El epicentro de homicidios: en la última década la comuna de Santiago pasó del lugar 31 al primer puesto a nivel nacional en este delito

Atrás han quedado esos años en que la vida comunitaria se asentaba en la periferia de la comuna de Santiago. Hoy dos de sus barrios históricos, Yungay y Franklin, tienen calles, casas y galpones ocupados por bandas criminales que utilizan el homicidio como forma de control territorial. Incluso, a pocas cuadras de la residencia del presidente Gabriel Boric, se ubica uno de los ejes más problemáticos de la comuna. La situación se acrecentó con la pandemia, llegando a un peak de 33 casos de homicidio en 2020, según los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Las cifras de la Fiscalía arrojaron que se han cuadruplicado las víctimas de homicidio en la comuna. El epicentro del país se ha transformado en uno de los principales focos de la nueva criminalidad y las autoridades buscan cómo solucionarlo. Este artículo es parte del especial «Matar al otro» realizado por el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP) de la UDP, en alianza con Vergara 240 y CIPER.

La tarde del 28 de julio del 2022, Teodora (37) recibió un disparo mortal. Atendía su minimarket, un conocido negocio del Barrio Yungay, en Andes con Chacabuco. Dos extranjeros, que habían entrado a comprar un poco antes, forzaron la reja del local. Uno de ellos introdujo una pistola entre los barrotes, apuntó directamente al cuello de Teodora y disparó. Mientras ella yacía en el suelo, uno de los hombres ingresó al local, lo recorrió con otra arma de fuego en mano, apuntando, buscando si había alguien más. Salió corriendo.

No se llevaron objetos de valor, ni mercadería ni el dinero de la caja.  Minutos después, Teodora falleció en el mismo barrio que la acogió por más de 20 años cuando llegó desde Perú. Su familia aún no sabe por qué –ni quienes– le dispararon a matar.

Su muerte es parte de una realidad que ha levantado alarma entre autoridades y vecinos de Santiago, una comuna en la que hace 10 años los homicidios eran muy poco habituales. En números absolutos, hoy ocupa el primer lugar en la lista de comunas con mayor cantidad de homicidios, en circunstancias que hace una década estaba en el 31. Además, los asesinatos se han vuelto más violentos y marcados por un uso ampliamente extendido de armas de fuego. Y, quizás lo más grave, cada vez son más los que no pueden ser investigados y sancionados. En Santiago, al igual que en el resto del país, la impunidad está creciendo.

Cifras recogidas por el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP) de la Universidad Diego Portales con base en información de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), indican que entre 2010 y 2021 se cuentan 191 partes policiales por homicidio en la comuna de Santiago, los que pueden incluir a más de una víctima. Esta cifra ha pasado de cinco a 30 partes anuales en la última década. Su peak se registró en 2020, con 33 casos. 

Los datos de la SPD tienen un correlato con los del Ministerio Público, institución que no distingue en sus registros si se trata de homicidios consumados, frustrados o tentados. Según esas cifras, la comuna de Santiago pasó de 42 víctimas de homicidio en 2010 a 180 en 2021. 

Ante esta alza la Fiscalía Centro Norte nombró un fiscal especial para investigar estos crímenes en la comuna, y su Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos inició un proceso de revisión causa por causa para conocer la cifra real de homicidios consumados. Los números son preocupantes: para el 2021 identificaron 48 homicidios (seis de ellos en cárceles), muy por encima de los 30 que registra la SPD.

La mayoría de los homicidios en la comuna de Santiago ocurren en la vía pública. De los 44 casos que registró Carabineros entre enero y octubre de 2022, el 65% ocurrió en la calle, un 18% en domicilios particulares y un 11% en locales comerciales.  

CIPER entrevistó a autoridades comunales, fiscales y vecinos de Santiago –cuyos nombres fueron cambiados por seguridad– para conocer el trasfondo de las cifras. La conclusión: el homicidio se ha transformado en una fórmula para marcar territorio y amedrentar a vecinos y locatarios. Al punto que muchos de ellos están dejando sus viviendas. 

