CARTAS: Inseguridad en el sistema de transporte público de Valparaíso

Señor director: Las recientes noticias sobre la fiscalización de máquinas que no cumplen con la normativa ni poseen seguros de accidente, recorridos fuera de horario establecido y exceso de velocidad por parte de algunos conductores del transporte público de Valparaíso dan cuenta de un medio caótico e inseguro. Según el estudio “Percepción de seguridad en el transporte público y recomendaciones de política pública con perspectiva de género en el Gran Valparaíso”, financiado por el Proyecto Asociativo de la UDP 2023 y el proyecto FONDECYT 1230473, identificamos un sistema lleno de deficiencias.

Por medio de la integración de voces de los diferentes grupos de interés, describimos un sistema altamente complejo, donde interactúan múltiples factores, teniendo como foco central la percepción de inseguridad. Uno de los elementos identificados son los conductores, de quienes se describen comportamientos negligentes como exceso de velocidad, mala conducta, agresiones verbales, consumo de alcohol y drogas e incluso ataques físicos. En contrapartida, ellos acusan una precariedad laboral caracterizada por el estrés de competir por pasajeros, extensas jornadas, contaminación acústica e inestabilidad económica; además de mal trato entre colegas, prejuicios de los usuarios y ausencia de condiciones que resguarden su seguridad laboral.

Se trata de un sistema altamente desregulado, lo que impacta a su vez en la infraestructura de los buses, lo cual deriva en máquinas incómodas y poco seguras, dado el mal estado de asientos, ventanas, peldaños, iluminación e higiene. Los riesgos a accidentes generan altos niveles de inseguridad, especialmente en adultos mayores y personas con movilidad reducida, debido a la dificultad física para sostenerse ante las altas velocidades y las consecuencias físicas permanentes que les implicaría un siniestro vial.

Esto deriva en la sensación de que el transporte público del Gran Valparaíso se rige por la “ley de la selva”, dado su desorden, inseguridad y falta de reglas, permitiendo que la competencia y la fuerza física muchas veces anulen las normas sociales basadas en el respeto mutuo. Si bien este sentimiento de poca seguridad es de larga data, se ha visto reforzado y atribuido al abandono de los espacios públicos, acentuado después de 2019 con el estallido social y la posterior pandemia. La percepción de ausencia del Estado para regular las interacciones sociales dentro de este espacio lleva a entender que las soluciones requieren un compromiso e integración de medidas provenientes de diferentes organismos, no solo del Ministerio de Transportes, aunque en ellos recae la responsabilidad inicial de gestionar esas voluntades.

Finalmente, la relevancia de esta problemática no se centra solo en mejorar la calidad del servicio o de tener pasajeros contentos, si no de proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para todos entendiendo que los medios de transporte permiten la inclusión social, accediendo al espacio público para aprovechar las oportunidades que ofrece la sociedad.