#7M Lo que está en juego

«El actual proceso enfrenta a una sociedad que se encuentra muy escéptica respecto a la posibilidad de establecer un acuerdo de convivencia política y social. Lo que se observa es una élite política que busca alcanzar cuotas de poder circunstanciales pero que no logra concentrarse en lograr acuerdos sobre lo importante.» [más de CIPER-Opinión, en #NuevaConstitución]

Esta será la tercera oportunidad, en lo que va de siglo XXI, en que el sistema político de nuestro país intenta establecer un pacto de convivencia política y social, y es precisamente aquello lo que está en juego el próximo domingo 7 de mayo. La primera oportunidad devino casi una década atrás, cuando la presidenta Michelle Bachelet inauguraba un proceso constituyente «democrático, participativo e institucional». En esa ocasión se restaron de participar los principales partidos de derecha; los mismos que, irónicamente, son los que más aluden al texto propuesto por Bachelet en una reforma total de la Constitución propuesto al final de sus días en el poder.

La segunda oportunidad vino después del estallido de octubre de 2019. En esa ocasión, la totalidad de los partidos con representación en el Congreso concurrieron en la idea de generar un proceso constituyente abierto. Tan abierto, que acordaron establecer paridad de resultado, listas de independientes y escaños reservados para pueblos indígenas. Estas innovaciones electorales, unidas al momento social que se vivía, hicieron que la representación se inclinara hacia una representación particular y única en la historia reciente de Chile. El resultado fue un texto excesivo y recurrente en su prosa, y que, en su desarrollo y su formulación, excluyó a los sectores de la derecha.

Hoy el país enfrenta una tercera oportunidad. Aunque todavía no conocemos su resultado, lo que sí sabemos es que en el modelo escogido dominarán las fuerzas partidistas representadas en el Congreso. Si el segundo proceso pecó de bajos vínculos entre el poder constituyente y el constituido, en esta ocasión se produce la situación contraria: se trata de un proceso fuertemente dependiente de los actores políticos.

La sociedad enfrenta este nuevo proceso desde la distancia, la duda y el escepticismo. Un estudio de la Universidad Diego Portales y Feedback [abril 2023] muestra que la opinión pública se ha informado muy poco del proceso y de las candidaturas, y que plantea posturas ambiguas en una serie de dimensiones. Así, el 83% se declara poco o nada informado sobre el proceso constituyente.

El 89% declara conocer «poco o nada» a los candidatos o candidatas de su región.

Cuando en el citado estudio se preguntó sobre la decisión del Congreso Nacional de establecer una Comisión Experta, el 23% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo, y el 36% estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo. Pero lo interesante es que otro 36% señaló no tener la información suficiente para opinar sobre el tema. Cuando se pregunta sobre la legitimidad del proceso, un 22% le asigna alta legitimidad; el 31%, baja legitimidad; y, de nuevo, un 38% se ubica en posturas intermedias.

Cuando se interroga sobre la probabilidad de que un nuevo texto sea aprobado por la ciudadanía, el 49% señala que es poco o nada probable; mientras el 39% indica que es algo o muy probable. Los más optimistas respecto de su aprobación son los sectores socioeconómicos altos y personas que se autoidentifican con la centroizquierda, mientras los más pesimistas son las personas de derecha y sectores socioeconómicos bajos.

Por su parte, la encuesta Pulso Ciudadano [abril 2023] consultó a los encuestados sobre su postura a favor o en contra de una nueva Constitución según lo visto y leído hasta el momento. El 27% declaró estar en contra; el 23%, a favor; y el 50%, dijo no saber. Los hombres de segmentos bajos y de derecha son los que se manifiestan más en contra; mientras que los segmentos medio-altos y los de centroizquierda se manifiestan más a favor.

