Un enfoque de gobierno más realista y un urgente cambio de gabinete sugiere el autor de esta columna para CIPER, cientista político y académico, como compensación a la serie de errores cometidos en el primer año de gobierno de Gabriel Boric, con la crisis de los indultos como ejemplo más reciente.

No hay mayor discusión respecto de que la llegada de Gabriel Boric a la presidencia fue posible por el cambio de eje en el debate público luego del estallido social de octubre de 2019. Más controversial resulta, luego de diez meses y con 25% de respaldo, la capacidad del gobierno de Apruebo Dignidad para representar y conducir el malestar que se expresó el 18-O, así como para concretar políticas con orientación refundacional.

El sello idiosincrático con que Apruebo Dignidad llegó al poder no garantiza respaldo social mayoritario ni gobernanza legislativa. Ganar una elección y construir buen gobierno constituyen desafíos distintos, porque si en la competencia electoral se trata de intercambiar promesas de políticas por votos, una vez en el gobierno el principal estándar son los resultados. Tal como enseña aquella cita a Vicente Huidobro que el presidente Boric hizo en su discurso desde La Moneda el 11 de marzo, «el adjetivo cuando no da vida, mata».

Una serie de errores derivados de malos cálculos, falta de experiencia en la administración del Estado o —en la propia definición de algunas autoridades— «desprolijidades» muestran en estos primeros meses de gobierno que frente a crisis de envergadura, la voluntad, las creencias propias y la estatura moral no bastan.

El triunfo electoral de diciembre de 2021 impuso en Apruebo Dignidad un sesgo de confianza excesiva. Se creyó que el origen político de las organizaciones del Frente Amplio (FA), vinculado a la movilización estudiantil y al estallido de 2019, le entregaría legitimidad suficiente al nuevo gobierno, destinado a ser resultado y factor de un nuevo ciclo político. Después de todo, Gabriel Boric era el primer candidato presidencial ganador que no provenía de las coaliciones tradicionales (y el primero en ganar la segunda vuelta habiendo perdido la primera).

La generación de «estrellas emergentes» de las movilizaciones de la CONFECH (2011-2015) ha jugado el papel de bloque ascendente en tiempos de partidos declinantes. Sin embargo, tal función de reemplazo, cuando corresponde a nuevos liderazgos, puede ser contaminada por el llamado síndrome de Dunning-Kruger; por el cual, agentes con baja capacidad o experiencia en un ámbito de desempeño sobreestiman su habilidad. Así, puede ser que quienes partan comprometidos con el cambio, terminen, de manera involuntaria, exacerbando crisis y/o la entropía en el oficialismo; o, como dicen otros, «agitando el avispero», y con ello fortaleciendo la reacción conservadora.

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En el caso del actual gobierno, la inexperiencia en la toma de decisiones desde el Ejecutivo y la miopía de la gestión estratégica han «agitado el avispero» al menos en tres oportunidades durante el primer año, produciendo alteración, desorden y costos innecesarios. Para un gobierno minoritario el aumento de la entropía oficialista multiplica los costos en los acuerdos parlamentarios, dificulta la gestión coalicional y genera presiones para modificar la agenda por la necesidad de construir mayoría legislativa. 

El viaje de la ex ministra Siches a Temucuicui (15 de marzo de 2022) reveló por primera vez los efectos no deseados de la sobrestimación de capacidades, con la consecuencia de poner término anticipadamente a la «luna de miel» de la nueva administración. Ese error estratégico reveló que el apoyo electoral del gobierno se aproximaba en las seis primeras semanas al apoyo autónomo de Boric en primera vuelta (25.83%) y a la correlación en la Cámara de Diputados (24%). Los datos de Cadem, por su parte, muestran que entre la encuesta del 18 de marzo a la del 22 de abril el rechazo al gobierno aumentó desde 20% a 53% (más de treinta puntos). A dos meses de ocurrido el episodio de Temucuicui, las encuestas mostraban no solo que la delincuencia se había convertido en el principal problema en Chile, sino que además la ciudadanía rechazaba la utilización de la violencia para promover demandas, al tiempo que respaldaba ampliamente el uso de la fuerza pública por parte del Estado [encuesta Cadem #434, primera semana de mayo de 2022].

La derrota ideológica y estratégica que significó el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre entrevé el error que fue vincular la implementación del programa de gobierno a la aprobación de la propuesta elaborada por  la Convención Constitucional. Como buena parte del progresismo, el gobierno de AD se convenció de que una relación íntima entre el proceso constituyente y la implementación del programa presidencial podría construir sinergias en beneficio de ambos espacios. Los resultados políticos revelan, por el contrario, que las decisiones del Ejecutivo se fundaban en ilusiones, por su falta de experiencia política en tareas de gobierno y una evidente carencia de realismo en la elección de estrategias. Resultado de lo anterior fue que los niveles de rechazo hacia el gobierno evolucionaron en paralelo al apoyo a la Convención, con el desenlace conocido por todos. Como consecuencia del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, la desaprobación al gobierno de Boric aumentó desde el 2 de septiembre al 4 de noviembre en más de quince puntos (de 54% a 69%).

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Finalmente, la «crisis de los indultos», desatada desde el anuncio de estos, el 30 de diciembre, constituye el momento de mayor desarticulación del oficialismo durante el primer año de gobierno. Las deficiencias en la analítica del Ejecutivo son evidentes, por la incapacidad para visualizar el impacto inmediato que algo así iba a tener: ya no es solo cuestión de miopía; también queda la imagen de que los dos bloques que respaldan a Boric constituyen un «aglomerado oficialista» con débil articulación en torno a un proyecto común.

Sin duda, los gobiernos de coalición deben gestionar diferencias internas, pero en este caso, las decisiones parecen determinadas por un «empate catastrófico» entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Por otra parte, esta tercera coyuntura lleva a preguntarse si acaso el gobierno no ha transformado su propio relato (refundacional) en un fetiche que le impide actuar con realismo, lo cual, sumado a la correlación legislativa adversa y el empate entre los dos bloques oficialistas, explica la nerviosa táctica de subsidios políticos alternativos para sus coaliciones. De este modo, luego del giro al centro del gobierno con el «Acuerdo por Chile» que compensa al Socialismo Democrático, le suceden los indultos que responden a compromisos con sectores de Apruebo Dignidad. En lo inmediato, a la decisión de los trece indultos le sucedió un aumento de la desaprobación del gobierno desde 61% el 30 de diciembre, a 70% el 13 de enero (+9 pts.).

El amplio desacuerdo de la ciudadanía con los indultos —79% está en desacuerdo con los indultos a los doce «presos del estallido» y 81%, contra el indulto a Mateluna [Cadem #470]— hace probable que esta crisis no termine con la salida de la ministra Ríos ni con las acusaciones constitucionales en trámite, lo que en el peor escenario podría impactar en los resultados de mayo para el Consejo Constitucional. Situado en este escenario, el gobierno deberá resolver cuanto antes un cambio de gabinete para construir un nuevo equilibrio entre sus coaliciones que le permita avanzar en la agenda de reformas y una estrategia de competencia electoral (una o dos listas) para mitigar la desarticulación interna del oficialismo y administrar los costos de un difícil primer año.