIPER de la Fundación Terram expone en dos partes los detalles de estas enormes operaciones privadas y sus efectos sobre la fauna y entorno natural que los acoge, en medio de la expansión de la industria a Magallanes. [primera parte acá]

A los 84 casos de sobreproducción de salmones en la Reserva Nacional Las Guaitecas que no han sido sancionados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), detallados en la primera parte de este reportaje, se suman otros once casos en la Reserva Nacional Kawésqar. Los infractores se repiten, y es que la producción de salmones en Chile tiene pocos actores. El listado lo vuelve a liderar Australis Mar (4), seguido de Cermaq (3), Blumar (2) y Aquachile (2). En total, 13.013 toneladas cosechadas por sobre lo autorizado en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) sin recibir hasta hoy una sanción, de acuerdo a la información del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) obtenida por Ley de Transparencia. De estas once sobreproducciones, cinco ya prescribieron por pasar más de tres años desde que se cometiera la infracción, según lo establecido en la Ley Orgánica de la SMA, plazo contabilizado desde el término del ciclo productivo. De esta forma, al no haberse iniciado una investigación hasta esa fecha, los titulares no podrán ser sancionados. Por su parte, los seis casos restantes pueden ser aún objeto de sanción si la SMA formula cargos de manera oportuna.

Desde la SMA, antes nuestras consultas, se señala que se encuentran analizando los antecedentes asociados a estos casos, y precisaron que «la prescripción es una situación que no ocurre de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo, sino que debe ser alegada por el interesado en la oportunidad correspondiente y, si se llega a configurar lo dispuesto en el artículo 37 de la LOSMA, deber ser declarado así mediante resolución fundada».

AUTODENUNCIA A MEDIAS

«Es una guerra perdida… acá el tema es pasar piola tres años más», decía en julio de 2020 un correo interno de Santiago Garretón, ex alto ejecutivo de la salmonera Australis Mar, en referencia a los casos de sobreproducción de salmones que la compañía mantenía en sus centros de engorda y que aún no eran sancionados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Y así fue hasta enero de 2021, cuando la SMA inició el primer proceso sancionatorio por sobreproducción contra el centro Costa (110857) en la Región de Aysén. En julio del mismo año llegó el turno del centro Córdova 3 (110152), en Magallanes. Ambos, correspondientes a ciclos productivos terminados en 2018. Al ser notificado, Ricardo Misraji, gerente general de ese entonces, respondía por correo a otros altos ejecutivos que «las sobreproducciones nuestras en la duodécima (región) son muy heavy… nada que hacer… empezarán a llegar de a una. Ojalá no salgan en prensa».

Entre marzo y agosto de 2022 se sumaron otros tres sancionatorios en los centros Morgan (120136), Retroceso (120192) y Punta Lobos (120164). Todos en la Región de Magallanes. Las sobreproducciones de Australis no seguían pasando piola y algo había que hacer.  Así fue como, recién en octubre de 2022, los nuevos dueños de la salmonera, el grupo chino Joyvio, decide presentar una autodenuncia a la SMA por 49 casos de sobreproducción por más de 80 mil toneladas de exceso en las regiones de Aysén y Magallanes. Pese al impacto que generó la autodenuncia de Australis, esta solo destapó la olla a medias, porque dejó fuera 19 casos de sobreproducción en la Reserva Nacional Las Guaitecas, y también otros cuatro casos ocurridos dentro de la Reserva Nacional Kawésqar. Hasta hoy, ninguno de los 23 casos ha sido objeto de sanción.

Según el relato de la querella por estafa presentada por Joyvio contra Isidoro Quiroga (antiguo dueño) y su círculo de confianza en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, —donde se incluyeron los correos previamente citados—, el grupo chino recién se habría enterado de las sobreproducciones cuando asumió el nuevo gerente general, Andrés Lyon, en junio de 2022. Pero los correos disparados desde el otro bando en el marco de un juicio laboral de Garretón contra Joyvio dejan constancia de que el nuevo directorio habría sabido de las sobreproducciones mucho antes, y que incluso dieron la orden de continuar excediendo los permisos ambientales para tener más liquidez. Pese a ser contactados los antiguos y nuevos dueños de la compañía, ningún bando quiso responder preguntas hasta el cierre de esta investigación para saber, entre otras cosas, si existieron incentivos económicos dentro de la empresa para infringir la normativa ambiental.

