Correos muestran que el SLEP de Colchagua desvió $2.253 millones para financiar indemnizaciones por despidos ilegales

En correos y antecedentes presentados de tutelas laborales, abogados de la Unidad Jurídica y otros funcionarios del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Colchagua acusan que -sin informarles- la dirección de ese servicio desvió recursos para pagar más de $2.253 millones en indemnizaciones por despidos de docentes, los que fueron declarados ilegales por Contraloría. El ente fiscalizador ordenó recontratarlos. CIPER accedió a correos que detallan cómo el suspendido director ejecutivo, Óscar Fuentes Román, instruyó a su círculo cercano para utilizar esos recursos en las indemnizaciones, aunque había sido informado de que no podía hacerlo. Ese grupo ya había trabajado en la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun) y es reconocido por su relación con administraciones de derecha. La Fiscalía ya inició una investigación.

*Lea aquí la carta enviada por Óscar Fuentes Román a raíz de este artículo y la respuesta de CIPER

A finales de marzo de 2022 las alarmas al interior del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Colchagua sonaron: se habrían desviado más de $2.253 millones para pagar indemnizaciones por el despido de 378 docentes y asistentes de la educación. Así, se utilizaron los recursos de distintas subvenciones escolares que se encontraban en el saldo final de caja, el que no puede ser utilizado ni destinado a pagar indemnizaciones, salvo que se realice una modificación presupuestaria con anterioridad. Pero esa salvedad no había sido tramitada a tiempo por el SLEP, por lo que el procedimiento no se ajustaba a la normativa.

Las indemnizaciones no tardaron en ser objetadas por la Contraloría Regional de O’Higgins, que el 31 de mayo de 2022 concluyó que el SLEP de Colchagua debía reincorporar a todos los funcionarios despedidos, además de pagar las remuneraciones que no habían recibido por el tiempo que estuvieron sin trabajo.

Durante el proceso de desvinculaciones, el servicio habría emitido resoluciones con razones de despido que no se ajustaban a la realidad: se terminó relación laboral con un maestro por el fin a su nombramiento como director, aun cuando nunca había ejercido ese cargo, así lo detalla un dictamen de Contraloría (vea ese dictamen); dos asistentes de la educación fueron desvinculadas por “ajuste de dotación”, pero meses atrás la dirección ejecutiva del SLEP afirmaba en entrevista con una radio local que jamás se cerrarían colegios y que la matrícula estaba aumentando; y otro profesor solicitó su despido para recibir el pago de la indemnización, según se detalla en correos enviados por el mismo docente a funcionarios del servicio.

Luego de los despidos, el Servicio incumplió el pago de las cotizaciones previsionales de múltiples docentes y funcionarios, lo que llevó al SLEP a acumular demandas que arrastraron multas e intereses que llegaron, incluso, a los $300 millones.

El diputado Eduardo Cornejo (UDI), miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y parlamentario por ese distrito, dijo a CIPER que según reuniones que ha sostenido con funcionarios del SLEP “el servicio local tiene un déficit aproximado de $4 mil millones”.

De acuerdo con correos electrónicos intercambiados por funcionarios del servicio, la decisión de desviar recursos fue tomada por el -ahora suspendido- director ejecutivo, Óscar Fuentes Román, junto a funcionarios de su confianza, aquellos con los que había trabajado años atrás en la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun) durante la administración de Eduardo Soto Romero (UDI).

Fuentes Román fue informado que los pagos podían ser cuestionados. El 18 de febrero de 2022, Fuentes despachó dos correos a Carlos Poblete Lagos, subdirector de Finanzas del SLEP; Vanessa Valenzuela Allende, jefa de gabinete; y Paola Jiménez Herrera, encargada de Gestión Financiera del servicio. En el primer email, despachado a las 16:59 del día, el entonces director ejecutivo, les envía dictámenes de Contraloría sobre órdenes que se consideran contrarias a la ley y formas en que podrían proceder para no tener responsabilidad en la decisión de usar saldo final de caja. A las 17:21 llega el segundo correo, en ese mensaje les envía el modelo para librarse de responsabilidad administrativa ante posibilidad de auditoria.

