Un notario mexicano procesado por firmar documentos a nombre de terceros, sin su autorización, y un director de aeropuerto en Bélgica acusado de irregularidades financieras, tienen algo en común: ambos eran cónsules honorarios de Chile al momento de cometer los ilícitos. La Cancillería los dio de baja después de que surgieran las primeras acusaciones por corrupción. Chile cuenta con 163 cónsules honorarios repartidos por el mundo. Y aunque no reciben sueldo, sí pueden percibir dinero fiscal para administrar oficinas públicas. Lo más importante, tienen derecho a uso de la valija diplomática. Este es el primer reportaje de CIPER que forma parte del capítulo chileno de Shadow Diplomats, una investigación periodística transnacional que indagó a cientos de cónsules honorarios en todo el mundo.

En 2013, la Fiscalía mexicana comenzó la frenética búsqueda de un notario de Jalisco acusado de fraude y falsificación de documentos, luego de que firmara créditos hipotecarios a nombre de personas sin su autorización. Su identidad, Sergio López Rivera, se difundió por algunos medios de ese país como un blanco de la justicia. En ese entonces, López Rivera era cónsul honorario de Chile en México.

Otro cónsul honorario de Chile también estaba en problemas por esos años. Luc Partoune enfrentaba desde 2009 acusaciones de corrupción. Además de ser representante diplomático de Chile en Bélgica, Partoune era el director ejecutivo del aeropuerto de Lieja, y lo acusaban de trampas contables para apropiarse de recursos ajenos.

López y Partoune son dos de los –al menos– 500 cónsules honorarios de todo el mundo, en ejercicio y retirados, que fueron acusados de delitos o fueron protagonistas de controversias legales. La lista fue elaborada por ProPublica y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y gatilló una colaboración periodística internacional en la que participaron 160 periodistas de 46 países. CIPER ha trabajado los documentos relacionados con Chile.

En teoría, los cónsules honorarios son personas dedicadas a prestar colaboración a la comunidad de un país que reside en el extranjero, especialmente en territorios donde no hay una embajada que cumpla ese rol. El sistema fue creado hace siglos y actualmente se rige por la Convención de Viena y Relaciones Consulares de 1967. La mayoría de los gobiernos del mundo utiliza este método para fortalecer sus relaciones internacionales con otros países.

A diferencia de los embajadores, para ser cónsul honorario no hay que desarrollar una carrera diplomática y quienes ostentan el cargo no son mantenidos por el Estado que representan.

En la práctica, sin embargo, este tipo de nombramiento también se ha prestado para la comisión de delitos y faltas graves alrededor del mundo: colaboración con el narcotráfico y el terrorismo, lobby en favor de intereses privados, tráfico de armas, y diversos crímenes cometidos bajo el amparo del resguardo diplomático. 

A los cónsules honorarios se les entregan pasaportes y patentes de vehículos especiales, sus archivos no pueden ser incautados ni son objeto de escrutinio público y pueden circular libremente por los aeropuertos del mundo sin que se revise su equipaje, bajo el supuesto de que llevan material sensible que puede comprometer la seguridad de un Estado.

Los 500 casos cubiertos por los medios que participaron de la investigación internacional, seguramente, quedan cortos: no existe una organización o agrupación que fiscalice a los cónsules honorarios y muchos países ni siquiera tienen un registro público que se pueda revisar para conocer el nombre de cada persona que ejerce el cargo, desde cuándo y por qué.

Según los registros públicos de Chile, a noviembre de 2022 el país cuenta con 163 cónsules honorarios repartidos por todo el mundo. Solo en Estados Unidos hay 17 cónsules honorarios que representan a Chile, los que se reparten en ciudades como Minneapolis, Filadelfia, Seattle, y Nueva Orleans. En España son 12 los representantes chilenos de este tipo, y en Italia se suman otros 11. 

También hay cónsules honorarios representantes de Chile en territorios que no cuentan con embajador, como Andorra (micro Estado ubicado entre España y Francia, que hasta hace algunos años era considerado un paraíso fiscal), Zambia, Uganda, Sri Lanka, o San Vicente y las Granadinas (en el caribe).

En la legislación chilena este tipo de cónsules están regidos por el decreto 172, de 1977 y que fue actualizado en 2009. Podrán ser chilenos o extranjeros, deberán “contar con los recursos económicos que les permitan vivir con independencia y decoro; ejercer una profesión, comercio o actividad honrosas”, y dependerán del cónsul general más próximo a donde ejerzan su cargo. Eventualmente, podrán recibir dinero fiscal para mantener oficinas consulares abiertas al público. Y también podrán emitir informes a la Cancillería chilena.

