Por qué es importante construir una gobernanza del agua

Chile es el único país OCDE que no cuenta con organismos de cuenca para la gestión de recursos hídricos. A la vez, enfrenta cada año un alto «estrés hídrico», pues agota casi todo su suministro de agua en diversas necesidades ineludibles. En columna para CIPER dos integrantes de la Fundación Newenko se refieren a la controversia por la implementación de los Consejos de Cuenca pilotos y abordan críticas de parte de organizaciones relacionadas.

El 17 de agosto pasado, un titular de prensa daba cuenta de la crítica que algunas Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUAs) han hecho a la implementación de Consejos de Cuenca pilotos por parte del Ejecutivo, a través de una carta firmada por veintidós juntas de vigilancia y otras dos organizaciones de usuarios. Que se pretendería «usurpar» la gestión del agua «al margen de la ley» es la crítica matriz que subyace a sus reclamos, argumento que además presentaron ante la Contraloría General de la República con fecha 8.08.2023.  Visto desde sus intereses particulares, el reclamo de las OUAs era esperable; sin embargo, se aleja del ánimo con el que se ha venido construyendo la  transición en la gestión del agua, cuestión en la que en nuestro país se avanza desde hace años, que se ha comenzado a reflejar en la esperada reforma del Código de Aguas y que cuenta con un respaldo transversal en el diagnóstico.

No podemos dejar de recordar que Chile se encuentra entre los países con mayor estrés hídrico a nivel mundial, y primero en la región latinoamericana, siendo ubicado (2019) en el puesto número 18 de entre 164 países en la categoría de riesgo muy alto y a un solo puesto de pasar a riesgo extremo. A lo anterior se deben agregar los nuevos datos del Atlas de Riesgos Hídricos del Acueducto del World Resources Institute, que muestran a veinticinco países que cada año se enfrentan a un estrés hídrico extremadamente elevado, entre los que se encuentra Chile. Esto significa que países como el nuestro agotan regularmente casi todo su suministro de agua disponible, pues utilizan más del 80% de dicho suministro, renovable, para el riego, la ganadería, la industria y las necesidades domésticas.

El diagnóstico sobre los problemas que enfrenta el país en materia hídrica es claro: «El 17% de las causas son atribuibles al cambio climático, mientras que el 83% se debe a acciones e intervenciones humanas. Estas últimas, en su gran mayoría, se atribuyen a la deficiente gestión hídrica» [ESCENARIOS HÍDRICOS 2030, 2021, p. 12]. No se trata aquí de desconocer la expertise en distribución que tienen las OUAs, sino más bien reconocer que, dentro de la actual institucionalidad, tal rol no es suficiente para el necesario balance entre los componentes ambiental, social y productivo que deben permear a un sistema de gestión sostenible.



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Teniendo el diagnóstico claro, podemos decir que existen ciertos consensos entre los diversos actores del agua. El primero es la necesidad de establecer una agencia o autoridad autónoma de aguas, que coordine a la cincuentena de organismos con atribuciones para su gestión y que tenga mayores atribuciones; en particular, en materia de fiscalización. Ello ya venía recogido de manera similar en la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025, elaborada durante el gobierno de Sebastián Piñera. El segundo es la necesidad de establecer Consejos de Cuencas que permitan planificar, coordinar los diversos usos y mejorar la gestión, así como tener claridad del agua disponible, superficial y subterránea, teniendo como unidad mínima de gestión a la cuenca o grupo de ellas. Estas propuestas responden a lo que ha sido uno de los principales problemas que tenemos en relación con la crisis del agua, que, como ya mencionamos, es la gestión [ver propuesta de Fundación Chile «Gobernanza desde las cuencas: Institucionalidad para la seguridad hídrica en Chile»]. Recordemos que Chile es el único país OCDE que no cuenta con organismos de cuenca para la gestión de recursos hídricos, a pesar de los diversos informes nacionales e internacionales que dan cuenta de la necesidad de abordar la crisis del agua mediante la gestión de cuencas, instalando consejos u otras formas de organización como piedra angular de la gobernanza.[1]

En esa línea, el gobierno actual comenzó un plan piloto de cuencas —una por cada región— para la construcción de acuerdos voluntarios entre los distintos actores, y así trazar una hoja de ruta con mirada colaborativa en cada cuenca. Este avance es coherente con la actual legislación, pues si bien la reforma del Código de Aguas de 2022 no se refirió en particular a ese aspecto, sí señala la obligación de establecer un equilibrio entre las funciones productivas, ecosistémicas y de consumo humano. Con ello, se busca generar seguridad y equidad en el acceso al agua, otorgando mayor estabilidad al abastecimiento, priorizando su uso para el consumo humano, al agua potable, el saneamiento, la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo local. Asimismo, la participación de todos los actores de forma abierta e inclusiva,  desde las etapas iniciales de los procesos de toma de decisiones, es un imperativo exigido por el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, que el Estado de Chile debe observar y cumplir en materias ambientales.

