Incendios: El fracaso del SAE y un llamado a la acción

Múltiples advertencias hacían prever que el Sistema de Alerta de Emergencias adolecía de fallas y no iba a ser suficiente en caso de una amenaza. Y así fue, detalla en columna para CIPER un experto gestión de emergencias, a partir de la reciente tragedia de incendios en la Región de Valparaíso: «La actual institucionalidad sigue presentando las mismas deficiencias históricas del modelo de gestión de la ONEMI: no aborda adecuadamente las necesidades del país e insiste en un enfoque reactivo ante catástrofes.»

«No tuvimos alerta. Solamente vimos el fuego encima, y fue sobrevivir», decía una damnificada sosteniendo en los brazos a su mascota, mientras de fondo se veían casas totalmente destruidas. En los recientes incendios que afectaron a la Región de Valparaíso, la primera alerta de evacuación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) llegó recién a las 16:40 horas, y solicitaba evacuar Quebrada Escobares y Fundo el Rincón (Villa Alemana). Recién para las 18:41 h. los mensajes por SMS eran enviados desde SENAPRED (ex ONEMI) a los teléfonos compatibles de la zona georreferenciada, cuando la tragedia ya estaba sobre Villa Hermosa, Villa Dulce, Canal Beagle, El Olivar y el Jardín Botánico en Viña del Mar, según se constata de testimonios de víctimas y Bomberos.

Pero ya era demasiado tarde, y hoy tenemos que lamentar 134 muertes, miles de personas damnificadas, más de siete mil casas destruidas, y cerca de nueve mil hectáreas afectadas.

Lo sucedido con el SAE en la reciente tragedia de incendios en la Quinta Región entrega pistas importantes sobre errores, negligencias y protocolos que requieren de urgente atención. Las primeras alertas se hicieron a través de redes sociales, y por parte de cuentas ajenas al gobierno. Casi dos horas antes de la primera alerta SAE, a las 17 horas (cuando el fuego ya afectaba al Jardín Botánico), Bomberos solicitó declarar internamente la emergencia, a través de las radios y centrales de comunicación. Según el comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, ese día la comunicación fue malísima, tanto por radio como por celular: «Los otros servicios (CONAF-SENAPRED) estaban ubicados en otras zonas. No supimos de ellos, al menos no en nuestra compañía», le dijo a La Tercera: otra constatación de una carencia básica advertida y presente en nuestro sistema de emergencia, falta de integración en las comunicaciones y la gestión. Es algo que personalmente hice presente en diversas oportunidades durante la discusión del proyecto de «nueva ONEMI» (hoy SENAPRED) en el Congreso Nacional, así como también el 3 de enero de 2017 en la Comisión de Agricultura de la Cámara —previo a los grandes incendios— y en la Comisión Investigadora con motivo de los incendios de la temporada pasada.

CONAF y SENAPRED son  organismos independientes entre sí, y tienen diferentes formas de actuar ante la crisis, lo que explicaría la falta de coordinación y gestión integrada. De todos modos, y dada la magnitud de la catástrofe, las fallas están hoy sujetas a una investigación reservada que inició el Ministerio Público.


DEFICIENCIAS REITERADAS
El escrutinio se ha instalado sobre el SAE, dejando al descubierto una serie de deficiencias que exigen una respuesta inmediata, pues la protección de vidas en este tipo de situaciones —que considera alertas y operaciones de evacuación— es la prioridad más básica de cualquier institución de emergencias; y, por cierto, del Estado. Sin duda, el SAE carece de estándares mínimos claros, propios de un sistema que no es normado. La resistencia para establecerlas ha creado un terreno fértil para errores y excusas, ante lo cual es inevitable cuestionarse: ¿qué sabemos realmente sobre el funcionamiento del SAE?; ¿está basado en conocimiento y constatación, o simplemente en propuestas que nunca se materializan?

La sensación actual es que nos encontramos técnicamente desprotegidos ante un sistema precario, que fue presentado por ONEMI y SUBTEL en 2014, con una inversión de $3.800 millones, y que terminó por transformarse en un mensaje al celular sin ser parte de un real sistema. Si bien el SAE establece lineamientos y asigna responsabilidades institucionales, bajo la gestión operativa de la institución especializada del Estado a cargo de las emergencias, su ejecución efectiva deja mucho que desear: falta de integración y fallas en las comunicaciones, el monitoreo, información, interoperabilidad de las comunicaciones en seguridad pública, y por cierto una correcta operación de evacuación. Todos, elementos básicos en cualquier sistema de emergencia.

Las consecuencias se hicieron evidentes en los efectos de la dramática temporada estival pasada y las lluvias catastróficas del invierno, todo lo cual quedó registrado en septiembre pasado en una Comisión Investigadora en la Cámara, a la que se presentaron los elementos de mejora para evitar nuevas crisis de tanto alcance. Ya allí se estableció que «SENAPRED mantuvo deficiencias a la hora de establecer informaciones de emergencia a través del SAE, dado que en dichas comunicaciones no se establecen elementos mínimos de evacuación ni etapas de avance de la emergencia, situación que debe ser abordada de manera integral para el combate y resguardo en incendios de esta naturaleza».

