Las interrogantes sobre la compra del comprimido de Pfizer contra el Covid cuyo contrato no se conoce

La adquisición de Paxlovid, el antiviral de Pfizer, se gestó bajo el gobierno de Piñera y durante la administración de Boric se adquirieron 3.700 unidades. Hasta hoy las condiciones acordadas, incluyendo el valor, permanecen bajo reserva. En la plataforma de Infolobby quedó registro de una reunión entre representantes de Pfizer y del ISP, donde escuetamente se dijo que “las cláusulas contractuales son similares a la vacuna Covid”. Tampoco hay indicios de que el Estado haya intentado acogerse a alguna de las fórmulas que le habrían permitido abaratar costos al acceder a versiones genéricas del fármaco.

El Paxlovid es un comprimido de la multinacional Pfizer para tratar los síntomas de Covid-19. En Chile se distribuye de manera gratuita desde 2023, luego de que el gobierno aprobara la compra de una solicitud de emergencia de 3.700 unidades en noviembre del 2022. Hasta ahora, no hay información pública sobre el valor que el Estado pagó por este medicamento ni las condiciones pactadas para su adquisición. Gran parte del proceso en torno a su compra permanece bajo reserva. Sí es de conocimiento que Pfizer y su competidora Merck, que también desarrolló un antiviral, comenzaron a negociar con autoridades nacionales en 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera. 

El 8 de marzo de 2022, tres días antes de que asumiera Gabriel Boric, cuatro representantes de Pfizer se reunieron con seis funcionarios del Instituto de Salud Pública (ISP). Lo conversado en esa cita quedó archivado en la plataforma Infolobby (vea ese registro). Allí, Ana María Karachon, presentada como la gestora de intereses de Pfizer, indicó que la compañía había negociado con tres subsecretarías, entre ellas la de Salud, y que “en enero (de 2022) se firmó un preacuerdo con el Gobierno de Chile”. El mismo registro indica que, ante la pregunta acerca de “los términos de adquisición con el Gobierno de Chile, suministro, cantidad, etc.”, la respuesta fue breve: “Las cláusulas contractuales son similares a la vacuna covid”. 

A casi dos años de esa reunión, también se desconocen los detalles del “preacuerdo” mencionado en la conversación sostenida en el ISP y que habría firmado el saliente gobierno de Piñera. No hay claridad respecto del día en que se cerró, qué autoridades participaron en la deliberación, si se tuvieron en cuenta otros medicamentos y cuál fue el valor acordado para su futura compra.

Contactado por CIPER, el Ministerio de Salud (Minsal) indicó, a diferencia de lo registrado en Infolobby, que el gobierno anterior no cerró un “preacuerdo”, sino un “primer borrador que se retomó por la nueva administración como base de las nuevas negociaciones que culminaron en un contrato” con Pfizer. La información que contiene ese documento, agregó la respuesta de la cartera, “está resguardada por una cláusula de confidencialidad con el laboratorio”.

Además de la escasa transparencia del trato con Pfizer, no hay indicios de que el Estado chileno haya intentado utilizar alguna de las dos fórmulas que permitirían contar con el medicamento a un costo mucho más bajo: aplicar una licencia obligatoria (limitar los derechos de patentes de Pfizer en Chile para poder comprar Paxlovid genérico a otras compañías) o incorporar a nuestro país al acuerdo que la compañía firmó con el Medicine Patent Pool (MPP), que permite que países autorizados por la misma empresa adquieran el fármaco en versión genérica (como ya lo hacen Bolivia y Venezuela).

En enero de 2023, dos diputados del Partido Republicano oficiaron al Minsal para que entregara copia del contrato que firmó el gobierno de Boric para adquirir las 3.700 dosis de Paxlovid. La cartera contestó solo a uno de ellos en agosto pasado, pero la respuesta no está disponible en la página de la Cámara por contener datos de carácter personal que deben mantenerse bajo reserva por ley. CIPER se contactó con el parlamentario que recibió ese documento, Agustín Romero, quien declinó compartir los antecedentes aduciendo la misma causa legal.

