CIPER tuvo acceso a los registros de denuncias contra funcionarios de la PDI por agresiones sexuales -acoso, abuso y violación- que maneja la propia policía civil. La nómina, confeccionada por la Inspectoría General de la institución, contabiliza 78 denuncias entre 2018 y 2022. En 24 de ellas la acusación indica que las afectadas serían menores de edad. Solo en 11 de estos últimos casos se inició un sumario, mientras que en los restantes 13 no hay registro de investigaciones internas o sanciones. De las 24 denuncias que involucran a menores, 21 dieron origen a una causa judicial, aunque solo seis continúan vigentes en el Ministerio Público.

Un registro de la Inspectoría General de la Policía de Investigaciones -al que CIPER tuvo acceso vía Ley de Transparencia-, revela que desde enero de 2018 a septiembre de 2022 se contabilizaron 78 denuncias en contra de funcionarios de esa institución por agresiones sexuales: acoso, abuso y violación. En casi un tercio de esta nómina, 24 casos, las denuncias indican que los agredidos son niñas, niños o adolescentes (NNA).

Alertada por CIPER, la Defensoría de la Niñez pidió detalles de las 24 denuncias que afectarían a NNA, debido a que estos casos, para proteger a los menores de edad, se mantienen bajo reserva. La defensoría informó a CIPER que todas estas denuncias corresponderían a supuestas actuaciones realizadas por funcionarios policiales fuera de sus labores en la PDI, en el marco de relaciones familiares o sociales.

Del total de 78 denuncias, en 43 de ellas las agresiones habrían afectado a miembros de la PDI, mientras que los restantes 35 casos involucrarían a civiles, los que incluyen las denuncias de 24 agresiones a NNA. De estas últimas, 16 casos corresponderían a menores de 14 años, mientras que hay ocho en que las afectadas superarían esa edad.

La distribución por año se desglosa en 17 denuncias realizadas en 2018, 18 en 2019, nueve en 2020, 16 en 2021 y 18 en 2022 (hasta septiembre de ese año). Las denuncias por abuso sexual sumaron 43, las de acoso sexual son 24 y las de violación, 11. Vea a continuación un cuadro con el detalle.

Respecto al desglose de las denuncias por supuestas agresiones sexuales a NNA, los datos revelan que 22 de ellas son por abuso sexual y dos por violación. Del total de casos que involucrarían a menores, solo en 11 hay registro de que se iniciaron sumarios administrativos, mientras que en los 13 restantes no hay antecedentes de que dieran origen a investigaciones internas ni sanciones. 

Ante estas cifras, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, afirma que es preocupante que existan denuncias por delitos sexuales en contra de funcionarios de la PDI, como también de cualquier entidad que tiene como función investigar delitos para que sean sancionados.

En cuanto a las 11 investigaciones internas sobre casos que afectarían a NNA, seis funcionarios ya fueron sobreseídos, cuatro siguen en tramitación y uno fue sancionado con “4 días de permanencia en el cuartel”. Sobre la judicialización de estos casos, 21 dieron origen a una causa penal investigada por el Ministerio Público y tienen asignado un Rol Único de Causa (RUC). De las otras tres denuncias no hay registro de su judicialización en la Inspectoría General de la PDI. 

Sobre el estado actual de los 21 casos que involucrarían a menores y que fueron judicializados, desde la Defensoría de la Niñez confirmaron que solo seis siguen vigentes. En tanto, fuentes que conocen las indagatorias que realiza el Ministerio Público afirmaron que 14 de estas causas se encuentran archivadas provisionalmente o con decisión de no perseverar, en las que 11 fueron sin desistimiento de la víctima, más una por no asistencia a una pericia, otra sin relato de la víctima y una con víctima desistida. 

-Preocupa que de estas denuncias, un tercio corresponde a hechos que involucran a víctimas menores de edad. De acuerdo a los antecedentes que pudimos obtener como Defensoría de la Niñez, los hechos por los que fueron denunciadas estas personas, no dicen relación o uso del ejercicio de su rol (policial), sino que en contextos vinculados a episodios que implican una relación familiar o de amistad con las víctimas (…). Con preocupación observamos que la mayoría de las causas se encuentran terminadas, sin mayores informaciones que hayamos podido obtener para efecto de saber en detalle qué es lo que motivó a la decisión de no perseverar o, en su caso, el archivo provisional, que es el término mayoritario-, explica Patricia Muñoz. 

