Cohecho en Tribunal Tributario: la lista de los peritos en la mira de la fiscalía

Son cinco los expertos tributarios que alguna vez colaboraron en investigaciones lideradas por el juez del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, Óscar Meriño -actualmente imputado por cohecho-, y que ahora están en la mira del Ministerio Público. La lista de los cinco peritos, más el juez, fueron incluidos en la denuncia anónima que abrió la indagatoria de la fiscalía. Según esa denuncia, existían pagos a Meriño a cambio de fallos favorables a las empresas. Un testigo de la causa declaró que se hacían traspasos de dinero a través de una sociedad de dos familiares del magistrado. CIPER rastreó la participación de los peritos en 16 causas del tribunal y detectó que, en 15 de ellas, Meriño falló a favor de las empresas que contrataron los peritajes. Además, la fiscalía indaga por lavado de activos a la pareja del juez, Auddy Graterol.

Una de las líneas que abrió el Ministerio Público en su investigación por cohecho en contra del juez del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, Óscar Meriño, involucra a cinco peritos judiciales que emitieron informes en causas sentenciadas por el magistrado. 

Lo que investiga la fiscalía es si existieron pagos al juez, o a otros funcionarios del tribunal, que puedan haber influido en las decisiones tomadas por el magistrado, las que tienen el poder de ratificar o anular cobros imputados a los contribuyentes por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Según la denuncia anónima que desencadenó la investigación, existían pagos a través de los peritos. 

CIPER accedió a la lista de los peritos investigados bajo la figura de prevaricación judicial, y comprobó que, de las 16 causas en que participaron elaborando informes tributarios, 15 terminaron con sentencia a favor del reclamante (parcial o completa) y solo una con resolución en contra. Todas esas sentencias se promulgaron desde 2021 en adelante.

Las sentencias revisadas para este reportaje son las que aparecen disponibles en la web de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y que mencionan los nombres de los peritos que colaboraron en la indagatoria. Es posible que existan otras causas donde los peritos hayan participado. 

Los profesionales investigados son Sergio Castro Rivera, Teresa Gaete Navarro, José García Donoso, Fernando Saavedra Estay y Lorenzo Garrido Castañeda. A ellos se suma la pareja de Meriño, Auddy Graterol, quien está denunciada por presunto lavado de activos. Todos ellos fueron incluidos en la denuncia anónima que gatilló la apertura de la investigación judicial. 

Contactados para este artículo, los profesionales que hoy están bajo la lupa del fiscal Jaime Retamal descartaron cualquier irregularidad en sus designaciones o en el resultado de sus informes técnicos. Además, afirmaron que fueron requeridos en la investigación administrativa que se abrió contra Meriño, a cargo de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero que no han sido notificados en la causa penal.

LAS DENUNCIAS DEL SECRETARIO

Las sospechas sobre el nombramiento “a dedo” de los peritos tienen asidero en varios antecedentes recopilados por el Ministerio Público. Uno de ellos, es la declaración que entregó en noviembre pasado el abogado del Segundo TTA -Secretario Titular y actual juez subrogante- José Guerrero Uriarte, cuyo testimonio fue revelado por Interferencia.

Según Guerrero, los funcionarios del tribunal sabían que Meriño seleccionaba a los expertos que emitían informes en causas que estaban bajo su revisión, supuestamente, a cambio de dinero: “Aquí lo que está pasando es que Óscar (Meriño) está recibiendo pagos de los peritos que él nombra”. El abogado agregó que esos pagos se realizaban a través de una sociedad de dos familiares de Meriño, en la que el juez no tendría participación. 

¿Qué ganaban los peritos con esta asociación? La respuesta podría estar en los honorarios que acordaban junto con los reclamantes: desde 200 hasta 1.000 UF por cada trabajo, según el abogado (entre $7.359.400 y $36.797.000 según el cambio del 1 de enero de este año).

