Elecciones en Polonia: Se venden visas

Un escándalo reciente pone a prueba la fortaleza del partido gobernante, y además deja en evidencia la contradictoria reacción de los polacos frente a sus inmigrantes, describe esta columna para CIPER.

A poco de las elecciones parlamentarias del próximo 15 de octubre, en Polonia ha estallado un escándalo con sede en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Diversas investigaciones de prensa han dejado al descubierto que allí florecía un procedimiento organizado para, a cambio de dinero, expedir visas de entrada; principalmente, a ciudadanos de países africanos, pero también de India. «Había puestos frente a nuestra embajada donde podías comprar documentos ya sellados. Solo tenías que proporcionar tu apellido», afirmó un funcionario del ministerio en conversación con periodistas.

Se descubrió además que en correos electrónicos oficiales al cónsul en la India, el viceministro Piotr Wawrzyk recomendó acelerar la concesión de visas a un grupo de cineastas que supuestamente planeaba filmar en Polonia. Pero ninguna de esas 36 personas, que provenían tan solo de dos ciudades, tenía experiencia en cine, y su real objetivo era llegar más al oeste. Sin duda, el escándalo de las visas representa un problema de imagen para el partido Ley y Justicia, en el poder desde 2015; especialmente, porque los gobernantes querían hacer de la retórica antiinmigración uno de los pilares de su campaña electoral.

No es la primera vez que Ley y Justicia ha utilizado esta estrategia. Durante la campaña electoral de 2015, criticaron al gobierno de Ewa Kopacz, del partido Plataforma Cívica, por aceptar el mecanismo de reubicación que la Unión Europea quería implementar (Polonia es miembro de la UE desde 2005). En ese momento, debido a guerras civiles en África y el Medio Oriente, así como al cambio climático, un número sin precedentes de migrantes ilegales comenzó a llegar a Europa a través del mar Mediterráneo, en su mayoría a países del sur como Italia y Grecia. El mecanismo de reubicación implicaba que estos migrantes fuesen redistribuidos a otros estados miembros, como parte de la solidaridad de la UE.

Es importante señalar que, desde la Segunda Guerra Mundial, Polonia ha sido un país relativamente homogéneo en términos étnicos y culturales, a diferencia de los países de Europa Occidental o Escandinavia. Hasta hace poco, por ser un país económicamente menos próspero, que no había sido un destino para refugiados o trabajadores migrantes, no había experimentado algunos de los problemas de integración de descendientes de inmigrantes de antiguas colonias (como los que se ven en Francia, por ejemplo). Además, en Polonia no hubo ataques exitosos de fundamentalistas islámicos, a pesar de ser uno de los principales aliados de George W. Bush en la invasión de Irak en 2003. El partido Ley y Justicia ha utilizado eficazmente el temor a estos eventos para crear una narrativa en la que los políticos de la Plataforma Cívica —según ellos, al servicio de Alemania— intentaban traer la amenaza a Polonia. Partidos como Fidesz, de Viktor Orbán, en Hungría; o recientemente Georgia Meloni, en Italia, han utilizado retórica similar.

Años después, en 2021, un nuevo actor se unió a la crisis migratoria: Bielorrusia. El año previo la UE le había impuesto sanciones al país y a su gobernante desde 1994, Alexander Lukashenko, después de que se reprimieron brutalmente las protestas tras unas elecciones presidenciales (probablemente amañadas). En respuesta, tratando de ejercer presión sobre la UE, los bielorrusos comenzaron a atraer a inmigrantes del Medio Oriente a Minsk y luego los llevaron ilegalmente a través de las fronteras con Polonia, Lituania y Letonia (los tres países son miembros de la UE). Al principio, los refugiados fueron engañados con la promesa de un paso seguro a los países de Europa Occidental, pero después de llegar a Minsk, las autoridades bielorrusas los llevaron directamente a la frontera. En respuesta, Polonia aumentó las patrullas de la guardia fronteriza y anunció la construcción de un muro a lo largo de la frontera con Bielorrusia. Mientras tanto, activistas de organizaciones no gubernamentales advirtieron que los refugiados estaban muriendo de hambre y frío en los bosques cercanos a la frontera, y que las autoridades polacas no les estaban ofreciendo la ayuda requerida por la ley internacional. Incluso, hubo una situación absurda en la que los refugiados acamparon en la zona fronteriza entre Polonia y Bielorrusia, sin comida ni agua, siendo empujados por los bielorrusos de un lado y bloqueados por las autoridades fronterizas polacas del otro. Este tema vuelve a surgir ahora debido a una nueva película de Agnieszka Holland, Frontera verde, cuyo objetivo es llamar la atención sobre el sufrimiento en el este de Europa, pero que es presentada por la propaganda del actual gobierno como un pasquín antipolaco.

La actitud de algunos polacos hacia quienes llegan de países en guerra desde Oriente Medio y África se puede resumir como: «No es nuestro problema, que regresen a sus países». Sin embargo, los polacos han mostrado una actitud completamente diferente hacia los refugiados de la vecina Ucrania. Desde la invasión rusa, en 2022, Polonia ha acogido a más de quince millones de refugiados de las zonas de conflicto. Alrededor de un millón de ciudadanos ucranianos todavía se encuentran en Polonia. La sociedad polaca ha demostrado una hospitalidad extraordinaria, organizando campañas de ayuda y acogiendo a familias enteras en sus propias casas. Los refugiados ucranianos fueron mucho más fáciles de aceptar para los polacos, pues la sociedad local todavía tiene un fuerte sentimiento de agravio por las acciones de los ocupantes rusos durante la Segunda Guerra Mundial y después. Los polacos sienten que si Putin toma Ucrania, Polonia podría ser la siguiente.

¿Puede el escándalo de las visas enterrar al gobierno de Ley y Justicia? En las encuestas, el apoyo a este partido se ha mantenido constantemente alto durante los últimos ocho años, a pesar de muchas controversias que supuestamente deberían haber derrocado al gobierno.  Tanto Plataforma Cívica como Ley y Justicia provienen de los círculos de la antigua oposición democrática de la época de la dictadura comunista. La transformación del régimen estuvo marcada por políticas de austeridad y privatización agresiva de empresas estatales, similar a lo que ocurrió en Chile durante la dictadura. Esto resultó en la eliminación de muchos empleos, alto desempleo y falta de oportunidades fuera de las grandes ciudades. En un momento dado, Ley y Justicia decidió luchar por los votos de aquellos perjudicados por esta transformación. Una de las razones del fuerte apoyo a Ley y Justicia son las políticas sociales sin precedentes en décadas, como el programa estándar de 500 eslotis por hijo (ahora mismo, el equivalente más o menos $100 000 chilenos), el aumento del salario mínimo o la cantidad libre de impuestos. Hasta que la oposición no pueda superar esta oferta, las próximas controversias solo serán temas para columnistas, sin traducirse en resultados electorales.