Pretender entonces que la institucionalidad y gobernanza del agua permanezcan igual o sin modificaciones estructurales es sumamente preocupante. Retrasar los aprendizajes y las mejoras que ya pueden comenzar a levantarse en los Consejos de Cuenca pilotos bajo la excusa de que debe primero tramitarse una modificación legal en el Congreso solo replica errores históricos que como país nos han mantenido con graves problemas en la gestión del agua (recordemos que la Reforma al Código de Aguas demoró más de doce años, y que se han intentado impulsar organismos de cuenca desde los años 90). Es claro que se debe tramitar un proyecto de ley, pero ello no impide que, ante un diagnóstico claro, colaboremos para que cuando se tramite una nueva institucionalidad, se haga con la mejor información disponible y teniendo como antecedente parte de la experiencia local. Esta experiencia nos puede ahorrar un sinfín de errores en la modelación e implementación de una nueva gobernanza, errores que solo irían en desmedro de las y los usuarios del agua y ecosistemas.

De acuerdo con la propuesta de Fundación Newenko y muchas otras que vienen desarrollándose hace años, el núcleo central de un organismo de cuenca —ya sea que se llame consejo, corporación o de otra forma— son precisamente las organizaciones que gestionan actualmente el agua y que cuentan con experiencias únicas, tales como las OUAs y los Servicios Sanitarios Rurales (SSR). Su vinculación inicial, voluntaria, es fundamental para el éxito del proceso, primero piloto y luego formalizado a través de una reforma legal alcanzada democráticamente, ya que conocen de primera fuente lo que implica la actual gestión de los recursos hídricos y la particularidad de cada curso de agua.

Por ello miramos con preocupación el comunicado de las veintidós juntas de vigilancia, el anuncio de algunas de ellas de restarse de participar (como fue anunciado por la Junta de Vigilancia del Huasco) y también lo que otras voces han aprovechado de difundir. Durante las últimas semanas hemos leído y escuchado variadas declaraciones que, sin aportar propuestas fundadas o acciones para superar las brechas en la gestión del agua, siembran desconfianzas injustificadas y pretenden limitar la participación que hasta ahora muchas OUAs han tenido, desconociendo avances, consensos y años de trabajo en esta materia. De acuerdo a la información pública, el pilotaje planteado no busca usurpar la gestión del agua, sino promover la participación en la elaboración e implementación de los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos, los que han sido mandatados por ley [art, 293 bis del Código de Aguas y art. 13 de la Ley Marco de Cambio Climático], así como en un futuro proyecto de ley que formalice la gobernanza coconstruida. Para un mejor proceso y futuro cambio legal, las OUAs deben contribuir compartiendo sus indudables conocimientos, levantando sus preocupaciones y sumando sus propuestas, ya que ello permitirá fijar una mejor hoja de ruta y operativizar los principios de eficacia, eficiencia, confianza y compromiso, vitales para la gestión a nivel de cuenca. Lamentablemente, durante las últimas semanas hemos leído y escuchado variadas declaraciones que sin aportar propuestas fundadas o acciones para superar las brechas, siembran desconfianzas y pretenden limitar la participación que hasta ahora muchas OUAs han tenido, desconociendo avances, consensos y años de trabajo en esta materia.

Son pocas las instancias que como país hemos tenido para que la toma de decisiones esté acompañada de procesos como este, el que no ha surgido de manera irreflexiva ni espontánea con el fin de usurpar, sino que, siendo coherente con los últimos avances legales, es la concreción de años de trabajo, estudios, diagnósticos, propuestas y aprendizajes, que buscan encontrar soluciones para lograr la seguridad hídrica en nuestro país. Por lo mismo, se requiere altura de miras, dejar de negar las brechas que aquejan la gestión hídrica, reconocer que tenemos múltiples formas para hacerles frente, y que muchas de ellas dependen de una participación transversal, incluídas las OUAs y otras organizaciones y actores clave. 
  

REFERENCIAS: