CARTAS: 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El compromiso de las universidades estatales

Señor director: La conmemoración hoy 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una manera de denunciar y al mismo tiempo exigir a los Estados la implementación de políticas públicas que sancionen, investiguen y principalmente prevengan los diferentes tipos de violencia a las que están expuestas las mujeres y niñas en todo el mundo; y que impide el ejercicio de sus derechos humanos.

En 1996, el Estado de Chile ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), y con ello tomó el compromiso de avanzar en un marco institucional que busque la eliminación de una realidad masivamente ramificada en la convivencia cotidiana. 

Según la Radiografía del Acoso Sexual en Chile (2020), el 64% de las mujeres consultadas ha vivido por lo menos un tipo de acoso sexual en el transcurso de su vida, frente a un 26% de los hombres encuestados. Una cifra que se replica en ámbitos como el educativo, en el que el estudio señala que de las personas que admiten haber sufrido algún tipo de acoso sexual, el 17,9% son mujeres y el 6% son hombres. 

Es paradójico que este flagelo se haga presente en el ámbito educativo, donde por definición debería estar el enclave de su prevención. Es el doble desafío que, de acuerdo con su naturaleza educativa y pública, convoca a las 18 instituciones del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), que han recorrido un camino para promover un cambio cultural hacia la igualdad de género y la no discriminación, buscando hacer transversal el enfoque de género en todas las áreas del quehacer universitario. 

Sin embargo, no podemos soslayar que los entornos educativos también demuestran tener obstáculos para cambiar, y que es nuestro deber, como colectivo formador, identificarlos con transparencia y no tener miedo de incidir en la transformación. ¿Cómo? Generando las condiciones para entregar a las personas una formación integral que está inexorablemente encadenada con: crear espacios educativos igualitarios y no discriminatorios; incorporar políticas de conciliación con corresponsabilidad; transversalizar el enfoque de género a nivel curricular; trabajar por igualar la representación femenina en las instancias de liderazgo institucional; junto con romper ese techo de cristal que limita el desarrollo de los talentos de las estudiantes, las académicas y las funcionarias. 

Reconozcamos que vivimos en un entorno sexista y apostemos por el cambio; porque tenemos la responsabilidad de ser garantes del proceso educativo de personas que integrarán laboralmente la sociedad. En nuestras manos está el entregarles una base de principios libres de estereotipos, contribuyendo a que puedan desarrollar relaciones sanas y democráticas en el tramado social.

La educación tiene una función preventiva y transformadora, y es una vía para avanzar en la igualdad de género y en el agenciamiento de las mujeres para contrarrestar los obstáculos impuestos por una cultura patriarcal. Ante este escenario, la misión de la Universidad implica fortalecer el enfoque de género en cada ámbito de su institucionalidad abarcando transversalmente las dinámicas de cada una de sus comunidades.

El entorno educativo nacional ha avanzado paso a paso. En septiembre de 2021, se promulgó la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en las entidades de educación superior. Su mandato y correcta implementación tiene como fin último evitar la vulneración de los derechos humanos. Con ese propósito, las universidades han creado participativamente modelos para prevenir, sensibilizar, capacitar, formar, sancionar, contener, evaluar e informar sobre los requerimientos de la normativa.

Sociabilizar los alcances de esta ley llevaron a las entidades del CUECH a impulsar una campaña de comunicación integral en todas sus comunidades, que ha promovido los principios de igualdad de género y no discriminación a través de diferentes canales. Ha sido un trabajo colaborativo que demuestra la vocación que las universidades estatales tienen por principios que son parte de su sello identitario, y que igualmente demuestran la obligación asumida por el Estado en la creación de entornos democráticos, seguros y libres de violencia sexual. 

Llamamos a las comunidades universitarias del país a visibilizar los distintos tipos de violencia de género que ocurren en sus entornos, no evadirlos, y a trabajar de manera unida para impulsar ese cambio cultural necesario, que siente las bases de una sociedad donde mujeres y niñas puedan desarrollarse con plenitud y seguridad, con la plena certeza de que sus derechos humanos están siendo respetados.