CARTAS: «¿Y dónde estaban los contadores?»

Señor director:

Estamos siendo testigos del deterioro de la cosa pública por diversos casos de corrupción perpetrados por personas naturales, quienes actúan en beneficio propio o de personas jurídicas de derecho privado. Usualmente se mencionan conceptos tales como “controles internos”, “contabilidad” o “rendición de cuentas”, en cuanto factores que condicionan la materialización de estos actos. Finalmente, la pregunta que siempre sale a la palestra es: ¿y dónde estaban los auditores?

Desde el año 2002, con la promulgación de la ley Sarbanes-Oxley, la formación profesional de los contadores públicos y auditores considera aspectos teóricos y prácticos relacionados al control interno, como es el caso del Marco Integrado de Control Interno y sus actualizaciones. El objetivo de la formación en esta dimensión está centrado en la generación de información confiable para el logro de la transparencia, con particular relevancia para el sector público [COSO 2023]. La Ley 20.393 y complementarias institucionalizan medidas que luchan contra la corrupción y otros delitos; específicamente, por la creación de un órgano liderado por un “encargado de prevención” que asegura los procesos administrativos para mitigar los riesgos, entre ellos el de corrupción. A pesar de este avance, las organizaciones que no están obligadas a cumplir con esta normativa quedan en total libertad para actuar según los principios éticos de quienes las dirigen y controlan.

El Manual del Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), en la sección 260.20 A2 menciona lo siguiente: “El contador profesional senior podría determinar que revelar el asunto a una autoridad apropiada es un curso de acción apropiado si… la organización empleadora está involucrada en soborno”, entre otros escenarios.

El profesional de la contabilidad tiene una formación que lo dota de herramientas para generar una representación fiel de los hechos económicos de una organización, insumo que es esencial para investigar el flujo del efectivo y la persecución de delitos. Sin embargo, tener el conocimiento y experiencia en estas temáticas no son suficientes para salvaguardar la transparencia si no hay un marco legal que proteja el ejercicio profesional y resguarde de las presiones, internas o externas, a los responsables de la generación de información. La sanidad del mercado y sus actores merecen una legislación acorde a los mercados internacionales, y a los desafíos planteados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°16.