Desde la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, que agrupa a las cuatro empresas infractoras, su presidente, Carlos Odebret, relativiza los datos del Sernapesca presentados en esta investigación. Según declara, «parten del supuesto que producción es lo mismo que cosecha, pero se trata de conceptos distintos. La producción se parece más a la engorda que a la cosecha. La cosecha debe medirse en planta pues es más preciso el dato; sumado a las pérdidas, se le debe descontar la biomasa de smolts (peces) ingresada, que fue producida en las pisciculturas y, por lo tanto, no engordada en el mar. De esta forma, se requiere de mayor información para realizar una evaluación razonable, y esta debe ser caso a caso, pues la definición de producción no es tan clara como esperamos que sea en la actual regulación».

Pese a lo planteado por el líder gremial, desde el Sernapesca afirmaron que las sobreproducciones sí existieron, motivo por el cual denunciaron a la SMA nueve de las once infracciones identificadas en esta investigación entre mayo de 2020 y enero de 2023, en promedio, 15 meses después de terminados los ciclos productivos, que es desde cuando comienzan a correr los tres años para que la infracción prescriba si la SMA no inicia un procedimiento sancionatorio contra los titulares. Por su parte, desde la SMA asumieron haber recibido estas nueve denuncias por sobreproducción y agregaron que, luego de analizarlas, «en caso de detectarse incumplimientos, son derivadas a la División de Sanción y Cumplimiento para el inicio de un procedimiento sancionatorio», lo cual no ha ocurrido hasta la publicación de esta investigación, como tampoco ocurrió con otros 84 casos de sobreproducción detectados en la Reserva Nacional Las Guaitecas, ni con los «24 casos de sobreproducción de Nova Austral que no detectó la autoridad», ocurridos en el Parque Nacional Alberto De Agostini [TERRAM 2023].

De esta manera, entre las 95 infracciones cometidas en ambas reservas nacionales (Las Guaitecas y Kawésqar) que hasta hoy se mantienen impunes, Australis Mar, propiedad del grupo chino Joyvio, lidera el listado con 23 casos por un total de 22.708 toneladas de exceso respecto a sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Blumar es la segunda empresa con más sobreproducciones, cuya principal accionista es la familia Sarquis, recordada por el financiamiento ilegal de la política [ver reportaje CIPER 22.04.2015: «Financiamiento ilegal de la política: los pagos de las pesqueras»]. En 17 infracciones acumuló 12.315 toneladas de sobreproducción en ambas reservas.

En tercer lugar, se encuentra Aquachile, la mayor productora de salmón en Chile que forma parte de Agrosuper, propiedad de la familia Vial, el mayor conglomerado de la agroindustria chilena y recordado por coludirse para aumentar el precio de los pollos entre 2008 y 2011. Junto a la Exportadora Los Fiordos, filial del grupo, Aquachile acumuló 17 casos de sobreproducción por un total de 10.508 toneladas por sobre lo autorizado en sus permisos ambientales en ambas áreas protegidas.

Otra de las empresas que más se benefició con la producción ilícita de salmones en estas dos reservas nacionales fue Multi X, con 11 casos por un total de 9.440 toneladas de exceso. Multi X es controlada por Alberto del Pedregal Labbé, Martín Borda Mingo, José Ramón Gutiérrez Arrivillaga y Carlos Pucci Labatut, quienes comparten propiedad con el grupo japonés Mitsui y el grupo estadounidense Cargill.

A modo de estimación, estas más de 67.500 toneladas de salmones producidas por sobre lo autorizado en sus RCA en estas dos áreas protegidas, podría alcanzar los USD $660 millones en ventas, calculado en base a los USD$9,79 que promedió la venta de cada kilogramo de salmón chileno durante 2022 [INFOTRADE 2023].

MULTAS INFERIORES AL BENEFICIO ECONÓMICO

Según la LOSMA, la sobreproducción califica como una infracción grave, cuya sanción podría alcanzar una multa de hasta 5.000 UTA, equivalente a $3.900 millones. Así, a modo de estimación, aun cuando la SMA hubiese detectado y sancionado con la multa más alta que permite la ley, en al menos 55 de las 95 infracciones las empresas de todas formas habrían obtenido ingresos mayores que el costo de la multa, ya que sus cosechas excedieron por al menos 400 toneladas sus permisos ambientales, que equivale a $3.900 millones en ventas. En algunos casos, estos ingresos equivalen a cuatro, cinco y hasta seis veces esta cifra.

De esta forma, los bajos montos de las multas en relación al beneficio obtenido ponen en evidencia que las sanciones por casos como la sobreproducción no tienen un efecto disuasivo en los titulares, menos aún cuando la institucionalidad ambiental no ha sido capaz de detectar gran parte de estas infracciones.

