Crisis de las isapres: cumplir sin desvíos

Antes que un “perdonazo” a las isapres en su situación actual, el autor de esta columna para CIPER, médico salubrista y profesor universitario, recuerda que «hay otras salidas más coherentes con el Estado de Derecho, con los principios de la seguridad social, con la dignidad de las personas y el derecho a la salud.»

La propuesta presentada hace unos días por un grupo de ex superintendentes de Isapre y de Salud (SIS) para abordar la crisis en la que se encuentra el sector privado de salud es otro intento por evitar el cabal cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema cuyo plazo fue extendido hasta noviembre próximo. Es un texto que redunda en la postura dominante hasta ahora en el debate en grandes medios, el cual amenaza con el abismo de la industria, de sus beneficiarios y de los prestadores privados con fines de lucro que dependen de dicha industria.

Se trata de un informe preparado por un conjunto de ex autoridades del sector que hoy se desempeñan en el área académica o en las propias aseguradoras privadas con fines de lucro (o empresas asociadas): Héctor Sánchez y Manuel Inostroza (editores); y César Oyarzo,  Alejandro Ferreiro, José Pablo Gómez, Sebastián Pavlovic y Patricio Fernández (suscriptores). Al respecto, son evidentes los conflictos de interés o, al menos, enfoques ideológicos que hacen dudar sobre la objetividad de la propuesta. La intención del texto es salvar a como dé lugar a las isapres, y para esto definen una serie de medidas que en sus palabras son transitorias, que no implican el abandono de la idea de un futuro seguro único de salud, y que refuerzan la idea de que la mayoría de los usuarios está satisfecha con el sistema, etc.

La propuesta de cálculo de la deuda de las isapres con sus beneficiarios que se hace en la citada propuesta incluye aspectos tales como: procedencia de devolución de los cobros en exceso a los que hace referencia el fallo de la Corte Suprema solo en aquellos meses o períodos en los que las isapres hayan obtenido utilidades; plazos extendidos para aminorar el impacto financiero (5, 10 años o más, de ser necesario); distintas formas de devolución (en prestaciones de salud, con coberturas financieras adicionales o menores copagos); capitalización accionaria por parte de los beneficiarios a los que se les adeuda; dinero efectivo solo para los casos en que una vez cumplidos los plazos de pago de las modalidades anteriores quedase aún un remanente. Todo lo anterior, entre otras sugerencias técnicas que favorecen un cálculo menor del dinero adeudado a las personas. En otras palabras, la propuesta se vale de datos parciales e interesadamente orientados a un objetivo que va en beneficio de las compañías para el desmedro de sus afiliados.

Los autores de la propuesta han declarado hasta ahora a la prensa que su aporte metodológico «tiene como objetivo mostrar algunos caminos alternativos para enfrentar el dilema al cual en cinco meses no se ha podido resolver a través de una solución viable que cumpla los tres consensos alcanzados: aplicar y cumplir, no desestabilizar y no solucionar con mayor gasto fiscal»; así como que la interpretación de la crisis que hace el gobierno «está jugando con fuego, será un boomerang que se les va a devolver […]. Que se paguen los US$ 1.400 millones será la caída del sistema isapre, porque es inviable pagar ese monto». En su exposición ante la Comisión de Salud del Senado, uno de los editores de la propuesta manifestó que las empresas dueñas de isapres «van a recuperar su capital en los tribunales internacionales, ellos van a resolver su problema y se van a ir. El problema nos va a quedar a nosotros, a los chilenos, que en definitiva nos vamos a tener que hacer cargo de todas las personas que hoy día están en tratamiento».

Debemos recordar que en encuestas recientes, sólo un 16% de los beneficiarios de isapres consultados se manifiestan de acuerdo con el proyecto de los senadores de centroderecha que implica un perdonazo para la industria (reforma constitucional mediante). Sin embargo, todo en el debate actual parece presentarse como si no hubiese más camino que aplicar mecanismos que les permitan a los aseguradores privados disminuir ostensiblemente su deuda por secretaría y/o pagarla en un largo plazo y en «servicios»; vale decir, no pagar a sus deudores como corresponde: en dinero, el mismo que obtuvieron a través de cobros indebidos.

Pero hay otras salidas más coherentes con el Estado de Derecho, con los principios de la seguridad social, con la dignidad de las personas y el derecho a la salud. Una propuesta que no se ha planteado aún es la de generar un proyecto de ley que contenga un plan de cierre del negocio actual de las isapres y de apertura del negocio de seguros complementarios, tal como fue planteado en 2014 por la Comisión Asesora Presidencial, pero ya no en una transición de diez años sino en cinco o menos. Con un diseño tal que se haga una instalación del seguro único de manera ordenada, regulada y, sobre todo, protegiendo a los afiliados a isapres con enfermedades crónicas y graves para que no se deterioren sus actuales condiciones ni caigan en la ruina financiera.

Esto último es de la mayor trascendencia. Implicaría un desafío mayor para el seguro único, ya que, para mantener el principio de igualdad de la seguridad social, este debería generar las mismas condiciones de «excepcionalidad» en la atención y cuidado para los beneficiarios que están ahora en Fonasa en las mismas condiciones de enfermedad que las de los de isapres. Es decir, si una persona de isapre con una enfermedad grave o GES se atiende en unas determinadas condiciones de oportunidad y calidad de atención/hotelería, al producirse el cambio de sistema debe mantener esas mismas condiciones (y, a su vez, lo mismo con un afiliado a Fonasa). Habría así un efectivo «nivelar para arriba» la protección social, ya que estaría determinada por las condiciones de salud-enfermedad y no por la capacidad de pago de las personas. Ese proyecto sí implicaría más gasto fiscal, pero ese mayor gasto no sería para subsidiar a una empresa, sino para todas las personas que por condiciones sanitarias requieren ser tratadas de una manera preferencial, diferente, como ocurre hoy pero solo para los beneficiarios de isapres.