Caso Relojes: siete efectivos de la PDI están imputados por colaborar con empresarios acusados de lavado de activos

La figura de Marco López Spagui (Parived) prácticamente ha monopolizado el interés de la prensa y dejado en un segundo plano uno de los aspectos más oscuros de la causa que investiga el contrabando de joyas y relojes de alta gama: la participación de funcionarios de la PDI que colaboraban con los principales acusados por lavado de activos. Siete son los policías que figuran en calidad de imputados por entregar información clave a empresarios y joyeros como Domingo Jalil y Roque Donoso. En este reportaje CIPER entrega los detalles que la Fiscalía maneja hasta ahora sobre las actuaciones de estos policías, seis de los cuales también enfrentan un sumario al interior de la policía civil.

Se suponía que era una investigación secreta, pero en septiembre de 2019 Domingo Jalil se enteró de que la Fiscalía andaba tras sus pasos. El empresario, acusado de formar parte de una organización dedicada al contrabando de joyas y relojes de lujo, perdió la calma. Desde entonces su principal temor fue que su familia quedara expuesta. Eso es lo que se desprende de los antecedentes que ha reunido la investigación penal, a los que CIPER tuvo acceso. Jalil tenía razones para estar nervioso. Él sabía que, si la indagatoria avanzaba, inevitablemente llegaría a la prensa, porque uno de sus socios en el negocio investigado era Marco Antonio López Spagui, marido de la animadora de televisión Tonka Tomicic.

Jalil no estaba equivocado. Desde que CIPER hizo público el caso en agosto de 2021 (vea el reportaje “Fiscalía investiga participación de funcionarios de la PDI en red de contrabando de joyas y relojes de lujo”), cada uno de los movimientos que se producen en la indagatoria se ha traducido en titulares de prensa que se han centrado casi exclusivamente en Parived, como se conoce a López Spagui, y su esposa. El protagonismo de la pareja ha mantenido en un plano secundario una de las aristas más relevantes de la investigación y que ha pasado prácticamente inadvertida: el apoyo que prestaban miembros de la PDI a los involucrados en la trama delictual, a quienes les filtraban los pasos que daba la Fiscalía. Ya hay siete efectivos de la PDI a los que se investiga en calidad de imputados, por delitos como violación de secreto y cohecho. Todos ya fueron notificados, sus celulares confiscados y sus oficinas en la PDI allanadas, al igual que sus casas. Dos de ellos siguen activos. 

En 2019 Jalil ya tenía su teléfono intervenido por la Fiscalía, al igual que Parived. Por eso, el equipo que trabaja con el fiscal Eduardo Baeza -que lidera la investigación del Caso Relojes y también la causa por las filtraciones- supo que a fines de ese año ambos recibieron información que los puso al tanto de la indagatoria. Eso ocurrió dos años antes de que la investigación se formalizara en los tribunales. Entonces, Jalil, Parived y los otros involucrados se enteraron de que sus teléfonos estaban interceptados. Aún no se mide el daño que la filtración generó a la investigación judicial, porque varios de ellos tomaron resguardos.

Un informe policial del 30 de octubre de 2019, plantea los efectos inmediatos que las filtraciones generaron en los investigados: “Quienes frente a esto tomaron medidas de protección, tales como cambio de teléfono celular, en el caso de Domingo Jalil Allel, trámites relacionados con la justificación de bienes, transacciones y movimientos bancarios, en el caso de este último, al igual que Marco López Spagui, (la empresaria joyera) Estrella Dinamarca Sánchez y su grupo familiar, además de cambios de rutina, entre otras medidas”.

Una conversación entre Parived y Tonka Tomicic el 3 de octubre de 2019 a las 13:33, terminó de confirmar la filtración. En esa llamada, Parived le explicó que había una situación legal “delicada” y que podía ser “perjudicial para ella”.

Ese mismo día, Domingo Jalil conversó con otro de los involucrados, Jaime Quiroz, y le contó que los teléfonos de ellos, y también el de Estrella Dinamarca -quien según la investigación judicial es la líder del grupo-, estaban intervenidos. ¿Cómo se enteró Jalil?