Por las irregularidades detectadas en el SLEP, se abrió una investigación en la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, la que trabaja junto a un equipo especial de la PDI. La indagatoria es liderada por el fiscal jefe de Rancagua, Javier Von Bischoffshausen.

Según el informe final de la Contraloría, emitido luego de auditar a este servicio, los pagos a funcionarios que fueron objetados significaron el desvío de más de $1.638 millones del Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, además de recursos del PIE que son usados en estudiantes con necesidades especiales; Subvención de Mantenimiento; Subvención General y de la Subvención Pro-Retención, que se entrega a estudiantes con familias de extrema pobreza y vulnerabilidad (vea Informe de Contraloría).

Fuentes se encuentra suspendido de su cargo desde el 1 de marzo de 2023, mientras se desarrolla un procedimiento de remoción en la Dirección de Educación Pública (DEP). Consultados para este artículo, desde la DEP -dependiente del Ministerio de Educación-, señalaron a CIPER, que el proceso “se encuentra en etapa indagatoria. La que se extenderá hasta que el fiscal dé por cerrada la investigación, con anterioridad a la eventual formulación de cargos, momento en que el expediente sumarial deja de ser secreto para el sumariado y su abogado” (vea respuesta completa DEP).

Para este artículo, CIPER revisó los antecedentes de al menos 15 demandas laborales que funcionarios del mismo servicio, docentes y asistentes de la educación han presentado contra el SLEP de Colchagua. Además, contactó a maestros que fueron despedidos, a María Hermosilla, funcionaria de la Unidad Jurídica que prefirió omitir comentarios y otros trabajadores del SLEP que pidieron reserva de identidad por temor a represalias. Así, CIPER reconstruyó este historial de irregularidades.

LOS PRIMEROS CORREOS

El 16 de febrero de 2022, Fuentes Román envió un email al entonces jefe de la División de Acompañamiento y Control Financiero de la DEP, Sebastián Uribe Estela; al subdirector de Administración y Finanzas del SLEP, Carlos Poblete Lagos, y a la encargada de Finanzas del SLEP, María Gutiérrez Osorio. El correo iba, además, copiado a Vanessa Valenzuela Allende y Paola Jiménez Herrera. En el mensaje queda de manifiesto que Fuentes decidió ocupar los recursos del saldo final de caja, aunque se le había informado que no podía hacerlo:

“Con profunda sorpresa, me entero por tu correo, que aún no hay modificación presupuestaria y que además no podríamos utilizar los recursos de saldo de caja que quedó producto de no haber podido ejecutar las desvinculaciones en diciembre 2021. A este respecto y dada la complejidad del tema (…), es que he resuelto utilizar los recursos recibidos del FAEP adicionando a ello lo necesario desde el saldo final de caja 2021, para cubrir todas las indemnizaciones programadas” (vea esa cadena de correos).

El cómo se pagarían esas indemnizaciones quedó entre cuatro paredes. Según correos intercambiados por funcionarios del Servicio y una carta de renuncia de un extrabajador (vea esa carta), Fuentes Román se encargó de no compartir esa información con la Unidad de Planificación -que emite los certificados de disponibilidad presupuestaria-, ni con la Unidad de Procesos ni con los encargados de Jurídica del servicio, que velan por la legalidad de todos los actos, y que en este caso visaron todas las resoluciones de despido.

En un correo electrónico, enviado el 1 de abril de 2022, una de las abogadas del SLEP, María Hermosilla Vásquez -que actualmente mantiene una tutela por vulneración de Garantías Constitucionales contra el servicio-, le pregunta a un funcionario de Planificación del SLEP cómo habían sido pagada las indemnizaciones si no existía disponibilidad presupuestaria:

“De tu correo se desprende que no estaba el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestaria para los pagos de las indemnizaciones, ya que se estaría solicitando ahora. ¿Cómo se hizo el pago? Porque no puede realizarse ningún movimiento sin haber comprometido previamente el presupuesto”.

