Enviado por Paulina Vergara (coordinadora general del Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad - AVANZA Inclusión).
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El pasado 1 de abril se cumplieron cuatro años desde que empezó a regir la Ley N°21.015, que obliga a las organizaciones que cuentan con cien o más trabajadores a cumplir con un mínimo del uno por ciento de contrataciones de personas con discapacidad.
En Chile, la Ley N°20.422, que establece normas sobre la igualdad e inclusión social de personas con discapacidad, define persona con discapacidad como aquella que “teniendo una o más deficiencias” ve impedida su participación plena y en igualdad de condiciones cuando debe “interactuar con diversas barreras presentes en el entorno”. En ese sentido, la normativa que establece la cuota de inclusión laboral busca disminuir las barreras del entorno con las que debe interactuar a diario la población adulta con discapacidad.
Según lo indicado por el II Estudio Nacional de la Discapacidad (Endisc II, 2015), existen 2.606.914 personas mayores de 18 años con discapacidad, lo que corresponde al 20% de la población adulta de nuestro país. Sin embargo, cuando hablamos de ocupación laboral, sólo un 13,3% de las personas activas laboralmente en nuestro país corresponden a personas con discapacidad, lo que equivale a 1 de cada 10 personas trabajando.
En consideración a los datos anteriores, desde el Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, reconocemos la importancia que ha tenido la Ley N°21.015 para promover que las organizaciones derriben las barreras que impiden la igualdad para las personas con discapacidad y deban incorporar ofertas laborales inclusivas, pero nos mantenemos conscientes de que aún existe una deuda social que requiere del compromiso de todas y todos hasta mirar la discapacidad con un enfoque de derechos. En ese sentido, el panorama real luego de la promulgación de la Ley de Inclusión Laboral es reflejado en el Informe de Implementación de la Ley (2021), donde se registró que sólo un 30.4% de organizaciones del sector privado dieron cumplimiento contratando personas con discapacidad, sin considerar aquellas que dan cumplimiento a través de vías alternativas y las que se someten a multas.
Con el fin de incrementar las cifras de cumplimiento y enseñar a las organizaciones a cómo incorporar una cultura inclusiva, el Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, invita y recibe a aquellas organizaciones que deben dar cumplimiento a la Ley N°21.015 y que desean avanzar en esta materia. El programa es gratuito e incluye un diagnóstico del nivel inclusivo de la organización desarrollado por Senadis, además de capacitaciones en dos modalidades (online e híbrido), dirigidas a los equipos de recursos humanos.
Así, realizamos este aporte social desde la educación para que las organizaciones que participan, puedan aprender sobre cómo llevar a cabo procesos inclusivos dentro de sus instituciones, y además tengan la oportunidad de preguntar y capacitarse con expertos en la materia.
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suena bonito todo lo que dicen pero en la vida diaria no es así, algunos maestros que imparten en la universidad no tienen la capacidad de ayudar a las personas con discapacidad no solo física sino intelectual, sobre todo aquellos que quieren tener oportunidad laboral, tengo una sobrina con memoria a corto plazo, y la universidad que le ofreció como se dice el cielo y la tierra, solo la han discriminado y aislado por parte de la consejera técnica y el personal debido a la poca capacidad real de manejar el tema de la discapacidad y solo interés por la subvención que se paga por la aceptación de un discapacitado.