LA APARICIÓN DE PAXLOVID Y SU COMPETENCIA

Antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara alerta mundial por COVID-19, la comunidad científica ya había propuesto más de 50 moléculas que podrían ser medicamentos anti-coronavirus. Y, actualmente, de acuerdo con el Therapeutic Development Tracker, existen 168 compuestos químicos testeados clínicamente y 78 en fase preclínica que demuestran ser efectivos. Uno de ellos es remdesivir, un antiviral contra la hepatitis C que resultó ser tan popular contra el SARS-CoV-2 que incluso Donald Trump fue inyectado con él. Luego, cuando se hizo necesario desarrollar píldoras, las multinacionales Pfizer y Merck lanzaron su propio antiviral oral: Molnupiravir, con nombre comercial de Lagevrio, en el caso de Merck; y el Paxlovid de Pfizer, que es una combinación de nirmatrelvir y ritonavir. Se trata de fármacos caros. En Estados Unidos, cada tratamiento cuesta más de $460 mil.

Con el objetivo de comercializar sus productos en nuestro país, Pfizer y Merck comenzaron negociaciones con las autoridades en 2021. Si bien Paxlovid comenzó a distribuirse gratuitamente este año, no son de público conocimiento el monto que pagó nuestro país por el antiviral, las cláusulas establecidas entre Chile y Pfizer, y los detalles del “borrador”. 

Considerando sus diferencias en efectividad en tratar COVID-19 (90% versus 30%), es comprensible que Chile adquiriera Paxlovid y no Lagevrio. De hecho, las actas de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica (CNRP), la cual presidía la actual ministra de Salud, Ximena Aguilera, revelan que, luego de varias sesiones, el grupo de expertos recomendó el medicamento de Pfizer y no hubo discusiones en torno a otros antivirales disponibles. 

LA PELEA POR EL PAXLOVID GENÉRICO

Anticipando el desembolso para adquirir Paxlovid, el 6 enero de 2022 el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile junto a la Corporación Innovarte envió una carta al entonces ministro de Salud, Enrique Paris, solicitando flexibilizar la importación del antiviral a través de una licencia obligatoria. Es decir, que el Estado limitara los derechos de patentes de Pfizer en Chile y, acogiéndose al Derecho Internacional, pudiera comprar Paxlovid genérico a otras compañías. El Minsal aún no da respuesta a la solicitud del colegio.

Países como Israel, Alemania, Estados Unidos, Ecuador y Tailandia han hecho uso de licencias obligatorias para fármacos. Así, en enero de 2022, Innovarte intentó persuadir al futuro oficialismo de optar por versiones genéricas del antiviral. La ONG se reunió el 25 de enero de 2022 con la futura Ministra de Salud, María Begoña Yarza; tres días después con una asesora del diputado Tomás Hirsch (PH y finalmente con Juan Luis Castro (PS, entonces diputado y actual senador). En las tres reuniones la corporación apeló a la necesidad de contar con formas genéricas. Ya instalado el gobierno actual, en abril de 2022 Innovarte expuso en el Congreso sobre la posibilidad de adquirir Paxlovid genérico y en julio volvió a recurrir al Minsal, dirigiendo un escrito a la ministra Yarza y al subsecretario Cristóbal Cuadrado.

En noviembre de 2022, Innovarte entregó entrega una carta a Pfizer en la que solicitó incorporar a Chile en el acuerdo que esa empresa firmó con el Medicine Patent Pool (MPP), el que permite a países autorizados por la compañía a adquirir Paxlovid genérico de otras farmacéuticas. De ser posible, Chile podría importarlo desde territorios cercanos, como Brasil, e incluso apuntar a producirlo en territorio nacional. A su vez, Merck también selló un acuerdo similar con el MPP para su producto, Lagevrio, al que Chile tampoco se suscribió. 

Pfizer no ha contestado a la petición de incorporar a Chile al acuerdo con el MPP, en el que figuran países como Bolivia y Venezuela.