“El año pasado hubo un ajuste de cuentas, como a las nueve de la noche. Entraron y le tiraron un balazo en la pierna al dueño de un restaurante”, recuerda Margarita (70), quien vive hace 40 años en el Barrio Santa Ana. Atrás quedaron los tiempos en que visitaba los museos, paseaba por la Plaza de Armas e iba a vitrinear a Meiggs con amigas. Ahora no sale después de las siete de la tarde. En su manzana se han registrado tres homicidios desde 2021. Fue víctima de una encerrona a la altura de Estación Mapocho, cuando dos personas armadas le quitaron el auto a un familiar que la iba a dejar a su casa. Esta fue la gota que rebasó el vaso: “Ahora estoy pensando en vender”, dijo a CIPER.

Las cifras que maneja la Fiscalía Local de Santiago para 2022 son alarmantes. Entre enero y septiembre contabilizó un total de 134 causas por homicidio (consumados y no consumados), el 51% de ellos cometidos con armas de fuego. En el 30% de los casos no se detuvo a un sospechoso en las primeras 48 horas, por lo que son causas abiertas sin imputado conocido. Lo que “hace más difícil el porcentaje de esclarecimiento del caso”, explicó el fiscal Francisco Jacir, jefe de la fiscalía local.

El caso de Teodora, la dueña del minimarket que fue asesinada, es parte de este fenómeno. A pesar de que hay registro de cámaras y testigos dispuestos a declarar, aún no se han comunicado con ellos. Hace meses que funcionarios del OS9 de Carabineros le dijeron a su familia que irían –en los días posteriores al homicidio– con un retrato hablado del sospechoso, pero eso aún no ocurre. 

Aunque la mayoría de quienes son imputados con este delito siguen siendo de nacionalidad chilena –tendencia que se sostiene a nivel nacional–, la cantidad de imputados extranjeros ha crecido en Santiago. Arturo Gómez, fiscal especial para homicidios de la Fiscalía Local de Santiago, señala que de las causas abiertas de 2022 en la comuna, “aproximadamente el 40% de los delitos de homicidio son cometidos por extranjeros”. El fiscal dice que en el caso de los detenidos que son inmigrantes no regularizados en el país, se torna más difícil dar con su identidad real en el proceso investigativo, ya que no tienen su registro fotográfico en el Registro Civil, no cuentan con pasaporte o alguna identificación. Cabe destacar que el número de extranjeros es un porcentaje similar a la cantidad de población migrante en la comuna de Santiago que, según la proyección del Municipio en base a datos del INE, llegaría a aproximadamente un 40%.  

Las víctimas extranjeras también han ido en aumento, pero no hay una cifra consolidada, porque determinar su identidad, en caso de no estar regularizados en Chile, es mucho más difícil. El fiscal Gómez explica que aunque obtengan huellas, si estas “no corresponden a ningún chileno, ni a ningún extranjero que tenga registro en el Registro Civil, de nada sirven porque no sabemos a quién atribuirlas”. Han podido identificar a algunas víctimas, a través de amigos o vecinos que contactan a sus familiares en el extranjero, los que ayudan en el reconocimiento. “De esa manera hemos podido establecer ciertas identidades que tampoco son definitivas”.

Patricia Rojas de la Asociación venezolana en Chile (Asoven) recuerda que hace más de un año un empresario venezolano fue secuestrado en la comuna de Santiago, mientras extorsionaban a su familia en Venezuela: “Lo encontraron sin vida después de pagar una cantidad de dinero importante”, dijo Rojas. “Lamentablemente las personas migrantes y desplazadas, sobre todo los venezolanos, están expuestas a eso porque son redes bastante amplias que se encuentran no solamente en Chile o en Venezuela, sino a lo largo del todo el corredor humanitario”, agregó. 

