Cuando el Talibán volvió al poder en 2021, el gobierno de Sebastián Piñera ofreció refugio a familias afganas. Desde ese año, acorde a información oficial, han ingresado 475 ciudadanos de ese país. Y si bien muchos permanecen en Chile, más de 200 se han ido. CIPER conversó con afganos que siguen en Chile y con una de las familias que ya se fue. También con personas que participaron en el proceso de acogida. Todos aseguran que el principal problema es que el Estado no asegura ayuda para quienes piden refugio y que el apoyo que aporta es insuficiente, además de que Chile es un país caro para vivir y que el trámite para alcanzar la calidad de refugiado tarda mucho.

Antes de tomar sus maletas e irse en un bus hacia la frontera con Perú, Erre y su esposa pensaron mucho si debían o no dejar Chile. Habían llegado en septiembre de 2021, escapando de su país, Afganistán, cuando los talibanes volvieron a tomar el poder. Pero ambos concluyeron que debían partir. Habían llegado por la promesa de refugio con que el gobierno de Sebastián Piñera abrió la puerta a centenares de afganos, pero que una vez acá no recibieron el apoyo que esperaban. Por lo mismo, al cabo de un año muchos de ellos decidieron partir.

En diciembre de 2022, Erre llegó a Arica, y allí, según cuenta, unos migrantes colombianos los guiaron hasta un paso no habilitado, lejos de los controles de la Policía de Investigaciones (PDI). Anochecía cuando cruzaron la frontera. De solicitantes de refugio pasaron a ser migrantes indocumentados.

Erre cuenta que no les alcanzaba su mensualidad para pagar todos los gastos de la casa. “Tenía un salario de $500 o $530 mil pesos, pero nuestro arriendo costaba $400 mil. No era suficiente: con el gas, con la luz, con el gasto común, llegaba a $700 mil”, dice.

La Subsecretaría del Interior confirmó a CIPER que “la ley de refugio en Chile no asegura ayuda económica para refugiados o solicitantes de refugio, por el solo hecho de serlo”. Las cooperaciones, explicaron, son focalizadas y están pensadas para personas que sean calificadas como vulnerables.

Fuente: Wikimedia Commons

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) informó a CIPER que, entre enero de 2021 y febrero de 2023, ingresaron 475 ciudadanos afganos, con un claro peak en 2021, cuando se desató la crisis en Afganistán. Pero en el mismo lapso salieron de Chile 206 afganos, de acuerdo con datos de la PDI citados por el Minrel. Aunque CIPER consultó si esos datos incluyen a personas que se fueron de manera irregular, como el caso de Erre, o que ingresaron o salieron más de una vez, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

A pesar de que el Estado no compromete una mantención económica a los solicitantes de refugio, en la Subsecretaría del Interior, donde se aloja el Departamento de Acción Social de esa repartición, informaron a CIPER que tienen el Programa de Asistencia Humanitaria Básica, cuya ejecución es adjudicada a terceros sin fines de lucro. Mediante ese programa se “gestionaron aportes para la compra de enseres básicos del hogar, apoyo para el pago de arriendo”, pero solo para seis familias afganas. Por medio de otro fondo, aseguran que hubo aportes para ayudar con los arriendos de otras familias de la misma nacionalidad. Y a través de la Universidad Católica se organizaron cursos de español, entre otras cosas.

Igualmente dicen que la ayuda social a los solicitantes de refugio depende de su nivel de vulnerabilidad en Chile. Se puede dar soporte de comida, educación, gastos de arriendo y otros. Pero se han detectado fallas entre las entidades del Estado a la hora de poner en marcha las acciones cuando se detecta a una persona vulnerable. Desde la Subsecretaría del Interior informan que se conformó una mesa para trabajar el tema, “con el objetivo de garantizar conjuntamente acciones intersectoriales para la acción social e integración en el país de personas refugiadas y solicitantes de refugio”.

“Desafortunadamente, del gobierno no recibimos ninguna ayuda o beneficio, pero algunas personas chilenas nos ayudaron”, cuenta Erre. Solo en dos oportunidades, relata, recibió apoyo de municipalidades para calefaccionar su casa en invierno y, además, hizo un curso de español.

VIAJE A ESTADOS UNIDOS

Erre y su familia están hoy en una ciudad de Estados Unidos. Para llegar hasta allá, explica que atravesaron diez países, entre ellos Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y México. En Panamá se internaron a través de la peligrosa selva del Darién, por donde caminan los migrantes latinoamericanos, tal como lo ha cubierto la prensa internacional. “Todo el camino fue difícil. Dormimos en buses. Un mes estuvimos en nuestro viaje”, agrega Erre.