Guerrero también afirmó que Impuestos Internos estaba al tanto de estas presuntas irregularidades, pero que el organismo no las investigaba porque el juez gozaba “de una red de protección” en esa institución.

Tal como ocurre en los tribunales ordinarios, los peritos deben ser especialistas en la materia por la que se les contrata y su objetivo es proveer información técnica dentro de la causa. La sospecha del Ministerio Público es que algunos trabajos no cumplieron con esos estándares y, más bien, obedecieron a intereses pactados entre Meriño, los expertos y las empresas reclamantes.

Una de las tesis que se baraja es que estos peritos estaban vinculados a Meriño a través del Centro de Estudios Fiscales SpA (Cenfi), una sociedad que constituyó el juez en 2017 junto con el contador auditor Ramón Paillán y bajo la cual impartieron diversos seminarios y diplomados sobre regulación tributaria. 

CIPER revisó los cursos que allí se dictaban y entre los docentes no figura ninguno de los expertos que sigue el Ministerio Público –donde sí destaca, por ejemplo, el exsubdirector jurídico del SII, Gonzalo Torres–. Sin embargo, Guerrero abrió otra puerta cuando declaró que Meriño “tiene una fundación en la cual preparaba peritos” para reclutarlos en el Segundo TTA e involucrarlos en su red de corrupción. 

Esa fundación correspondería a Fiscalidad y Justicia, donde la pareja de Meriño, Auddy Graterol, se desempeñaba como jefa de litigación. 

El pasado 22 de noviembre la PDI allanó las oficinas del Segundo TTA de la Región Metropolitana, ubicadas en el centro de Santiago. En esa diligencia, también se solicitó acceso a los correos electrónicos del juez Meriño y otros tres funcionarios indagados (vea reportaje de CIPER “Fiscalía abre investigación por cohecho contra juez y tres funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros”).

CIPER envió diversas consultas al juez Meriño sobre su relación con los peritos investigados. A pesar de que él solicitó que las preguntas se canalizaran a través de su abogada Diana Venegas, hasta el cierre de este artículo no enviaron ninguna respuesta y dejaron de responder el teléfono. 

También intentamos contactar a su pareja, Auddy Graterol, a través del Instituto de Formación en Derecho y Tributación, formado en 2023 por la abogada. Sin embargo, se nos indicó por teléfono que no tenían relación con ella. Luego, cuando insistimos en su conexión con Graterol mencionando el acta de constitución del centro, bloquearon nuestros mensajes.

LOS PERITOS Y LA PAREJA

De los cinco profesionales que están en el radar de la fiscalía, el que acumuló la mayor cantidad de informes fue Sergio Castro Rivero, quien participó en siete causas que estaban bajo la revisión del juez Meriño, todas con sentencia emitida entre 2021 y 2023. De ellas, solo una fue fallada a favor del SII, cuatro fueron sentenciadas completamente en favor de los reclamantes y en otras dos el magistrado resolvió dar la razón de manera parcial a los contribuyentes (“ha lugar en parte a la reclamación”).

Contactado por CIPER, Castro afirmó que se desempeña como perito “desde hace más de 40 años” y que “nunca nadie me ha dado instrucciones de cómo hacer mis informes, directa ni indirectamente”.

Respecto del juez Meriño, Castro señaló que solo lo conoció por sus labores como máximo funcionario del Segundo TTA de la Región Metropolitana y que nunca compartió en otras instancias con él.

“Si alguien tiene dudas sobre mi trabajo, ya sea porque coinciden o no con lo que sostienen los reclamantes, están los informes y los documentos como prueba”, agregó. Castro, contador auditor de profesión, también dijo que a comienzos de enero fue requerido por el fiscal que lleva la investigación administrativa sobre Meriño, pero que no ha sido notificado por el Ministerio Público en la indagatoria penal del caso.

