Aunque las mujeres son mayoría en casi todos los estamentos del Poder Judicial, se mantienen en su interior no sólo tratos discriminatorios, sino también brechas de género en el acceso a cargos de mayor jerarquía. Dos juezas de familia comentan en columna para CIPER detalles sobre esa desigualdad, y proponen vías de solución: «En el inicio de un nuevo proceso constituyente —con las lecciones y aprendizajes del anterior— se abre una enorme oportunidad para acortar las brechas que persisten, y rescatar los consensos y acuerdos en torno a aquellos nudos críticos identificados en materia de diseño y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.»

Cuando en el imaginario colectivo se piensa en las juezas, se instala la idea de una mujer con un poder sin contrapeso, que lo ejerce de la misma forma y en las mismas condiciones que un hombre. En ese imaginario desaparece la mujer y sólo se ve el cargo. ¿Pero acaso ser jueza es un puesto desprovisto de su género?

El último Informe sobre paridad de género en el Poder Judicial chileno (2022) concluye que «las mujeres son mayoría en prácticamente todas las categorías analizadas, incluidas las judicaturas de primera instancia, en donde son un 20% más que los varones. No obstante lo anterior, las principales brechas de género se mantienen en el acceso a los cargos de mayor jerarquía: jefaturas y ministras, tanto de Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema».

Estos datos son elocuentes de la realidad, pero no explican por sí solos las limitantes que afectan a las juezas en sus carreras ni qué razones les impiden acceder a cargos de mayor responsabilidad en un plano de igualdad con los varones. Para alguien que no conoce por dentro el Poder Judicial chileno, cabe partir por señalar que se trata de una organización de inspiración prerrepublicana y jerarquizada, y tales son las relaciones que modela dicho diseño entre quienes lo integran, incluida la judicatura, uno de sus principales problemas actuales.

Al respecto, la fórmula de análisis institucional que propone Javiera Arce-Riffo (2018) permite entender globalmente el funcionamiento de esta superestructura piramidal, más allá de las normas y prácticas aún levemente visibles y aparentemente desapercibidas. En julio de 2016 la Corte Suprema creó la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y en febrero de 2018 aprobó la Política de Género y No Discriminación cuyos ejes son: no discriminación de género, enfoque de género en el acceso a la justicia, no violencia de género y capacitación.

El mismo máximo tribunal —que se aboca tanto a tareas de carácter administrativo como propiamente jurisdiccionales— a través de diversos estudios de la Secretaría ya señalada, ha develado condiciones altamente desfavorables para las mujeres que integran la institución, incluida las juezas.

Desde lo formal, la estructura jerárquica es una condicionante que no sólo pone en riesgo la independencia judicial, sino que también perpetúa tratos discriminatorios hacia las personas en el Poder Judicial. En este sentido, el Proyecto de Estudio Diagnóstico de la perspectiva de Igualdad de Género en el Poder Judicial Chileno indicó que, ante la consulta sobre este tipo de tratos:

«…un 46% respondió afirmativamente, y de éstos el 54% destacó como causa de esa discriminación el nivel jerárquico de la Institución, siendo el maltrato verbal una de las principales manifestaciones de estas conductas […]. Se destacó la confusión, como origen del trato diferenciado o desigual, que genera la jerarquía de esta Institución, señalando que el trato desigual lo genera la “persona” que tiene el poder con conductas vejatorias o discriminatorias…».

Existen, sin embargo, prácticas y normas instauradas que no se explican directamente desde la jerarquía: aquellas derivadas de la cultura patriarcal, como el acoso sexual o la discriminación por maternidad, entre otras. Esta cultura machista se extiende bidireccionalmente, hacia adentro y hacia afuera, lo que además de perjudicar a diario a sus integrantes, se proyecta hacia las y los justiciables, por la falta de incorporación de la perspectiva de género en las decisiones que les afectan.



 
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Siguiendo a Mary Beard, como no es fácil hacer encajar a las mujeres en una estructura que, de entrada, está codificada como masculina y que así se manifiesta, lo que hay que hacer es cambiar la estructura, partiendo por la eliminación de la jerarquía como primer y gran cambio fundamental.

Luego debiera instarse por la paridad como eje rector del Poder Judicial, que «no se reduce a una política de la presencia, a una equivalencia numérica entre hombres y mujeres, sino que tiene como propósito un reparto equilibrado de poder social entre unos y otras» como planteó la profesora Yanira Zúñiga ante la Convención Constitucional. En el inicio de un nuevo proceso constituyente —con las lecciones y aprendizajes del anterior— se abre una enorme oportunidad para acortar las brechas que persisten, y rescatar los consensos y acuerdos en torno a aquellos nudos críticos identificados en materia de diseño y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales —cuya transversalidad obliga a considerar tales reflexiones con seriedad—, si no se quiere devaluar y retrotraer el debate a estadios muy anteriores, que encuentran en la jerarquía terreno fértil para perpetuar la desigualdad.