Exigir transparencia es un derecho

Solicitar información sobre los organismos e instituciones públicas y tener una adecuada respuesta es un derecho ciudadano que el gobierno debe resguardar, recuerda la siguiente columna para CIPER: «En sucesivas administraciones hemos podido observar que quienes quedan a cargo del aparato estatal no parecen asimilar que han sido elegidos como mandatarios de una soberanía que reside en la nación, y que por ello la ciudadanía se encuentra validada para conocer del quehacer público, ejerciendo un control eficaz; aunque a algunos les parezca, al menos, incómodo».

Contar con mecanismos y herramientas que permitan al ciudadano informarse de la gestión del gobierno y de los órganos del Estado busca prevenir actos de corrupción y  hacer efectiva la responsabilidad de las autoridades públicas. Esto fortalece el sistema democrático, acercándonos a lo que se ha venido en denominar como «gobierno abierto», conformado por tres principios: transparencia gubernamental, acceso a la información y rendición de cuentas. Estos permiten el control de la gestión pública por parte de la ciudadanía [CEPAL 2009].

Cabe preguntarse, entonces, cuál es el real interés de nuestros gobiernos en avanzar en materias de transparencia y cómo las instituciones públicas enfrentan esta línea de trabajo, que se asocia a la profundización de la democracia y es una de las herramientas que permite enfrentar la corrupción. Sobre todo, a la luz de recientes y preocupantes declaraciones del presidente del Consejo Para la Transparencia (CPT), Bernardo Navarrete, quien en entrevista de enero pasado aseguró que el Ejecutivo busca «debilitar nuestro control sobre las autoridades».

Recordemos que el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric señalaba —en su apartado «Un nuevo Estado democrático y moderno»— su compromiso con la difusión y promoción «del principio de transparencia, del derecho de acceso a la información y del rol del CPT como órgano garante», y que prometía buscar la modernización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, «terminando con los nombramientos políticos de las consejeras y consejeros, resguardando que no tengan conflictos de intereses y aplicando el sistema de ADP y la vinculación con el mundo académico. Por último, haremos un análisis técnico de la pertinencia de establecer en la Ley de Transparencia nuevas categorías de obligatoriedad de publicación, como por ejemplo los correos electrónicos de funcionarias/os públicos».

Sería preocupante constatar que, para los gobiernos, ideas como las anteriores fuesen solo parte del discurso político. Sin embargo, en sucesivas administraciones hemos podido observar que quienes quedan a cargo del aparato estatal no parecen asimilar que han sido elegidos como mandatarios de una soberanía que reside en la nación, y que por ello la ciudadanía se encuentra validada para conocer del quehacer público, ejerciendo un control eficaz; aunque a algunos les parezca, al menos, incómodo. Cabe recordar, además, que todo esto es parte de principios constitucionales, introducidos en reformas tales como la Ley N°º20050, reforma constitucional que incorpora principio de transparencia, y la Ley N° 20.285, sobre el derecho de acceso a la información pública y la creación del Consejo para la Transparencia, entre otras materias, las que cuentan con una planificación que puede revisarse en línea en el 6to Plan de Acción sobre Estado Abierto 2023-2027.

Todo lo anterior no ha impedido que el balance oficial sobre estos asuntos esté lejos de ser el óptimo. En su memoria institucional 2022 —la última publicada hasta ahora—, el CPT muestra una brecha entre lo comprometido y lo ejecutado a dos años de gestión del actual gobierno, dando cuenta de la importancia de avanzar en materias de transparencia. Se mencionan allí situaciones que han afectado la gestión del organismo, tales como demora en la tramitación de la reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública, y disminución de presupuesto anual desde el año 2021. Se suma a lo anterior, el resultado de fiscalizaciones a organismos públicos que han identificado un conjunto de instituciones públicas que son las más denunciadas por no hacer entrega de información; al año 2022: Servicio Nacional de Migraciones (4.484); Servicio de Registro Civil e Identificación (426); Policía de Investigaciones de Chile (207); Subsecretaría de Salud Pública (202); Gendarmería de Chile (164); Carabineros de Chile (146); Seremi de Salud Región Metropolitana (80); Subsecretaría del Interior (77); Municipalidad de Antofagasta (73). 

Así también, respecto de fiscalización realizada de cumplimiento de las normas sobre transparencia activa en los sitios electrónicos de las 39 subsecretarías de Estado, entre agosto y septiembre de 2023, se encontró que el cumplimiento promedio de las normas sobre transparencia activa alcanzó un 79,47%, siete puntos menos que en la última medición. Las subsecretarías de más bajo desempeño fueron: Interior, con un 59,21%; Trabajo, con un 56,35%; y Pesca y Acuicultura, con un 54,87%, siendo las materias con más baja evaluación lo asociado a publicación presupuesto asignado y su ejecución (66,3%) y transferencias de fondos públicos (62,8%).
 
 

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En el cruce del año 2023 a 2024, el Consejo se mantuvo inactivo por la falta de un integrante (para un mínimo de tres que requiere para sesionar). Tal abandono aceleró los nombramientos una vez que se hizo público a través de la prensa. Lo ocurrido afecta la confianza del ciudadano en la instalación de una gestión transparente de las instituciones públicas, visualizándose ausencias del convencimiento de que el gobierno debe avanzar en esta línea de trabajo. Son señales que juegan en contra de la evaluación de la actual administración en la materia, pero que principalmente nos estancan y dificultan el avance en aspectos que se relacionan con el desarrollo de confianzas de la ciudadanía en lo público Quizás al hablar de «solicitudes de transparencia» y de los procedimientos asociados a su tramitación se olvida que detrás de cada solicitud hay personas que requieren la información, muchas veces para dar solución y/o seguir tramitación de un problema general o particular. Lamentablemente, lo que al parecer resguarda el aparato público en su gestión es principalmente el cumplimiento de plazos legales en la entrega de las respuestas, para así evitar posibles fiscalizaciones y sumarios que afecten al jefe de servicio y/o funcionarios asociados.    

El gobierno estará obligado hoy a volcarse sobre el tema y a dar señales de un real compromiso y avance con materias de transparencia en la gestión pública, potenciar el rol del CPLR —principalmente en lo asociado a una real autonomía que les permita fiscalizar— y lograr concretar medidas referidas a organización y gestión interna de todos los procesos que apunten a cumplir cabalmente con las directrices y normativas asociadas a la transparencia, poniendo en el centro el derecho del ciudadano a solicitar información y a tener una adecuada respuesta desde el aparato público. Proceder con denegaciones de información, más allá de las causales normadas por ley, hace pensar en un reconocimiento tácito de la existencia de posibles irregularidades, desvíos o falta de orden, seguimiento, procesamiento y/o conocimiento de la gestión asociada a la consulta.