Perú frente a la arremetida frontal del poder corrupto y autoritario

«La ausencia del Estado y con ello la demolición de la democracia es el problema mayor en estos días en nuestros países en donde la pobreza, la desigualdad y el crimen organizado avanzan. Y el juicio que debiera iniciarse en Perú en julio será una prueba de fuego. Los ojos de miles estarán puestos en Perú. Veremos si es posible que haya justicia en un caso de corrupción letal que sigue estremeciendo al continente.»

 
No es casualidad. A cuatro meses de que entre en su fase final el juicio a expresidentes, candidatos presidenciales y políticos de primera línea de Perú, por sobornos y actos de corrupción que ejecutaron en el ejercicio del poder en la trama que armó la constructora brasileña Odebrecht, se desata una brutal campaña de información falsa contra los fiscales que han encabezado esa investigación. Y en el centro de los ataques que asesta el poder corrupto y autoritario: Gustavo Gorriti, uno de los periodistas de investigación más relevantes del continente.

Acusan a Gorriti de ser el poder oculto que movió los hilos e incluso dirigió las pesquisas del Caso Lava Jato, el juicio por corrupción del poder político y económico más estremecedor del Perú. Y que remeció varios países más allá de sus fronteras: los tentáculos de Odebrecht, la constructora más grande América Latina, se posaron para succionar recursos fiscales en diez países del continente y dos de África.

Una trama de corrupción que ha tenido en Perú a expresidentes y exalcaldes en prisión (efectiva o domiciliaria), candidatos presidenciales, congresistas, exministros y asesores a la espera… Todo depende del juicio oral que debiera comenzar el próximo 1 de julio. Un hito que algunos quieren impedir a cómo de lugar. Porque el dinero y el poder que están en juego es muchísimo.

Solo recurriendo a los documentos de Odebrecht que la investigación del equipo encabezado por los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela lograron obtener y que el buen periodismo –en el que Gorriti fue líder– analizó y publicó, se sabe que la constructora brasileña pagó en Perú US$59 millones en sobornos y coimas entre 2006 y 2011. Coimas para adjudicarse 13 obras públicas en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Y aunque Pedro Pablo Kuczynski (renunció a Presidencia de la República en marzo 2018, al develarse su participación en la trama corrupta del Caso Lava Jato) está imputado en el juicio por actos de corrupción siendo ministro del presidente Toledo, la investigación que culmina con el juicio podría determinar otros hechos.

El mismo día que el expresidente Alan García fue enterrado (tras suicidarse para evitar ser arrestado por el Caso Lava Jato) la justicia dictaminó tres años de prisión preventiva para Kuczynski por lavado de activos y pertenencia a una organización criminal de la trama Odebrecht. Se demostró que sus empresas se beneficiaron luego de que Odebrecht reciba la concesión de los tramos dos y tres de la Carretera Interoceánica del Sur, en 2005, cuando PPK era ministro de Economía del presidente Alejandro Toledo.

Y si bien las investigaciones hechas por buenos fiscales –como en Perú– permitieron penetrar la trama original de los cerca de US$8 mil millones desviados ilegalmente desde la petrolera estatal Petrobras de Brasil –en asociación ilícita c/empresa constructora Odebrecht– a políticos y empresarios, fueron buenos periodistas en Perú los que entregaron las piezas ocultas. Aún se recuerda esa confesión de Marcelo Odebrecht en Perú, después de revelar el esquema secreto de coimas y adjuntar los documentos que probaban sus dichos: “Así funciona toda América Latina”.

Y así lo hizo Odebrecht –la mayor empresa constructora de la región– en 12 países: Perú, México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Panamá y Brasil en América. Angola y Mozambique en África. La magnitud de lo que se robó quedó registrada en Estados Unidos. Aceptó pagar una multa de US$ 3.500 millones por actos de corrupción en sobornos. Confesaron haber pagado US$788 millones en coimas durante 15 años (desde 2001) para asegurar contratos de sus proyectos en 12 naciones.