***

De este modo, y de acuerdo a los resultados de estos dos estudios recientes, el actual proceso enfrenta a una sociedad que se encuentra muy escéptica respecto a la posibilidad de establecer un acuerdo de convivencia política y social. Lo que se observa es una élite política que busca alcanzar cuotas de poder circunstanciales pero que no logra concentrarse en lograr acuerdos sobre lo importante: no termina con los abusos de poder de la clase política, no establece acuerdos sobre salud, pensiones o educación. Se advierte una dinámica en la que prima la política en tanto espectáculo performativo, y no el debate sobre asuntos esenciales de preocupación para la población.

A este escepticismo social se le suma que los extremos del espectro político se han unido para dinamitar la posibilidad de un pacto constitucional. Desde el extremo izquierdo se critica el proceso por estar cooptado «por las mismas élites de siempre». Desde las antípodas se señala que no tiene sentido «cambiar las reglas» del juego constitucional. También en la opinión pública se refleja esta dinámica, pues mientras (en promedio) el 31% le asigna baja legitimidad al actual proceso constituyente, entre quienes se autoidentifican con la izquierda esa cifra se eleva al 49%; y en quienes se autoidentifican con la derecha alcanza a 41% [UDP / Feedback, abril 2023].

LOS DESAFÍOS DEL PROCESO CONSTITUYENTE
El actual contexto de opinión pública plantea una serie de desafíos para la dinámica constituyente que viene. En primer lugar, las fuerzas políticas deben asumir que un eventual nuevo rechazo del proceso en curso sería un fracaso no de una determinada coalición sino que del conjunto de los actores políticos que modelaron este camino. Si se vuelve a rechazar un texto constitucional fracasará la política en su más amplio sentido.

Lo anterior nos lleva a un segundo aspecto que es crucial para el momento político que vive el país. Los actores políticos requieren salir de sus trincheras para establecer acuerdos duraderos en cuestiones cruciales que nos acompañarán por cuarenta o cincuenta años. Se requieren establecer los grandes lineamientos de lo que será el sistema político, el sistema de Justicia, el equilibrio de poder entre Ejecutivo y Legislativo, y las grandes definiciones de los derechos individuales y sociales. Es falso aseverar que la Constitución no impacta en la vida de las personas, porque de hecho sí lo hace y de modo muy gravitante: importará el modo en que quede fraseado el rol del Estado y del sector privado respecto de los derechos sociales (salud, educación, pensiones); importarán las atribuciones que se le entregarán al Ministerio Público; así como el rol que cumplirá la nueva Corte Constitucional; importarán las reglas para la competencia de los partidos y el modo en que se definan los derechos sobre las aguas; etc.

En tercer lugar, la elección del domingo 7 de mayo será gravitante respecto de la composición que se dará en el Consejo Constitucional, el órgano que tendrá la última palabra sobre la propuesta constitucional que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre. Si la derecha obtiene sobre el 60% de los asientos del Consejo, tendrá la posibilidad de escribir una Constitución sin tener que negociar con la centroizquierda. Si, en cambio, la centroizquierda logra superar el 40% de los escaños, se producirá un escenario de negociación más intensa sobre una lista de temas gravitantes para el devenir de la república.

Finalmente, esta dinámica constituyente aunque en teoría debiese abstraerse de la dinámica político-electoral, en la práctica está íntimamente relacionada. Para muchos actores políticos las elecciones del domingo son nada más y nada menos que una plataforma para proyectar una candidatura presidencial o generar el sustento político para las municipales de 2024. Entonces, dependiendo del resultado, lo que suceda durante la deliberación constituyente tendrá una proyección electoral con miras a las elecciones de 2025. El desafío aquí será construir un pacto social de largo plazo sin sucumbir a los intereses electorales de corto plazo que dominan a los actores políticos.

Lo que está en juego en esta nueva oportunidad constituyente es la credibilidad del sistema político como un todo. Si fracasa, será el fracaso de la política. Y si fracasa la política, sabemos lo que viene: la antipolítica, el populismo.