La crisis migratoria no solo se trata de ingresos clandestinos

Cada inmigrante irregular en el país es una historia particular que obliga a abordar el conjunto de los casos con conciencia de su complejidad. No sirven ni los «perdonazos» generales ni las amenazas de expulsión sin base legal, recuerda en columna para CIPER un abogado especialista en el tema: «​Debemos entender que este asunto —que casi literalmente ha venido a tocarnos la puerta— es serio, y no es material para sacar réditos políticos ni realizar pactos de cuatro paredes entre los distintos poderes del Estado.»

Entre los esfuerzos del gobierno por enfrentar el tema migratorio —particularmente sensible hoy en ciertos sectores de la ciudadanía—, está lo expresado hace poco más de un mes por el presidente Gabriel Boric, cuando en un discurso de fines de noviembre en la Escuela de Suboficiales de Carabineros anunció que «a los extranjeros que estén en situación irregular y no hayan concurrido al empadronamiento voluntario, aún cuando no cuenten con una orden de detención en su contra, se les dictará el decreto de expulsión».

El denominado «empadronamiento voluntario» es un proceso por el cual los adultos que hayan ingresado al país por pasos no habilitados se inscriben con la finalidad de dejar un registro básico de sus datos personales y biométricos (especialmente, sus huellas dactilares). Se inició presencialmente en julio de 2023 y se extendió solo por unos pocos meses, por lo que todas aquellas personas que no hayan alcanzado a enrolarse arriesgan la expulsión anunciada por el Presidente.

El ingreso clandestino al territorio chileno no es un delito. Así lo ha entendido la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que en sentencia del 26 de octubre de 2023 [Amparo-1954-2023] señaló que «resulta necesario, para decretar la expulsión de aquellos que han ingresado clandestinamente al territorio nacional, que sean condenados por sentencia ejecutoriada y que hayan cumplido la pena que les fue impuesta…». Actualmente, se tramita en el Congreso un proyecto de ley que tipifica esta conducta y le asigna categoría de de delito (con penas de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 301 días; o multa de cinco a diez UTM), indicando además que «se procederá siempre a la expulsión del extranjero del territorio nacional una vez cumplida la pena».

De aprobarse este proyecto de ley, para realizar la expulsión de un extranjero de territorio chileno deberá existir un proceso previo y el cumplimiento de una pena, por lo que los dichos del presidente Boric vulneran los derechos fundamentales de los migrantes no sólo en la actualidad, sino que también en un eventual futuro bajo otra legislación. Más allá de las muchas opiniones que hoy concentra el debate sobre la crisis migratoria, sobre todo en el norte del país, resulta un mínimo que quienes participan en él se ajusten al marco legal vigente, sobre todo tratándose de altas autoridades. De lo contrario, lo que circulan son opiniones ajustadas a encuestas y con objetivos electorales. 

Los citados dichos del Presidente de la República motivaron, al día siguiente de ser emitidos, la presentación de un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en favor de la comunidad extranjera en Chile [Amparo-2984-2023]. Se solicitaba en él por un lado que el mandatario se retractara públicamente de sus dichos, y, por otro, el inicio de un nuevo proceso de inscripción al empadronamiento, el que debiera ser permanente para cumplir con su finalidad: mantener un registro exhaustivo de las personas que ingresan clandestinamente al país y sus datos biométricos. La Corte, sin embargo, consideró que el recurso presentado era «inadmisible», sin siquiera someterlo a tramitación, al no representar las declaraciones una amenaza a los derechos de los migrantes.

Un posterior recurso de apelación presentado para ser conocido por la Corte Suprema fue también rechazado (26.12.2023), sin argumentación detallada.

Como abogado en temas migratorios veo necesario hacer notar que ni las palabras amenazantes del Presidente, ni las resoluciones del máximo tribunal frente a ellas ni tampoco la renuencia del gobierno a un proceso de empadronamiento permanente de extranjeros en Chile son decisiones casuales. Es probable que lo que se intente por ahora sea un «perdonazo» migratorio, tal cual lo ha expuesto el ex director del Servicio Nacional de Migraciones Álvaro Bellolio, o que, al menos, se esté enfrentando el problema con medidas inmediatistas que le traspasarán el tema de fondo al gobierno siguiente.

Cabe recordar que ya en el gobierno de Sebastián Piñera existió un «perdonazo» similar para inmigrantes, lo cual vuelve muy poco decorosas las acusaciones unilaterales al respecto de ex autoridades de ese gobierno (como el propio Bellolio, quien en una desvergonzada columna afirma que la promesa de la actual administración de traer más trenes al país sólo se ha cumplido con el Tren de Aragua). Pero en un conflicto como este lo importante es el mensaje y no el mensajero.

En mi ejercicio profesional he conocido casos que desafían a la lógica, como el de un grupo de niños haitianos que fueron devueltos a su país de origen desde el Aeropuerto de Santiago, porque sus padres no pudieron comprar un pasaje aéreo dentro del plazo que se les otorgó para ingresar al país [ver reportaje en CIPER del 24.03.2023]. O el de un ciudadano argentino que vive hace más de cuarenta años irregularmente (con mujer, hijos y nietos chilenos), pues le ha sido imposible conseguir documentos tan antiguos. O el de un ciudadano dominicano, condenado en Chile por narcotráfico, que consiguió frenar su decreto de expulsión debido a que su mujer colombiana tuvo un hijo en Chile.

Estos y otros casos demuestran que el problema migratorio va mucho más allá del ingreso clandestino. Doy fe de que muchos de esos extranjeros que ingresaron por Colchane y otros pasos inhabilitados son personas honestas y trabajadoras, incluso profesionales que se vieron forzados a buscar un futuro mejor en un país cuyas autoridades buscan se les reconozca como progresistas y tolerantes. Asimismo, sé que existe un gran número de delincuentes que han atravesado las fronteras del país por esta vía, y de otros que lo han realizado como turistas, porque su nacionalidad se los ha permitido. La migración en Chile es caótica, partiendo por el mismísimo Servicio Nacional de Migraciones, que suma innumerables retrasos en la tramitación de diferentes visados y ha intentado ponerse al día de la peor forma, rechazando la residencia de miles de personas en forma errónea y/o arbitraria, por motivos burocráticos e incluso sobrevinientes por su propio retardo. Como país, debemos entender que este asunto —que casi literalmente ha venido a tocarnos la puerta— es serio, y no es material para sacar réditos políticos ni realizar pactos de cuatro paredes entre los distintos poderes del Estado. Solo entonces podremos tomar medidas serias, más enfocadas en el desarrollo del país y menos en el titular de la crónica roja.