Señor director: 

Los Bronces Integrados (LBI) es un proyecto de inversión minera de la transnacional Anglo American por más de US$3.000 millones, ubicado en la cordillera de la Región Metropolitana. La decisión del Comité de Ministros del pasado lunes 17 de abril en cuanto a aprobar su operación no sólo amplía la faena minera actual de la empresa, sino que pone en riesgo la seguridad hídrica de ocho millones de personas en la RM y la de al menos 1,5 millones más en la Región de Valparaíso. La decisión tomada a inicios de esta semana desde el gobierno por lo/as ministros Maisa Rojas (Medio Ambiente), Ximena Aguilera (Salud), Diego Pardow (Energía) y Marcela Hernando (Minería), junto a la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, representa un inesperado giro frente a la promesa de «ser el primer gobierno ecologista en la historia de Chile», con la que esta administración asumió el poder hace sólo trece meses.

El proyecto en cuestión no solo había sido rechazado en tres ocasiones por el Servicio de Estudio Ambiental, sino que además generó reacciones adversas en diversos académicos y expertos. En nota en este mismo medio, [ver «Anglo American: funcionarios del SEA acusan extensión artificial del proceso de evaluación del Proyecto Los Bronces Integrado», en CIPER 20.01.2022], Ezio Costa, miembro de FIMA, declaró a inicios de 2022 que «los pronunciamientos de Salud dejan en evidencia que el proyecto debería rechazarse… hubo una solicitud de apertura de participación entre la primera y la segunda adenda que no tuvo respuesta. Luego vino la segunda adenda, la tercera adenda ¿Y recién ahora abren un proceso de participación, cuando no hay más posibilidades de continuar el procedimiento? No pareciera que tenga por fin efectivamente recibir observaciones ciudadanas, ni tampoco resolver el problema de información esencial.»

Anglo American es una empresa minera con sede en Londres y cuestionadas operaciones en África y Sudamérica, que nuevamente ha conseguido torcer el espíritu de la ley, la soberanía nacional y —en palabras de los y las trabajadoras del SEA encargadas de revisar el proyecto— desacreditar el rol de las instituciones del Estado. 

El pasado 12 de abril, a días de conocerse el fallo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, anticipó en El Mercurio que, de haber una votación a su realización, el proyecto Los Bronces iba a incrementar los niveles de inversión privada durante los próximos tres años, dando así no sólo luces de la simpatía del gobierno hacia la aprobación pendiente, sino que, además, olvidando que, según las bases medioambientales de nuestro país, los fallos del Comité deben sostenerse en aspectos técnicos y no en especulaciones económicas.  A nuestro juicio, fue esa reciente imprudencia en sus dichos lo que terminó inhabilitando al ministro de Economía de participar en la instancia, entregando por ello la responsabilidad a su Subsecretaria.

Durante el proceso de debate y activismo contra el proyecto, los movimientos sociales y las comunidades organizadas abogamos por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades nº 18.695 (artículo 5, letra J), la cual establece que las municipalidades tendrán la atribución de «colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, en los límites comunales, sin perjuicio de las potestades, funciones y atribuciones de otros organismos públicos». Sin embargo, podemos constatar que los gobiernos locales que representan a las zonas afectadas por el proyecto LBI hasta el momento han preferido no concurrir en auxilio de sus comunidades, privilegiando el lobby empresarial y actuando en base a una política de hechos consumados. 

Esta política de omisión por parte de los gobiernos locales se suma a la falsa dicotomía que supone el fallo: por un lado de la balanza, los malabarismos macrofinancieros propios de un modelo de desarrollo fallido y sin respuestas a los desafíos socioambientales del mundo contemporáneo;  y por otro lado, el derecho a la información y la participación ciudadana, la salud de las personas, la protección del medioambiente, el cuidado y el uso racional del agua, y la seguridad hídrica de la Región Metropolitana y de Valparaíso. 

Desde MODATIMA, y en conjunto con diversas organizaciones sociales y medioambientales, manifestamos nuestra profunda decepción y rechazo frente al conjunto de decisiones que terminaron con la aprobación del proyecto LBI por parte del gobierno. A pesar de contar con argumentos académicos e institucionales contundentes, podemos dar cuenta de una mirada economicista a gran escala al momento de afrontar problemas que afectan directamente la vida de seres humanos y la preservación de la Naturaleza. Frente a eso, resulta  a todas luces evidente que el gran desafío de repensar el modelo de desarrollo en Chile aún no ha sido abordado con la determinación necesaria por las autoridades e instituciones correspondientes.

Este será, sin duda, un punto de inflexión para el gobierno actual, que llegó al poder presentándose a la ciudadanía como el primer gobierno ecologista y feminista de la historia de Chile. Desde los movimientos sociales seguiremos organizados y articulados para hacer frente a la especulación financiera, el extractivismo y la degradación irreversible de nuestros ecosistemas, con la esperanza de seguir avanzando en la configuración de un modelo que ponga por delante la vida en todas sus formas y garantice un desarrollo sostenible en cada uno de sus territorios.