Teresa Gaete Navarro es la segunda perito a la que la fiscalía le sigue la pista. Acumuló participaciones en cinco causas distintas, con un desempeño muy positivo para los reclamantes que solicitaron sus informes: el juez Meriño sentenció a favor de los contribuyentes en todos los casos (tres de manera completa y dos “en parte”). Todas las sentencias se emitieron entre 2021 y 2022. 

Según su LinkedIn, Gaete trabajó entre 2003 y 2011 como fiscalizadora del SII. De ahí comenzó una ascendente carrera en el mundo privado, con pasos por la auditora Deloitte y Enap (donde trabajó como Directora de Impuestos y fue registrada como lobbista de la entidad). CIPER se contactó directamente con la perito, quien nos derivó con el abogado Marco Romero. Hasta el cierre de este artículo, nuestras preguntas no fueron contestadas.

El tercer perito de interés para la investigación es José García Donoso, quien emitió tres informes en tres causas distintas, sentenciadas a favor de los reclamantes en enero, junio y octubre de 2021, respectivamente.

Al igual que Castro, García dijo que prestó declaración en el proceso administrativo pero que no ha sido contactado para la indagatoria penal. Sobre su relación con Meriño, contestó:

-Nunca lo he visto en persona y solo lo ubico por sus funciones como juez del Segundo TTA de la región. Tampoco conozco a su socio de Cenfi SpA. Solo me enteré de la investigación cuando CIPER publicó un reportaje a fines del año pasado.

Lorenzo Garrido Castañeda, el cuarto profesional investigado por prevaricación judicial, contestó en la misma línea: “A mí me citó el fiscal de la causa interna hace una semana y media, donde tuve que responder algunas consultas sobre el juez Óscar Meriño. Tal como comenté en esa instancia, no lo conozco personalmente y mi nombramiento como perito cuenta con todos los procedimientos legales que se requieren”. Garrido participó en una causa sentenciada en septiembre de 2022 a favor del reclamante Comercial Kendall Chile Limitada.

El último profesional de la lista es Fernando Saavedra Estay, quien emitió un informe a solicitud de la farmacéutica Sanofi Pasteur S.A en medio de su pugna legal con el SII. Esa causa se cerró el 1 diciembre de 2023, cuando Meriño ya estaba fuera del tribunal por la causa que indaga el Ministerio Público. Quien falló a favor del SII fue José Antonio Guerrero, el juez subrogante y quién declaró contra Meriño en la causa que lleva adelante la fiscalía.

Saavedra fue el único de los cinco peritos que dijo conocer al juez más allá de su labor como magistrado del Segundo TTA, ya que fue su alumno en uno de los diplomados que impartía en la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

Además, Saavedra fue compañero de curso del otro socio de Cenfi SpA, Ramón Paillán, con quien realizó la tesis para optar al grado de magíster en Tributación en la Universidad de Chile.

El perito dijo a CIPER que “no estaba al tanto de que ambos eran socios en Cenfi o en cualquier otra sociedad. De la misma manera, me enteré por el reportaje anterior que el juez estaba siendo investigado por cohecho. Puedo afirmar que nunca he recibido presiones para favorecer o desfavorecer a un reclamante”.

Saavedra también confirmó que prestó declaración en la investigación administrativa hace unos días, y que no ha sido citado por el fiscal Retamal para hacer lo propio en la causa penal.

El caso de Auddy Graterol es distinto. La abogada venezolana, pareja de Meriño, fue denunciada por presunto lavado de activos. 

En LinkedIn, Graterol señala que trabaja como procuradora en Landa Asociados SpA. Esa sociedad, constituida por el contador auditor Ramón Paillán hace 15 años, cambió su nombre en 2018 a RPA Consultores SpA, por lo que seguramente se trata de un registro desactualizado. 