En ese mensaje, la funcionaria asegura que para aprobar el modelo de resolución exenta (Rex) que concretaban el pago de indemnizaciones a los profesores y docentes de la educación desvinculados, consultó por la existencia de presupuesto a la Unidad de Gestión de Personas, quienes le afirmaron, según relata en el correo, que los recursos de 2022 habían llegado:

 “Cuando se subió a jurídica un modelo de Rex ellas contenían un error y ese error era que tenían en los vistos la Ley de Presupuesto 2021, y yo expresamente consulte a Gestión de Personas si los recursos habían llegado 2021 o 2022, indicándome por parte de la subdirectora de esa unidad, que habían llegado 2022, por ende, existía la disponibilidad presupuestaria” (vea esa cadena de correos).

Según se detalla en los correos y documentos presentados ante la justicia laboral, a algunos funcionarios se les dijo que los recursos del Fondo de Recuperación a la Educación Pública (FRAEP) -que sí se puede utilizar para pagar indemnizaciones- habían llegado y que existía la disponibilidad presupuestaria para pagar a los docentes. Lo cual era mentira.

Consultada para este artículo, María Hermosilla, miembro de la Unidad Jurídica del SLEP, señaló que prefiere “no detallar los hechos descritos en la tutela, a efectos de que sea el Poder Judicial quien dirima de conformidad a su criterio y al mérito de los antecedentes”.

El 30 de enero de 2023, la Contraloría respondió a una denuncia anónima que afirmaba que los fondos de la Subvención Pro-Retención no estaban siendo usados. Ese dinero se otorga a los estudiantes que hayan asistido regularmente a clases y cuyas familias se encuentren en condición de extrema pobreza y vulnerabilidad. De los 12 mil estudiantes bajo la administración del SLEP de Colchagua, alrededor del 75% pertenece a familias vulnerables, según indicaron a CIPER funcionarios del mismo servicio que tienen conocimiento de los recursos de las subvenciones.

La Contraloría concluyó que los $177 millones de esa subvención no habían sido ocupados en los estudiantes como establece la normativa, a pesar de que figuraban rendidos en 2021. En el saldo final de caja 2021 también se encontraban esos $177 millones, dinero que se desvió al pago de las indemnizaciones.

Para este artículo se le preguntó a Óscar Fuentes Román si había informado a los funcionarios de su Unidad de Planificación, Jurídica y de Procesos por la forma en que se realizó el pago de las indemnizaciones. Al respecto, el -suspendido- director ejecutivo, señaló que “no era efectivo” que no había informado a esos funcionarios.

– ¿Pero hay correos electrónicos en las tutelas presentadas a la justicia laboral que muestran lo contrario?

– Sí, pero no es efectivo. Lo vamos a demostrar en juicio.

EL CÍRCULO DE FUENTES ROMÁN

Fuentes Román fue suspendido de su cargo en marzo de 2023. Desde esa fecha la Dirección de Educación Pública mantiene una investigación sumaria para determinar si debe ser removido. Eso sí, Fuentes continúa gozando de su remuneración. Su último sueldo registrado en Transparencia es de diciembre de 2023 y superó los $8 millones líquidos.

De profesión contador auditor, no es su primera aproximación con la educación pública. En 2008 llegó a la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun) como mano derecha del recién asumido alcalde Eduardo Soto Romero (UDI). Allí ocupó el cargo de secretario general de la Cormun, periodo durante el cual ejerció la administración de todas las áreas de la corporación, entre ellas, educación.

En su paso por esta Cormun fue cuestionado por distintas irregularidades: en 2011 el Sence aplicó a la corporación una millonaria multa por falsificación de datos de asistencia a cursos ofrecidos por una Otec. Y por esas mismas fechas, como secretario general de Cormun, enfrentó una polémica por no transparentar los honorarios de los funcionarios y los contratos de las compras hechas por la corporación, a pesar de la existencia de una resolución del Consejo por la Transparencia (vea ese documento).

En la Cormun, Fuentes trabajó junto a quienes se encuentran copiados a los correos que despachó en el SLEP de Colchagua con la decisión de usar los recursos del saldo final de caja: María Gutiérrez Osorio, Vanessa Valenzuela Allende, Paola Jiménez Herrera y Carlos Poblete Lagos. Con este último, Fuentes ha compartido más que el lugar de trabajo. En 2016 constituyeron la firma “F&P AUDITORES CONSULTORES LIMITADA”, que luego disolvieron en enero de 2020. Mismo mes en que Fuentes fue nombrado director ejecutivo del SLEP por Alta Dirección.