EL NOTARIO ACUSADO DE FRAUDE

Sergio López Rivera fue cónsul honorario de Chile en México desde 1998 hasta 2013, cuando se conocieron las primeras denuncias públicas en contra del también notario de la ciudad de Jalisco.  

La fiscalía de esa zona de México tomó nota de una serie de denuncias que apuntaban a que López, en calidad de notario, firmó créditos hipotecarios a nombre de personas sin su autorización. 

La prensa local informó que los afectados se percataron de ello cuando los bancos los llamaron para avisarles que habían perdido sus propiedades. Como ninguno había firmado documentos en los que hipotecaban sus casas –como convenios o préstamos, por ejemplo–, elevaron la denuncia al área de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General de México. Así, se determinó que los papeles a los que se referían los bancos fueron emitidos por la 64° Notaría Pública de Guadalajara, donde López ejercía como notario titular. 

El entonces cónsul honorario chileno logró esquivar a la Fiscalía de Jalisco al menos en primera instancia: la agencia de noticias AF Medios relató que, cuando los agentes fueron a buscar a López a su lugar de trabajo, no lo pudieron encontrar. Sí hallaron un escudo chileno en la vitrina principal de la oficina, que da hacia la vereda, y que señalaba que el notario también era diplomático. 

Como no fue localizado, se emitió una orden de detención en contra de López.

Recién un año y tres meses después, en diciembre de 2014, medios mexicanos informaron que el notario fue detenido por la Fiscalía, quien mantenía los cargos por presunto fraude. Para entonces, López contaba con dos órdenes de detención. La primera, emitida por el Juzgado Segundo de Jalisco, era por delito de fraude específico; mientras que la segunda, emanada desde el Juzgado Tercero, era por fraude genérico y emisión de documentos falsos.

Pese a la cantidad de denuncias que pesaban sobre López, fue dejado en libertad.  

La resolución judicial que favoreció al notario levantó sospechas. El abogado de uno de los ciudadanos afectados por López, Luis Gómez Portugal, presentó un recurso para que se reconsiderara la decisión tomada por tribunales, la que fue firmada por el secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Penal de Jalisco, Julio Gabriel Yáñez.

Gómez –quien actuaba en representación de Darryl Stephen Matkaluk, un ciudadano canadiense que perdió su casa luego de que el notario extendiera un poder sobre el inmueble a un tercero, sin su consentimiento—aducía que la decisión tomada por Yáñez no era legal, ya que fue firmada en ausencia del magistrado titular y no contaba con ninguna facultad para tomar una determinación de este tipo. 

Sergio López Rivera (Fuente: Mural.com.mx)

Yáñez había liberado a López acogiendo su argumento de que el poder notarial que despojó a Matkaluk de su propiedad lo emitió “por error”. 

Ante esos hechos, Gómez también solicitó que se investigara si la decisión de liberar al cónsul chileno fue tomada “por determinación propia” de Yáñez “o por órdenes de un superior”.

Para fines de 2014, López ya contaba con “más de 50 averiguaciones previas por diversos fraudes que presuntamente cometió” mientras estuvo al mando de la 64° Notaría de Guadalajara.

Ese cargo lo ostentó hasta el 22 de diciembre de 2014, cuando la Secretaría General de Gobierno de Jalisco lo suspendió de sus funciones como notario por 30 meses, al acreditar que vulneró principios de probidad.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, los gatillantes de la suspensión fueron dos: haber expedido “un testimonio y duplicado de un poder especial que no representa una transcripción fiel y literal al que obra en el protocolo notarial”, y “no cerciorarse de que el otorgante del poder fuera el titular de los derechos fideicomisarios”. Todo esto, en el marco del caso que afectó a Darryl Stephen Matkaluk.

Dos años más tarde, cuando todavía corría la suspensión de sus funciones profesionales, López fue involucrado en un fraude que esta vez afectó a pequeños productores de frutillas y zarzamoras. En esta ocasión, los portavoces de esas agrupaciones indicaron que, mientras estuvo a la cabeza de la 64° notaría, López falsificó sus firmas para acceder a créditos otorgados por una institución que apoya económicamente a proyectos ligados con la pesca, ganadería, agricultura, avicultura y agroindustria, llamada Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

CIPER se contactó con la Fiscalía de México para saber en qué etapa se encuentra la investigación penal iniciada en contra de López hace aproximadamente diez años, pero no obtuvo respuesta. En 2017, un recorte de prensa apuntó que el exnotario nuevamente fue detenido por agentes estatales por acusaciones de fraude, pero fue dejado en libertad por orden de un juez distrital. El mismo artículo señala que se le revocó definitivamente su permiso para ejercer como notario tras considerarse “reincidente”.

