«La incongruencia entre los anhelos por avanzar hacia una economía verde y al mismo tiempo eliminar o excluir los monocultivos forestales es una seria amenaza contra el logro de una transición hacia un nuevo modelo de desarrollo. En Chile, esta incongruencia está fuertemente instalada, por lo mismo, es necesario trabajar para que la sociedad entienda los reales fundamentos de una economía verde; es decir, una que aliente y no demonice el uso de los recursos naturales, incluidos los bosques». Columna de opinión para CIPER.

El profesor titular de la Universidad Austral de Chile Antonio Lara, aplaude en reciente columna para este mismo medio la exclusión de los monocultivos forestales de la estrategia climática del país, establecida en el artículo 5 de la Ley Marco de Cambio Climático. Señala que la medida se justifica plenamente en la evidencia científica y en el inventario de gases de efecto invernadero. En la siguiente columna mi intención es  analizar sus afirmaciones respecto al rol de sumidero de CO2 de las plantaciones, así como incorporar algunos aspectos que no han sido considerados en su análisis. A mi juicio, su principal omisión es que el incremento en el uso de la madera proveniente de los monocultivos constituye precisamente una acción clave en el cumplimiento de las metas medioambientales del país, complementando la conservación de turberas y bosques nativos a las que el autor hace referencia.

En su columna, Lara sostiene que los monocultivos forestales son emisores netos de CO2. Se trata de una afirmación bastante contraintuitiva, dado que los monocultivos forestales no son otra cosa que un conjunto de árboles creciendo en un área, de la misma edad y especie, y que a través de la fotosíntesis absorben y almacenan el CO2 como carbono. El autor fundamenta su afirmación indicando que la sumatoria de las emisiones generadas por los incendios forestales y las cosechas a tala rasa han superado a las capturas por crecimiento de los árboles en 33 millones de toneladas anuales de CO2eq, como promedio para el período 2010-2018. Sin embargo, esto no es algo que se puede concluir de los datos oficiales. Al revisar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y Otros Contaminantes Climáticos 1990-2018 [Tabla 315. 4A, p. 394], se observa que sólo en 2017 (año de los megaincendios) la sumatoria de emisiones por incendios y cosecha superan las capturas por crecimiento de plantaciones. Para las cifras oficiales de los años 2010, 2013, 2016 y 2018 eso no ocurre. Como tampoco ocurre si se calcula un promedio para el período.

Por lo tanto, y basándonos en el inventario de gases de efecto invernadero, se puede concluir que las plantaciones forestales no son emisores netos de CO2.

Las afirmaciones del profesor Lara son cuestionables no sólo porque las cifras que entrega discrepan de las estadísticas oficiales, sino también por otros argumentos. No resulta procedimentalmente correcto atribuirles a las plantaciones las emisiones de gases de efecto invernadero originadas en perturbaciones que no forman parte del ciclo silvícola. Los incendios forestales son un fenómeno que afecta a todo tipo de vegetación y, en el caso de Chile, su origen es casi exclusivamente humano. Es decir, detrás del origen de los incendios de monocultivos forestales o de otra cobertura vegetal están las personas, y en un alto porcentaje ese origen humano es de carácter intencional. No corresponde, por lo tanto, atribuirle las emisiones de los incendios a los árboles afectados por el fuego.

Si esto no fuera suficiente para descartar sus afirmaciones, aún nos debemos pronunciar sobre una de las omisiones más notorias de su análisis: la madera generada por los monocultivos. Al considerar la cosecha de las plantaciones enteramente como emisiones, olvida el porcentaje de esas plantaciones que se destina a la elaboración de productos de larga duración («harvested wood products» o HWP, según la denominación internacional), que en 2020 superaron los seis millones de toneladas de C02eq y constituyen la segunda fuente de captura de CO2 después del aumento de biomasa en tierras forestales.


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El mundo verá incrementado su consumo de bienes derivados de los bosques de manera significativa en los próximos años, no sólo por el crecimiento de la población y el aumento de su calidad de vida, sino también por la urgente necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles como fuente de energía y reemplazar el uso de materiales alta huella ambiental. Sustituyendo materiales de construcción como el cemento por madera se podría reducir entre 14-31% las emisiones globales de CO2 y entre 12-19% del consumo global de combustibles fósiles. La madera es un material sustentable que supera a materiales alternativos: producir una tonelada de ladrillos requiere cuatro veces más energía que la madera aserrada; el concreto, cinco veces; el acero 24 veces y aluminio 126 veces. Se almacena alrededor de 1,6 ton de CO2 por m3 de madera, en función a la especie y métodos de cosecha.