En la municipalidad existe una especial preocupación por la forma en que se utiliza al homicidio para dominar vecindarios y cómo éste se profundizó durante la pandemia: “Vimos cómo se enquistan estos homicidios en territorios específicos, lugares que son más probables que ocurran porque hay lógicas, personas y bandas que lo utilizan como método de captura de territorio. En Santiago tenemos al barrio Yungay y Franklin, y sus alrededores”, reveló Kevin Díaz, director de Prevención y Seguridad Comunitaria de la comuna. Según el funcionario esto ha erosionado la convivencia de los vecinos, haciendo que “abandonen sus casas y los negocios cierren más temprano”, lo que aumenta la sensación de inseguridad.

YUNGAY, ZONA CRÍTICA

El cuerpo de un joven ciclista colombiano –de 17 años– yacía muerto en la esquina de Martínez de Rozas con Cueto. Fue apuñalado varias veces por un desconocido, tras una discusión con el conductor de un auto, según el relato de testigos. Fue a plena luz del día, el pasado 30 de octubre. El único imputado en la causa, un venezolano, fue detenido dos días después intentando cruzar la frontera norte del país, en un paso no habilitado en Pozo Almonte. Iba con su pareja e hijo recién nacido. 

Al menos cinco homicidios han ocurrido este año en el mismo sector.

El denominado gran Barrio Yungay concentra el mayor número de homicidios en la comuna. Si en 2016 registraba entre cuatro a cinco por año, en 2020 esa cifra se duplicó, llegando a 11 homicidios. La preocupación por el alza de este tipo de crímenes desde la pandemia fue expuesta por las autoridades municipales como uno de los temas principales del Consejo de Seguridad de inicios de 2022. 

“Las cifras de homicidios se sienten. Los disparos en la noche, los fuegos artificiales –anunciando la llegada de la droga–, la situación desbordada es muy palpable en el sector de Yungay, nos cambiaron el paisaje”, dijo la concejala Rosario Carvajal, cuya familia llegó en la década de 1950 al barrio.

Un sector crítico es la zona norte de la comuna hacia Mapocho, especialmente el cuadrante de Martínez de Rozas, Cautín, San Pablo y Bulnes. Los vecinos aseguran que “el narcotráfico se ve desde los techos”. Un sitio a ciegas en el que las cámaras de la alcaldía han sido arrancadas y reemplazadas por sistemas de televigilancia privado: “Muchas veces las bandas criminales asociadas a la venta de droga utilizan esas cámaras para advertir la presencia policial”, explicó el fiscal Francisco Jacir.

“Hay un descontrol total en que pareciera ser que en esa cuadra se vive prácticamente sin ley”, dijo el fiscal Arturo Gómez que investiga tres homicidios allí. Uno de los casos es el de una mujer chilena y dos hombres colombianos que habrían estado esperando para comprar droga. Las personas que dominan el sector –de nacionalidad peruana– los habrían atacado porque “interpretaron como que eran vendedores de droga que se estaban tomando esa intersección que era privativa de ellos”, agregó el fiscal. 

Las cámaras son claves para resolver estos homicidios. El fiscal Francisco Jacir destaca el convenio que tienen con el municipio para el uso de las 600 cámaras del circuito de seguridad, firmado en la administración de Alessandri. El problema, señala Kevin Díaz, es que no tienen personal para vigilar la totalidad de los dispositivos y éstos no están ubicados en todos los sectores estratégicos, como Yungay y Franklin. Actualmente están instalando un sistema de monitoreo inteligente de las cámaras con un software que detecta actividad inusual en los registros. Y están modificando las rutas de patrullaje.

La mayoría de los homicidios en Santiago ocurren en la calle. Según cifras de Carabineros, que sólo cuentan los casos que ellos atienden, los homicidios en la vía pública pasaron de 2 en 2010 a 16 en 2021. Entre enero y octubre de 2022 esta cifra subió a 29 homicidios, un 65% del total de casos.  

Jorge (65), un vecino que reside hace 12 años en la zona, ha visto cómo ha ido desapareciendo la vida de barrio: “Los más viejitos ya no vienen a la plaza (Yungay)”. Dice que una preocupación constante entre los vecinos son las casas abandonadas que son tomadas. 

–En la pandemia tuvimos una casa de tres pisos llena de delincuentes y narcotráfico. Salían a asaltar aquí en la esquina. La gente era temerosa, no denunciaba y eso los hacía sentirse impunes. Fui a hablar a la Tercera Comisaría. No llamé nunca, porque el 133 es muy difícil que contesten. Y finalmente vinieron. Allanaron y sacaron todo, porque ubicaron al dueño, que tenía una orden de desalojo antigua y eso sirvió. Se acabó el foco delincuencial.

Si bien los análisis de la fiscalía no arrojan una relación directa entre el alza de homicidios y la ocupación de casas, si tienen en investigación casos de homicidios ocurridos en viviendas ocupadas por el crimen organizado: “Arriendan piezas a extranjeros y si no pagan han tenido que pagar con la vida”, dijo el fiscal Arturo Gómez.

La Municipalidad cifra en 500 las casas ocupadas en la comuna. “Uno de los factores por el que la gente se quiere ir de Santiago son las casas tomadas. Se está convirtiendo en casi como tener una cárcel cerca. Hay uso de armas y venta de drogas. Ahora estamos diseñando un plan con la fiscalía para abordarlo”, explicó Kevin Díaz, director de Seguridad de la Municipalidad de Santiago.

En el municipio están conscientes de la crisis de seguridad que vive la comuna. Kevin Díaz, director del área, explica que en un inicio el trabajo ha estado enfocado en “recuperar los espacios públicos, para que la gente pueda salir”. Parte de esto son los operativos en parques, incluyendo sectores claves como la Plaza de Armas.

La llegada del presidente Gabriel Boric significó un esfuerzo extra para la ya escasa dotación de Carabineros. “Más allá de la Guardia Presidencial, que es el primer anillo, todo el resto son efectivos de los servicios de la comuna”, destacó Kevin Díaz.

Pese al anillo de seguridad que rodea el domicilio y parte del sector donde optó por residir el presidente Boric, los homicidios fuera de ese perímetro no se han detenido. A siete cuadras de la casa del mandatario –el 20 de junio pasado– un hombre extranjero fue acribillado.

EL ABANDONO DE FRANKLIN

Bastó una bala en la cabeza para matar a Pedro la madrugada del 28 agosto, en la intersección de Miguel León Prado con Ramón Ugarte, en pleno Barrio Franklin. Era colombiano y al momento de su muerte compartía con otras dos personas de la misma nacionalidad. Uno de ellos, Carlos, recibió dos disparos y falleció en el Hospital Barros Luco. El tercero, El Pulga, es el único imputado por la muerte de ambos. 

La Fiscalía lo acusa de haber cometido ocho delitos en una hora: tres homicidios, tres robos con violencia, porte ilegal de arma de fuego –una pistola 9 milímetros– y usurpación de identidad. Este último, debido a que dio otro nombre al ser detenido. El cruce de sus huellas con la información del consulado de Colombia arrojó sus verdaderos datos. 

Para la Fiscalía y la Municipalidad, el Barrio Franklin es el segundo sector prioritario en materia de homicidios. Entre 2019 y 2020 registró un aumento de 1 a 4 víctimas de este delito al año, lo que ha seguido en aumento hasta 2022. 

“Nunca habíamos visto un muerto, de los años que uno ha vivido acá, jamás. El Barrio Franklin siempre ha tenido su cartel de ser un barrio de choros, como le dicen. Tú tenías delincuencia, pero nunca el nivel que vemos ahora”, dice Carlos (67), un vecino que vive en un cité patrimonial del lugar desde que nació.