La defensora también comenta que solicitarán mayor información de los casos, mientras que en paralelo pedirán que se designen defensas especializadas para estas víctimas. La idea es que se puedan analizar los antecedentes de cada caso en profundidad, para determinar la posibilidad de revocar la decisión de término de la causa, ya sea porque fue archivada o porque la Fiscalía resolvió no perseverar.  

CIPER contactó al Departamento de Comunicaciones de la PDI para conocer el porqué de la ausencia de sumarios administrativos en algunos casos, y su versión respecto a estas 24 denuncias que involucran a NNA. Sin embargo, decidieron no referirse al tema. 

DENUNCIAS INTERNAS

De las 43 denuncias que corresponden a eventuales agresiones sexuales ocurridas al interior de la institución, 24 son por acoso sexual, 14 por abuso sexual y cinco por violación. En este conteo se incluyeron denuncias por hechos que habrían ocurrido al interior de la Escuela de Investigaciones Policiales (cuatro por abuso sexual, tres por violación y una por acoso sexual). 

En cuanto a los sumarios administrativos relacionados con casos en que las afectadas serían funcionarias de la misma PDI, todas las denuncias contaron con investigaciones internas. Respecto de esas indagatorias, 15 funcionarios fueron sobreseídos, nueve sancionados con “días de permanencia en el cuartel”, uno fue amonestado, uno resultó absuelto y uno separado de sus funciones.  Los restantes 16 sumarios siguen “en tramitación”, sin sanciones ni resultados. 

En relación al estado judicial de estos 43 casos, 29 no poseen registro en el Ministerio Público como causa penal, de los cuales 24 corresponden a denuncias por acoso sexual. Los otros 14 sí cuentan con RUC en la Fiscalía -10 por abuso sexual y 4 por violación-. 

Sobre las 11 denuncias que involucrarían a mayores de edad que no integran la PDI, siete de ellas corresponden a abuso sexual y cuatro a violación. En todos estos casos se efectuaron sumarios administrativos, en los cuales cinco funcionarios fueron sobreseídos, dos sancionados con “días de permanencia en el cuartel”, uno con una amonestación severa y tres siguen en tramitación. Además, 10 de estas denuncias fueron judicializadas, mientras que de un caso no hay registro. 

Daniela Valenzuela, abogada de AML Defensa de Mujeres, explica por qué se judicializan menos las denuncias de acoso sexual: “El acoso sexual está determinado o establecido en ley solo respecto a la dinámica laboral, cualquier otro acto de connotación sexual que implique delito va a significar que sea abuso sexual o violación (…). El acoso sexual solo está tipificado respecto a la legislación laboral, dentro de un contrato de trabajo, un estatuto administrativo, etc.”. 

Además, la abogada comenta que los sumarios administrativos no están pensados para investigar agresiones sexuales, ya que son procesos revictimizantes, en los que se cuestiona constantemente el relato de la víctima, especialmente en casos donde hay jerarquía, como ocurre en las instituciones policiales y militares. 

Ante lo anterior, M*, una ex funcionaria de la PDI, corrobora que la persona que ella denunció como su agresor fue sobreseído, luego de un sumario administrativo por el delito de violación. Una situación similar vivió la comisaria Tania Jara, quien denunció a un compañero de labores por abuso sexual, el que posteriormente fue sobreseído por la institución luego de un sumario interno. 

RENUNCIA INVOLUNTARIA

“Soy ex funcionaria de la PDI, trabajé seis años y un poco más. En septiembre del 2021, denuncié a otro funcionario por el delito de violación, quien trabajaba en mi misma unidad: en el Centro de Salud de la PDI. En ese momento empezó mi calvario”, así inició su relato M*, quien efectuó la denuncia el 21 de septiembre del 2021 ante la Brigada de Delitos Sexuales de Santiago (Brisexme).

Debido a esta denuncia, se abrió un sumario administrativo en la institución -a cargo del comisario jefe de la Plana Mayor de la Jefatura Nacional de Educación y Doctrina, Robert Briones-, paralelo a la investigación de la Fiscalía Oriente. La fiscal a cargo del caso, María Izurieta, decidió encargar a la misma PDI las diligencias de la investigación.  

Desde la PDI indicaron a CIPER que cuando se ejecuta un sumario y una causa penal en paralelo, “se suspende el proceso administrativo, a partir de la denuncia o querella presentadas, y no continúa el sumario su tramitación mientras no se encuentre firme o ejecutoriado el proceso penal”.