LAS GESTIONES DE PFIZER Y MERCK EN CHILE

En diciembre de 2021, Pfizer adquirió autorización de la FDA para comercializar Paxlovid. En Chile, para ese entonces, la administración de Piñera iba en retirada. Sin embargo, la multinacional alcanzó a convenir un “preacuerdo” (o “borrador”) con ese gobierno.

Durante 2022, Merck se reunió al menos en dos ocasiones con autoridades ministeriales: en mayo de ese año, con la Subsecretaria de Salud Pública, y en julio con la municipalidad de Huechuraba. En esta última cita, la empresa se acercó con la intención de presentar el fármaco al alcalde de la comuna, Carlos Cuadrado (PPD), que en ese entonces era presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM). Pese a estas gestiones, a la fecha no existen solicitudes de importación de emergencia revisadas por el ISP ni otros documentos públicos alusivos al producto de Merck.

Inicialmente, la solicitud de Pfizer fue rechazada por el ISP el 8 de julio de 2022. Pero, terminó siendo aprobada el 15 de septiembre, después de revisar una serie de documentos, entre ellos un oficio del subsecretario de Salud Pública fechado dos días antes: el 13 de septiembre. La resolución que otorgó la autorización (vea acá ese documento) tuvo en consideración “la intención del Ministerio de Salud de utilizar el producto farmacéutico en el tratamiento de la enfermedad por infección causada por SARS-CoV-2, en casos potencialmente graves”.

Luego de esta revisión, el ISP decretó en la resolución mencionada que “[se autorice] a Pfizer Chile S.A. a importar, según lo dispuesto en el artículo N° 99° del Código Sanitario, 300.000 comprimidos, del producto farmacéutico PAXLOVID COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 150 mg/100 mg».

"BORRADOR" DE CONTRATO

Para el cambio de mando, en marzo de 2022, Pfizer aún no lograba la aprobación para la importación de emergencia de Paxlovid. Tres días antes del comienzo de gobierno de Boric, la farmacéutica conversó con el ISP y “da[ba] cuenta de la negociación de la Compañía con el Gobierno de Chile para traer el producto antiviral al país. La intención es poner a disposición el antiviral lo más pronto posible. Con Chile han estado negociando con tres subsecretarías, entre ellas la Subsecretaría de Salud Pública y en enero se firmó un preacuerdo con el Gobierno de Chile… Las cláusulas contractuales son similares a la vacuna covid. La expectativa es contar con dosis a principios de marzo, existe un preacuerdo por un total de 10.000 tratamientos.”

Cinco meses después, en agosto de 2022, la diputada Ximena Ossandón (RN) le recordó a la entonces ministra de Salud, Begoña Yarza, el preacuerdo que Pfizer firmó poco antes de que Piñera abandonara el gobierno. El hecho ocurrió durante la interpelación a la que se sometió la extitular del Minsal. Estas fueron las palabras de Ossandón:

“Ministra (…) hemos sabido que durante la administración anterior se firmó un preacuerdo para comprar un medicamento antiviral, que está aprobado por las principales agencias regulatorias y que actualmente se usa en pacientes de mayor riesgo, en lugares como Estados Unidos, Reino Unido, España, Israel y otros”. 

Luego que Yarza replicara que no existía evidencia científica suficiente para recomendar el uso del fármaco, Ossandón insistió, aludiendo a la OMS e indicando que ese organismo “recomienda, encarecidamente -es la traducción-, el antiviral de Pfizer para personas con covid-19 no grave con riesgo de hospitalización. Es la Organización Mundial de la Salud; o sea, es bastante importante”.

Esto ocurrió un mes y medio antes de que el ISP finalmente aprobara la solicitud de Pfizer, aunque la adquisición del producto no se haría efectiva hasta 2023.

Paula Daza, exsubsecretaria de Salud Pública.

Se sabe que Paxlovid está registrado y codificado en el listado de fármacos de la CENABAST (con códigos ZGEN: 100001665 y ZCEN: 900001238, y un código de proveedor: 96981250), pero no se informan compras del producto en el portal de la central y aún se desconoce el monto pagado por Chile por la adquisición del fármaco.

