Avanza en la derecha el argumento de que su triunfo electoral la faculta para escribir una Constitución que excluya ideas de otros sectores

La Comisión de Expertos debe presentar sus recomendaciones al Consejo Constitucional este sábado 14. Los comisionados terminarán de revisar el texto y debatir este miércoles 11 y al día siguiente votarán las propuestas que formulen a los consejeros. Hasta ahora no ha habido avances en las conversaciones para alcanzar un acuerdo transversal. Entre algunos comisionados de derecha comienza a tomar fuerza la idea de que la mayoría electoral obtenida por republicanos y Chile Vamos faculta a ese sector para escribir una Constitución a su medida, excluyendo del debate democrático ideas de otros sectores en temas como aborto, salud, educación, pensiones, huelga y objeción de conciencia. Hasta ahora, el diálogo solo ha permitido resolver temas “menores y técnicos”, explican algunos comisionados.

El 23 de mayo de 2021 el convencional Daniel Stingo lanzó una declaración que puso en alerta a la derecha y a sectores del centro político: “Nosotros vamos a poner los grandes temas porque nosotros representamos a la gente. Los que ganamos representamos a la gente». Lo dijo en el programa Estado Nacional, de TVN. A partir de entonces, las críticas que apuntaban a que la Convención escribiría una Constitución “partisana” no se detuvieron. En el mismo programa, las convencionales de derecha Carol Bown y Constanza Hube le respondieron.  “O sea, solo (podremos) conversar si estamos de acuerdo contigo”, dijo la primera. “Ese nivel de arrogancia y soberbia me parece brutal”, señaló la segunda.

Un año y cinco meses después, los argumentos que se esgrimen en el segundo proceso constitucional parecen repetirse. Pero ahora con sus protagonistas a la inversa. Son representantes de la derecha los que recurren a la lógica de Stingo: que la mayoría que consiguieron en la elección de consejeros constitucionales los habilita para imponer la visión de su sector en la propuesta de Carta Magna que será plebiscitada en diciembre. 

“La izquierda no debe cuestionar como ‘línea roja’ aquellas cosas que son parte del relato del triunfo del Rechazo (del 4 de septiembre del año pasado), como la libertad de elección en salud, la propiedad de los fondos de pensiones, derechos sociales y por supuesto los temas de seguridad”, dijo en La Tercera del 29 de septiembre pasado el miembro de la Comisión de Expertos, Máximo Pavez, quien ocupa ese puesto en representación de la UDI.

La posición del comisionado de la UDI ha ido tomando fuerza en su sector ahora que la Comisión de Expertos está revisando el borrador constitucional despachado por el Consejo. “Aquí hubo una elección, arrasó un partido político (Republicano) y bueno, tienen la mayoría y por lo tanto esa mayoría hay que respetarla”, dijo a CIPER un experto que pidió la reserva de su nombre. 

Esta línea argumental de sectores de la derecha fue criticada, este martes 10, en una declaración difundida por Amarillos, el grupo que el año pasado llamó a Rechazar porque consideraba que la propuesta de la Convención se sustentaba solo en posiciones de izquierda. En su declaración, Amarillos criticó a la derecha por “seguir aferrada a que el triunfo electoral la legitima para limitar o zanjar debates valóricos o de políticas públicas que son materia de ley y no de una carta fundamental”. Respecto de la izquierda, la acusó de mantener una actitud obstruccionista en las conversaciones. 

La Comisión de Expertos recibió el borrador despachado por el Consejo Constitucional este sábado 7, con un plazo de cinco días para debatir cambios. Este miércoles 11 se cerrará ese periodo de discusión y al día siguiente los comisionados votarán las modificaciones que se propongan. El texto resultante será devuelto a los consejeros el sábado 14 y los cambios incorporados por la Comisión deberán ser votados nuevamente por el Consejo. 

