La ruta del fentanilo en Chile: las fugas desde laboratorios y hospitales que alimentan al mercado negro y al narcotráfico

El hurto de una ampolla de fentanilo desde el Hospital de Iquique hace algunas semanas fue pauta obligada en la prensa y en matinales. Las miles de muertes en Estados Unidos a causa de esa droga encendieron las alertas en Chile. La indagación del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP) de la Universidad Diego Portales, arroja que desde 2017 se sustrajeron al menos 199 ampollas desde hospitales y clínicas de la Región Metropolitana. No es todo. En 2021, el laboratorio Sanderson reportó el robo de 1,6 kilo de fentanilo desde su bodega y decenas de kilos de ketamina y morfina. El hecho no había salido a la luz pública y hasta ahora no hay rastro del botín. El laboratorio Biosano también registra robos de psicotrópicos y estupefacientes. Lo grave es que ya hay evidencia de decomisos de ampollas de fentanilo en poder de redes narco.

El convencimiento que hay es que estuvo dateado. Pasada la medianoche del 19 de septiembre de 2021, una camioneta traspasó sin dificultad el control de uno de los ingresos de la planta del laboratorio Sanderson –filial chilena de la compañía internacional Fresenius Kabi–, en la comuna de San Joaquín. El vehículo, que ingresó por el acceso de calle Pintor Cicarelli, era igual al que utiliza una unidad de la compañía para tareas de transporte. De él bajaron ocho personas armadas y con sus rostros cubiertos. 

Los ladrones redujeron a los guardias, trajinaron en las bodegas y se llevaron 224 kilos de materia prima y 41.800 ampollas de psicotrópicos y estupefacientes. No hubo heridos. El botín incluyó 52 kilos y 28.360 ampollas de ketamina –droga base para elaborar el Tusi–, 13.440 ampollas de petidina –analgésico para aplacar el dolor– y 54,9 kilos de morfina. 

No fue todo. Según lo reportado por el laboratorio, entre el cargamento sustraído también iba 1 kilo y 671 gramos de fentanilo de uso hospitalario, opioide sintético que desde hace un tiempo encendió las alertas entre las autoridades del país por los estragos que ha generado su consumo recreativo en Estados Unidos. El fentanilo que llega a las calles en ese país –aunque guarda el mismo principio activo– no es exactamente igual al de uso terapéutico, pues la llamada “droga zombi” se trafica procesada con precursores químicos y otras sustancias.  

Un gramo de fentanilo es 50 y hasta 100 veces más potente que la misma cantidad de heroína y de morfina, respectivamente. Se estima que una dosis de solo 2 milígramos puede ser letal. Su potencia adictiva y su precio más bajo de elaboración en comparación con otras drogas lo han convertido en uno de los productos de punta de carteles mexicanos y de redes criminales para su internación en el enorme mercado estadounidense. 

Llama la atención que la operación delictual que vulneró los controles de Sanderson –robo del que hasta ahora nada se sabía públicamente– aún no tenga culpables. El laboratorio no presentó querella por esos hechos. Lo grave es que del fentanilo sustraído no hay rastro. Tampoco de los otros medicamentos.  

Sanderson –laboratorio que en 2020 fue condenado por colusión en licitaciones públicas de medicamentos– ya había sido objeto de otro hurto en 2019. En agosto de ese año, informaron la sustracción de casi 7 kilos de ketamina. Pero no es el único al que le han robado productos farmacológicos.

Registros revisados para este reportaje muestran que Biosano –laboratorio también condenado por colusión en el mismo proceso que Sanderson– ha sido objeto de al menos cuatro eventos de este tipo. En 2010, le robaron ketamina y 100 ampollas de fentanilo. En 2017, volvieron a sustraerle fentanilo, aunque en sus reportes al Instituto de Salud Pública (ISP), organismo al que por ley deben informar de robos, hurtos o extravíos de sus productos, no precisaron la cantidad exacta. Y en 2020, y con solo días de distancia, otros dos robos terminaron con 128 kilos de ketamina en la calle. 

El fentanilo no desaparece solo desde los laboratorios. Cifras recopiladas para esta investigación con base en más de treinta solicitudes de Transparencia, indican que desde enero de 2017 a octubre de 2023 han sido sustraídas solo en la Región Metropolitana al menos 199 ampollas de fentanilo desde hospitales, clínicas y recintos de salud. Allí, se utiliza para tratar el dolor intenso post operatorio y en pacientes oncológicos en etapas avanzadas de su enfermedad. Pero no es solo fentanilo: en el mismo periodo, han sido sustraídas más de 547 ampollas de morfina. 

Las autoridades han insistido en que el fentanilo que circula fuera de lugares autorizados como laboratorios y hospitales, es solo el de uso clínico. Y hasta hace poco había sido así. Pero en noviembre de 2022 se incautaron 2 gramos y 380 milígramos de una sustancia rocosa de color verde de ese opioide, mezclado con cafeína y morfina. La droga fue ofrecida como muestra por un traficante colombiano en el café de un centro comercial del barrio alto de Santiago a dos agentes encubiertos de la policía que simulaban una compra de cocaína. 

Si bien en Chile no hay registro de que se esté fabricando fentanilo para uso recreativo, tampoco de niveles de prevalencia de su consumo, ese caso evidencia al menos un intento por introducirlo al mercado en mezclas refinadas de alta peligrosidad. También hay registro de que su fórmula de uso hospitalario no solo se ha utilizado para el consumo personal de quienes lo hurtan o sustraen, como el caso de un enfermero de la ex Posta Central que se inyectó una dosis en las dependencias del mismo hospital a fines de noviembre pasado; o para la venta directa en el mercado negro, tal como sucedió en 2021 con una técnica en enfermería que comercializaba jeringas vía Whatsapp.

Y si no es solo ahí, ¿dónde va a parar el fentanilo y otros estupefacientes robados de hospitales, clínicas, droguerías y laboratorios? Aquí hay un enorme punto ciego. Lo cierto es que una parte de esas fugas estarían abasteciendo a redes de narcotráfico para diversificar su oferta. En octubre de 2021, la policía detuvo a una agrupación criminal que operaba en el centro de Santiago distribuyendo marihuana, cocaína, éxtasis y fármacos bajo receta, como la fentermina y el clonazepam. Fueron allanados tres domicilios y en uno de ellos se encontraron 107 ampollas del opioide. 

Prueba de que el fentanilo de uso hospitalario circula desde hace años fuera de lugares controlados es que, según información obtenida vía Ley de Transparencia, entre 2019 y 2023 la Policía de Investigaciones reporta haber decomisado 299 ampollas en distintas comunas del país. Carabineros, en tanto, consigna incautaciones de 56 ampollas y 698 comprimidos de esa droga, desde el 2020 a la fecha. 

SE ENCIENDEN LAS ALERTAS

La primera alarma sobre la presencia de fentanilo en Chile fue emitida por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Drogas el 8 de abril de 2021, cinco meses antes del mega robo de esa misma droga al Laboratorio Sanderson y luego de que se incautaran 15 ampollas en el allanamiento de un domicilio en Puente Alto. En esa operación se decomisó además cocaína base y clorhidrato, ketamina y éxtasis. 

“¿Por qué hicimos esta alerta? No solo por lo poderoso que es el fentanilo. Ya teníamos a la vista lo que estaba pasando en 2019 en Estados Unidos, donde habían muerto 38 mil jóvenes por consumo y sobredosis. La gracia de esta alerta era decirle a la población de que esto puede ser muy dañino para la seguridad y salud personal, también para que las instituciones comenzaran a trabajar en el control y en la prevención”, explica Carlos Charme, exdirector del Servicio Nacional para la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) en esa época. 

El SAT de Drogas comenzó a operar en noviembre de 2020. La instancia reúne a más de una decena de organismos encabezados por el Senda –la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Instituto de Salud Pública, el Ministerio Público, las policías y Aduanas, entre otros– y su objetivo es identificar nuevas sustancias psicoactivas o fenómenos emergentes de drogas para que las autoridades generen respuestas eficaces. 

El 27 de febrero de este año, el SAT emitió una nueva alerta luego de que se detectara en manos de un traficante de cocaína una mezcla de fentanilo color verde en medio de una entrega controlada de la policía. 

Esta droga ha sido tema de conversación en varias de las reuniones del SAT. Se tocó el tema en la sesión del 25 de marzo de 2021 y se volvió a poner sobre la mesa el 29 de septiembre y el 16 de noviembre de este año. En esa última reunión, con análisis en mano, se descartó que las sustancias incautadas recientemente en el paso internacional de Pino Hachado (Región de la Araucanía) y en la comuna de Coronel (Región del Biobío), correspondieran a fentanilo, tal como informaron varios medios de comunicación. 

“Nuestra reflexión es mirar siempre la sustancia dentro del ámbito de drogas sintéticas y eso es súper importante por el dinamismo que tiene. Hoy día, hay una alerta mundial por fentanilo. Sabemos que es altamente adictivo, que dosis pequeñas son letales y ahí no nos perdemos. Por supuesto que hay que ponerle atención, por eso hicimos una reunión especial. Si bien la prevalencia es muy baja, nos parece que el tema de las drogas sintéticas, incluido el fentanilo, es algo que hay que estar monitoreando en forma permanente”, explica la directora del Senda, Natalia Riffo. 