CAUSA SEPARADA

Luego de que el fiscal Baeza confirmó que existían filtraciones, abrió una nueva investigación -con rol único de causa y expediente separado-, esta vez por violación de secreto, soborno y cohecho. Esa nueva arista, que comenzó a avanzar en enero de 2020, es la que ya suma siete funcionarios de la PDI en calidad de imputados. 

Las filtraciones a Jalil y su grupo vinieron desde distintos equipos y brigadas de la policía civil. De acuerdo con los antecedentes acumulados en la causa, el primer funcionario policial que le contó al empresario que estaba bajo la lupa de la justicia fue un amigo de su hijo, el entonces subinspector Cristián Álvarez Casajuana, quien se desempeñaba en la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur. Pero no fue el único.

En marzo de 2020 se acercaron a Jalil otros dos policías –Cristián González Arancibia y Mauricio Jorquera Gallardo-, quienes le pidieron inicialmente $30 millones a cambio de ayuda. Le dijeron que no podían sacarlo de la indagatoria, pero sí alertarlo antes de que lo allanaran, cuidar de que su esposa no fuera involucrada y entregarle cada detalle que estuviera en manos de la Fiscalía. Jorquera Gallardo trabajaba en la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (Brilac) y participaba en las reuniones donde se conversaban los pormenores de la causa.

Jalil contrató, además, a dos ex PDI para que chequearan los antecedentes que le proporcionaban sus fuentes policiales. Participó de reuniones en galpones en las afueras de Santiago, arriba de autos en el Barrio Meiggs y también en restaurantes que cerraban sus cortinas para recibirlo. Hasta ahora la indagatoria judicial no ha logrado comprobar que el empresario pagó por la información, pero varios informes policiales, que ya están en poder del fiscal Baeza, apuntan a eventuales pagos que se habrían hecho en efectivo y sin dejar huella.

Solo dos de los siete policías investigados por las filtraciones han sido formalizados: González Arancibia y Jorquera Gallardo. En sus casos se determinó, además, que también estaban filtrando información en otra causa por lavado de activos, a cargo de la Fiscalía Oriente (ver recuadro). 

Entre los policías que aún no son formalizados, destaca el comisario Luis Jara Jara, que está en servicio activo y se desempeña en la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Santiago. La fiscalía lo investiga por filtrar antecedentes al joyero Roque Donoso Vásquez, también imputado en el Caso Relojes, el que además aparece realizando un depósito en la cuenta bancaria del comisario. El detective es investigado por violación de secreto y por cohecho.

El 1 de septiembre de 2021, cinco días después de que CIPER reveló la investigación judicial por el contrabando de joyas, el fiscal Baeza comandó una serie de allanamientos y detenciones en decenas de domicilios de Santiago. Parte de las detenciones realizadas ese día se conocieron públicamente -las de Domingo Jalil y la de los policías Cristián González Arancibia y Mauricio Jorquera Gallardo, entre otros-, pero la mayor parte se mantuvo bajo reserva, hasta ahora.

Ese mismo día la PDI allanó las oficinas de la Bicrim de Santiago, la Bicrim de Peñalolén, la Brilac Metropolitana, la Jefatura Nacional de Bienestar, la Jefatura Nacional de Salud y los domicilios de los siete policías investigados. A todos los notificó de que estaban imputados. 

Un año y medio después de esas primeras diligencias, la causa por las filtraciones provenientes de fuentes policiales acumula novedades. Domingo Jalil, que fue imputado por soborno, accedió a una suspensión condicional del procedimiento el 25 de octubre del año pasado. Tres días antes, declaró ante el fiscal Baeza y reconoció que el subprefecto Cristián González Arancibia le entregó detalles secretos de la causa y que le cobró dinero por su ayuda.