Las coimas correspondían al 30% del costo de la inversión, un pago sobredimensionado de las principales obras públicas que se hicieron en Perú en esos años y que fueron robados a todos los peruanos. Para impedir la identificación de los pagos ilícitos algunos sobornos se pagaban en cuentas en bancos de Andorra.

ROL DE GUSTAVO GORRITI

Tampoco es casualidad que la principal acusación contra los fiscales y el periodista Gorriti, director y fundador de IDL-Reporteros, la ejecute el fujimorismo. Keiko Fujimori, su líder –aunque en estos días ha vuelto a tomar el timón de su partido el padre y expresidente de ese país, Alberto Fujimori– arriesga hasta 30 años de cárcel en el juicio oral del Caso Lava Jato. La Fiscalía la acusa de delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y obstrucción a la justicia, entre otros. Cualquier condena en este caso haría imposible que fuera candidata a la Presidencia de la República de su país, como lo ha hecho en las últimas tres elecciones presidenciales. Y siempre ha llegado a segunda vuelta.

Esta vez, en un momento de extrema debilidad institucional del Perú, la apuesta del poder autoritario y corrupto es mayor.

Para quienes hemos seguido de cerca la trama de la Operación Lava Jato y su desarrollo e investigación en Perú, la embestida de los corruptos en Perú tampoco es una novedad. Que Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal general Patricia Benavides, revelara que una de las principales dirigentas del fujimorismo, la congresista Martha Moyano, pidió la destitución de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, denunciando para llegar a sacarlos del escenario judicial.

El fiscal Vela ya está fuera de la investigación. Y no será posible –como ocurrió en 2019– que la justicia peruana abra un proceso contra quienes quieren hacer explotar del Ministerio Público para imponer la impunidad. En efecto, en agosto de 2019, Perú dio un ejemplo no solo en América al abrir un proceso penal al que fuera fiscal general Pedro Gonzalo Chavarry, acusándolo de encubrimiento en la corrupción que ejecutó la constructora Odebrecht. Fue procesado por haber destituido al jefe del equipo especial del Caso Odebrecht, Rafael Vela y su adjunto, José Domingo Pérez, el 31 de diciembre de 2018. El último día del año. Creyó que pasaría inadvertido. Lo hizo para bloquear el acuerdo de cooperación entre las fiscalías de Perú y Brasil. Entonces, los dos fiscales fueron restituidos al frente de las investigaciones del caso de corrupción que aun remece a Perú.

Esta vez aquello es imposible. Más aún después que el propio Alberto Fujimori le dio su bendición pública para que prolongue su mandato hasta el año 2026 a la presidenta Dina Boluarte. Frente a la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales en su país, afirmó: “No se justifica. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”. Lo hizo en sus primeras declaraciones después de salir de prisión en virtud de un polémico indulto. Condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, ahora retoma las riendas del fujimorismo y le extiende su apoyo a la débil presidenta.

Aquí es donde ahora entra en escena, nuevamente, la mano de Keiko Fujimori.  Involucra en sus acusaciones contra los fiscales que han llevado por años la investigación del Caso Lava Jato, al periodista Gustavo Gorriti. Acusando reuniones secretas de los fiscales Vela y Pérez con Gorriti, la abogada de Keiko Fujimori pide la destitución de ambos fiscales. Vela ya está suspendido y fuera del juicio clave. Pero Pérez sigue allí. Y también Gorriti y el buen periodismo. Apoyándose en una trama de hechos falsos se pide la nulidad de los procesos.

Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato por seis años, suspendido por ocho meses en noviembre pasado por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público por expresar lo impropio que fue la liberación de Keiko Fujimori en 2020, desde la prisión preventiva por actos de corrupción en este caso, acuso: “Enfrentamos una campaña de desprestigio. Buscan no solo lo que han conseguido conmigo, mi remoción del equipo, sino destruir toda la operación”.  Y ante la presión por imponer la impunidad, advirtió: “El caso se puede caer. Todos los involucrados en el caso Lava Jato, expresidentes de la República, exministros, empresarios de muy alto perfil están incluidos en el entramado que ahora está en las fases finales. Quieren afectar la credibilidad de los operadores justicia y de los mecanismos de legalidad”.

Así es. Se busca hacer explotar el Ministerio Público al inventar una historia que lo muestra como una institución débil, sesgada, manipulable por un periodista que tiene la capacidad de designar equipos de fiscales, iniciar pesquisas, orientarlas e incluso dirigirlas. Tan absurdo como ridículo. Pero las noticias falsas son hoy una industria. Y un gran negocio del poder corrupto y autoritario.

IDL-Reporteros ha investigado y publicado con fuentes fidedignas la trama que urdió la constructora brasileña Odebrecht con el Estado peruano desde 2011, incluso antes que la fiscalía empezara sus propias indagaciones. Por eso Gustavo Gorriti, su director, es un blanco importante. No solo tiene credibilidad en Perú, sino que en todo el continente. De hecho, desde 2015, lideró y coordinó una red latinoamericana para la cobertura del Caso Lava Jato en la región. Si hay que anular el juicio y reescribir la historia, convertir a los corruptos en víctimas, es imprescindible un paso previo: hacer caer a Gustavo Gorriti.

La importancia de uno de los mejores periodistas de investigación del continente, la grafica la periodista Emilia Díaz-Struck, directora ejecutiva de la Red Mundial de Periodismo de Investigación [GIJN, por sus siglas en inglés]. “IDL-Reporteros se ha destacado por su rigurosidad, independencia, calidad investigativa, ética y piezas periodísticas de alto interés público. Por varios años tuve el privilegio de colaborar con el equipo de IDL-Reporteros en proyectos transfronterizos del ICIJ como los Panama Papers, División de Sobornos, FinCEN Files, Pandora Papers, entre otros. Él y su equipo son fuente de inspiración y referente en América Latina y el mundo”.

La situación que enfrenta Perú en estos meses se hará crítica. No solo por la proximidad de este juicio, sino por sus nexos estrechos y secretos con otra arista. Un estudio de la organización de Derechos Humanos CHS Alternativo -que recoge el diario El Comercio-arrojó que la minería ilegal del oro produce al menos US$1.777 millones al año, la mayor utilidad de cualquier industria económica criminal de Perú.

A ello se suma otro estudio, esta vez de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) publicado recientemente por el diario El País (España), el que devela: “Mercados criminales escalan en América Latina”. Muestra cómo las economías ilícitas se han expandido en la región en los dos últimos años, aumentando su poder. A la trata de personas y comercio de drogas sintéticas, se suman extorsión, robo de combustibles, trabajo forzado, microcrédito, secuestro, sicariato, tomas de terreno, robo de madera, minería ilegal y piratería, entre otros.

Eso es exactamente lo que está viviendo Perú con el incremento sin freno de la minería ilegal de oro y la toma de control de esa actividad por el crimen organizado. Estudios recientes muestran que el 32,5% de la producción de oro de Perú se concentró en la Región de La Libertad. Allí precisamente, donde el año 2023 terminó con una crisis de seguridad que dejó un muerto cada día. Lo que obligó a la presidenta Dina Boluarte a decretar estado de emergencia. Poco efecto tiene en un territorio en donde el oro se extrae sin límites ni normas y luego es disputado por caminos y rutas entre bandas criminales.

La ausencia del Estado y con ello la demolición de la democracia es el problema mayor en estos días en nuestros países en donde la pobreza, la desigualdad y el crimen organizado avanzan. Y el juicio que debiera iniciarse en Perú en julio será una prueba de fuego. Los ojos de miles estarán puestos en Perú. Veremos si es posible que haya justicia en un caso de corrupción letal que sigue estremeciendo al continente.

Lo que sí sabemos es que detrás de Gustavo Gorriti estarán centenas de periodistas de América y del mundo. Es uno de los mejores de los nuestros. No lo perderemos ni un solo día. Y nada de lo que se intente ocultar quedará sin publicar. Esta vez no habrá impunidad. Porque hoy sabemos a ciencia cierta que siempre se abre una puerta para la justicia. Y en ella el buen periodismo tiene un tremendo rol.  En eso estamos. En Perú y en todo el continente.