Actualmente el Congreso discute una reforma a la SMA en la que el gobierno de Gabriel Boric, entre otros aspectos ha propuesto aumentar el límite máximo de las multas. En el caso de las infracciones graves como la sobreproducción podrían aumentar de 5.000 UTA a 10.000 UTA, bajo el argumento de que cuando el beneficio económico supera el tope máximo de la multa, esta sanción no tiene razón de ser, ya que no tiene un efecto disuasivo. Para el senador Sergio Gahona (UDI), presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, si bien hay un acuerdo de la necesidad de corregir el esquema sancionatorio de la SMA para que actúe como una medida disuasiva efectiva, el problema no estaría en el tope máximo de las multas, sino en que «el actual artículo 39 de la LOSMA —que establece las multas— en los diferentes literales contempla techos pero no pisos; es decir, en la actualidad, todas las infracciones leves, graves y gravísimas pueden ser sancionadas con montos que van desde 1 UTA en adelante, lo que claramente da un margen enorme no sólo para el ente sancionador sino que también para las empresas».

Pero un aspecto que no contempla la propuesta del gobierno son los plazos de prescripción de las infracciones, actualmente en tres años. Esto ha permitido que, a abril de 2024, 79 de estas 95 sobreproducciones ya no puedan ser sancionadas. Al respecto, el diputado Félix González (FRVS), presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, señala que «si el sistema está hecho para que el procedimiento sancionatorio demore varios años, pero la prescripción es breve, no parece muy coherente, por lo cual habría que revisar estos plazos en el marco de la reforma a la SMA, ya que, en general, cualquier prescripción, no es menor a cinco años».

Pero si se trata de medidas realmente disuasivas ante casos de sobreproducción, la SMA también tiene la facultad de revocar las RCA, tal como lo decidió en julio de 2022 en contra de tres centros de cultivo de Nova Austral. El superintendente de ese entonces, Emanuel Ibarra, dijo que «la SMA se vio en la obligación de tomar una decisión histórica, entregando una señal clara. No es posible que se generen estos niveles de sobreproducción que causan daño ambiental en áreas protegidas […]. Estamos frente a un infractor contumaz, que ya tiene una serie de procedimientos graves en la SMA».

Los criterios evaluados para definir esa sanción —como la magnitud del daño causado en un área protegida, la intencionalidad de la empresa, la contumacia y el beneficio económico obtenido— parecen replicarse, sino en todas, en gran parte de las empresas infractoras expuestas en esta investigación, por lo que habrá que ver si la SMA mantendrá este criterio o ablandará la mano, como solicitan los infractores en sus procedimientos sancionatorios.

EFECTOS AMBIENTALES DE LA SOBREPRODUCCIÓN

El Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) establece que, previo al inicio de la cosecha de salmones, los centros de cultivo deben realizar un levantamiento de información ambiental (INFA) del fondo marino para determinar si su actividad es compatible con la capacidad de carga del cuerpo de agua. En el caso de que esa información señale que el oxígeno disponible es tan bajo que pone en riesgo la vida de las especies que ahí habitan, se habla de la existencia de condición anaeróbica. Esta condición se genera producto del alimento no digerido y las fecas de los peces en cautiverio. De darse esto, además de identificar un efecto negativo sobre el ecosistema, los centros no pueden volver a producir hasta restablecer la condición aeróbica del cuerpo de agua.

En el caso de los once centros que incurrieron en sobreproducción de salmones dentro de la Reserva Nacional Kawésqar identificados en esta investigación y que no han recibido una sanción, en cinco de ellos la INFA determinó que el fondo marino se encontraba con bajos niveles de oxígeno producto del cultivo de salmones. Según Francisco Viddi, ecólogo marino de la Universidad Austral e investigador de la Fundación Melimoyu, «cuando hay sobreproducción, eso se traduce en un mayor impacto por contaminación orgánica e inorgánica, por lo cual resulta evidente que la salmonicultura no es compatible con la protección del ecosistema marino y menos aún dentro de áreas protegidas».

De acuerdo al registro de las INFA notificadas por las empresas al Sernapesca al que se tuvo acceso vía Ley de Transparencia, el fondo marino de estos cinco centros de cultivo recuperó su condición aeróbica, en promedio, recién después de 27 meses del primer muestreo.

A nivel regional, Magallanes es por lejos la región cuyo fondo marino registra los peores niveles de oxígeno disponible luego de cada ciclo productivo. De los 378 muestreos realizados a los centros de cultivo de salmones en la región entre 2012 y 2023, 156 registraron niveles de oxígeno por debajo del mínimo exigido para no poner en riesgo la vida de las especies, lo que equivalente a un 41% del total muestreado, por encima del 28% de Aysén y el 14% de Los Lagos.