En esa Comisión se reveló que durante los eventos investigados se habían enviado 270 mensajes SAE, pero que «dada la corta extensión de los SMS, no contenían indicaciones de los lugares de evacuación». Si ya entonces la negligencia resultaba simplemente incomprensible, tanto peor que meses más tarde ésta se repitiera. Aquel informe advertía la necesidad de «mejorar y ampliar el sistema SAE a diversos medios electrónicos, como televisión y radio, permitiendo a través de comunicaciones audiovisuales dar a conocer el avance de los siniestros y las vías, tiempo y formas de evacuación».

En esa instancia también se definió la importancia de determinar el punto seguro y de escape para la población en riesgo, privilegiando la salida de menores, discapacitados y adultos mayores. Por todo ello, es inaceptable que este verano hayamos sufrido el impacto de un incendio cuya principal falla fue no hacer una correcta evacuación, convirtiéndose en el más mortífero en Chile y uno de los más mortíferos del mundo en este siglo.

INSTITUCIONALIDAD OBSOLETA
Aunque hace diez años la entonces presidenta Michelle Bachelet hablaba de una ONEMI con una estructura orgánica y funcional obsoleta, y proponía crear la Agencia Nacional de Protección Civil, los esfuerzos de reestructuración no han sido suficientes. De hecho, la actual institucionalidad sigue presentando las mismas deficiencias históricas del modelo de gestión de la ONEMI: no aborda adecuadamente las necesidades del país e insiste en un enfoque reactivo ante catástrofes, algo que hice presente durante la discusión de la nueva institucionalidad y en 2017, durante una intervención en la Cámara de Diputadas y Diputados, de manera previa a los grandes incendios.

Cuando las advertencias han sido ignoradas, como en tragedias recientes (posteriores a la de 2010), se deben asumir responsabilidades. Y aunque la falta de acción trasciende a los distintos gobiernos, recae en el actual. Ante esto, es vital poner de relieve la importancia de que los gobernantes dejen de lado la «escucha selectiva» de grupos cercanos y recurran a conocimiento técnico, pues los hechos han demostrado que se mantienen las debilidades presentadas en la Cámara, y que, a través de algunas de mis intervenciones, consideran elementos técnicos que por décadas han estado disponibles en el «emergency management» en todo el mundo. Solo en materia de integración tenemos retrasos que se acercan a un siglo, comparado con países desarrollados.

Aunque el SENAPRED declare que busca «ser una institución reconocida, robusta y confiable que lidere y promueva territorialmente el enfoque integral de gestión del riesgo de desastres para hacer de Chile un país más resiliente y sostenible», mantiene las deficiencias mencionadas.

Es decir, cambiamos todo para cambiar nada, y el costo es inconmensurable.

CONCLUSIONES
El Sistema de Alerta de Emergencias vigente en Chile presenta una inexcusable resistencia al cambio y la renuencia a adoptar las mejores prácticas y estrategias disponibles a nivel mundial (que se desprenden, por ejemplo, de experiencias internacionales tales como los incendios en California —incluso en tiempos tan lejanos como 1970— o recientes, como Hawái 2023). Las alertas fallan cuando la conectividad se ve comprometida, algo que ha sido expuesto y advertido en diferentes instancias, pero que lamentablemente se ignoró.

En efecto, las evacuaciones no se limitan a enviar un mensaje: son operaciones complejas que requieren coordinación e integración. No contar con un  modelo adecuado ha demostrado tener graves consecuencias.

Por ello, entre otras cosas es prioritario abordar las deficiencias en la comunicación de emergencias a través del SAE, garantizando que los mensajes que se emitan en el marco de operaciones de evacuación contengan información esencial para una acción segura y efectiva, y que exista la mayor cantidad de medios disponibles para replicarlo, pues la redundancia es otro elemento básico en comunicaciones. El SAE se ha convertido en un símbolo del fracaso de las políticas públicas sobre desastres, y sus efectos nos tienen conmocionados. Los eventos pasados, como lluvias catastróficas e incendios mortales, subrayan la urgencia de reformas en la gestión de emergencias, en todas sus fases.

Una comisión investigadora sobre incendios lo había confirmado ya hace meses, poniendo de manifiesto que estas reformas deben mandatar la integración, un modelo de comunicaciones adecuado, monitoreo y una óptima operación de evacuación, todo ello en un sistema que permita gestión, mando y control. Lo anterior, también asociado a la asignación de responsabilidades y rendición de cuentas, algo que, incomprensiblemente, a la fecha brilla por su ausencia.

Los masivos incendios que tanto nos golpearon hace poco más de un mes son testimonio de la persistencia de la debilidad institucional en materia de emergencias. Lo expusimos y advertimos en las instancias correspondientes. Ahora es imperativo que el gobierno actúe con determinación y urgencia. El Ministerio del Interior, a cargo del SENAPRED, debe liderar estas reformas, corrigiendo las deficiencias históricas y desempeñando un papel activo en una materia que es de seguridad pública. Ya es tarde para los fallecidos y miles de damnificados, pero debemos aprender, hacernos cargo y actuar para no seguir poniendo en riesgo la vida ni exponiéndonos a este nivel de destrucción.

Todas las medidas mencionadas deben ser implementadas a la brevedad. No se puede repetir una operación de evacuación fallida debido a que la institución especializada en emergencias del Estado cree que con un mensaje al celular es suficiente.