El Minrel, por su parte, indicó que López dejó de ser cónsul honorario chileno el 30 de septiembre de 2013, cuando fue informado “por el Consulado General de Chile en México sobre la situación” judicial del entonces diplomático. 

La respuesta de Cancillería también deja al descubierto que las primeras denuncias en contra del exnotario se recibieron cuatro años antes de que los casos llegaran a la prensa y de que se revocara su nombramiento como cónsul honorario:

– En consideración a los antecedentes enviados -que señalaban que desde 2009 se comenzaron a recibir denuncias- se puso fin a sus labores, mediante el decreto N° 1430, de fecha 30 de septiembre de 2013.

ALERTA EN EL AEROPUERTO DE LIEJA

A 95 kilómetros de Bruselas, la capital de Bélgica, se encuentra Lieja, una ciudad en la que viven menos de 200 mil habitantes y que se ha posicionado como un enclave de intercambio comercial y cultural del país europeo.

En eso tiene mucho que ver el aeropuerto de Lieja, ubicado al oeste de la ciudad. Dentro de Europa, se le considera como uno de los principales terminales de almacenamiento, de carga de combustible de vuelos y también ofrece servicio de transporte de pasajeros a poco más de diez destinos internacionales.

En 1995 Luc Partoune asumió como director ejecutivo de ese aeropuerto. Ese mismo año también se transformó en cónsul honorario de Chile en Bélgica.

Partoune fue despedido del aeropuerto de Lieja en febrero de 2021 a raíz de acusaciones de corrupción en su contra. Las denuncias se originaron en una auditoría realizada por la empresa Deloitte que reveló que, mientras se desempeñó como director ejecutivo del aeropuerto, Partoune cometió cerca de 40 “irregularidades” financieras, como “contratos públicos amañados, trabajos ficticios y gastos injustificados», según reportes de medios locales.

Según consignó el medio local Radio y televisión belga de la comunidad francesa, el informe de Deloitte cuestionó, entre otras cosas, que Partoune haya adquirido un auto de lujo justo después de haber aumentado el presupuesto destinado a su movilización. 

“Los analistas de Deloitte habían señalado cierta opacidad en la contratación pública, ausencia de competencia, encargos de consultoría controvertidos y costosos, trabajos ficticios y, finalmente, enormes informes de gastos internos”, agregó el medio. 

La noticia fue ampliamente cubierta por medios locales. Uno de ellos, recordó que las primeras denuncias por presunta malversación de fondos en contra de Partoune eran mucho más antiguas: en 2009, un director de finanzas del aeropuerto de Lieja lo acusó de beneficiarse con dineros que debían ser gastados en el terminal.

Luc Partoune / © Rudy Lamboray/Belgaimage (Fuente: trends.levif.be)

El denunciante, Mario di Paolo, dijo que Partoune ocupó esos fondos para comprar un refrigerador, pagar servicios de jardinería en su casa y realizar una cata de vinos chilenos. Di Paolo fue despedido luego de las acusaciones. No encontró trabajó de allí en adelante, y murió en 2018.

Esa denuncia originó la primera investigación en torno a los gastos de Partoune. En 2016, llegó a un acuerdo con la fiscalía belga y pagó una suma de dinero –no especificada en los medios de prensa—para poner fin a ese proceso.

En junio de 2021, cuatro meses después de que ex cónsul honorario chileno fuera despedido del aeropuerto de Lieja por el brutal informe de Deloitte, la fiscalía allanó su casa. Y un año y medio después, en junio de 2022, los investigadores lo detuvieron por tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos. Era la segunda vez que se enfrentaba a la justicia.

Pero, al igual que el ex diplomático de Chile en México, Sergio López Rivera, Partoune resultó esquivo para la justicia: a los pocos días de la detención, fue puesto en libertad condicional mientras la investigación penal sigue su curso. 

Ambos casos no solo revelan que personas que ejercen cargos diplomáticos pueden cometer o ser investigados por delitos graves, sino también que las autoridades reaccionan tardíamente ante esos hechos. 

Prueba de ello, es que Cancillería dijo a CIPER que Partoune dejó de ser cónsul honorario de Chile en Bélgica en octubre de 2015, cuando la embajada chilena en ese país informó al Minrel sobre “la situación judicial” del ex director del terminal aéreo, “asegurando que, si bien no existía sentencia condenatoria aún sobre el caso en dicho país, la vinculación de este señor en casos de corrupción dañaba la imagen de Chile”.

Esa decisión se adelantó a los hechos que se conocieron en 2021 tras la auditoría de Deloitte, pero se tomó tiempo después de las primeras denuncias en contra de Partoune. Para cuando se firmó la revocación de su título, Partoune llevaba seis años bajo el radar de la fiscalía por corrupción.