En enero de 2022, M se dirigió a la Brisexme para conocer el estado de su causa y el informe pericial. En esa unidad de la PDI le respondieron que desde el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la misma policía aún no lo habían enviado. Ante esta situación, la funcionaria insistió en que sí lo habían enviado. De acuerdo con el relato de M ante la comisión de diputados que investiga irregularidades en la PDI, el subjefe de la Brisexme, comisario Arturo Pacheco, le dijo que, según lo revisado en el sistema, el informe no había sido enviado. 

-Fue violento e irrespetuoso y me dijo que «si yo creía que era la única víctima» (…). Aparece una funcionaria y le dice: «jefe, aquí está el informe, estaba en un cajón, se recepcionó en Brisexme con fecha 15 de diciembre». Más de un mes estuvo el informe pericial guardado sin que nadie supiera de él y sin ser remitido a la fiscal-, declaró M ante la comisión de diputados. 

En abril de 2022, un primer sumario administrativo en contra del funcionario denunciado por M determinó sobreseerlo, ya que no había sido “posible determinar faltas administrativas o a la disciplina institucional”. Además, estableció que no era posible concluir la existencia de la agresión sexual. 

En relación a la causa penal, M critica que las primeras diligencias hayan sido realizadas por personal de la PDI a petición de la fiscal María Izurieta: 

-Fue poco transparente. Lo mínimo que esperaba era que las primeras diligencias, junto con la orden de investigar, fuesen derivadas a Carabineros, puesto que tanto yo, que soy la víctima, como el imputado, éramos funcionarios de PDI en ese momento (…). Aquí manda la jerarquía, los jefes hacen lo que quieren impunemente. La institución fue negligente conmigo-, sostiene M, quien agrega que presentó su renuncia involuntaria a la policía el 12 de mayo de 2022, mientras que su agresor sigue en funciones en el Cuartel General de la PDI, luego de ser trasladado de unidad. 

Actualmente, la causa penal es investigada por la fiscal Paula Juica, de la Fiscalía de Género, quien encomendó las diligencias a la 35° Comisaría de Carabineros. 

Debido a la carta de renuncia de M, el 20 de mayo del año pasado la PDI abrió un nuevo sumario, para esclarecer las causas por las que se vio obligada a renunciar involuntariamente. Sin embargo, la ex funcionaria denunció a la institución ante la Contraloría General de la República, por los pocos avances en esta nueva investigación. El 19 de agosto pasado, el organismo fiscalizador determinó abstenerse en el caso, aunque ofició a la policía civil para pronunciarse. No obstante, no hubo respuesta. Desde el Departamento de Comunicaciones de la PDI, afirmaron que el oficio proveniente de Contraloría fue recibido el 10 de noviembre. Pero, desde la CGR afirmaron que desde el 21 de agosto, la policía tiene acceso virtual a ese documento.

CIPER se contactó con Fiscalía Nacional para conocer su versión respecto al actuar de la fiscal María Izurieta en el caso de M, sin embargo, desistieron referirse al tema, aunque confirmaron que fue removida de su cargo por su vinculación en el caso del procesado excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta.

Además, desde el Departamento de Comunicaciones de la PDI no quisieron referirse al caso de M, debido a que está siendo revisado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados. 

LA COMISIÓN DE DIPUTADOS Y LOS 78 CASOS

El 2 de mayo de 2022 fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados la creación de la Comisión Especial Investigadora por Irregularidades de la PDI. El 26 de septiembre pasado, el prefecto Erick Menay Pino expusó ante esta comisión el informe con las respuestas de la institución, ante los cuestionamientos hacia la policía. 

En dicha instancia, Menay afirmó que, según los registros del Departamento VIII de “Análisis y Monitoreo de Conductas Indebidas”, 177 funcionarios activos han sido denunciados por acoso sexual, abuso sexual, violación y violencia intrafamiliar, siendo los denunciantes funcionarios de la institución o civiles. Esta cifra incluye las mismas 78 denuncias por agresiones sexuales que ya han sido informadas en este reportaje y otros 99 casos de violencia intrafamiliar. Además, se informó que dos aspirantes fueron acusados de violación y acoso sexual al interior de la Escuela de Investigaciones Policiales (Escipol). 

Marisela Santibáñez, diputada que integra la comisión, sostiene que en el informe final de este grupo se plasmarán todos los testimonios expuestos en las sesiones, los que son muy diversos, según indica, puesto que narran violaciones, acoso laboral y suicidios, entre otros episodios, e incluyen informes de salud mental que han terminado con la destitución de funcionarios y funcionarias. Además, sostiene que han indagado sobre el cumplimiento de los protocolos en casos de denuncia de acoso sexual o laboral y en la transparencia de los sumarios realizados por estos casos. 

