Multinacionales, cobre y contaminación: una cuenta regresiva

«Los recursos energéticos y minerales siempre han sido una preocupación de la política externa norteamericana, y sería erróneo pensar que el cobre ha perdido valor a los ojos de los dirigentes estadounidenses. Por el contrario: en diciembre pasado, la recién nombrada embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, eligió que su primera visita protocolar a una empresa con capitales estadounidenses en nuestro país fuese a Minera El Abra, en Alto del Loa, firma de propiedad dividida entre la multinacional Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%). Por cierto que algo así tiene un significado simbólico: Freeport-McMoRan es la mayor productora de oro, cobre y molibdeno del mundo.». Columna de opinión para CIPER.

Minerales y metales tienen un papel central en la economía global, y la minería es una fuente importante de desarrollo económico para muchos países, incluyendo al nuestro. El mundo avanza hacia un orden cada vez más dependiente de esta industria extractivista, o al menos es lo que nos dicen altos mandos políticos mundiales y dirigentes corporativos de marcas globales. El incremento de la producción de autos eléctricos va a requerir de mucho más cobre, y la gran minería con sus empresas multinacionales lo saben perfectamente. En el cambio de nuestro modelo energético de no renovable a renovable;  el cobre tendrá un papel clave, y se ve muy difícil que sea sustituido por otro material sintético, al menos en el corto o mediano plazo.

En un contexto internacional agitado, donde las preocupaciones de las grandes potencias siguen ligadas a los recursos energéticos y a la extracción de minerales, sería iluso pensar que Chile no despierta los intereses de muchos; o, mejor dicho, de los mismos de siempre. El poder (global) estadounidense y la extensión de este, desde un inicio se ha basado y apoyado en la expansión de sus multinacionales petroleras y mineras. No es más que la confirmación del vínculo simbiótico que une a los recursos naturales con los medios económicos, el poder militar y el político. Hay cincuenta años de distancia pero una misma lógica entre el Henry Kissinger que desde las oficinas de la Casa Blanca alentaba en 1973 un Golpe de Estado en Chile [ver reportaje de Peter Kornbluh en CIPER 04.11.2020] y el que hace un par de meses, en la Cumbre de Davos, defendía el ingreso de Ucrania a la OTAN. El cobre en un caso, y el gas en el otro son objetivos imposibles de eludir para un estratega que se precie de tal.

Los recursos energéticos y minerales siempre han sido una preocupación de la política externa norteamericana, y sería erróneo pensar que el cobre ha perdido valor a los ojos de los dirigentes estadounidenses. Por el contrario: en diciembre pasado, la recién nombrada embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, eligió que su primera visita protocolar a una empresa con capitales estadounidenses en nuestro país fuese a Minera El Abra, en Alto del Loa, firma de propiedad dividida entre la multinacional Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%). Por cierto que algo así tiene un significado simbólico: Freeport-McMoRan es la mayor productora de oro, cobre y molibdeno del mundo, con una cotización en bolsa que para 2022 alcanzó US$5,1 billones de dólares. Para este año se prevén flujos de efectivo operativos cercanos a los US$7,2 billones. En una nueva visita a la región de Antofagasta, a fines de marzo, la embajadora subrayó la voluntad que tienen las empresas norteamericanas que se encuentran en la zona de ser muy respetuosas de la cultura, tradiciones y herencias de las comunidades indígenas.

Sin embargo, ni las  impresionantes utilidades de El Abra ni el bientencionado discurso de la embajadora pueden ocultar algunos serios problemas en sus operaciones de extracción de cobre. La comunidad atacameña de Conchi Viejo ha constatado la existencia de extendidos y recurrentes derrames de ácido sulfúrico en el lugar de la explotación de la empresa, los que entre otros efectos han dañado irrevocablemente sitios arqueológicos ancestrales. Frente a lo que describen como displicencia, esfuerzo por minimizar estos perjuicios y una total carencia de proactividad por parte de la directiva nacional de la empresa para mitigar y compensar los daños causados, la comunidad a través de sus representantes decidió iniciar un juicio en el Tribunal Ambiental. Tanto Freeport-McMoRan como Codelco, en cuanto copropietario de la explotación, han sido notificados muy recientemente de aquello, y deberán enfrentar un litigio que probablemente tendrá otras externalidades en materia judicial, con más demandas en materia de contaminación de suelo y de agua.


