Señor director: el problema financiero de las isapres sigue aumentando a una velocidad creciente, sin que se vean alternativas concretas de solución hasta la fecha de parte de la autoridad. Las nuevas cifras sobre liberaciones de garantías autorizadas por la Superintendencia de Salud, al mes de noviembre 2022, reflejan solo una agudización de la crisis.

La ley establece tres estándares legales que las isapres deben cumplir en todo momento y que se miden mensualmente. Uno de estos estándares es el de garantía y se expresa en que el ciento por ciento de las deudas que estas empresas mantienen con beneficiarios y prestadores (clínicas, centros médicos) debe estar respaldada en instrumentos financieros, como boletas de garantías y otras. La lógica regulatoria de establecer este tipo de estándares es generar un fuerte desincentivo a la mantención de deudas pendientes de pago y, a la vez, a reducir los plazos de pago. De esta forma, el regulador se asegura que la cadena de pagos se mantendrá «aceitada». En la medida en que una isapre deja de pagar sus facturas, o simplemente prolonga el plazo de pago, se genera el desincentivo, en la medida en que tendrá que respaldar financieramente sus compromisos de pago. Como el estándar es equivalente al 100% de la deuda, no tendría ningún sentido mantener o prolongar deudas, si se genera la inmediata obligación de constituir la garantía. La ecuación se ve a simple vista muy sólida.

Sin embargo, la misma ley le permite a las isapres solicitar a la Superintendencia que se liberen fondos de la garantía, siempre y cuando estos recursos vayan a pagar deudas. Este mecanismo legal no tiene mayor problema técnico cuando el cumplimiento de la garantía se hace de manera holgada. Es solo un ejercicio de ajuste financiero que puede ser considerado óptimo.

El problema es cuando estas liberaciones de garantías se solicitan y, especialmente, se autorizan en el límite del cumplimiento del estándar; es decir, se libera garantía para forzar el cumplimiento del estándar, sin tener que desembolsar nuevos fondos que no están disponibles. Incluso si esto fuera ocasional o esporádico, o si el problema estuviese circunscrito a una isapre que entra en problema de liquidez circunstancial, también podría entenderse como riesgoso, pero aceptable desde la lógica sistémica.

El gran problema es que esta situación se da en el límite del cumplimiento del estándar, para varias isapres simultáneamente, desde hace más de un año, y solo se ha venido agravando en 2022.

Cabe tener presente que, en una situación financiera normal, el monto solicitado de liberación de garantía debiese ser cero. Pero ya en el año 2021, dos isapres solicitaron un total de $88.682 millones, y se les autorizaron $77.484 millones. En el mes de enero de 2021, una de ellas solicitó $9.000 millones, los que fueron rechazados íntegramente (lo que también es una prerrogativa del regulador). Durante los meses de febrero a agosto 2021 no hubo solicitudes de liberación. Por tanto, prácticamente la totalidad de las solicitudes y las autorizaciones se concentraron entre septiembre y diciembre de 2021.

Para completar la administración política anterior, en los meses de enero y febrero de 2022, prácticamente todas las isapres abiertas —con excepción de isapre Esencial que es un caso de análisis totalmente especial que abordaremos en otra columna— solicitaron y se les autorizó liberación de garantía, por un monto de $138.412 millones.

Con cifras a noviembre de 2022, se observa que el monto liberado es de $551.916 millones, lo que representa un 612% respecto a 2021 y falta un mes por incluir (diciembre). El monto solicitado y autorizado es prácticamente idéntico. Las solicitudes involucran a todas las isapres abiertas (excepto Esencial) y se han mantenido casi todos los meses, especialmente en tres isapres, aunque durante los últimos tres meses, involucra a cuatro isapres.

En promedio, la Superintendencia de Salud ha autorizado unos $50.199 millones mensuales de liberación de garantía en 2022.

Para tener un parámetro adicional, basta señalar que los ingresos brutos de actividades ordinarias de las isapres abiertas representan en 2022 $287.600 millones mensuales. De esta forma, expresado en meses de ingresos, la liberación de garantías a noviembre 2022 representa 1,9 meses de operación. Sin duda, algo extraordinariamente crítico que debiera llamar la atención de la autoridad económica del país. Lamentablemente, cuando una bicicleta financiera evidente se transforma en una bola de nieve y esta crece a un punto tal que se ha hecho crónica, involucra a gran parte de la industria, y es condición para el cumplimiento de los estándares financieros que establece la regulación, no es fácil desinflar ese globo sin provocar daños colaterales. El problema es que mientras más tiempo pasa, los daños serán de mayor magnitud, y no se circunscribe solo al ámbito de las finanzas, sino a la salud de la población.