Respecto a lo anterior, Maite Orsini, diputada y también integrante de la comisión, explica que pudieron «evidenciar una mala gestión interna que, lejos de actuar ante denuncias graves, como violación y abuso sexual, sólo agravaron la situación, vulnerando nuevamente a las víctimas, a quienes no se les protegió, se las expuso, se las cuestionó y se les abandonó. En más de un caso fueron ellas quienes debieron renunciar a la institución sin que se tomaran medidas investigativas ni acción alguna contra los agresores”. Agregó que, a su juicio, “por los casos ya conocidos existen responsabilidades concretas por acción u omisión y una de ellas es del director general de la PDI”.

Desde el Departamento de Comunicaciones de la PDI, consignaron que la institución cuenta con la Orden General N° 2697 -del 17 de junio de 2021- que «Aprueba Procedimiento de denuncia presencial por maltrato y/o acoso laboral o sexual”, cuyo objetivo radica en establecer directrices para que un funcionario pueda realizar una denuncia por maltrato laboral, acoso laboral y sexual, ejercido por un funcionario sobre otro integrante de la institución o sobre un civil.  

El pasado 9 de enero la comisión solicitó iniciar un sumario administrativo contra Sergio Muñoz Yáñez, director general de la institución. La solicitud fue dirigida a la Contraloría porque Muñoz no se presentó a la comisión por segunda vez, luego de excusarse en una primera instancia por actividades del cargo. La Comisión sesionará hasta el 14 de marzo de 2023. 

DESVINCULACIÓN

El 26 de junio de 2015 la comisario de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, Tania Jara, denunció en su unidad haber sido víctima de abuso sexual, el que habría ocurrido durante la celebración del aniversario institucional. Por lo mismo, el 2 de julio de ese año se abrió un sumario administrativo, el que finalizó el siguiente 23 de octubre. 

A pesar de existir un informe pericial psicológico del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) que determinó que el relato de Jara era creíble, la prefecta Ximena Belmar -fiscal del sumario- concluyó el sobreseimiento del denunciado “por haberse establecido que en los hechos materia de la presente investigación, no existen los elementos de juicio que permitan asegurar la veracidad de la denuncia”. 

-La PDI se amparó sólo en declaraciones de cercanos y amigos del acusado (…). Como víctima dentro del proceso, aún no he sido notificada del término de dicho sumario (…). Me trasladaron el mismo día que denuncié, sin mi consentimiento, desde la Brigada de Homicidios de Valparaíso a la Brigada de Investigación Criminal de Viña del Mar, sin darme ninguna explicación-, relata Tania Jara, quien añade que ha sido trasladada en distintas ocasiones, mientras que el denunciado sigue en la misma unidad. 

Tania Jara presentó una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Valparaíso el 8 de marzo del 2019 por el delito de abuso sexual. Luego de haber interpuesto esa acción judicial, ella acusa que fue víctima de acoso laboral, tal como se lee en la tutela laboral que ingresó el 9 de noviembre de 2021 ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En esta última presentación relata que el comisario jefe de unidad de Avanzada Policial Concón, plasmó advertencias en su hoja de vida anual, utilizando términos como que debía cuidar “no enlodar” la imagen institucional.

La comisaria relata en su tutela que el acoso laboral comenzó con una serie de acciones y omisiones hacia su persona -luego de haber denunciado a su agresor-, transformando su lugar de trabajo en un ambiente hostil y persecutorio, con actos discriminatorios, como ser excluida de algunas gestiones operativas hasta dejarla prácticamente sin cumplir labores. 

-Estoy segura de que tuvo y tiene conocimiento (de mi caso) el actual director general de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez. Él fue jefe regional de Valparaíso, me entrevisté con él en una oportunidad y le expuse mi caso. Actualmente, él sabe todo lo que he denunciado, tanto en instancias administrativas como en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, no pudiendo, a lo menos, desconocer las altas cifras de violencia sexual al interior de la institución que dirige-, enfatiza Tania Jara. 

El viernes 9 de diciembre, la funcionaria fue desvinculada de la PDI. Le informaron que “se hará efectivo su alejamiento de la Institución, en las condiciones y plazos establecidos en el Artículo N° 66, del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile”. 

La información contenida en este artículo corresponde a un registro nacional de denuncias de la Policía de Investigaciones. Las personas que han sido denunciadas no deben ser consideradas culpables hasta que un sumario o causa judicial establezca de manera definitiva, sin recursos pendientes, su responsabilidad. 

(*) Por petición de la denunciante, su identidad fue resguardada.