Desde la PDI le dijeron a CIPER que abrieron un sumario para determinar responsabilidades por las filtraciones: “Respecto al denominado Caso Relojes, investigación que lleva el Ministerio Público y que aún está abierta, señalar que en agosto del 2021 la PDI abrió el Sumario Administrativo N°446, el que se inició sin individualización de posibles imputados”. Con el avance de esa indagatoria, agregó la respuesta, se individualizaron a los involucrados. A los ya mencionados Cristián González Arancibia, Mauricio Jorquera Gallardo y Luis Jara Jara, se sumaron Sergio Leal Villarroel, Rodrigo Chamorro Bustamante y Cristián González Fernández.

En la misma respuesta, la PDI agregó que de ese grupo solo se mantiene en servicio activo el comisario Luis Jara Jara. 

El séptimo policía imputado por la Fiscalía, Cristián Álvarez Casajuana -que también sigue activo-, no forma parte del sumario interno de la PDI, aunque la investigación del Ministerio Público indica que él fue el primero que alertó a Jalil sobre la indagatoria, en septiembre de 2019.

LA OPERACIÓN DE JALIL

En la declaración que entregó Jalil ante el fiscal Baeza el 22 de octubre de 2022, señaló que “durante el año 2019 me enteré por conocidos que estábamos siendo investigados en un caso de joyas, en el cual supuestamente yo era financista de una mujer de nombre Estrella, que compra y vende joyas”.

Y aunque no lo nombró, en varios registros de interceptaciones telefónicas que figuran en el expediente judicial, Jalil habla del amigo de su hijo. Se refiere a Cristián Álvarez Casajuana, quien, según una auditoría recogida por el Departamento de Asuntos Internos de la PDI, consultó en las bases de datos internas de la policía la situación de Domingo Jalil Allel y la de su hijo, Cristián Jalil Prado, quien fue formalizado a mediados de febrero por lavado de activos en el mismo caso, según consignó radio Biobío.

De acuerdo con la auditoría de la PDI, Álvarez Casajuana consultó los antecedentes de Jalil y de su hijo en cuatro ocasiones en 2019: el 17 y 18 de agosto, y luego el 24 y 30 de septiembre. La indagatoria determinó que el policía no formaba parte de los equipos que trabajan en el Caso Relojes, por lo que no tenía justificación. Además, otro informe del Departamento de Asuntos Internos, señala que antes, durante y después de que revisó esos antecedentes el 17 de agosto, realizó llamadas telefónicas a un número de celular de la compañía Entel, a nombre de la madre de Jalil Prado. También interactuó con ese mismo número el 24 de septiembre, cuando volvió a acceder a los registros internos.

En conversaciones interceptadas a Domingo Jalil en abril de 2020, este menciona que un amigo de su hijo es PDI, que entregó algún tipo de información y que trabaja en narcóticos. Se refería a Álvarez Casajuana. Luego de la alerta que le entregó el policía, Jalil tomó resguardos y también avisó a sus socios.

El 11 de noviembre de 2021 declaró en la causa Cristián Álvarez Casajuana. Dijo que había consultado los antecedentes de Domingo Jalil, y de su amigo Cristián Jalil Prado, porque le había llamado la atención el nivel de lujo que ostentaban en su casa, a pesar de que Jalil padre no tenía el perfil de empresario tradicional: “Este sujeto me llamó mucho la atención, ya que cumplía con el perfil de un posible ‘narcotraficante’, sin decir que lo era, solo me llamó la atención”. A renglón seguido, reconoció una irregularidad:

– Funcionarios del Departamento V (Asuntos Internos) le habían avisado a mi papá hace un año y medio aproximadamente que me estaban investigando. Mi papá, Pedro Pablo Álvarez, es funcionario activo de la PDI, de la Dirección General. Desconozco los nombres de los funcionarios del Departamento V que le avisaron, pero sé que es un delito

CIPER constató que su padre, Pedro Álvarez Romero, se desempeña como fotógrafo de la institución.

Conforme a las decenas de declaraciones e informes policiales que CIPER revisó, es posible que otros funcionarios policiales, aún no identificados, también hayan colaborado con Jalil. En algunas conversaciones interceptadas, el empresario habla de un tal “Braulio”, que sería un efectivo policial, y de otras personas ligadas a la PDI a las que no nombra.

La investigación acreditó que en marzo de 2020 Jalil volvió a recibir antecedentes. En esta oportunidad, a través de un comerciante del centro de Santiago, Juan Manuel López Totoricaguena, conocido en círculos policiales por haber colaborado en causas de narcotráfico desde los años ‘90.

Según declaró López Totoricaguena el 6 de septiembre de 2021, los dos funcionarios policiales ya formalizados, Cristián González Arancibia y Mauricio Jorquera Gallardo, lo visitaron en marzo de 2020 y le dijeron que tenían información sobre una causa que afectaba a Jalil: 

“Conozco a Cristián González Arancibia desde hace 30 años, aproximadamente, desde que egresó de la Escuela de Investigaciones y teníamos amigos en común. Aproximadamente, en el mes de marzo del año 2020 (…) Cristián González fue a mi local en calle Rosas, comuna de Santiago, en compañía de un funcionario de la Policía de Investigaciones al que reconocí en set fotográfico (Jorquera Gallardo). Ellos me preguntaron si conocía a Domingo Jalil Allel, manifestándole que sí. Luego me informaron que lo estaban investigando”, señaló López Totoricaguena ante el fiscal Baeza.

Luego agregó que “ellos me dijeron que la idea no era cagarlo, sino sacarle plata”. “Les pregunté cómo, respondiéndome que le podían entregar información de un proceso que estaban llevando a cabo por varios delitos, entre ellos lavado de activos, asociación ilícita, receptación, temas aduaneros”. Según su versión, les dijo que podía contactarlo. 

Y, efectivamente, lo contactó. Así quedó establecido en las transcripciones de llamadas al celular de Jalil. Le dijo que “había algo delicado” en su contra. 

A través de interceptaciones telefónicas, seguimientos y declaraciones, la Fiscalía comprobó que ambos policías se habían reunido con Jalil y con uno de sus cercanos que lo ayudó a chequear datos: David Gómez Espinoza. Fue justamente en un galpón que tiene Gómez en San Bernardo que el entonces policía González Arancibia fue detenido por primera vez. El 11 de junio de 2020 iba saliendo de ese lugar, luego de sostener una reunión con Jalil y Gómez, y lo estaban esperando sus camaradas de la PDI. Le requisaron el teléfono. Y en ese celular encontraron un tesoro para la investigación.

Casa de Domingo Jalil el día en que fue allanado por la Policía de Investigaciones (Fuente: registros de la PDI)

A pesar de que González Arancibia había borrado los chats de WhatsApp, mantenía guardados pantallazos de conversaciones. Algunas con Jorquera y otras con López Totoricaguena. También había diálogos con un grupo de empresarios que eran investigados en otra causa por la Fiscalía Oriente.

Uno de los pantallazos corresponde a un contacto del 23 de mayo de 2020. Es un mensaje enviado por González Arancibia a López Totoricaguena: “Mi cumpa y su amigo están súper enojados, favor llámalos, la desconfianza pasó los límites y van con todo ahora. Lo harán cagar”.

En esa fecha la desconfianza era mutua entre los policías González Arancibia y Jorquera Gallardo con Domingo Jalil y su equipo. Mientras los primeros, según interpretan los informes del Departamento de Asuntos Internos de la PDI, apuraban al empresario para que realizara pagos, Jalil pensaba que todo podía tratarse de una estafa. Hay otro diálogo por WhatsApp de González a López Totoricaguena el 27 de mayo de 2020:

“Cumpipa, llama a mi cumpa, necesita hablar contigo lo antes posible. Dice que la última vez que hablaron fue el 12 de mayo y tiene que hablar contigo urgente. Después te escribió el 15 y tampoco contestaste, y que ahora estás perdido (…) cumpipa, a usted yo lo conocí como una persona derecha, y está como una persona que se esconde y no da la cara. Llámelo y aclare este tema, después no me pida agüita”, se lee en la captura de pantalla.