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Los problemas de la multinacional Freeport-McMoRan con las comunidades con las que hasta ahora ha interactuado están lejos de limitarse al Chile de nuestros días. En noviembre pasado, una excelente investigación del periodista Philippe Pataud [ver «Un gigante del cobre entre los papúes», en Le Monde Diplomatique] relata el modo en el que la empresa estadounidense se ha ido adueñando desde 1967 de las principales minas de cobre de Indonesia. Su primer contrato de explotación minera en ese país lo contrajo con el régimen del general Suharto e incluyó cláusulas secretas que le otorgaron derechos mineros exclusivos por treinta años, sobre una concesión de 250.000 hectáreas libres de renta, regalías e impuestos durante los primeros tres años de explotación rentable. Según la investigación de Pataud, estos requisitos fueron impuestos por el Departamento de Estado de EE. UU. por recomendación de Freeport-McMoRan.

La explotación minera de la firma en Indonesia ha despojado a los grupos autóctonos papúes de la gran mayoría de sus tierras. Ya en 1992, un informe condenatorio (pero confidencial) de World Wide Fund (WWF) denunciaba la contaminación generada en dicho lugar por desechos mineros, con 120.000 toneladas de estos vertidos diariamente en el río Ajkwe, y cerca de 50 kms. cuadrados de bosque envenenado. Hoy, la situación es aún peor. En una web de constante actualización se detallan los daños hechos al medioambiente y a los derechos humanos de los papúes por parte de Freeport-McMoran.

A estas alturas del texto, no les sorprenderá informarse que en el Consejo de Administración de Freeport-McMoRan figura, entre otros, Henry Kissinger. El famoso ex secretario de Estado de los gobiernos de Gerald Ford y Richard Nixon ha intervenido en diversas oportunidades en el desarrollo de los asuntos de esa corporación en Indonesia.


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Aunque necesarias, las alertas y denuncias sobre las externalidades negativas de la gran minería en el mundo tienen, lamentablemente, un efecto acotado. En Chile, forzoso es constatar que existe un cierto relativismo ante los perjuicios provocados por esas mismas multinacionales: a veces se obtienen pequeñas victorias ciudadanas o surgen movimientos de corta vida, pero que no logran inscribir de manera definitiva la problemática medioambiental en la agenda política para que por fin se actúe en la mitigación de los efectos nocivos que implica la extracción minera.

Un ejemplo: en diciembre de 2015, el vocero de un movimiento ciudadano llamado «Este Polvo Te Mata», Ricardo Díaz, era reconocido como el «ambientalista del año» por la Fundación Terram. Su labor había sido persistente en la denuncia del transporte, acopio y embarcación de concentrado de cobre desde del puerto de Antofagasta por  parte del holding de la familia Luksic. Estudios científicos certificaban entonces que las concentraciones de cobre, zinc y arsénico en esa ciudad del norte eran de las más altas del mundo, superando, en algunos casos, las de algunas ciudades industriales chinas, situadas entre las más contaminadas del mundo.

El mismo Ricardo Díaz es hoy gobernador de la Segunda Región. Hace poco realizó una visita a las instalaciones del Centro de Gestión Integrada de Operaciones de Minera Centinela, parte de Antofagasta Minerals, propiedad de… el grupo Luksic. Dijo entonces: «… esta es la minería del futuro […]. Es relevante que este tipo de prácticas se vayan duplicando por la gran industria minera en la región».  En Francia, existe un dicho que indica que solo los imbéciles no cambian de opinión. No hay duda de que nuevas responsabilidades implican nuevas (y legítimas) perspectivas, pero de todos modos es llamativo lo reducido de un circuito de entendidos que lleva a esos mismos entendidos en minería a cambiar de un bando a otro en poco tiempo, y para que al final los temas no queden en nada, como lo sucedido con los turnos de trabajo 7 días x 7 días, que la entonces diputada RN del tercer distrito, Paulina Núñez, había decidido combatir, pero que hoy se siguen aplicando (hasta en turnos de 14×14 en algunas compañías), mientras la ahora senadora Núñez es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

Así, el galpón de acopio de concentrado de cobre de Antofagasta sigue vigente en pleno corazón de una ciudad que posee una de las mayores tasas de cáncer infantil del país. Parafraseando otro dicho francés, este de la Revolución Francesa, podríamos decir que un activista medioambientalista que llega a gobernador regional no es lo mismo que un gobernador regional medioambientalista. Obviamente, eso mismo puede aplicarse a senadores, diputados, alcaldes, presidentes…


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La Responsible Mining Foundation (RMF) es un centro de investigación independiente que promueve la mejora continua de las cadenas de valor extractivas responsables. Últimamente, presentó los resultados de un estudio sobre los impactos negativos en materia económica, ambiental, laboral, social y política asociados a la actividad de las 38 compañías mineras más importantes del mundo. Se muestra allí el rango de impactos que han sido difundidos públicamente por diferentes organismos (y/o a veces por las mismas empresas), durante un período de un poco más de dos años, incluyendo informaciones de casos hasta el primer semestre 2021. Todo este trabajo de investigación proporciona una verificación concreta que arroja como su mayor conclusión la necesidad urgente de establecer prácticas mineras responsables que se deben estandarizar; en particular, en lo que concierne a la prevención de daños medioambientales y el resguardo de la salud y vida tanto de los propios trabajadores de las mineras como la de las poblaciones aledañas.