Después de que las bancadas del Partido Republicano y de Chile Vamos aprobaron enmiendas que dejan fuera del marco legal las posiciones de la izquierda y centroizquierda en temas como aborto, derecho de huelga, provisión de salud y previsión, diversos partidos iniciaron conversaciones para reencausar el debate hacia un consenso más amplio. La UDI, RN, PS, PPD, Amarillos y Demócratas, iniciaron acercamientos para tratar de dar equilibrio al borrador. En ese contexto, los protagonistas de esas conversaciones estimaban que esta semana en que la propuesta sería revisada por la Comisión de Expertos podía ser la ocasión propicia para lograr un acuerdo transversal. Pero, con los plazos cada vez más estrechos, las negociaciones siguen estancadas.    

De hecho, la comisión sesiona bajo una gran presión de los partidos políticos. Algunos miembros de las directivas de las colectividades se han apersonado en el edificio del ex Congreso Nacional, donde se reúne la Comisión de Expertos, intentando construir un “pacto” entre distintas fuerzas políticas para moderar el proyecto del Consejo que viene marcado por lo que se ha denominado “la identidad republicana”.

La composición de la Comisión es muy similar a la lógica del binominal, por lo que la apuesta por un acuerdo político en esta instancia no se veía descabellada. Compuesta por 24 miembros, la mitad son de izquierda o centroizquierda e igual número son de derecha o centroderecha. En el caso de este último sector, son cinco por RN (Juan José Ossa, Catalina Salem, Teodoro Ribera, Jaime Arancibia y Katherine Martorell), cuatro por la UDI (Máximo Pavez, Natalia González, Hernán Larraín, Bettina Horst), un Evópoli (Sebastián Soto), una PDG-Social Cristiana (Marcela Peredo) y solo un republicano (Carlos Frontaura). En la vereda contraria hay dos PDC (Paz Anastasiadis y Alejandra Krauss), dos PPD (Verónica Undurraga y Francisco Soto), tres PS (Flavio Quezada, Gabriel Osorio y Catalina Lagos), uno de Revolución Democrática (Domingo Lovera), un comunista (Alexis Cortés), una del Partido Liberal (Leslie Sánchez), una del FRVS (Magaly Fuenzalida) y una de Convergencia Social (Antonia Rivas). 

CIPER exploró entre los comisionados de izquierda y derecha para determinar cuáles son los temas que cada sector considera no negociables y cómo podrían volver redactadas estas materias a los consejeros. En la derecha, la mayor parte de los comisionados dicen que todos los temas son conversables, pero algunos, fuera de micrófono, admiten que la declaración que hizo Máximo Pávez -que los puntos que impuso el sector que ganó las elecciones no debiesen ser cuestionados- es realista y marca un límite. En la izquierda, en tanto, los comisionados indican que los temas intransables siguen siendo los mismos que se impulsaron en el Consejo: los derechos sociales que conforman “el corazón” del Estado Social (educación, salud y pensiones), el derecho al agua, el aborto y la objeción de conciencia, principalmente.

Los comisionados y consejeros de centroizquierda esperan que sus colegas de Chile Vamos se abran a redactar una propuesta que permita la competencia democrática de todas las ideas y que no cierren el debate dejando dentro de la legalidad solo el pensamiento de la derecha. Y, aunque los plazos se siguen acortando, alguna luz ven en el horizonte. Porque no todos los miembros de la Comisión de Expertos que representan a partidos de derecha piensan que su mayoría electoral es un pasaporte para hacer una constitución a la medida de su sector. “Todo es conversable, sólo que algunas conversaciones duran más o menos tiempo”, dijo a CIPER, por ejemplo, el comisionado Jaime Arancibia (independiente con cupo RN). 

Arancibia profundiza en que los expertos tienen la obligación de revisar en el borrador que recibieron del Consejo “aquellas cosas que se apartan técnicamente de lo que debería ser una Constitución”. Y añade que las diferencias más grandes entre lo que los expertos redactaron y los cambios introducidos por los consejeros están en temas como el “derecho a la vida, objeción de conciencia, huelga y número de escaños parlamentarios”. Un menú que incorpora puntos que también son cuestionados por la izquierda y centroizquierda.