La senadora Alejandra Sepúlveda (FVRS), que denunció las irregularidades detectadas en el SLEP ante Contraloría, sostiene que los procesos de nombramiento a través de la “Alta Dirección Pública tienen muchos defectos, no te permite elegir a la mejor persona. Él (Fuentes) no es una persona del área de educación”. La parlamentaria agrega que la designación de Fuentes “fue más bien una decisión política que se tomó en esos minutos, porque él fue nominado en el gobierno anterior. Y uno tenía la sensación de que preferían que fracasara el SLEP, y hoy tenemos las complicaciones que vimos”.

Pero el currículum de Fuentes Román es más extenso. En 2018, durante el segundo gobierno de Piñera, fue nombrado seremi de Educación, cargo que ejerció hasta asumir la dirección ejecutiva del SLEP.

Carlos Poblete, por su parte, luego de dejar la Cormun, entre enero de 2019 y diciembre de 2020, se desempeñó como jefe de la División de Administración de Finanzas en el Gobierno Regional de O’Higgins (GORE) -en ese entonces Intendencia-, que en ese periodo lideraron dos UDI: Juan Manuel Masferrer, hoy administrador de la Municipalidad de Las Condes, y Rebeca Cofré.

Según registros de Transparencia, Poblete ejerció su cargo en el GORE en paralelo a su desempeño por Alta Dirección como subjefe de Administración y Finanzas del SLEP de Colchagua, al menos hasta diciembre de ese año. 

DESPIDOS ILEGALES

El 12 de enero a eso de las 10:30, Óscar Fuentes Román recibió en sus oficinas a un profesor de la zona. El docente, que pasaba por un difícil momento económico, le pidió a Fuentes que lo despidiera para poder recibir una indemnización. El relato del maestro quedó registrado en un correo que él escribió a funcionarios del servicio y se replicó entre varios de ellos. “Lo voy a ver con mi ejecutiva”, fue la respuesta que recibió de parte de Fuentes Román. El despido se concretó y, evidentemente, no tuvo una justificación administrativa. De hecho, la Contraloría constató que la causal de despido no se ajustaba a la realidad, aunque no reordenó el reintegro del profesor.

Según relató el docente en un correo enviado al SLEP, al día siguiente recibió un llamado de la misma ejecutiva: “Nos fue bien, le aprobaron los 11 meses de indemnización, va a sacar usted muy buena plata”. En esa misma llamada le entregó una fecha para ir al servicio a firmar su finiquito y retirar el cheque. Había sido despedido por “ajuste de dotación” (vea resolución de despido de ese docente).

Pero, al mes siguiente de que Contraloría declarara ilegal los despidos, el profesor solicitó su reintegro al servicio. Un correo enviado por una abogada de la Unidad Jurídica del SLEP, María Hermosilla, el 20 de junio de 2023, al director ejecutivo subrogante del servicio, Héctor Saravia, da cuenta de los hechos:

“El Sr. (…) me indica que no fue notificado para efectos de asistir a audiencia previa y que, asimismo, desea ser reincorporado en atención a los dictámenes de Contraloría».

 “Al solicitar a Gestión de Personas la información de sus notificaciones, me indican que él no forma parte del PAL (Plan Anual Local, en el que se establece la dotación docente del servicio) invalidado, toda vez que se le desvinculó por haber supuestamente llegado a un acuerdo con el director ejecutivo, para pagar sus deudas, siendo ese el motivo por el cual se le pagó indemnización. (…) Ello no puede ocurrir en un servicio público, nosotros no actuamos en base a la autonomía de la voluntad y tenemos norma expresa que nos rige en esta materia”.

Cuando CIPER consultó a Fuentes Román la razón por la que decidió despedir al profesor, aun cuando aquello era contrario a la normativa, sostuvo que “hay casos sociales que también hay que tomar en cuenta. Aunque ninguno de ellos estaba en el Plan Anual”.