Según la declaración judicial de López Totoricaguena, alrededor de mayo de 2020 él decidió salirse de las negociaciones entre Jalil y los detectives, y asegura que nunca más supo del tema. Pero González y Jorquera mantuvieron la presión y volvieron a acercarse a Jalil a través de otro contacto: David Gómez Espinoza, amigo y asesor de Jalil, y conocido de González Arancibia desde hacía más de 15 años. 

En su declaración, Domingo Jalil dijo que Gómez lo citó a una reunión y que allí estaba el mismo detective con el que se había reunido antes, González Arancibia. Ahora, señaló, la cifra que le cobraban era menor: $15 millones. Jalil aseguró desconocer si se les había pagado o no:

“David me dijo que tenía que pagarles para que me ayudaran, ya que me imagino que a él a su vez lo presionaban para que yo aceptara el negocio. Ante la insistencia yo le dije a David que yo no pagaría nada, que si David quería, que les pagara él. Eso se lo dije ya que David me debía dinero y, por tanto, si había que pagar, que lo descontara de eso que él me debía. De hecho, le dije ‘si tú quieres le pagas tú, porque tú me debes mucha plata’ (…) pero yo no sé si él pagó”, aseguró Jalil ante el fiscal Baeza.

En todo caso, hay interceptaciones de conversaciones entre Jalil y Gómez, donde el empresario reconoce que está dispuesto a pagar $15 millones a los policías.

A inicios de 2020, según las escuchas telefónicas, Domingo Jalil estaba ansioso por conocer más detalles de la investigación y comenzó a trabajar con dos ex PDI: Daniel González Ferrada y Luis Badilla Galaz. Hay declaraciones judiciales que confirman que ellos hicieron esfuerzos para obtener datos de la indagatoria.

Juan Leiva Viacava, subjefe de la Brigada Investigadora de Robos Suroriente de la PDI, declaró en la causa y dijo que el 29 de abril de 2020 el ex PDI Daniel González le escribió por WhatsApp: “Indicándome que un supuesto cliente suyo de nombre Domingo Jalil había sido contactado por un tal Juan Manuel de parte de funcionarios de la PDI, quienes le habrían informado que se encontraba imputado en una investigación de lavado de dinero”. Dijo que Daniel González le contó que a Jalil le estaban cobrando $30 millones por ayudarlo. La intención del asesor de Jalil era saber si el detective con el que se había juntado efectivamente pertenecía a la institución o se trataba de un timo.

El inspector Ariel Toro Serqueira también aportó antecedentes sobre esos intentos de los asesores de Jalil. El 29 de abril de 2020 entregó una cuenta escrita donde relató la llamada que ese día le hizo el ex PDI Luis Badilla Galaz: “Me consulta directamente por si conocía o ‘me sonaba’ una persona llamada Estrella Dinamarca, mi sorpresa fue inmediata, por cuanto (…) reconozco ese nombre como un blanco de importancia en investigación que mantiene grupo operativo de nuestra Jefatura Nacional por el delito de Lavado de Activos, Receptación y Contrabando”.

Según los informes con las transcripciones de las llamadas interceptadas a Jalil, este continuó recibiendo información reservada de la causa al menos hasta fines de 2020. Y no solo desde la PDI. Hay conversaciones entre el empresario y ejecutivos bancarios, donde estos lo alertan de que están solicitando el levantamiento de sus cuentas por unos cheques relacionados con Tonka Tomicic.

En la última declaración que entregó a la Fiscalía, González Arancibia descartó su participación en ilícitos:

-Yo nunca tuve protagonismo en dichas tratativas, y nunca le pedí dinero, ni hablé de una suma de dinero, ni con Domingo Jalil ni con David Gómez. Yo no manejé esto, yo no conocía la información.