En los últimos dos años, Carlos, contabiliza al menos tres homicidios en el barrio Matadero: “A las cinco de la tarde aquí en la Galería Franklin, había dos tipos discutiendo, llega mi hijo y me dice que no salga porque había un muerto. Eran los mismos tipos, uno agarró un cuchillo y se lo enterró. El cuerpo estuvo hasta las 11 de la noche. Al otro día, una mujer muerta, colombiana. La balearon aquí en San Ignacio. Esas cosas nosotros no estamos acostumbrados a verlas, la calidad de vida aquí se ha ido deteriorando”.

“Este es el patio trasero para la segunda comisaría y la cuarta, es justo donde colindan”, dice Rosa, vecina del eje de Nataniel Cox en la zona de Franklin. La situación de Carabineros es crítica en la comuna, los vecinos les han consultado a los comisarios por qué no pasan partes o no hacen las rondas en el lugar. Varios de ellos aseguran que les responden que tienen escasez de talonarios y de patrullas, al punto de que deben trasladarse en autos de seguridad municipal.  

En el barrio resienten el abandono e inseguridad día a día: “El interlocutor está sordo, puedes denunciar el problema, pero no hacen nada”, comentó Rosa. Los residentes dicen que durante las noches se ocupan cuadras completas como desarmadurías de autos, las fiestas clandestinas terminan a balazos y el comercio informal hace que “Meiggs parezca nada comparado con lo que pasa en Franklin”, agregó Rosa. Es por esta razón que el centro del trabajo de seguridad municipal en la zona se ha enfocado en la intervención de galpones.

Ninguno de los vecinos consultados para este reportaje piensa en dejar su Barrio Franklin, aunque por razones distintas. “Con lo que vendas aquí ¿qué te vas a comprar?”, dijo Rosa. 

DONDE EL ESTADO NO ENTRA

El 30 de junio la noticia de que un hombre fue asesinado en horas de la madrugada en el subterráneo de un edificio en calle Huérfanos con Amunátegui copó la agenda. Un grupo de cinco desconocidos lo acribilló en los estacionamientos del edificio. Es el sexto homicidio registrado en esos departamentos en la última década. Todo, a dos cuadras del Palacio de La Moneda y frente a un edificio de Tribunales, en el Barrio Santa Ana.

El fiscal Arturo Gómez lleva la investigación del homicidio de un proxeneta de nacionalidad peruana en el mismo edificio. Recuerda que una mujer que ejerce el trabajo sexual en esos departamentos llegó a pedir la devolución del dinero que tenía la víctima cuando fue asesinado. La solicitud fue denegada, no tenían la identidad del fallecido y ella no era un familiar directo. 

En el edificio hay pisos completos que son utilizados para la comercialización de drogas y la prostitución. Allí las cámaras de vigilancia son destruidas constantemente. Incluso, la investigación de la PDI dejó al descubierto que en una de sus bodegas vivían dos venezolanas, las que pagaban hasta un arriendo.

El problema del tráfico y prostitución en los edificios altos de Santiago no es exclusivo de calle Huérfanos. El fiscal Jacir reconoce que el sólo acceso a investigar junto a la PDI a los departamentos “representa una dificultad alta (…). Si alguien vive en un piso 21 de un edificio, advertir la presencia de la policía que sube por escalera o ascensor es muy sencillo. Se han realizado muchas incautaciones, registros, revisiones y detenciones y reiteradamente vuelven a presentarse hechos delictivos”. 

La concejala Rosario Carvajal recuerda que la construcción en altura surgió en medio de un plan que buscaba reinstalar la convivencia residencial y la vida de familia en Santiago, pero se convirtieron en “moles inaccesibles”, a las que ni siquiera entran funcionarios municipales si no es con ayuda de Carabineros.