Tras recibir el texto desde el Consejo, el sábado 7, los comisionados se dividieron en cuatro mesas -Sistema político, Justicia, Principios y Derechos Sociales- para debatir a puertas cerradas, sin transmisión en línea y sin los secretarios. Pero hasta el lunes 9 las conversaciones solo habían mostrado avances en “temas menores y de corte técnico”, según explicó a CIPER el consejero Yerko Ljubetic, de Convergencia Social, quien sigue de cerca las negociaciones de los comisionados. Los puntos que se mantenían sin acuerdo son los relacionados con el Estado Social, el aborto, la libertad de conciencia, el derecho al agua, el derecho de huelga, el sistema político (número de diputados) y la propuesta para poner fin al pago de contribuciones, entre otros.

LOS LÍMITES DEL ESPERADO ACUERDO

El experto Jaime Arancibia, académico de la Universidad de los Andes, señala que aunque se entiende que la Comisión de Expertos debiera tener un perfil más técnico, no debe olvidarse que sus miembros fueron designados por los partidos, por lo que, a su juicio, no es extraño que las colectividades se involucren en esta parte del proceso: “Ciertamente, tenemos un encargo de los representantes de la ciudadanía por validar técnicamente el texto conforme a las sensibilidades políticas de aquellos que nos designaron”. 

La exsubsecretaria de Prevención del Delito del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Katherine Martorell, integra la Comisión de Expertos por un cupo de RN. Ella indica que, si bien los partidos casi no participaron en la primera etapa, ahora es lógico que estén, porque “hay ciertas temáticas que los impactan profundamente, por ejemplo, el sistema político. Hay cuestiones que son relevantes para ellos y es importante también que puedan orientarnos u, ojalá, buscar acuerdos entre ellos”. Aclara que en su rol de comisionados tienen amplio margen de maniobra, pero que “les vamos informando a los partidos lo que se está conversando, lo que se está negociando”.

Sobre las “líneas rojas” en esta etapa, Martorell dijo que “una cosa es que uno pueda conversar todos los temas, pero cada uno tiene sus ideas y, en ese sentido, hay muchas normas (…) que fueron rechazadas (en el Consejo) que yo también considero que la ciudadanía ya se pronunció al respecto, por lo tanto, malamente podríamos nosotros querer doblarle la mano a la voluntad soberana”. Sin embargo, agrega:

– Ningún tema está vetado. Creo que todo debe ser conversado, todo. Por supuesto, hay ideologías distintas. Y el objetivo es buscar un acuerdo. Es posible que en algunos casos ello no ocurra. Pero, creo que no debemos descansar en buscar acuerdos. Porque, finalmente, la Constitución tiene que representarnos a todos. Eso no significa que sea perfecta, o que sea la que más me gusta, pero tiene que representarnos, tiene que darnos reglas que nos permitan desarrollar nuestra vida con libertad, con tranquilidad, con derechos. Entonces, eso significa que podamos ser capaces de buscar un pacto o un acuerdo, sino completo, lo más amplio posible”.

Máximo Pavez, miembro de la Comisión de Expertos.

En su entrevista con La Tercera, el comisionado Pavez dijo que “pretender que tenemos que ir a buscar la unanimidad en todos los temas no es posible, no es real, no es presentable. El pacto total no puede significar ni la unanimidad en todos los temas ni revisar todos los temas, porque eso significa que el Consejo no cumplió ningún rol. La parte que viene ahora consiste en intentar, a partir del texto del Consejo y no del de la Comisión Experta, tratar de suavizar algunos aspectos que están más duros que la Constitución vigente, pero también que el mundo de la izquierda empatice con un resultado electoral. Nosotros nos vamos a abrir a todos los temas que sean necesarios para tener un entendimiento lo más amplio posible, pero tiene que haber voluntad de la izquierda de no atrincherarse en un eslogan”.

