CARTAS: Investigaciones y debido proceso

Señor director:

El Estatuto Administrativo que rige a los funcionarios públicos, señala que “los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo”.

¿Aseguran tales investigaciones un debido proceso? Sería grave que no fuese así, más aun cuando dichos procesos deben entregar las garantías necesarias para que los funcionarios cumplan su obligación de denunciar aquellos hechos de carácter irregular, especialmente los que contravienen el principio de probidad administrativa regulado por la Ley N°18.575.

Para llevar a cabo estos procesos disciplinarios la autoridad designa un funcionario que debe tener un grado en la Escala Única de Remuneraciones mayor a los involucrados en el proceso. Normalmente y ante hechos complejos, quienes llevan a la práctica la investigación sumaria o sumario administrativo son funcionarios de confianza política de la autoridad de turno (jefes de departamento o de división, asesores, etc.), que presentan a la autoridad una vista fiscal en la que propondrán un sobreseimiento y/o la aplicación de una medida disciplinaria.

Así las cosas, cabe preguntarse si tendrán estos fiscales/funcionarios la necesaria autonomía y profesionalismo como para realizar una investigación objetiva y fundada, o acaso primará en ellos su compromiso político y el asegurar su estabilidad en el trabajo, al seguir la línea de lo que sea más conveniente para la jefatura/autoridad denunciada; mal que mal son “aves de paso»: llegan con el gobierno de turno y no son parte en forma permanente de la estructura del aparataje público.

En el Caso Convenios, el ministro Montes aludió en varias de sus declaraciones al hecho de que se estaba realizando un sumario. Interesante sería conocer quién era o es el fiscal que lo instruye, ya que no necesariamente deben ser abogados, pero es fundamental en lo que se relaciona con una adecuada etapa de investigación conocer el sistema público, así como contar con la autonomía necesaria para investigar y resolver.

En general los funcionarios prefieren no denunciar,  ya que el costo laboral y personal es demasiado alto. El enfrascarse en este tipo de procesos enfrentan al funcionario a una “lucha” contra las redes que mantiene el denunciado al interior de la organización, principalmente políticas y de cercanía con las autoridades de turno,  que son las que deben tomar la última decisión a nivel de la institución sobre las investigaciones y sumarios  instruidos. Otro fenómeno que deberá enfrentar el denunciante es la relación y comportamiento de sus colegas, compañeros de trabajo, muchos de los cuales mantendrán un estricto silencio para no correr la misma suerte o verse perjudicados ante los ojos del denunciado y sus pares, otras jefaturas y asesores.

Ante estos escenarios, debieran toman fuerza las estructuras gremiales, asociaciones de base y federación, como instancias a las cuales puede dirigirse el funcionario para ser asesorado y representado en un proceso que no solo tendrá una historia a nivel interno del servicio sino también puede ser presentado para su revisión de legalidad ante la Contraloría General de la República y a los correspondientes tribunales. Apoyos que pasan a ser fundamentales cuando se considera que el funcionario que denuncia normalmente se encuentra estigmatizado y marginado, así como con una salud física y psicológica muy dañada, producto de las reacciones del entorno.