APARECE ROQUE DONOSO

Roque Donoso es un joyero conocido en el centro de Santiago. El 4 de mayo de 2010 hizo noticia cuando fue detenido por receptación, luego de que delincuentes declararan que las joyas que habían robado un mes atrás en Las Condes se las vendieron a él. En julio del año pasado su joyería fue foco investigativo, luego de que la Fiscalía Sur constatara que narcotraficantes cambiaban pesos a dólares en su local, formando parte de una cadena de lavado cuyo objetivo era enviar dinero a Estados Unidos. A pesar de esto, Roque Onésimo Donoso Vásquez posee sólidas redes en la PDI.  Así quedó acreditado en el Caso Relojes, donde juega un papel protagónico en la investigación por violación de secreto, lo que incluye pagos a funcionarios de la PDI a cambio de información. 

El 12 de agosto del 2020, Donoso retornó al país desde el Reino Unido. La Fiscalía llevaba tiempo interceptando su teléfono por el Caso Relojes, por lo que sabía que si bien Donoso viajó solo, en Inglaterra se juntó con Mauricio Medina Escobar, con quien tenía un acuerdo: Donoso compraba joyas en el exterior, presuntamente robadas, y Medina las ingresaba al país. 

Medina retornó a Santiago el 16 de agosto 2020, cuatro días después de Donoso, y la PDI realizó una meticulosa revisión de su equipaje que terminó con $80 millones en especies incautadas. El operativo desató intensas gestiones de Donoso para conocer detalles de la investigación, sin saber que los policías estaban grabando sus frenéticas conversaciones ni que el intercambio de llamadas arrojaría sus nexos con funcionarios activos de la PDI. 

Donoso se comunicó ese mismo 16 de agosto con “Juan” (Juan Eliseo Gajardo Villablanca), quien le dijo que contaba con amigos en la PDI. Según el registro, Gajardo se comunicó también en esa jornada con un “hermano de la fe”, al que la PDI no pudo identificar, pero que sería uno de sus compañeros en el coro de una agrupación religiosa, que se comprometió a ayudar. 

La ayuda se constató diez días después, el 24 de agosto. Ese día en una conservación con su padre, Donoso señaló que Medina, su compañero que fue sorprendido en el aeropuerto, tenía una alerta de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI.     

Según estableció la indagatoria, durante esos días de agosto, dos policías que no tenían relación con investigaciones sobre Medina y Donoso ingresaron al sistema interno de la PDI para consultar por la situación de ambos. Eran el subprefecto Rodrigo Chamorro Bustamante y el subcomisario Luis Jara Jara. 

Según informó el fiscal Eduardo Baeza al tribunal, al solicitar los allanamientos el 1 de septiembre de 2022, a través de auditorías a las plataformas informáticas de la PDI se estableció que el subprefecto Rodrigo Chamorro consultó información de Medina al día siguiente de las gestiones de Donoso: el 17 de agosto de 2020, entre las 5:20 y las 6:55 horas. 

Jara Jara, en tanto, también consultó por Medina en esas fechas: el día 19 de agosto de 2020 a las 10:22 y a las 11:50 horas. Y, además, ingresó al sistema para saber qué pasaba con Donoso Vásquez, alguien con quien, según señaló después en declaración para este caso, mantenía un vínculo de más de 10 años: 

“Puedo manifestar que hace más de 10 años que conozco a Roque Donoso Vásquez a quien consulté el 19 de agosto de 2020 en los sistemas internos”, dijo a sus compañeros de institución el día en que fue allanada su oficina y su domicilio. Según explicó, Donoso era un informante que lo ayudaba a combatir el crimen organizado: “Es lo que hago habitualmente (consultar antecedentes en el sistema de causas de la PDI) con las personas que me cooperan, otorgando información relacionada con delitos de la comuna de Santiago. Principalmente, ligado al tráfico de drogas”, detalló. “En ocasiones (Donoso) me pidió consultarlo a fin de saber si tenía algo pendiente, lo cual se lo hacía saber en forma personal cuando nos juntábamos”. 

Respecto a haber consultado además sobre antecedentes de Medina, Jara admitió que pudo haber sido a petición de Donoso, pero que no se acordaba exactamente y que no lo conocía. 