Desde 2017 a la fecha, se identificaron a través de numerosas solicitudes de Transparencia 30 robos, hurtos o sustracciones de fentanilo desde hospitales, clínicas, institutos de salud y laboratorios de la Región Metropolitana. En total se contabilizó el extravío de 199 ampollas (producto terminado) y 1.671 gramos (materia prima) de esa sustancia. Pero la cifra es aún mayor: no todos los organismos de salud requeridos respondieron a la solicitud; dos de ellos reportaron robos bajo el rótulo “cantidad indeterminada”; y el número no considera la sustracción de esa sustancia en otros formatos como comprimidos y jeringas, donde también se registran casos.

Frente a los hurtos y sustracciones en hospitales, desde el Ministerio de Salud indicaron por escrito que la Subsecretaría de Salud Pública está trabajando en la “disponibilización de libros electrónicos de control de estupefacientes y psicotrópicos, además de las recetas cheque electrónicas, para reforzar el control de la indicación y dispensación de esos medicamentos en el futuro próximo”. Actualmente, el sistema de control con el que cuentan los recintos de salud para esas sustancias es manual y se lleva en un libro de medicamentos controlados.  

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Aunque los desvíos desde hospitales y clínicas representan episodios graves, el robo al laboratorio Sanderson marcó un hito. 

EL MEGA ROBO A SANDERSON

Al día siguiente del gran robo a Sanderson, el hecho no apareció en la prensa. No hubo despacho de matinales desde el sitio del suceso, portadas de diarios ni ninguna autoridad advirtiendo del riesgo que significaba que estas drogas pudiesen terminar vendiéndose en la calle o utilizadas para el abultamiento o elaboración de otras drogas. 

Para entonces, la investigación estaba en manos de la fiscalía Metropolitana Sur. En el laboratorio se rumoreaba que los ladrones habían recibido ayuda interna para cometer el delito y que, incluso, uno de ellos estaba en una videollamada con alguien que lo fue guiando hasta la bodega de productos controlados. Había un argumento para aquella sospecha: en una instalación de más de 34 mil m2, no era fácil encontrar las sustancias sin conocer el lugar. Aquella información, sin embargo, no figuraba en el parte policial que los carabineros de la 50° Comisaría de San Joaquín redactaron esa noche. Ese documento, según aseguran en la fiscalía, sí contenía el detalle de los medicamentos robados: 400 cajas de remifentanilo de 5 mg; 2.000 cajas de fentanilo de 01 mg por 2 ml; 4.000 cajas de metadona clorhidrato de 10 mg por 2 ml; 4.000 cajas de morfina clorhidrato de 10 mg; y 30.000 cajas de petidina clorhidrato de 2 ml. Un abultado botín, al que se sumaba un teléfono celular marca Samsung. 

Cuatro días más tarde, el 23 de septiembre, representantes de Sanderson hicieron llegar al Instituto de Salud Pública (ISP) un informe en el que detallaban el robo. Sin embargo, el formato y las cifras no coinciden con el relato que hace la fiscalía de lo que contiene el parte policial. Al ISP le notificaron la sustracción de materias primas, todas expresadas en gramos.

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Ninguna de las dos instituciones –ni el ISP ni la fiscalía– tiene una explicación para esto. “No existen dos formas de transmitir los datos. El reporte de los laboratorios debe ser el mismo para ambas instituciones y se hace de manera paralela”, explican desde el ISP.

Por ley, los laboratorios están obligados a dar cuenta al ISP de las sustancias involucradas en los robos, pero solo si se trata de estupefacientes y psicotrópicos controlados por la Ley 20.000. Con eso se inicia un procedimiento administrativo que permite que los productos sean rebajados del stock. En el reporte al ISP, Sanderson también dio cuenta de la denuncia que ya habían realizado ante la policía. “Normalmente se le solicita que ya hayan denunciado esto, o sea, tienen la obligación de hacerlo. Por lo tanto, cuando nos notifican a nosotros, nosotros podríamos decir que somos los segundos”, explica Sergio Muñoz, jefe de Control de Comercio Nacional del ISP. 

Sin embargo, el ISP no está obligado a hacerse parte de la investigación: “Nosotros no nos hacemos parte ni nos informan el estatus, a menos que la Policía de Investigaciones venga a solicitarnos información al respecto, pero eso ya es una potestad de ellos, de su orden de investigar”, agrega.

Las herramientas del ISP para fiscalizar a los laboratorios ante este tipo de robos, más allá de lo administrativo, están en una zona gris. Muñoz cuenta que pueden sugerirle al laboratorio mejorar sus sistemas de seguridad, sobre todo si detectan que los delitos se vuelven frecuentes, pero que eso no es una obligación: “Ellos hacen su propio análisis interno y llegan a sus propias conclusiones y eso es lo que nos informan”. De acuerdo con documentos obtenidos por Ley de Transparencia, Sanderson, por ejemplo, comunicó que debido al robo presupuestaron una inversión de 7 millones de pesos para reforzar la tabiquería y puerta de su bodega de productos controlados. 

En agosto de 2019, ya habían realizado otras reparaciones por un robo de 7 kilos de ketamina que desapareció del área de “fraccionado”, dentro de la bodega de materias primas controladas. En esa ocasión, en el reporte enviado al ISP detallaron aquellas fallas de seguridad: “Se revisan las cámaras del sector, las que lamentablemente proporcionan una vista general, por lo que no es posible determinar las personas que ingresan a la bodega, que tiene llave, pero que se comparte entre varias personas”. Tras eso, se reemplazaron las cerraduras y se instalaron cámaras en todas las áreas.   

A través de un comunicado de prensa, Sanderson respondió que “todas las medidas de seguridad fueron fiscalizadas y constatadas por el Instituto de Salud Pública y el Ministerio del Interior (Unidad de Sustancias Químicas Controladas)”. Aseguran que las prevenciones que tomaron a raíz de esos atracos permitieron evitar otros dos intentos de robo que habrían sufrido en julio y agosto de 2022.

En el ISP, en tanto, explican que sus labores de fiscalización se encuadran principalmente en aspectos sanitarios: temperatura, humedad y todo aquello que permita asegurar la calidad y eficacia del medicamento. “El ISP fiscaliza lo que está dentro del marco sanitario. Voy a hacer un ejemplo súper absurdo. Si yo pido que resguarden los estupefacientes y psicotrópicos, y alguien me muestra una puerta con una reja, cumple. Si la puerta es de acero inoxidable de 3 milímetros de grosor, también cumple. Es decir, hay rangos relativamente amplios de cumplimiento”, señala Sergio Muñoz.

Sanderson no ha sido el único laboratorio al que le han robado. 

LAS SUSTRACCIONES A BIOSANO

Un año antes del robo a Sanderson, hubo otro gran golpe a un laboratorio. Biosano, compañía que también predomina en el mercado local de fármacos, fue objeto de una doble operación de sustracción de sustancias reguladas por la Ley 20.000. Fueron dos robos consecutivos con un desfase de solo tres días. Pasadas las 21 h del 1 de octubre de 2020 –según consigna el parte policial–, cinco sujetos armados ingresaron a la planta del laboratorio ubicado en la comuna de Cerrillos. Lo hicieron utilizando un vehículo parecido al que traslada a los trabajadores. Allí redujeron al guardia de seguridad y luego forzaron los accesos a la bodega y a la jaula de materias primas controladas. Se llevaron 125 mil gramos de ketamina. 

El guion se repitió el 4 de octubre. Minutos después de las 20.30 h, tres individuos con armas volvieron a vulnerar los controles del laboratorio y de la jaula de materias primas, llevándose 3.300 gramos de ketamina y otros 5.744 de efedrina.

De acuerdo con el reporte de seguridad elaborado por Biosano, con fecha 13 de noviembre de ese año y que fue enviado al ISP, el laboratorio no contaba con un procedimiento claro para asegurar un control de acceso eficaz a sus dependencias. El informe consignó, además, que tanto la bodega como la jaula de materias primas contaban con candados exteriores “expuestos a ser cortados”. En ese mismo reporte se comprometieron a implementar una serie de medidas de seguridad. 

La causa que abrió la Fiscalía Occidente por ambos robos fue archivada provisionalmente el 27 de julio de 2022, luego de que la labor policial no arrojara resultados concluyentes. De la materia prima sustraída hasta ahora no hay rastro. 

Biosano ya había sido objeto de sustracción de fármacos bajo regulación. Durante los primeros meses de 2010, desaparecieron desde su laboratorio 100 ampollas de fentanilo, 100 de midazolam, 100 de lorazepam y 3 frascos de ketamina. La causa quedó archivada en febrero de 2011, luego de que la fiscalía decidiera no perseverar. 