En 2021, RPA Consultores SpA fue multada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por diversas faltas cometidas en su auditoría externa a los estados financieros de Golf y Deportes Lomas La Dehesa S.A de 2015, 2016, 2017 y 2018. Entre otros puntos, la CMF impugnó que faltaron “antecedentes y papeles de trabajo en la preparación y el desarrollo de labores de auditoría, particularmente el objetivo de formar una opinión respecto a si los estados financieros se encuentran presentados razonablemente”. Paillán también fue multado en ese proceso (vea aquí la investigación completa de la CMF).

El nombre de Paillán está en manos de la Fiscalía desde que inició su investigación sobre Meriño. Principalmente, porque el contador auditor figura como socio del juez en el Centro de Estudios Fiscales (Cenfi), donde realizaban diversas actividades académicas relacionadas con normativas tributarias.

Meriño explotó su faceta docente y académica durante mucho tiempo. En octubre de 2022, por ejemplo, dictó una charla en la Universidad del Desarrollo (UDD) en calidad de titular del Segundo TTA de la Región Metropolitana.

En ese evento también participaron los miembros de la Fundación Fiscalidad y Justicia, una organización creada por Meriño y en la que Graterol se desempeñó como jefa de litigación. Ambos posaron en las fotografías que fueron publicadas por la página de la UDD.

El 6 de marzo de 2023, Graterol creó el Instituto de Formación en Derecho y Tributación SpA, cuyo objetivo sería el de impartir cursos de educación y capacitación. La inscripción de constitución de esa sociedad señala que la abogada es la gerente general, representante legal y única accionista del Instituto. Y, que en caso de cualquier diferencia que ocurra entre los futuros socios, el árbitro será Paillán.

EL ABOGADO TESTIGO

El abogado y juez subrogante del Segundo TTA, José Guerrero Uriarte, declaró como testigo el 21 de noviembre ante el fiscal Retamal. 

Guerrero comenzó su declaración afirmando que, pocos días antes de su comparecencia, tuvo una conversación con el secretario del tribunal, Felipe Muñoz Albónico, quien le comentó muchas de las irregularidades que hoy investiga el Ministerio Público en torno a Meriño.

Entre otras cosas, Muñoz le habría dicho a Guerrero que “hay funcionarios del tribunal que se han ido porque Óscar es corrupto”.

Una de las pistas más importantes que entregó Guerrero, es que el juez habría recibido pagos de los peritos que designaba a través de una sociedad constituida por su hermano y su mamá, en la que el magistrado no tendría participación.

La única empresa que cumple con esas características es Mejías San Martín SpA (más conocida por su nombre de fantasía, Rivas&Holtegel SpA). Formada en junio de 2021, cuenta con giros habilitados para la edición de libros, actividades de consultoría de gestión, venta al por menor por correo, internet y vía telefónica, y “otros tipos de enseñanzas”, mientras que sus redes sociales son utilizadas principalmente para difundir los cursos que dictaba Meriño y su programa Tax Show.

Guerrero aclaró que no le consta que “se le haya pagado a Óscar Meriño a través de la sociedad” de sus familiares, y que las pericias efectivamente se llevaban a cabo a cambio de honorarios que fluctuaban entre siete y $36 millones.

El abogado también sostuvo que “esta irregularidad de los pagos de los peritos a Óscar Meriño al parecer se da con mayor frecuencia cuando el tribunal lo decreta como medida para mejor resolver”, es decir, cuando el juez solicitaba la diligencia al estimar que faltaban elementos para dictar su sentencia.

Incluso, Guerrero detalló que una funcionaria del TTA le había comentado en más de una ocasión que Meriño solía pedir un informe pericial contable como medida para mejor resolver “pese a que la causa no lo necesitaba”, o cuando esta solicitud parecía ser “una pérdida de tiempo”. 

Por último, señaló que el juez “tiene una fundación en la cual preparaba peritos” con la finalidad de reclutarlos en su red de corrupción. Aunque no entregó el nombre de esa organización, los dardos apuntan a Fiscalidad y Justicia, la misma donde trabajaba su pareja Auddy Graterol.