CARTAS: Sobre la formación de abogados

Señor director: En su columna reciente, el profesor Cristián Riego aborda uno de los puntos más críticos de nuestro sistema de Justicia y cuya solución es urgente, pero que lamentable/extrañamente no es abordado con decisión por los poderes del Estado. El escaso control de la profesión de abogado y la falta de formación ética de muchos de quienes ejercen esta profesión afecta en sus bases el derecho de acceso a la justicia, así como al correcto funcionamiento del Estado de derecho.

Nos encontramos en el peor de los mundos, a distancia abismante de los países desarrollados e incluso de países vecinos. Ni siquiera en el ámbito de la protección a los consumidores/usuarios de servicios jurídicos se ha considerado extender a los abogados —como ya se ha hecho en parte con profesionales de la salud— deberes de información básica, tales como cuáles son las acciones a ejecutar por el abogado, honorarios claros por ellas, riesgos de resultados posibles, costos asociados y rendición transparente de gastos, cosas obvias en muchos países. Chile ha abandonado uno de los más trascendentes Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, adoptados por la Naciones Unidas, que es el de “competencia y preparación”, sobre el que se prescribe que “los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de enseñanza velarán porque los abogados tengan la debida formación y preparación, y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.”.

Si a lo anterior agregamos el oscuro sistema de nombramiento de jueces, notarios, conservadores , receptores judiciales y peritos judiciales; la falta de regulación a los cobros que hacen receptores, notarios y peritos —que ejercen funciones de naturaleza pública—; la falta de protocolos sobre requisitos y la calidad de peritajes (vergonzosos en ocasiones) y la falta de iniciativas efectivas para mejorar la demora de dos años de apelaciones de sentencias definitivas en la Corte de Apelaciones, entre otras deficiencias, deja el derecho de acceso a la justicia en nuestro país, en especial de las personas de menos recursos, en una situación muy precaria. Si agregamos, también, que pese a las recomendaciones de organismos internacionales y de expertos Chile aun carece de una institucionalidad de justicia vecinal, es posible decir que hay sectores importantes que no tienen acceso a la justicia en problemáticas que afectan en su vida cotidiana.

Esta realidad permite sostener que la justicia chilena vive situaciones críticas que deben ser abordadas, la demora en abordarlas pareciera que hay muchos que se benefician con ello, que les favorece que no haya exigencias, que no haya transparencia en nombramientos, que no haya límites ni controles, que los juicos se demoren (favorece el cobro de honorarios y el aumento de arbitrajes).

Sin duda es complejo y costoso abordar en su totalidad las deficiencias que presenta el sistema de justicia chileno, pero hay aspectos abordables sin altos presupuestos, como es precisamente el estatuto de los abogados, mediante una normativa acorde con su rol de auxiliares de la administración de justicia y los derechos de los usuarios de sus servicios, con estándares mínimos ya asentados por años en el derecho comparado y la doctrina.