Relojes y joyas requisadas por la Policía de Investigaciones cuando Medina llegó a Chile (Fuente: registros de la PDI)

Por su parte, Juan Gajardo, el nexo al que acudió Donoso, también prestó declaración ante la PDI señalando que no conocía ni a Jara ni a Chamorro, solo a Donoso, debido a que el joyero ingresó junto a su familia al Coro Tabernáculo de Cristo, que Gajardo dirige. Agregó que no recordaba si ayudó a Roque con alguien de la PDI. 

El Ministerio Público levantó las cuentas bancarias de Roque Donoso y Luis Jara. Y, aunque los pagos de información confidencial usualmente son en efectivo o especies, para no dejar huellas, los investigadores detectaron un depósito por $100 mil desde la cuenta de Donoso a Jara. Y esa transacción, según la fiscalía, se asocia a otra consulta realizada por Jara y que apunta a una de las principales imputadas en el Caso Relojes y que hoy se encuentra en prisión preventiva: Estrella Dinamarca.

El 3 de marzo de 2020, el subcomisario Jara consultó en los sistemas internos de la PDI antecedentes sobre Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez. El 29 de abril, 26 días después, el ex PDI, Luis Badilla Galaz, que entonces asesoraba a Domingo Jalil, le informó la existencia de una causa donde Dinamarca era imputada. Hablaban del Caso Relojes. 

Según una presentación que hizo la fiscalía al tribunal para autorizar los allanamientos, los persecutores asocian esa información a la transferencia que por esos días efectuó Roque Donoso a Jara Jara el 23 de marzo de ese mismo 2020. 

Pero en su declaración ante los policías, el subcomisario no habló de un pago a cambio de información, sino de un préstamo que Donoso le hizo: “En una ocasión le solicité dinero prestado”, dijo el efectivo PDI, “no podría precisar en este momento la fecha específica. Fue a la cuenta corriente que poseo en el Banco Santander, por un monto de $100.000. No recuerdo haberle devuelto este dinero a Roque”. 

Según otro informe policial, la fiscalía indagaba si dos transferencias realizadas al padre de Roque Donoso, Roque Donoso Marambio, de $250 mil y $150 mil, efectuadas entre los días 17 y 19 de agosto de 2020, tienen relación con las consultas que por esos días concretaron los policías Chamorro y Jara. 

El 3 de marzo de 2020, cuando Jara consultó por Estrella Dinamarca, también lo hizo por Leonardo Álvarez Álvarez, otro imputado del Caso Relojes. Y según un informe policial, en otra ocasión también consultó por Domingo Jalil. 

La investigación consigna que Jara revisó los antecedentes de, al menos, cinco imputados en la causa donde se investiga el ingreso al país y la receptación de relojes robados. 

CIPER tomó contacto con Jara para conocer su versión, pero declinó referirse al tema. Asimismo, también nos contactamos con el subprefecto Chamorro, quién se excusó primero y solicitó ser contactado al día siguiente. Sin embargo, no volvió a contestar ni las llamadas ni los mensajes. 

En la causa también figura otro efectivo policial imputado por hacer consultas al sistema interno relacionadas con el caso: Cristián González Fernández, quien formaba parte de la Bicrim de Peñalolén y que en noviembre de 2022 pasó a retiro. CIPER no accedió a los detalles de la consulta por la cual González está siendo objeto de un sumario. Contactado para este reportaje, señaló: “Por la existencia de un sumario administrativo me mantengo a la espera que este se desarrolle y ver qué ocurre, en el entendido que hay plazos e instancias de apelación”. González admitió a CIPER que hizo una consulta al sistema.  

En la indagatoria se consigna una serie de otras consultas realizadas por otros efectivos policiales sobre imputados del Caso Relojes, quienes tampoco tenían a su cargo pesquisas en la causa. Sin embargo, no hay antecedentes respecto de que la fiscalía realice indagatorias sobre esos policías ni sus búsquedas.