De acuerdo con los antecedentes recabados para esta investigación, en marzo de 2017 volvieron a vulnerar los controles de ese laboratorio. Esta vez se trató de un hurto de una cantidad “indeterminada” de fentanilo, tal como se lee en el documento que enviaron al ISP para notificar ese evento. 

Respecto de las sustracciones de las que han sido objeto, el director técnico de Biosano, Sergio Herrera, explicó a través de un comunicado que todos los robos han sido denunciados a las policías para que el Ministerio Público inicie una investigación. Indicó, además, que han aplicado medidas correctivas y preventivas para evitarlos en el futuro y que estas han sido fiscalizadas no solo por el ISP, también por el Ministerio del Interior. 

“Como empresa hemos debido fortalecer nuestros procedimientos y sistemas para evitar nuevos robos, apoyados por una empresa experta en temas de seguridad, las cuales no podemos divulgar ya que podría exponer de manera innecesaria estos sistemas”, dijo en el comunicado.

Producto de los robos, en octubre de este año Biosano informó al ISP que suspendería su comercialización de ketamina. 

SIN CULPABLES

La investigación del mega robo a Sanderson en septiembre de 2021 quedó a cargo del OS9 de Carabineros. Pamela Bustamante, fiscal del caso, ordenó tomarle declaración a los guardias, levantar evidencia, empadronar testigos y fijar el sitio del suceso. El 19 de diciembre de 2021, el OS9 envió un informe con el detalle de las diligencias realizadas. Allí consignaron que habían analizado las cámaras de seguridad del laboratorio y que con eso habían esclarecido la dinámica de los hechos. Sin embargo, no dieron con la identidad de los autores. Levantaron muestras de material biológico que no pudieron ser cotejadas con el ADN de eventuales sospechosos, por falta de antecedentes de los autores y porque el personal de seguridad no aportó más información que la detallada en el parte policial.  

El documento también establece que los guardias fueron derivados a la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT): “Se pudo establecer que, si bien algunas víctimas mostraban adherencia al proceso, mantenían reticencia a aportar mayores antecedentes para vislumbrar una línea investigativa que nos pudiese conducir a determinar la identidad de los autores del hecho, no advirtiendo el OS9 que las víctimas estuvieran implicadas”, dice la fiscal Bustamante. Y agrega: “Desde el inicio de la investigación, el respectivo laboratorio afectado ni siquiera presentó querella o se preocupó de apoyar las diligencias de investigación, pese a que sus trabajadores fueron afectados”. 

No hubo posibilidad, tampoco, de recuperar los productos robados. ¿Dónde terminó el fentanilo, la ketamina, la morfina y los otros medicamentos? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta. En la fiscalía aseguran que a pesar de que estas sustancias son muy demandadas en la actualidad en el mercado del narcotráfico, en la época de la comisión del delito no lo eran. Cabe recordar que el robo al laboratorio Sanderson ocurrió cinco meses después de la primera alerta del SAT de la presencia de fentanilo en medio de un operativo policial de drogas. 

Hay otras preguntas. ¿Debió generarse una alerta pública o un llamado a la población a no consumir ese producto fuera de los canales establecidos? ¿Por qué Sanderson no se querelló? Y, por último, ¿por qué enviaron dos reportes distintos de los productos robados?

Sobre la ausencia de una querella por ese robo, representantes de Sanderson señalaron por escrito que “estimamos que una denuncia sería suficiente para activar la investigación en el Ministerio Público”. Agregaron que en julio y agosto de 2022 sufrieron dos intentos de robo y que ahí “se vieron en la obligación de presentar una querella contra quien resulte responsable”. Aseguran, además, que el listado de materias primas informadas al ISP tras el robo de septiembre de 2021 “corresponde exactamente a lo sustraído”. Respecto del listado de medicamentos que maneja la fiscalía –y que no coincide con el del ISP–, dicen no tener información y que esos productos no fueron robados. Cabe señalar que para este reportaje la fiscalía informó en dos ocasiones la misma lista de productos robados contenida en el parte policial. 

El 5 de enero de 2022, la investigación por el mega robo de septiembre de 2021 contra el laboratorio Sanderson fue archivada de manera provisional, a la espera de que existan nuevos antecedentes para reabrirla. Eso, hasta hoy, no ha ocurrido.   

Esta investigación es parte del especial “El mercado negro de fármacos” del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos, CIP, de la Universidad Diego Portales. Puedes ver la investigación completa aquí. 

Participaron de este reportaje: Alberto Arellano, Jorge Rojas, Valentina de Marval y las estudiantes de Periodismo UDP Sofía Farías, Valeria Sepúlveda y Valeria Faúndez.