Una Constitución del miedo

Detrás de todo llamado a la alarma colectiva existe una ideología y una eventual estrategia electoral, recuerda esta columna de opinión para CIPER. Los mensajes que hoy cruzan los datos del alza de la delincuencia con la aprobación de un nuevo texto constitucional solo refuerzan el énfasis punitivo de nuestro ordenamiento social, y no realmente medidas de efectivo cuidado por la seguridad: «El texto que votaremos en diciembre de 2023 es esencialmente un Código Penal adornado con un Estado subsidiario y con un listado de derechos imposibles de sostener con instituciones débiles.»

El miedo es un argumento muy útil para ganar elecciones con ideologías conservadoras. La ola de triunfos electorales de la ultraderecha en Europa se nutre del miedo a dejar de vivir en la abundancia, representando esta amenaza en el inmigrante pobre para justificar la xenofobia. En América Latina, el miedo a la pobreza es cotidiano para decenas de millones de personas, y fue exitosamente utilizado para la elección de Bolsonaro en Brasil y de Milei en Argentina.

Es extraño introducir una columna sobre un proceso constituyente con una visión crítica del populismo electoral, pero esto muestra hasta qué punto se ha distorsionado el anhelo reconstituyente en Chile. Concebido a medianoche para sortear la peor crisis política desde la recuperación de la democracia, este proceso tuvo un error de diseño fundamental: la absurda premura de los tiempos de deliberación y de redacción, sumada al despliegue electoral necesario para el plebiscito de salida, incentivó la participación de candidatos con perfiles más políticos y confrontacionales, opuestos a los de procesos exitosos como el de Colombia, con protagonistas más prolijos y conciliadores, con todo el tiempo necesario para ponerse de acuerdo. Y en vez de aprender del error, tropezamos por segunda vez con la misma piedra, pero en dirección opuesta.

Ahora tenemos que votar a favor o en contra de una Constitución retrógrada incluso en comparación a la Constitución autoritaria que nos ha costado décadas enmendar. Y el principal argumento de campaña de los defensores de esta propuesta es, obviamente, el miedo. El miedo a la pobreza se usa para justificar la desregulación de mercados, aunque esto genera más pobreza a largo plazo. El miedo a la violencia se usa para estigmatizar al otro —como pagano, inmigrante o delincuente—, lo que reproduce la violencia entre grupos.

Es alarmante que esta doctrina conservadora, neoliberal y xenófoba pueda consolidarse a nivel constitucional, sustituyendo impropiamente a la legislación oportuna y urgente para evitar la degradación de la seguridad en Chile. El texto que votaremos en diciembre de 2023 es esencialmente un Código Penal adornado con un Estado subsidiario y con un listado de derechos imposibles de sostener con instituciones débiles. Este énfasis punitivo de la propuesta constitucional es peligroso, por tres razones:

1. porque incluye en la Constitución materias penales que son de orden legislativo, lo que impediría su actualización oportuna ante condiciones cambiantes a futuro;

2. porque se impone al populismo de mano dura como única alternativa para garantizar la seguridad, cuando en realidad es una pésima política para controlar el crimen, porque reproduce la delincuencia en cárceles sobrepobladas (como Tocorón, cuna del Tren de Aragua);

3. porque confunde la justificación punitiva del proceso constituyente con la inseguridad generada por la instalación del crimen organizado transnacional en Chile, ocultando influencias nefastas que operan sobre el poder legislativo en Chile.

Según la Encuesta Nacional de Victimización 2022, la percepción de inseguridad en Chile ha alcanzado su máximo nivel histórico, pese a que la victimización por delitos comunes es más baja que en los años previos a la pandemia de Covid-19. La causa de este temor creciente en Chile es la multiplicación de crímenes poco frecuentes pero extremadamente violentos, como homicidios y secuestros extorsivos. Esta tendencia refleja una radical transformación de la delincuencia en el país, impulsada por la instalación de organizaciones criminales internacionales como el Tren de Aragua, presentes en la capital al menos desde 2018. La penetración de estas redes en territorio nacional ha instalado prácticas brutales como los descuartizamientos y uso indiscriminado de armas de fuego contra Carabineros, que han sido adoptadas por bandas locales.

Pero lejos de ser una solución adecuada para enfrentar esta crisis, el populismo penal xenófobo y de mano dura agrava el problema en dos formas. De una parte, agudiza la vulnerabilidad de los inmigrantes, que son las principales víctimas y fuente de ingresos del crimen organizado transnacional. De otra, reproduce la delincuencia, saturando cárceles con criminales de baja jerarquía, los que son fácilmente reemplazados en la calle reclutando jóvenes y menores de edad. 

Recordemos que en marzo de 2023 se publicó la Ley contra el Crimen Organizado. ¿Qué le faltó? Un capítulo sobre el control del lavado de dinero, que existía en el proyecto original, eliminado tras una intensa campaña de lobby de grandes gremios empresariales, argumentando que este tema sería incluido en una ley específica sobre Inteligencia Económica. La ley de Delitos Económicos, publicada en agosto de 2023, actualizó la definición del delito de lavado de activos, pero no fortaleció la capacidad de detectar e investigar estos hechos. La Ley de Inteligencia Económica sigue estancada en el Congreso, pese a la insistencia del Gobierno para acelerar su publicación.

La detección exhaustiva del lavado de dinero e incautación del capital criminal ha demostrado ser la única política capaz de controlar al crimen organizado, en todos los países que lo han logrado, porque inclina el equilibrio económico a favor del Estado. Pero en Chile, el debate sobre seguridad está dominado por el populismo penal y por la inclusión de esta doctrina ineficiente en la propuesta constitucional.

Para ilustrar la magnitud de este problema, consideremos que el volumen del lavado de dinero es equivalente al de todos los presupuestos municipales de Chile, aproximadamente un 3 por ciento del PIB. Además, el capital productivo de organizaciones criminales, como propiedades, vehículos, armas y otros, tiene un valor cercano al de todos los presupuestos de gobiernos regionales del país, en torno al 1 por ciento del PIB. Con estos recursos sería posible fortalecer la presencia del Estado en territorios donde está ausente, modernizar las capacidades de investigación y control, rehabilitar convictos, financiar la prevención social de la delincuencia y todo un espectro de políticas igualmente costosas y necesarias para fortalecer el tejido social.

¿Pero quién podría tener interés y poder para evitar legislar sobre detección de irregularidades financieras e incautación del capital criminal?

En Chile, la evasión de impuestos asciende al menos a un 8 por ciento del PIB, según estimaciones de Michel Jorratt. Con una fracción de estos recursos, se ha financiado ilegalmente la política desde la recuperación de la democracia. En el sistema financiero, la evasión de impuestos sigue patrones similares a los del lavado de dinero, y sería fácilmente detectable con herramientas de análisis masivo de datos anónimos. Juzgue usted.

La seguridad es un derecho humano y, como tal, debe ser garantizada por la Constitución. Pero esto no significa que debamos elevar malas políticas de seguridad a nivel constitucional. El único garante legítimo y eficaz de la seguridad es el Estado, y debilitarlo nos hará más vulnerables ante el crimen organizado. Aprobar una Constitución que desregula la riqueza y castiga la pobreza, junto a la demora injustificable de legislación necesaria para controlar la delincuencia financiera, es un camino seguro hacia más violencia e inseguridad.