La toma del poder del Talibán en Afganistán quedó zanjada a mediados de agosto de 2021, cuando el expresidente Ashraf Ghani huyó hacia el extranjero y las tropas talibanas ingresaron en Kabul, la capital de ese país. A partir de ese instante, las autoridades chilenas indicaron que estaban trabajando para que se refugiaran cientos de afectados en Chile. En el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) señalan a CIPER que el 26 de agosto de 2021 se informó que “las personas identificadas para refugiarse en el país alcanzarían una cifra de 270 personas”.

Lo concreto es que decenas de afganos se fueron de Chile, buscando un mejor futuro en lugares como Canadá o Estados Unidos. Algunos que todavía viven aquí contaron a CIPER las dificultades que tienen, como lo caro que les significa vivir a pesar de que están de allegados. Ellos conocen a gente que partió de Chile en los últimos meses: son sus propios familiares o amigos. 

Además, conversamos con personas ligadas a universidades, ONG y voluntariados que trabajaron con afganos, los que que aseguraron que las condiciones en que estos vivían no eran buenas, y que entre ellos comentaban que un problema recurrente era la diferencia preocupante entre sus ingresos y gastos. También dijeron que algunos venían con otras expectativas, y que desde el inicio lo único que querían era llegar a Estados Unidos, Canadá o Europa, independientemente de si Chile era un buen sitio o no.

Los expertos son claros en que se deben mejorar las políticas de asistencia a solicitantes de refugio. Tamara Madariaga, encargada de responsabilidad social universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, quien ha asistido a la mesa convocada por la Subsecretaría del Interior para tratar este tema, fue parte del equipo que organizó el año pasado un curso de español para afganos. Dice que llegaron 70 personas, de los cuales la mayoría provenían de Afganistán. Varios desertaron en el camino. Pero este 2023 no llegó ningún afgano.

“Creo que el Estado de Chile no tiene una política migratoria que acoja a personas migrantes, sin duda. Esa es mi postura personal al respecto. Y por lo mismo existen muy pocas alternativas como esta, que nosotros hacemos, que sea una respuesta, pero que además es muy escueta, no da abasto para las necesidades reales de la gente no hispanohablante que llega a Chile”, dice Madariaga.

POCO RECONOCIMIENTO COMO REFUGIADO

Toda la familia de Erre es de Afganistán. Sus parientes directos siguen allá. El día en que los talibanes volvieron a ingresar a Kabul, pensó que quizás habían cambiado. Pronto se dio cuenta de que no era así: “Clausuraron las puertas de las escuelas para las niñas, las universidades para mujeres. Las mujeres no podían trabajar en oficinas, organizaciones, en el gobierno”.

Eme es una mujer que todavía vive en Santiago. Llega con tres hijos a la entrevista con CIPER, realizada en un sector de la Plaza de Maipú. Cuenta que unos amigos de su familia los ayudaron para recolectar fondos y adquirir los pasajes para desplazarse desde Asia hasta Latinoamérica. Luego de una travesía por otros países, llegaron hasta Brasil: “Ahí estuvimos casi dos días en el aeropuerto, porque no pudimos pagar una pieza para dormir. Luego nos vinimos a Chile”.

Mohammed es un afgano que vive hace dos décadas en Chile. También escapó del Talibán, solo que en otro contexto histórico. Pero cuando estos regresaron al poder en 2021, prontamente agilizó sus esfuerzos para traer a familiares y amigos a nuestro país. “La mayoría llegaron acá con la esperanza de adaptarse y encontrar trabajo. A nuestros familiares les brindamos la ayuda que se podía”, dice.

Mohammed afirma que el trato con el Estado de Chile era únicamente que se gestionaran los salvoconductos para poder entrar a suelo nacional, pero no había compromisos de aportes económicos. 

Quienes tuvieron mejores opciones fueron aquellos afganos que llegaron a Chile ayudados por la ONG Ascend, que intenta empoderar a mujeres a través del montañismo. En 2021, esta fundación había construido un centro deportivo en Kabul, pero sus planes se vieron interrumpidos por el Talibán. Entonces, “Ascend centró sus esfuerzos en evacuar y reasentar a los miembros del personal afgano y a las participantes clave en situación de riesgo, logrando reasentar a 134 mujeres afganas en diferentes países: Polonia, Irlanda, Estados Unidos, Canadá y Chile”, dice Susana Casas, coordinadora del programa de la ONG acá en Chile, que finalizó en diciembre pasado.

Ella señala que a suelo nacional llegaron siete mujeres junto con sus familias: 21 solicitantes de refugio en total. Un grupo de privados, encabezados por el ex subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, les colaboraron con el pago de arriendos y alimentos. “En esta lógica de que no había un plan público, como había ocurrido en otros procesos de refugio –donde es el Estado quien ha financiado este tipo de ayuda–, nosotros nos propusimos de alguna manera decir ‘bueno, levantemos todo lo que se requiera para entregarle todo lo que estas familias van a necesitar, para sobrevivir un año en Chile’”. Aquello, según Villarreal, incluyó “desde plata para el bolsillo, hasta un lugar donde vivir, salud, alimentación, el tema idiomático”. Pagaron departamentos por más de un año.

A mediados de agosto de 2021, el Talibán se tomó nuevamente Kabul, la capital de Afganistán.

Pero de ese grupo de afganos, solo tres de ellos permanecen en el país. Según Susana Casas, los demás, al acabar el programa, se fueron por tierra hacia Estados Unidos y Canadá, “utilizando rutas y contactos que anteriormente otros compatriotas e incluso otras personas de otras nacionalidades ya utilizaron para llegar a los países mencionados”. A pesar de que estaban insertados laboralmente, dice Casas, “consideraban que no era suficiente el ingreso que obtenían para cubrir sus gastos, sobre todo una vez que egresaran del programa Ascend”.

Para estos solicitantes de asilo, Sebastián Villarreal, quien sí le reconoce al Estado múltiples gestiones en favor de ellos, cree que hubo mucha demora en asignarles la calidad de refugiados. “Era un proceso que yo desconocía, y encuentro que es demasiado lento para una realidad que requiere una tramitación mucho más rápida”, dice.

CIPER consultó al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) por la cantidad de reconocimientos de refugiados afganos que hubo entre 2021 y 2023. En ese organismo indicaron que “actualmente se ha reconocido la condición de persona refugiada a seis nacionales afganos, mientras que los restantes 216 solicitantes de refugio se encuentran en la última instancia de resolución de su solicitud”.

Respecto de la demora, en el Sermig afirman que se debe considerar que “una parte de los solicitantes de refugio realizaron su petición un año después del vencimiento de los permisos de residencia ya otorgados por el Sermig en el 2021. Por ello, 146 nacionales afganos solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiados durante el año 2022 (año siguiente a la llegada de los talibanes), y 90 de ellos formalizaron la solicitud en octubre, noviembre y diciembre de 2022”. 

Mohammed empleó a varios afganos que llegaron a Chile escapando del Talibán. Está agradecido con el Estado por haber facilitado los salvoconductos. Pero su crítica tiene que ver precisamente con el tiempo que tardaron las solicitudes de asilo: 

–Había una incertidumbre, porque no sabían lo que iba a pasar con su solicitud de refugio. La mayoría que hablaba con amigos que llegaron a otros países, sobre todo Estados Unidos o Canadá, se enteraban de que allá en seis meses tenían su permanencia definitiva. Aquí ni siquiera sabían si es que el Estado iba a aceptar su solicitud. Ese es el motivo principal de la mayoría de los que se fueron que yo conozco.

FALTAS DE AYUDAS

Las clases de español en la Universidad de Santiago fueron gestionadas directamente por ese plantel, según dice Tamara Madariaga, una de sus organizadoras. Este año no les llegaron alumnos afganos. Madariaga afirma que los estudiantes tenían problemas por el alto costo del pasaje del transporte urbano. Eso sí, valoraban las colaciones que les entregaban: “Muchas veces pasaba que esa era la única comida que tenían el martes o jueves por la tarde. De hecho, los niños, ya con más confianza, después nos pedían más de un galletón, porque tenían mucha hambre”.

Los familiares de Mohammed no recibieron ayuda por parte del Estado, salvo alimentos que le entregaron desde la Municipalidad de El Bosque. Erre cuenta que el soporte que recibió provino siempre, en gran parte, de privados. Eme también hizo un curso de español, pero tampoco le han dado mucha más ayuda desde el Estado, dice. Ella sigue viviendo en Chile y, junto con su familia, están de allegados en la casa de unos amigos de familiares.

Eme, su cónyuge y sus hijos no tienen los recursos necesarios para hacer una vida en un hogar propio. La única persona que trabaja es él, pero su salario es bajo y no le alcanza para arrendar un departamento. Cuenta además que pidió ayuda a un municipio para obtener un subsidio de arriendo, pero no tuvieron respuesta.

El tema del alquiler y el idioma son fundamentales para los solicitantes de refugio. No por nada organizaciones internacionales han puesto su foco en esos puntos. En el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informan a CIPER que financiaron “dos cursos de español de la Universidad Católica para familias, como una forma de promover su rápida integración/inserción en el ámbito laboral y social del país”. 

Junto con la Vicaría Pastoral, añaden en ACNUR, “agregamos un componente de acompañamiento por medio de un trabajador social (durante 2022 y 2023), encargado de realizar un diagnóstico, monitoreo y entrega de respuesta a necesidades básicas de 23 familias provenientes de los cursos de español (municipalidades del Bosque y Maipú), la Fundación instituto de Cultura Afgana y FASIC. El apoyo entregado incluyó alojamiento, alimentación y kits de higiene”. Por último, afirman que financiaron un mes de alojamiento en una residencia de la vicaría para siete familias que llegaron con Ascend.

Afganos asistieron a clases de español en la Universidad de Santiago de Chile.

El Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior también ha visto temas de soporte con los arriendos. Según señalan a CIPER, tienen un Programa de Asistencia Humanitaria Básica, llevado a cabo por terceros, en donde se prestó apoyo. En concreto, dicen que en 2021 se colaboró con una familia en el alquiler de tres meses, lo que totalizó un monto de $1.176.000. Añaden que en 2022 se aportó para arriendo también por tres meses por un monto de $2.320.000 para las seis familias de Ascend. Y ese mismo año, según informó la subsecretaría, “el 32% de las familias refugiadas y solicitantes de refugio recibieron aportes en habitabilidad, sin embargo, dichos aportes no fueron financiados con recursos del Programa. Siendo cargadas al proyecto ejecutado por la Vicaría de la Pastoral Social con financiamiento del ACNUR. Los aportes en esta línea fueron cuantificados en $10.905.519”.

Igualmente, comentan que junto con ONU Mujeres y la Fundación Emplea, se generaron “acciones destinadas a guiar y acompañar la inserción laboral en Chile de manera focalizada para este grupo de la población”. Por último, durante 2022 financiaron cursos de español en la Universidad Católica, y han hecho aportes a través de gift cards, vivienda, alimentos y artículos de higiene que ascienden a $2.410.000 en 2023.

Pese a todo, desde la Subsecretaría del Interior indican que “no existe un circuito institucional que se activara desde que se toma conocimiento inicial de una persona, solicitante de refugio, en situación de vulnerabilidad”. Tampoco hay “aportes económicos estandarizados y garantizados” para estos grupos, por lo que la atención social dependerá del nivel vulnerabilidad. Asimismo, el Estado no tiene obligación de entregar aportes económicos, ni siquiera a las personas que se encuentran ya con su calidad de refugio reconocida. Para mejorar el tema, se generó una mesa intersectorial llamada “Mesa intersectorial para la acción social de personas refugiadas y solicitantes de refugio”.

“Se ha buscado institucionalizar y reforzar el sistema de derivación de casos con el objetivo de maximizar las acciones intersectoriales para la acción social e integración de personas refugiadas y solicitantes de refugio”, afirman desde la subsecretaría.

Luis Berríos, secretario ejecutivo de la Vicaría de la Pastoral Social Cáritas, dice que en esa institución piensan que para refugiados o solicitantes de refugio hay “un sistema deficiente de protección social. Digo deficiente porque si bien hay servicios a los que pueden acceder, siempre son bastante limitados, y por supuesto el Estado no provee soluciones para la situación del idioma, tampoco para los temas de vivienda; sí entrega una pequeña mantención a través del fondo ORASMI (Organización Regional de Acción Social), que se valora pero no es suficiente”.

LA HUÍDA HACIA OTROS DESTINOS

Eme sigue en la Plaza de Maipú. Ya casi finaliza la entrevista, y le consultamos si conoce a afganos que se hayan ido de Chile. Su respuesta es enfática: “Eran muchas familias. Chile era muy caro para vivir y muy difícil para encontrar un trabajo también. Básicamente (se fueron) porque tenían problemas financieros, y buscaban algo mejor. Tampoco podían encontrar un trabajo fácilmente”.

Tamara Madariaga, de la USACH, que sigue en contacto con algunos afganos que se fueron de Chile, señala que no sabría decir exactamente cuántos de sus alumnos partieron, pero tiene un grupo de WhatsApp con ellos donde “se han retirado este último mes por lo menos unas 20 personas, y esas personas claramente ya no están en Chile”.

Sebastián Villarreal, uno de los privados que gestionó las ayudas para los afganos, señala que, al menos los que venían con Ascend, viajaron con una expectativa mucho mayor relacionada con nuestro país. Pensaron, dice, que era más parecido a Canadá: “En su cabeza había una expectativa de país desarrollado, que quizás era mucho más parecido con lo que vivieron los grupos de refugiados que se fueron a países como Canadá, que tiene una trayectoria en refugio, un programa gubernamental de refugio; acá llegaron a un país donde había una ausencia de un Estado en materia de refugio, pero había un grupo de privados que estaba dispuesto a acompañarlos. Entonces yo te diría que había un tema de expectativa de un Estado que quizás no encontraron”.