Los sistemas de gestión de riesgos de las empresas deberían implementarse de manera mucho más consistente en todas sus ramificaciones, con las empresas estatales dando el ejemplo (lo que tampoco hoy es el caso). Hasta ahora, respecto a estos asuntos la casi totalidad de los actores de la gran minería se quedan solo en los discursos de buenas intenciones y en declaraciones de principios en sus informes corporativos. Es útil indicar que la empresa Freeport-McMoRan es miembro fundador del Consejo Internacional de Minería y Metales – ICMM (International Council on Mining and Metals). La implementación del llamado «Marco de desarrollo sostenible» del ICMM en toda empresa estadounidense da como resultado programas de sostenibilidad a nivel de faena que cumplen con los objetivos de abastecimiento responsable para el mercado global. Tal como aquello de ningún modo ocurre en Indonesia, conviene razonablemente cuestionar si acaso algo similar se aplica a Chile. La verdad es que los principios y compromisos dispuestos en el informe del ICMM son una geometría variable, y se aplican en función de los países y de la actitud de sus autoridades respectivas.

En  ese sentido, el citado informe de RMF recuerda que son los gobiernos los que deben establecer e imponer marcos normativos que impulsen acciones más contundentes para prevenir los efectos nocivos del extractivismo. Por lo demás, los gobiernos deben apoyar y crear las condiciones de un espacio cívico proactivo para que la sociedad civil y los medios de comunicación puedan desempeñar su importante papel de seguimiento, notificación y fiscalización de los impactos nocivos, apuntando de ese modo a la reducción de los desequilibrios de poder que, con demasiada frecuencia, dejan a las poblaciones desprotegidas. Muchos medios de información, tanto regionales como nacionales, son auspiciados por la gran minería, lo que impide que se denuncie continuamente las infracciones e incumplimientos en materia medioambiental. De algún modo, se compra un silencio que llega a ser ensordecedor, transformando a los que deberían encarnar el Cuarto Poder en meros comunicadores corporativos.

Hoy el discurso oficial de las corporaciones mineras y el relato mediático que lo acompaña se están centrando en la incorporación e integración de las mujeres en ese rubro. Últimamente, Freeport-McMoRan detalló sus políticas en materia de diversidad e inclusión, enfocándose en la obtención de la certificación de la norma de cumplimiento voluntario, que busca que las compañías implementen medidas concretas que instauren la igualdad de género y la conciliación de vida laboral, familiar y personal (la NCh3262). Si bien esto es un avance en el mundo laboral en el cual se debe persistir, se puede interpretar como un énfasis estratégico para minimizar, tapar o desviarse de la problemática crucial de la protección del medioambiente por parte de la gran minería.

La extracción de cobre en los próximos años y décadas va, sin duda alguna, a intensificarse. En consecuencia, aumentarán también y de la misma manera todos los efectos nocivos lamentablemente asociados a esta industria. Producir una tonelada de cobre implica mover más de doscientas toneladas de tierra y utilizar incontables químicos (sepan que una mina de cobre «rica» solo tiene un dos por ciento de cobre). Se trata de un mineral escaso, que irá desapareciendo sin posibilidad de renovarse. En cifras, la mayoría de las proyecciones que realiza la gran minería establecen calendarios para sus proyectos hasta 2050.

Es por todo lo anterior, que ya no tiene cabida la indiferencia ante la problemática de la contaminación. Sus ramificaciones son cruciales, y afectan las vertientes que conciernen el estado de los suelos y de las napas freáticas de numerosos territorios; vitales para la economía y los habitantes de nuestro país. En Chile, bastaría con hacer un agudo catastro de la situación medioambiental en cada zona minera, considerando todos los problemas derivados de su explotación en diferentes puntos, para constatar lo insuficientes de las medidas de mitigación (basta recordar lo que está sucediendo en Indonesia). El panorama es verdaderamente desolador, sobre todo para quienes vivimos de este lado de la cordillera. El siglo XXI arriesga no ser tan «verde» para Chile, sabiendo que nuestro país dispone de un poco más de un cuarto de la producción mundial de cobre, y que el setenta por ciento de éste está a cargo del sector privado. Todo ello remite a ganancias incesantes y gráficos al alza. Pero, también, a daño medioambiental y la afectación de derechos fundamentales [OXFAM 2022]. Hoy que retoma su marcha el debate constitucional, la garantía establecida en el artículo 19 numeral 8 de la Constitución vigente sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación («…es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza») debiese quedar fuera de toda duda. Incluso, o sobre todo, debido a la cuenta regresiva con la que estamos conviviendo.