Una proporción similar registran los centros ubicados dentro de la Reserva Nacional Kawésqar, ya que de los 149 muestreos realizados al fondo marino entre 2012 y 2023, 55 registraron condiciones anaeróbicas, equivalente a un 37% del total de los muestreos.

Para Odebret, este sistema de muestreo de información ambiental «da cuenta que las externalidades del cultivo de salmón están controladas y no generan un efecto ambiental permanente». Por su parte, Rodrigo Hucke-Gaete, biólogo marino de la Universidad Austral de Chile y también investigador del Centro Ballena Azul (CBA), es más cauteloso en esta materia. «Recordemos que el salmón es una especie exótica y carnívora, introducido hace bastante tiempo, y que cumple un ciclo análogo a lo que hace en el hemisferio norte, pero con la diferencia que en Chile no hay depredadores de ese nivel como los osos, y eso cambia los ciclos asociados a los ríos y la composición de la trama trófica, y no tenemos idea de cuáles van a ser las consecuencias de eso en un futuro cercano».

NUEVO PROCESO DE EXPANSIÓN

Los canales de la Región de Magallanes y, en consecuencia, la Reserva Nacional Kawésqar, forman parte de las áreas por las que desde hace miles de años habitaba y navegaba libremente el pueblo kawésqar, entre el Golfo de Penas y el Paso de Brecknock, al sur del Estrecho de Magallanes. 

Libremente, al menos, hasta la colonización de la Patagonia llevada a cabo por europeos a lo largo del s. XIX, la cual contó con la ayuda del Estado chileno a cambio de la promesa de traer progreso a las tierras australes [HARAMBOUR 2018]. Bajo la misma promesa de progreso, y luego de instalarse en Los Lagos y posteriormente en Aysén, la salmonicultura experimenta desde hace años un proceso de expansión hacia la Región de Magallanes, convirtiéndose en una nueva amenaza no solo para el fondo marino, sino también para las prácticas y modos de vida del pueblo kawésqar. Y es que las 63 concesiones otorgadas a nivel regional entre 1982 y 2012 aumentaron a 134 al año 2023.

Esta expansión también se manifiesta en las cifras de producción regional, ya que, tras promediar 10.349 toneladas de cosechas anuales entre 2003 y 2012, la industria alcanzó las 94.226 toneladas en promedio entre 2013 y 2022.

Una de las comunidades kawésqar afectadas es la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, quienes desde hace años vienen denunciando los impactos de esta actividad sobre su maritorio, como es la obstrucción del libre tránsito por los canales patagónicos producto de la masiva instalación de infraestructura de cultivo en el mar, además de la disminución de peces nativos, fuente de alimento de un pueblo cuya identidad navegante se mantiene amenazada. Para Leticia Caro, dirigenta de la comunidad, las sobreproducciones en la reserva no son una excepción a la regla, sino más bien «una ilegalidad permitida por este y otros gobiernos que no tienen alturas de mira. La industria ganó millones de dólares en desmedro de nuestro territorio en una pseudo área protegida de papel que no le hace justicia al territorio y a quienes lo habitamos».

Otra característica de la expansión salmonera es su concentración en pocas manos, ya que las 2.120 hectáreas de mar concesionado en la región de Magallanes se distribuyen en solo seis empresas matrices que concentran el 96% de la superficie: Agrosuper —controlador de Aquachile— (39%); Blumar (23%); Joyvio —controlador de Australis Mar— (17%); Mitsubishi —controlador de Cermaq— (8%); Altor —controlador de Nova Austral— (6%) y Multiexport Foods (3%). Pero este proceso de expansión se encuentra aún en curso, ya que a las 134 concesiones otorgadas hasta 2023 se suman otras 85 concesiones actualmente en trámite por una superficie de 647 hectáreas de mar. De ellas, 56 se ubican dentro de la Reserva Nacional Kawésqar [ver MAPA 2], las que, para ser resueltas por la autoridad, deberán esperar a que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) elabore y apruebe el plan de manejo del área protegida, donde se establecerá si la salmonicultura, en tanto cultivo intensivo de una especie exótica, representa o no una amenaza para los objetivos de conservación de la reserva.

Respecto a esta situación, Leticia señala que «estos antecedentes —de sobreproducciones no detectadas— no hacen más que reafirmar que la salmonicultura no es compatible con la Reserva Nacional Kawésqar, más aún cuando hubo fiscalización, pero no existe sanción. La normativa, aunque existe, no es suficiente para regular a una industria sin control alguno».