Benjamín Araneda es otro profesor que fue desvinculado y, en conversación con CIPER, acusó que en su caso también se utilizó un fundamento legal que no corresponde a la verdad. El 3 de mayo de 2023 la Contraloría Regional emitió un dictamen en el que ordenó el reintegro de Araneda al servicio porque al despedirlo, el SLEP argumentó que ponía fin a su nombramiento como director de colegio, aun cuando nunca ejerció ese cargo, sino el de profesor encargado, figura similar a la de un director, pero no es designado por concurso y tampoco tiene responsabilidad directiva (vea ese documento).

“A mí me despidieron porque me negué a poner cuatro nombres (de profesores o asistentes) a disposición de ellos para que los desvincularan. Pero, me tuvieron que reintegrar porque se me aplicó una norma que no correspondía. Y yo se lo había dicho a ellos, no me quisieron creer. Por lo tanto, me tuvieron que reincorporar”, dice Araneda a CIPER.

Por su parte, respecto a todos los despidos invalidados por Contraloría, Fuentes asegura que esas desvinculaciones corresponden a aquellas en que la DEP les recomendó no individualizar a los docentes, solo los antecedentes de su desvinculación (motivo del término de la relación laboral, establecimiento de trabajo, entre otros), porque de lo contrario, los maestros y asistentes de la educación sabrían que serían desvinculados antes de que se cumpliera el plazo legal para notificarles que su contrato finalizaba. Son al menos 182 los despidos invalidados por la Contraloría.

COTIZACIONES EN DEUDA

El 6 de abril de 2022, Óscar Fuentes Román respondió a una solicitud de transparencia que consultaba por información sobre el pago de las cotizaciones previsionales de las personas que habían sido despedidas. En ese documento, Fuentes señaló que “las cotizaciones previsionales de los docentes y asistentes de la educación que fueron desvinculados de los establecimientos educacionales dependientes del Servicio Local de Educación Pública de Colchagua se encontraban total e íntegramente pagadas a su respectiva institución previsional” .

Más de un año y medio después, el 9 de noviembre de 2023, Héctor Saravia, director ejecutivo subrogante, envió un oficio al jefe del Centro de Gestión Regional de Fonasa O’Higgins, en el que solicitaba una rebaja en los intereses y multas respecto a la deuda por el pago de cotizaciones. Según ese registro, a esa fecha, la deuda con los funcionarios que se encontraban afiliados a Fonasa superaba los $25 millones (vea ese documento).

Pero el monto bruto es mucho más alto. De acuerdo con un oficio enviado por Carlos Poblete a Jaime Veas Sánchez, entonces director de la DEP, la deuda en octubre de 2023 alcanzaba los $300 millones.

Óscar Fuentes Román aseguró a CIPER que al momento en que contestó la solicitud por Transparencia, todas las cotizaciones que “correspondían” se encontraban pagadas: “No correspondían -en un principio, hasta que Contraloría nos contestó- aquellas en que estábamos pagando las cautelares en juicio”, dice refiriéndose a parte de las remuneraciones de los profesores que tampoco fueron pagadas por el servicio, como bonificaciones. Sobre esos montos, los tribunales laborales decretaron, como medida cautelar, que sí debían ser pagadas. “A mí, los abogados me dijeron que la cautelar no era una remuneración, era una medida judicial y por tanto no correspondía pagar cotizaciones”.

Poco más de un mes después de que Fuentes respondió la solicitud de transparencia, hay registro de un correo enviado en mayo de 2022, por uno de los abogados que trabajaba por ese entonces en el SLEP. En ese mail el profesional consultó a Fuentes por el pago de esas cotizaciones:

“Estimado, de acuerdo con lo conversado el día de ayer, reenvío correo electrónico donde se señala que no se habrían pagado cotizaciones por los montos de las medidas cautelares. Señalo nuevamente que dichas cautelares constituían remuneración, por lo que correspondía el pago de cotizaciones por ellas”.

En los tribunales de San Fernando, se han abierto al menos 15 causas por denuncias de 120 docentes y asistentes de la educación que no recibieron el pago de sus derechos previsionales.