Esta es la dirección hacia la que apuntan los países que buscan transitar desde una economía fósil hacia lo que se ha dado en llamar una «economía verde», circular, descarbonizada o bioeconomía. Cualquiera sea su denominación, sus fundamentos son los mismos: reducir la dependencia a los combustibles fósiles y productos con alta huella ambiental, promoviendo el uso de productos derivados de recursos naturales renovables. Es evidente que este proyecto de nueva economía, o de gobierno ecológico en nuestro caso, no puede prescindir de la madera y, por lo tanto, de los bosques. Del aprovechamiento productivo de los bosques naturales y del establecimiento y aprovechamiento de bosques plantados, dentro de los cuales se encuentran los monocultivos.

La incongruencia entre los anhelos por avanzar hacia una economía verde y al mismo tiempo eliminar o excluir los monocultivos forestales es una seria amenaza contra el logro de una transición hacia un nuevo modelo de desarrollo. En Chile, esta incongruencia está fuertemente instalada, por lo mismo, es necesario trabajar para que la sociedad entienda los reales fundamentos de una economía verde; es decir, una que aliente y no demonice el uso de los recursos naturales, incluidos los bosques. La columna de Antonio Lara va en la dirección contraria.


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Como argumento final, se puede agregar que la exclusión de los monocultivos forestales resulta profundamente incongruente, ya que la misma Ley Marco de Cambio Climático establece en su artículo primero que su objetivo es el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile. Parte de dichos compromisos se encuentran definidos en la Contribución Determinada a Nivel Nacional 2020 (NDC), que a su vez forma parte de la Estrategia Climática de Largo Plazo. En su objetivo 8 se contempla que al 2030 se deberá contar con 200.000 hectáreas plantadas, de las cuales al menos 100.000 hectáreas corresponden a cubierta forestal permanente, con al menos 70.000 hectáreas con especies nativas. En el mismo compromiso se informa que esta medida representará capturas de entre 3,0 a 3,4 MtCO2eq anuales al 2030. Respecto al bosque nativo, Chile se compromete en ese mismo documento al manejo sustentable y recuperación de 200.000 hectáreas, representando capturas por alrededor de 0,9 a 1,2 MtCO2eq anuales, al año 2030; es decir, menos de la mitad de las capturas de la estrategia basada en plantaciones bajo un modelo mixto de cubierta permanente y producción. Si nos basamos en las explicaciones de Antonio Lara esto no podría ser posible, ya que las plantaciones son emisoras netas de CO2 y una estrategia claramente inferior a la recuperación del bosque nativo. Sin embargo, las estimaciones que se encuentran en los documentos oficiales del Estado de Chile parecen indicar que las plantaciones sí son una estrategia válida. No se entiende, por lo tanto, que el 2020 las NDC hayan establecido metas de reducción de emisiones a través del establecimiento de plantaciones forestales, y tan sólo dos años después se haya promulgado una ley que las excluye de las estrategias climáticas.

Pero además de incongruente, vulnera uno de los principios que la misma ley plantea. Si nos atenemos al principio de costo-efectividad que se consagra en el artículo 2 letra b) de la Ley Marco de Cambio Climático, se deberán priorizar aquellas medidas que, siendo eficaces para la mitigación y adaptación, sean las que representen menores costos económicos, ambientales y sociales. Distintos análisis de costo efectividad ratifican que los monocultivos forestales son la herramienta más costo-efectivas para capturar carbono, ya sea en cultivos con fines comerciales o con fines de cobertura vegetal permanente [DROPPELMAN, GROSSE y LAROZE 2019; FOSTER et al. 2021]. Forestar las 200.000 hectáreas comprometidas al 2030 sólo con especies nativas no es ni costo-eficiente ni viable técnicamente, como tampoco lo es una estrategia basada exclusivamente en la conservación de bosques nativos y turberas como propone el autor de la columna. Sin mencionar que dicha estrategia no permite transitar hacia una economía que reduzca su dependencia de los combustibles fósiles; algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo.