Incendios forestales y «terrorismo» en medios

Hasta ahora, las hipótesis sobre el vínculo entre incendios en el sur de Chile y la acción de grupos organizados no cuentan con sustento científico, pese a que continúan divulgándose en prensa y redes sociales. Un ingeniero forestal, ex brigadista de CONAF, explica en esta columna para CIPER cómo difundir la idea de que el sur está «bajo ataque» sólo perjudica el necesario combate al fuego y prevención de nuevos incendios.

El pasado 12 de febrero, cuando los incendios forestales en el sur de nuestro país eran pauta prioritaria para los medios de comunicación y las preocupaciones del gobierno, la oficina Atisba hizo público un estudio con su seguimiento para los «corredores de fuego» que entonces avanzaban en las regiones de la Araucanía y el Biobío. Según El Mercurio, el estudio mostraba una correlación entre incendios y comunas afectadas por atentados previos: «Varios de estos tramos viales coinciden con el área más aguda de la violencia que se registra en la macrozona sur impulsada por grupos mapuches radicalizados».

Atisba es una firma de urbanismo con más de dos décadas de desarrollo de proyectos, estudios y reportes de tendencias para clientes de Chile, Perú y Colombia. Su sitio web identifica a un equipo liderado por el arquitecto Iván Poduje como director ejecutivo. Difundido columnista y entrevistado en diarios y radios de nuestro país, el profesional ha insistido desde entonces en que el avance del fuego no se debe a causas naturales, y que estaríamos ante un ataque de gran escala provocado por grupos organizados. Una columna suya para La Tercera sobre este tema lleva el título «El sur bajo ataque». Allí, Poduje conjetura que «el hecho que este incendio sea provocado por organizaciones terroristas no debiera sorprendernos, ya que estos grupos han ejecutado 192 ataques en las comunas afectadas por este siniestro en los últimos 5 años y en 2021 y 2022 se iniciaron incendios y las aeronaves que los apagaban fueron repelidas a balazos […]. Si estamos ante un ataque de gran escala que compromete la seguridad del Estado y de millones de personas, las autoridades deben tener una reacción firme y rápida, que permita erradicar de una vez por todas el terrorismo del sur.»

Otro arquitecto de la Universidad Católica, Juan José Ugarte, presidente del gremio maderero CORMA, extendió conjeturas similares en una entrevista al medio digital Ex-Ante: «Son grupos extremistas organizados. Se evidencia una inteligencia criminal que ha preparado estos atentados. Son grupos desplegados en el territorio […]. Anarcos, probablemente». Sus acusaciones no van acompañadas de pruebas ni evidencia.

Es sabido que, el 99,7% de los incendios forestales en Chile son provocados por el ser humano (accidental o intencionalmente), y también conocemos los hechos de violencia que desde hace años afectan a las comunas de la llamada Macrozona Sur. Sin embargo, análisis como los de Iván Poduje para vincular ambos hechos son en extremo simples, y a la vez omiten variables y factores fundamentales que explican el avance y comportamiento de los incendios forestales; no sé si por ignorancia o solo para usar los datos que le permiten sustentar su hipótesis.

Por ejemplo, el mencionado estudio de Atisba superpone la capa de incendios forestales sobre las comunas afectadas por ataques incendiarios, pese a que esa sola variable es absolutamente insuficiente para explicar el comportamiento y avance del fuego, ya que solo considera una parte de la ocurrencia histórica de incendios, y omite dentro del análisis aquellos que puedan tener otras causas de origen (quemas agrícolas, negligencia, uso de maquinarias, flujo de turistas, etc.). Es, por ello, un análisis sesgado y precario desde el punto de vista de la ingeniería forestal.

En sus opiniones de estos días, Poduje también omite los factores que determinan la peligrosidad de los incendios, tales como las condiciones ambientales (meteorológicas, topográficas y de combustibles) que afectan tanto la susceptibilidad de la vegetación a la ignición e inflamabilidad, como también la resistencia natural presente para el control de la propagación de eventuales focos de fuego. Aquí entra en juego el conocido factor 30-30-30, que se refiere a tres variables fundamentales que favorecen la propagación de incendios forestales: temperaturas sobre los 30°C, vientos sobre los 30 km/h y humedad relativa del ambiente menor a 30%. Justamente, todas las comunas mencionadas en el citado estudio presentaron condiciones ambientales que superaron los puntos críticos de estas variables, con peaks de temperaturas superiores a los 35°C los días 3 y 4 de febrero (algunas, como Temuco, Mulchén o Galvarino, cercanas incluso a los 40°C). Del mismo modo, 11 de las 16 comunas mencionadas en el estudio presentaron peaks de viento iguales o superiores a los 30 km/h el día 2 de febrero (algunas, llegando cerca de los 40 km/h, como en Angol o Traiguén). Por último, todas las comunas presentaron peaks de baja humedad relativa inferiores al 15% (algunas llegando incluso al 10% o menos, como Vilcún o Lautaro).

Además, si revisamos las estadísticas del sitio web de CONAF respecto de los incendios forestales vemos que —al día de escribir esta columna— no ha habido un aumento significativo en cuanto al número de incendios en las regiones del Ñuble, Biobío y Araucanía respecto de la temporada pasada, y que incluso en estas dos últimas ha habido una disminución del 18% y 21% respectivamente de ocurrencia de incendios. Pero si revisamos la superficie quemada, esta se dispara por sobre el 1.300en Ñuble y Biobío, y sobre el 77% en la Araucanía, situación que se explicaría con mayor certeza por causas meteorológicas extremas que se vivieron esos días y que favorecieron la propagación del fuego, y no por una supuesta ola de ataques incendiarios perpetrados por supuestos terroristas.


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Existen una serie de datos que ayudan a explicar con robustez científica la masiva propagación y dificultad de control que han presentado los incendios forestales en el sur del país, lamentablemente ausentes de las muy difundidas hipótesis alarmistas que hoy instalan este drama en un debate sobre seguridad nacional y gestión política.

Es sabido, por ejemplo, que la homogeneidad del paisaje favorece la propagación del fuego, y que son los monocultivos forestales los que han contribuido masivamente a la homogenización del territorio que ahora se ve afectado por los incendios [ver más en «Las llamas heredadas» e «Incendios y monocultivos forestales: abrir y cambiar el foco del debate», entre otras columnas sobre el tema en CIPER-Opinión de febrero]. Se trata de responsabilidades que no hay que omitir ni obviar, a pesar de que los gremios madereros y representantes de la industria forestal desvían la atención con frases como «el fuego lo encienden los humanos, no las plantaciones». Hace varios años ya se discute la impostergable necesidad de que Chile cuente con un nuevo modelo forestal, que no solo se desarrolle en función de los parámetros económicos y que considere, en particular para el tema de los incendios y la seguridad nacional, cambios regulatorios y nuevas exigencias en el manejo de los bosques y las plantaciones, fortaleciendo y extendiendo la silvicultura preventiva, fomentando la heterogeneidad del paisaje dejando atrás las masivas extensiones de monocultivos, promoviendo la participación vinculante de la sociedad civil en las discusiones locales y tomas de decisiones; solo por nombrar algunos ejemplos urgentes.

También es importante la responsabilidad de los medios de comunicación al difundir hipótesis carentes de sustento científico. Los análisis incompletos y mediocres, capaces de instalar en el debate público alarmas referidas a la seguridad nacional califican de terrorismo mediático, el que además no consigue esconder su intencionalidad política.

Los incendios forestales son hoy una noticia grave y preocupante en todo el mundo, sobre todo en el contexto de cambio climático que estamos enfrentando. De haber responsables que provoquen incendios con la motivación que sea, sin duda deben ser perseguidos y enjuiciados. Pero, al mismo tiempo, estaremos frente a un complejo panorama si se levantan conclusiones sin mérito científico por personas con gran tribuna pública que no conocen del tema y que ocupan esta crisis de un modo que en nada contribuye al manejo y prevención de estas emergencias. La falta de información o la información distorsionada atentan contra las necesarias campañas de educación de la ciudadanía, pues desvían los temas que realmente importa discutir y trabajar, tales como las medidas de prevención de incendios o la necesidad de repensar nuestro modelo de negocio maderero. En este sentido, existe hoy una importante deuda del Estado respecto de la educación ambiental tanto en el ámbito escolar como en el comunitario [ver más en «Día Mundial de la Educación Ambiental», en CIPER-Opinión 26.01.2023], considerando que por cada peso que dejamos de invertir en prevención, terminamos gastando cien pesos en combate, control y supresión de los incendios forestales; y mucho más en reconstrucción y restauración ambiental.