CIPER se contactó con el Minsal para conocer más detalles sobre estas tratativas y su resultado. En su respuesta, el organismo indicó que “se ha adquirido sólo 1 vez (Contrato firmado el 29 de noviembre del 2022), con el objetivo de contar con una alternativa terapéutica para el tratamiento de COVID-19. Este medicamento se utiliza para pacientes con infección por SARS-CoV-2 no severa, con alto riesgo de evolucionar hacia un cuadro grave. Se compraron un total de 3.700 tratamientos. Los valores están resguardados por una cláusula de confidencialidad con el laboratorio”.

Consultado por los motivos técnicos que inclinaron la balanza en favor del producto de Pfizer por sobre otras opciones, como su competencia o alternativas genéricas, el Minsal indicó que “en la búsqueda de evidencia actualizada a octubre del 2022 realizada por el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Evidencia Clínica del Ministerio de Salud, se evaluaron 13 estudios en curso, entre ellos 2 de estos ensayos clínicos controlados, y se concluyó que el medicamento podría tener efecto en prevenir la progresión a enfermedad grave en personas adultas sintomáticas, no vacunadas con diagnóstico confirmado de infección SARS-CoV-2 leve a moderado y no hospitalizadas”.

Además, precisó que cuando el medicamento se lanzó al mercado, fue analizado por la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, “la que fue entregando recomendaciones a medida que la evidencia disponible avanzaba. Luego de varias sesiones, fue en la cita del 5 de agosto donde finalmente la CNRP recomendó la implementación de un protocolo de uso de Paxlovid con el fin de contar con alternativas farmacológicas para la población de riesgo”.

CIPER también intentó recabar más antecedentes sobre las gestiones iniciadas en 2021 con la exsubsecretaria de Salud, Paula Daza, quien no contestó nuestras consultas al cierre de este reportaje.

EL OFICIO DE LOS REPUBLICANOS

De acuerdo con el registro de audiencias públicas de la Cámara de Diputadas y Diputados, el 26 y 27 de enero de 2023, Pfizer se reunió con los parlamentarios Hernán Palma (PH) y Eric Aedo (DC), respectivamente. La intención era “informar sobre las perspectivas de acceso a los tratamientos de Pfizer para el Covid, tanto su vacuna bivalente como el antiviral Paxlovid”.

El mismo 27 de enero, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dio a conocer el documento denominado “Orientación Técnica sobre tratamiento con nirmatrelvir-ritonavir para personas con diagnóstico de Covid-19” (revíselo acá) y señaló que “esta Secretaría de Estado adquirió 3.700 estuches del producto farmacéutico”.

Semanas antes de que este documento estuviera disponible, la jefa de planificación del Minsal, Tania Herrera, en una reunión online de personas del sector Salud, informó sobre la adquisición de la píldora. En esa reunión se entendió que el Paxlovid no estaría disponible para establecimientos privados y de Fuerzas Armadas, por lo que el ministerio tuvo que aclarar el punto en sus redes sociales. 

Las palabras de Herrera repercutieron en la oposición. Dos parlamentarios del Partido Republicano, Agustín Romero y Benjamín Moreno, enviaron oficios con una carta dirigida a la ministra Aguilera y al contralor general, Jorge Bermúdez, expresando que excluir “a los afiliados a las Isapres y los usuarios de la red de salud de las Fuerzas Armada” sería “una discriminación arbitraria”. Los parlamentarios también pidieron que se “remita a esta Cámara copia de los contratos suscritos por el Estado de Chile con la compañía farmacéutica Pfizer para la adquisición del medicamento”.

El Minsal contestó en agosto pasado mediante dos respuestas que permanecen bajo reserva por contener datos de carácter personal. CIPER se contactó con el diputado Romero, quien recibió la copia del contrato que solicitó haciendo uso de su labor fiscalizadora. Sin embargo, declinó entregar más antecedentes, aduciendo que esa información se encuentra protegida por ley.