Crisis en los ELEAM: Un llamado a repensar el cuidado del adulto mayor

Promulgado para regular el funcionamiento de los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores, el Decreto 20 muestra medidas que los autores de esta columna para CIPER consideran poco realistas y amenazantes para la continuidad del sector. Lo que se requiere, argumentan, es una mirada integral que incentive la creación de plazas y flexibilice las normas para pequeños operadores: «Conviene recordar que en Chile solo hay 24.178 plazas disponibles para atender al total de 288.346 personas mayores que sufren de dependencia severa».

Existe un sector de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM) —incorrectamente denominados «hogares» o «asilos de ancianos»— cuyas múltiples crisis afectan de manera directa a cerca de medio millón personas mayores en Chile [RLG 2023]. De ellas, 150.000 necesitan institucionalización pero no encuentran cupo, 25.000 ya residen en estos establecimientos, y otras 5.000 viven en recintos ilegales [SENAMA 2023].

El Estado invierte en nuevas plazas, pero su trabajo es insuficiente. Hoy llega a un tercio de los residentes con algún tipo de subsidio, y los recintos estatales tienen un 20% de lista de espera [MEDEL 2016]. Esto, además, se ve agravado ante una masiva cadena de cierres de establecimientos, que en el último lustro se ha llevado a casi un cuarto de ellos, incluyendo los publicitados cierres de espacios a cargo del Hogar de Cristo y de Conapram, hace solo algunos meses. 

Estos cierres se explican por diversas razones, incluyendo problemas financieros y el cumplimiento de regulaciones desfasadas, como el Decreto 14. Tras catorce años de aplicación, este último demuestra una obsolescencia que contradice otras normativas vigentes, creando así un círculo de ineficacia y sanciones muy difíciles de cumplir por cientos de residencias que viven en la precariedad. A modo de ejemplo, el D14 establece la obligación de tener lavatorios móviles en cada habitación, sin contemplar que hoy muchos ELEAM tienen habitaciones en suite; o aplica sobre los funcionarios turnos hospitalarios que, al no estar permitidos en el Código del Trabajo, en la práctica no se aplican.

Hoy la fiscalización se concentra en aquellos ELEAM formalizados, mientras que muchas personas mayores viven en establecimientos sin supervisión estatal alguna, pese a que saben quiénes son y dónde están [MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA 2021]. Por ello, es urgente la derogación y sustitución del obsoleto Decreto 14 por normativas y criterios fiscalizadores más acordes con la realidad actual, como se intentó con el Decreto 20, propuesto por la administración anterior y promulgado por el presidente Boric, aunque en medio de enormes y transversales críticas.

Por un lado, la pandemia lo cambió todo. Por otro, un sector jibarizado se encontró con que los tradicionales problemas de la actividad (informalidad, altos costos innecesarios, la poca coherencia de las normas y el excesivo ánimo fiscalizador) no estaban resueltos, sino que perpetuaban todo lo malo del sector.

¿Se imagina exigirle a una residencia rural con menos de diez personas mayores que invierta en un ascensor para poder seguir trabajando? ¿O, quizá, que un gran operador de beneficencia deba dejar al 25% de sus residentes sin techo para cumplir con las nuevas ratios de habitabilidad? Se trata de exigencias que impactan negativamente a los pequeños operadores, exacerbando la situación de vulnerabilidad de los residentes, sus cuidadoras y sus personas cercanas relevantes. Todos quienes, además, deben pagar IVA por estos cuidados.

Y, en el intertanto de la entrada en vigencia de este nuevo Decreto 20, el Hogar de Cristo anunció que, por razones de reestructuración, deberá cerrar  las puertas de algunos de sus establecimientos para adultos mayores, con lo cual quinientas personas quedarían sin techo. Conapram hará algo similar con sus residencias en regiones. Las dos instituciones sobrevivían a duras penas gracias a recursos fiscales, cada día más escasos. Estas noticias han dado un duro golpe a la idea de que el Estado puede hacerse cargo de la vejez institucionalizada para las personas mayores de más bajos recursos. 
 
 

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Ante este contexto, la decisión del presidente Boric de pausar la implementación del Decreto 20 y convocar a una mesa de expertos representa un paso importante. Sin embargo, es fundamental que las propuestas de modificación se centren en incrementar la oferta de plazas para quienes requieren este servicio de cuidado, fomentando inversiones y evitando imposiciones que dificulten la operación de los ELEAM existentes. 

Lo anterior, hoy se hace sólo en parte. Hace unos días fuimos convocados como expertos a una Mesa Modificatoria del Decreto 20, una instancia que resultó apresurada (duró dos semanas) y de trabajo acotado a la modificación de solo siete artículos presentados por el Ejecutivo. La mayoría de los expertos convocados venían de fundaciones y beneficencias, sobrerrepresentando a un sector que aporta solo el 30% de  los establecimientos y menos del 25% de las plazas. Aún así, estas pequeñas modificaciones eran tan necesarias que fueron todas aprobadas por la unanimidad de los convocados.

Hoy resulta muy relevante modificar el Decreto 20 antes de su entrada en vigencia. No solo deben corregirse los artículos desmedidos que contiene, sino que además introducirle una mirada desde la experiencia y, por sobre todo, incentivos. Hablamos de una actividad que hoy no está siendo capaz de cubrir el total de necesidades para una población que envejece. Al respecto, conviene recordar que en Chile, tanto en los sectores privados como público, solo hay 24.178 plazas disponibles para atender al total de 288.346 personas mayores que sufren de dependencia severa.

Ante este panorama, las actuales propuestas del gobierno se perciben limitadas y no abordan las necesidades fundamentales del sector. Exigencias tales como la de ascensores en recintos pequeños y la informalidad en el uso de turnos clínicos (para dispositivos que funcionan de una manera muy similar a las clínicas) deben revisarse con urgencia.

Sin embargo, aplaudimos que, por primera vez en por lo menos treinta años, la autoridad se haya sentado a conversar con los operadores, escuchándolos y reuniéndolos en una misma mesa junto a representantes de la mayoría de las divisiones y ministerios que los regulan y fiscalizan: Desarrollo Social y Familia, Salud, Trabajo y Vivienda. Solo faltó Hacienda.

Necesitamos que esto continúe. Así como vamos, en poquitos años más el gran problema que ya vemos se va a haber afianzado sin vuelta atrás: cupos en ELEAM solo para personas mayores sin recursos y para aquellas de sectores acomodados, pero no para la clase media. No podemos permitir que se vuelva un lujo inalcanzable esta necesidad que tiene impactos directos tanto en la calidad y extensión de la vida de las personas que necesitan ser institucionalizadas, como sobre sus familias.