Martorell coincide con esto: “La verdad es que (el texto que llega desde el Consejo) se mantiene cerca de un 70% igual (al que había redactado la Comisión). Era evidente que los consejeros llegarían con todas las demandas ciudadanas que escucharon en la calle cuando hacían sus campañas, cuando conversaban con la gente, por lo tanto, era muy esperable que esto (el texto escrito por los comisionados) cambiara. De hecho, si no hubiese cambiado, no habría tenido sentido el proceso en la forma en que se pensó. Ahora estamos en una tercera etapa, donde tenemos que buscar acuerdos de nuevo, buscar consensos y tratar también de perfeccionar técnicamente el texto lo más que se pueda”.

Respecto de cuánto pesa al interior de la Comisión el hecho de que haya solo un republicano, pero que la definición se haga en el Consejo, donde ese partido tiene una amplia mayoría, una fuente experta de la derecha señaló a CIPER que “la verdad es que es súper complejo, porque, en el fondo, pasamos de tener nosotros empate técnico, por decirlo de alguna manera, con la izquierda. Estamos tratando de que el Partido Republicano no quede fuera o que tenga el conocimiento a lo menos de las decisiones que vamos a ir tomando, que vamos a ir adoptando”.

Otra fuente señala que “si ellos (los consejeros del Partido Republicano) quisieran, se rechaza la Constitución. Punto. Entonces, es muy importante mantener los canales abiertos de manera permanente con ellos. Y creo que eso es algo de lo que no solamente somos conscientes en Chile Vamos, sino que también la izquierda. O sea, (…) tenemos que ir tratando de que ellos también comprendan las decisiones que tomamos”.

Entre los temas que los republicanos estarían dispuestos a ceder estarían la paridad de salida y moderar algunos alcances de la libertad de elección en salud y seguridad social. Pero, no sería negociable para ellos lo que tiene que ver con migración, reducción del número de parlamentarios y, especialmente, la norma que defiende la vida de “quien” está por nacer, entre otras materias.

LO "FUNDAMENTAL" EN PUNTO MUERTO

Hasta ahora, en los espacios de diálogo que ha abierto la Comisión Experta, las negociaciones sobre los temas fundamentales para ambos bandos siguen estancadas. “La síntesis es que se han despejado varias cosas, pero de orden menor y técnico. Pero en los aspectos relevantes y sustantivos no ha habido avance alguno”, resume el consejero Yerko Ljubetic.

Entre los temas “menores” que sí lograron salida está la norma sobre justicia militar, criticada por el oficialismo ya que podría llevar a que se revisaran casos con víctimas civiles bajo ese régimen. “Tal como está formulado ese punto, implicaría una serie de riesgos, de retroceso en una cuestión muy importante que incluso expone al Estado de Chile a su responsabilidad internacional, porque hay fallos de la Corte Interamericana que se refieren a la necesidad de que el Estado de Chile vaya reduciendo a su debido nicho la justicia militar, que no involucre a civiles y que sean delitos estrictamente militares, por ejemplo”, explica Ljubetic. Según el oficialismo, existiría un acuerdo entre los expertos para eliminar esa norma del texto, la que en su momento fue aprobada por todos los consejeros de derecha presentes en el pleno.

El reglamento de este segundo proceso constitucional determina que los 24 expertos deben enviar sus observaciones el sábado 14 al pleno del Consejo, que debe votarlas. Para aprobarlas se requerirá de los tres quintos (30 votos) y para rechazarlas, dos tercios (33). Todas las que no entren en estas dos categorías pasarán a una comisión mixta (integrada por seis consejeros y seis comisionados) quienes elaborarán una última propuesta que tendrá votación única. De no alcanzar los tres quintos, será desechada.